Versión taquigráfica

12a. Reunión –
7a. Sesión ORDINARIA (ESPECIAL)
14/10/2009

Convocatoria a sesión especial

sr. presidente fellner.- Por Secretaría se procederá a dar lectura de la resolución por la cuál esta Presidencia ha convocado a esta sesión especial.

sr. secretario (hidalgo).- Dice así:

-Aquí PEDIDO DE sesión ESPECIAL

sr. presidente fellner.- Corresponde que la Honorable Cámara resuelva si considera los proyectos referidos en la convocatoria a esta sesión especial.

— Asentimiento.

sr. presidente fellner.- Se procederá en consecuencia.

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homenaje

A la memoria de la señora Mercedes Sosa

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

sr. VARGAS AIGNASSE, GERONIMO.- Señor presidente: en diciembre de 1996, este Congreso de la Nación rendía homenaje en vida a la cantante tucumana Mercedes Sosa. Le hacía este reconocimiento sabio a esta gran cantora tucumana, declarándola baluarte de la cultura nacional, en reconocimiento a su trayectoria y a la defensa y difusión de la música popular argentina en el mundo.
Realmente, estoy convencido de que los homenajes deben hacerse en vida. Simplemente, hoy queremos recordarla porque rendirle un homenaje a esta altura sería como consentir que el fallecido ha muerto y realmente –y ésta es una posición personal creo que Mercedes Sosa ha pasado a la inmortalidad, que su música, que su voz, que sus ideas, su bagaje cultural van a quedar para siempre en la historia de nuestra Argentina y de nuestra Latinoamérica.
Hoy, más que nunca, su música tiene plena vigencia y quedará para siempre en la historia de nuestro país como la mejor cantante o cantora, como le gustaba llamarse a ella, de nuestra música popular.
Haydée Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935. Fue la mayor de tres hermanos e hija de un trabajador y de una lavandera que lavaba y planchaba en casas de familia para poder mantener a sus hijos. Esta familia muy humilde, que sufrió muchas carencias económicas, se vio recompensada por una enorme dosis de amor y de valores que fueron los que forjaron su vida y marcaron parte de su trayectoria tanto arriba como abajo del escenario.
Ya a los quince años ganó un concurso en LV12 Radio Tucumán con un seudónimo artístico, el de “Gladys Osorio”, y a partir de allí toma la decisión de dedicarse a la música exclusivamente.
Siendo muy joven, con veintidós años, se radica en la provincia de Mendoza con su marido, Oscar Matus, y junto a Armando Tejada Gómez empieza a diseñar lo que sería el movimiento del nuevo cancionero, que era una suerte de renovación en el área del folclore. Así, empezó a cantar sobre temas que tenían que ver con la problemática del ciudadano común, generado una corriente de renovación o de progresismo del folclore.
Se afilia al Partido Comunista y a partir de allí empieza a tener plena vigencia como cantante de nuestra música folclórica. Es bueno decir que en ese momento corría la década del 60- para consagrarse como cantante folclórico era necesario cantar en Cosquín. Lamentablemente, durante muchos años Mercedes Sosa no pudo cantar en esa ciudad porque la comisión organizadora del festival la proscribía por sus ideas revolucionarias, hasta que en el año 1965 logró subir al escenario de la mano de Jorge Cafrune, quien la presentó así: “Voy a presentarles a una mujer purísima, una tucumana. Los dejo en la voz de Mercedes Sosa”.
Esa fue la primera vez que Mercedes cantó en Cosquín acompañada simplemente de su bombo. Según dicen los periodistas, provocó una de las ovaciones más importantes en la historia del festival. A partir de allí se convirtió en la cantante de todos los argentinos y de todos los latinoamericanos.
Desde entonces, año tras año presentó un nuevo disco por la enorme demanda que tenía su música y su presencia: Romance de la muerte de Juan Lavalle, Mujeres argentinas, Hasta la victoria, Homenaje a Violeta Parra, Homenaje a Atahualpa Yupanqui, Canciones con fundamento, Yo no canto por cantar. Estos fueron algunos de los tantos discos que consagraron a la artista.
Mercedes decía que ella cantaba con fundamento y que no cantaba por cantar. Esa posición le valió muchísimas persecuciones y proscripciones, no solamente durante la dictadura de Onganía sino también en la que comenzó en 1976. El 21 de octubre de 1978 fue detenida y apresada en un recital en La Plata y a partir de entonces proscripta en la República Argentina. A raíz de esto tuvo que huir a un exilio sumamente duro y triste.

sr. presidente fellner.- Le pido que redondee su exposición, señor diputado.

sr. VARGAS AIGNASSE, GERONIMO.- Algunos curiosos observadores de la política de los 70 aún sostienen con total impunidad, sin vergüenza y con un enorme grado de complicidad a la luz de los fallos judiciales que se van sucediendo en la Argentina, que Mercedes Sosa era el otro demonio: sin armas, sin submarinos, sin apropiaciones de hijos, sin torturas; simplemente con su voz, su dignidad y sus ideas. Es por eso que estuvo muchos años exiliada fuera del país y vuelve en el fin de la dictadura a presentar en el teatro Ópera trece recitales que realmente conmovieron a la sociedad argentina y empezaron a despertar de ese tremendo letargo a una población que estaba anestesiada.
Quiero decir que Mercedes Sosa fue muy importante para muchos argentinos en los momentos más difíciles, no sólo durante la dictadura sino también en democracia. En este sentido, cuando en 1995 Bussi ganaba la gobernación en la provincia de Tucumán, muchos nos sentíamos huérfanos porque todos estaban con él: los industriales azucareros, los medios de comunicación, la Sociedad Rural Argentina. Nosotros estábamos solos; únicamente estaba ella, que se animó a decir: “Señores, no vuelvo más a Tucumán mientras Bussi gobierne la provincia.”
Esto significó para nosotros que alguien importante estaba por fin de nuestro lado. Teníamos a alguien que nos defendía de esa sensación de injusticia que nos hacía sentir tan mal.
Recuerdo que el 26 de diciembre de 1999 vuelve a Tucumán, dieciséis días después de que Bussi terminara su mandato. Fue una emoción tan grande escucharla en el Club San Martín después de tanto tiempo que creo que ese es uno de los recitales que quedará en la memoria de todos los argentinos y tucumanos.
En estos diez años que llevo como parlamentario, mi familia nunca me pidió absolutamente nada, ni que vote ni que deje de votar una iniciativa. Siempre me dijeron que hiciera lo que creía que correspondía cada vez que se debatía un tema determinado.
Por primera vez, el domingo 4 de octubre a las 8 de la mañana, me llamó por teléfono mi madre y me dijo: Jerónimo, ¿te enteraste lo de Mercedes? Le dije que sí, y entonces me respondió: no te olvides de ella; hablá con Betty, con el gobernador –obviamente, los gobiernos provinciales ya habían tomado medidas, pero no te olvides de ella.
Mercedes fue un bálsamo reconstituyente en la vida de muchas familias argentinas; fue la voz de la esperanza, del consuelo, de la vida y de la libertad. Por eso, para los tucumanos y muchos argentinos, recordar en este momento a Mercedes Sosa tiene un enorme valor emotivo.
Desde este humilde lugar quiero homenajear a Mercedes Sosa y decirle que siempre la recordaremos como la mejor cantora popular argentina. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

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MANIFESTACIONES

sra. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- Señor presidente: desde ya quiero adherir a las palabras vertidas por el señor diputado Vargas Aignasse porque las sentimos como propias.
Por suerte, tuvimos la oportunidad en nuestra vida de conocer y de tratar personalmente a Mercedes, y por ello sentimos que su fallecimiento fue una pérdida irreparable. Recuerdo que este año también tuvimos que sufrir la pérdida de quien fue homenajeado por todos como el padre de la democracia.
Mercedes fue una especie de gran madre para todos los argentinos, y el respeto que sentimos por ella es por su condición no sólo de artista sino de artista comprometida. Estoy hablando de aquella persona que trasciende el mero arte y se compromete con la realidad.
Haciendo referencia a la frase citada por el señor diputado Vargas Aignasse, “no cantar por cantar”, quiero referirme a otra: “no hablar por hablar”. Concretamente, deseo señalar que pedí la palabra no para rendir homenaje sino para hacer referencia a la convocatoria a sesión especial. Deseo explicar no sólo a los señores diputados presentes en el recinto sino también a la ciudadanía por qué estamos sentados en estas bancas.
Nosotros tenemos convicciones acerca de la necesidad de concertar políticas. Existe un derecho parlamentario que implica la obligación de respetar ciertas normas; por ejemplo, los temas que motivan esta sesión debieron ser tratados en una sesión de tablas. Esa sesión nos hubiera permitido, entre otras cosas, disponer del plazo de siete días para la revisión de los dictámenes, fijar una mayoría calificada si hubiéramos tenido la necesidad y el deseo de algún tratamiento sobre tablas y, fundamentalmente, –y es al tercer punto al que me quiero referir- expresarnos respecto de distintos temas y no exclusivamente de los asuntos contenidos en la convocatoria.
Por lo tanto, debo explicar mi presencia porque yo asisto solamente a las sesiones especiales que son convocadas a veces por un único bloque, el de la mayoría, el del Frente para la Victoria, concertando previamente el temario a considerar.
La verdad es que eso no ha sucedido en este caso, lo cual lamento profundamente y quiero llamar la atención sobre ello. Pero como tengo una convicción y una ética y cumplo mi palabra, de todas maneras estoy aquí contribuyendo a formar quórum, porque creo que así como hay abuso respecto de las convocatorias a sesiones especiales, también los bloques de la minoría o la oposición se equivocan cuando hacen abuso del mecanismo de dejar sin quórum a la Cámara. Esto no debiera ser algo que se plantee constantemente como una necesidad.
Tenemos la obligación de dar quórum, y de hecho quienes tenemos una trayectoria y una convicción políticas, si alguna vez lo hemos negado fue respecto de aquellos proyectos que simple y llanamente significaban el despojo del patrimonio de los argentinos. No dándose esa situación, y en razón de que hoy se pretende tratar proyectos de leyes impositivas y el presupuesto, así como creo que no necesitábamos una sesión especial también entiendo que todos tenemos la obligación de estar presentes, formar quórum y dar el debate.
No me gustan las sesiones especiales en minoría donde venimos a hablar por hablar y en todo caso a expresar una argumentación que el otro no escucha porque quiere que esté el bloque de la mayoría. Me gusta venir a hacer uso de la palabra al recinto para cambiar el estado actual de las cosas, no para hablar por hablar.
De todas maneras, no me parece correcto que se abuse de este mecanismo de convocatoria a sesiones especiales. Así como no estuve presente en la sesión especial en minoría que trató el tarifazo porque no participaba el bloque de la mayoría y quiero que esa cuestión se considere en una sesión de tablas, tampoco quiero venir a una sesión especial que, de alguna manera, funcione como una mordaza porque no se puede hablar de asuntos que no están incluidos en el temario, que además no fue concertado con los bloques. De todas maneras venimos, ocupamos nuestra banca y damos el debate.

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HOMENAJE

A la memoria de la señora Mercedes Sosa (Continuación)

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- Pido la palabra.

sr. presidente fellner.- No, señora diputada. Hay varios señores diputados anotados para hacer uso de la palabra y reglamentariamente la Presidencia únicamente podría conceder el uso de la palabra para cuestiones de privilegio, que requieren de mayorías especiales para ser tratadas.
Si el pedido de palabra de los señores diputados Giubergia, Quiroz y Bullrich tiene que ver con el homenaje que rindió el diputado Vargas Aignasse, sin pretender impedir el uso de la palabra a nadie, la Presidencia sugiere guardar un minuto de silencio en memoria de doña Mercedes Sosa y luego pasar al tratamiento del temario.
Si hay asentimiento, se procederá en la forma indicada.

— Asentimiento.

sr. presidente fellner.- Invito a la Honorable Cámara a guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de la cantante Mercedes Sosa.

— Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, guardan un minuto de silencio en homenaje a la memoria de la señora Mercedes Sosa.

sr. presidente fellner.- De esta manera queda rendido el homenaje de la Honorable Cámara de Diputados a la memoria de la señora Mercedes Sosa.

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acuerdo entre la argentina y el brasil sobre localidades fronterizas vinculadas
-aquí orden del día 1.915

sr. presidente fellner.- En consideración.
Se va a votar en general y en particular en forma nominal.

— Se practica la votación nominal.
VER LISTADO DE LA VOTACION

— Conforme al tablero electrónico, sobre 185 señores diputados presentes, 179 han votado por la afirmativa, registrándose además una abstención. No se han computado los votos de 4 señores diputados.

sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 179 votos por la afirmativa.

-AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

sr. presidente fellner.- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

7
consideración conjunta de asuntos
0126-d-2009 –

ADULTERACIÓN DE MEDICAMENTOS

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA ARGENTINA Y CHILE

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA ARGENTINA Y CHILE

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RÉGIMEN DE SALUD MENTAL

ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y SALIDA DE FUERZAS NACIONALES

sr. presidente fellner.- Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se procederá a considerar en general y en particular los seis proyectos que figuran a continuación en la resolución por la que se convoca a esta sesión especial, y a votarlos en un solo acto.

— Asentimiento.

sr. presidente fellner.- Se procederá en consecuencia.

-aquí órdenes del día números 1.864, 1978, 1979, 2009, expediente

sr. presidente fellner.- Se van a votar en general y en particular, en forma nominal, los proyectos de los que se ha dado cuenta.

— Se practica la votación nominal.
VER LISTADO DE LA VOTACION

— Conforme al tablero electrónico, sobre 185 señores diputados presentes, 174 han votado por la afirmativa, registrándose además 9 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 174 votos por la afirmativa. No hay votos negativos.

-aquI votacion nominal

sr. presidente fellner.- Quedan sancionados los proyectos de ley.
Se harán las comunicaciones pertinentes.

8
manifestaciones

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

sra. AUGSBURGER, SILVIA.- Señor presidente: quiero dejar sentada nuestra disidencia con los anexos IX, XII, XIII, XIV y XX del proyecto de ley sobre entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, contenido en el Orden del Día Nº 1.919.

sr. presidente fellner.- Se dejará constancia, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

sr. GORBACZ, LEONARDO ARIEL.- Señor presidente: solicito que se autoricen las inserciones dado que hemos votado un conjunto de proyectos de ley sin debate debido al amplio consenso alcanzado, y no porque se trate de leyes menos importantes.

sr. presidente fellner.- Si hay asentimiento de la Cámara, se va a proceder para este caso y para todos los que surjan a partir de este momento, a autorizar la inserción de los discursos de los señores diputados, que resulten complementarios o sustitutivos de sus exposiciones.

— Asentimiento.

sr. presidente fellner.- Se harán las inserciones solicitadas. Tiene la palabra el señor diputado por Chaco.

sr. FABRIS, LUCIANO RAFAEL.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto por la afirmativa.

sr. presidente fellner.- Se toma nota de su pedido, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.

sra. BELOUS, NELIDA.- Señor presidente: al igual que el señor diputado Gorbacz, dado que estamos votando y recomponiendo una deuda de diecinueve años con respecto a la provincia de Tierra del Fuego, solicito autorización para insertar mi discurso, ya que se ha acordado no hacer uso de la palabra.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. SANCHEZ, FERNANDO.- Señor presidente: Quiero dejar constancia de las disidencias expresadas en el orden del día a las que se ha referido la señora diputada preopinante y solicito autorización para insertar los motivos de éstas.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. VILLAVERDE, JORGE ANTONIO.- Señor presidente: solicito autorización para efectuar una inserción referida al proyecto de ley sobre ingreso y egreso de tropas.

sr. presidente fellner.- La Honorable Cámara ha autorizado las inserciones correspondientes al asunto en tratamiento y a todos los que se consideren en la presente sesión.
Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.

sra. BIANCHI, IVANA MARIA.- Señor presidente: Desde el bloque Frejuli dejo constancia del voto negativo para el Orden del Día Nº 1.919 y solicito autorización para una inserción referida al proyecto de ley sobre salud mental, respecto del cual se ha presentado una disidencia parcial.

sr. presidente fellner.- Se tendrá en cuenta lo expresado, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. VEGA, JUAN CARLOS.- Señor presidente: quiero aclarar que mi voto fue afirmativo, ya que no fue registrado de ese modo.

sr. presidente fellner.- Así se consignará, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.

sra. CALCHAQUI, MARIEL.- Señor presidente: también solicito autorización para insertar mi discurso acerca de los límites de Tierra del Fuego.

sr. presidente fellner.- Las inserciones ya han sido autorizadas por la Honorable Cámara, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- Señor presidente: este mecanismo de las sesiones especiales que se está utilizando ya casi en forma habitual, en realidad está previsto para casos muy específicos, por ejemplo, para tratar un asunto determinado o bien para permitir la expresión de voces minoritarias.
Me refiero, a lo que hemos hecho durante años en los casos de la nulidad de las leyes de impunidad y de los indultos. En esas circunstancias éramos muy pocos, pero justamente esa era la forma de expresarnos.
Sin embargo, este mecanismo se ha subvertido a fin de evitar lo que establece el reglamento, esto es, los plazos para el cumplimiento del artículo 113. Si bien se trata de una práctica constitucional, de ninguna manera existe en el reglamento una regulación concreta que establezca que dicho plazo no debe cumplirse en una sesión especial. En realidad, existe una laguna de la que se está abusando. Y lo grave es que esto se está haciendo en forma habitual.
Entonces, hoy tenemos una sesión especial en la que tratamos doce proyectos además del de presupuesto, que es el más importante que debe considerar esta Cámara. Pero lo más grave es que este mecanismo está impidiendo la regulación normal de la dinámica de la Cámara. De esta manera se evita que se reúna la Comisión de Labor Parlamentaria y que se decida tratar proyectos en los cuales sí ha habido consenso, sí hubo dictamen de las respectivas comisiones, sí se cumplieron los plazos del artículo 113 y podríamos incluso votarlos con consenso.
Por ejemplo, hay muchas iniciativas que tienen que ver con los derechos básicos de la gente y mediante las cuales estaríamos resolviendo problemas que son cotidianos. Incluso, hay cuestiones básicas, como las relativas a licencias, y muchas otras acerca de las cuales no tendríamos discusión alguna, y sin embargo nada de ello se trae al recinto.

— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- Por lo tanto, nos están obligando a tratar únicamente lo que quiere el oficialismo.
Esta es una situación que no podemos dejar de advertir, porque está trastocando las reglas de juego de las voces mayoritarias y minoritarias de esta Cámara, sobre todo –insisto- cuando hay proyectos que han sido dictaminados en forma unánime y que ya han tenido incluso mociones de preferencia aprobadas. Sin embargo, la Cámara, con una irregularidad absoluta, ha obviado estas cuestiones.
Vamos a plantear esta cuestión una y otra vez, porque realmente esta situación torna muy difícil conocer cómo se manejará la Presidencia de la Cámara.

sra. presidenta vaca narvaja.- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- No he planteado una cuestión de privilegio, señora presidenta.

sra. presidenta vaca narvaja.- Muy bien, señora diputada.

9
cuestión de privilegio

sra. presidenta vaca narvaja.- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. GIUDICI, SILVANA MYRIAM.- Señora presidenta: planteo una cuestión de privilegio en función del artículo 66 de la Constitución Nacional y de los artículos 180 y 185 del reglamento de la Cámara.
Originalmente pensé en este planteo por algunos dichos que se vertieron en la Cámara; fueron afirmaciones muy duras, contundentes y absolutamente falaces en torno del sentido y la interpretación del voto de la Unión Cívica Radical en relación con el proyecto de ley de medios audiovisuales.
Puntualmente, quiero centralizarme en las afirmaciones de la señora diputada Silvia Vázquez, expresadas no sólo en este recinto, sino también en distintos programas radiales. Ella realizó una interpretación muy curiosa de los proyectos presentados por nuestro bloque y también de las iniciativas de otros señores diputados, como Stolbizer y Calvo.
Quiero señalar que esas afirmaciones fueron absolutamente falaces. En relación con la conformación de la autoridad de aplicación, se dijo que por primera vez la Cámara iba a considerar una representación parlamentaria en la autoridad de aplicación.
Ello es absolutamente falso, al igual que el mensaje de la presidenta de la Nación cuando dijo que los distintos Poderes Ejecutivos del país nunca habían enviado al Congreso iniciativas para cambiar la ley de radiodifusión.
Más allá de las consideraciones vertidas por la señora diputada Vázquez, está claro –lo hemos expresado en 22 cuestiones de privilegio en la última sesión que se han vulnerado todos los plazos e instancias reglamentarias para que los legisladores de la oposición pudieran abordar un debate completo y serio.
Tanto es así que eso quedó de manifiesto en las diferencias que denunciamos entre el dictamen de comisión que analizó el plenario y el Orden del Día que tuvimos sobre nuestras bancas nueve horas después, que contenía cinco dictámenes de más de 160 artículos, que nadie pudo leer en ocho horas.
Evidentemente, la diputada Vázquez tampoco pudo hacerlo, porque si hubiese leído el dictamen de minoría de la Unión Cívica Radical, estaría rectificando lo que dijo en relación con la composición de la autoridad de aplicación y otros temas.
Más allá del contenido de nuestro dictamen, la diputada preguntó de qué nos íbamos a disfrazar. Puntualmente dijo: “¿De qué se van a disfrazar? Nunca entraron al debate de la ley.”
Por lo tanto, consideramos ofensivas esas expresiones dirigidas a nuestro bloque, al igual que otras que se formularon en relación con los senadores de la Unión Cívica Radical, cuando funcionarios del gobierno afirmaron en declaraciones públicas que “lamentablemente hay representantes del pueblo que operan más como voceros de los grupos monopólicos que como legisladores con condición propia”.
Eso lo dijo un funcionario, lo que generó una reacción en cadena. Es fácil la acusación vana o la descalificación permanente. Es sencillo decir que no tenemos razón, que somos ignorantes y que representamos otros intereses distintos a los del pueblo. Ello es más fácil que confrontar ideas con nosotros y respetar los tiempos parlamentarios para sancionar una iniciativa que debería haber sido una asignatura pendiente de la democracia a ser considerada en un debate democrático en el Parlamento.
Creemos que una vez más se ha lastimado la capacidad del Parlamento, como queda de manifiesto en lo que acaba de señalar la señora diputada Rodríguez. Otra vez estamos considerando uno de los grandes temas de la Argentina, como el presupuesto, que es la ley de leyes, en una sesión especial.
tenido dieciocho sesiones especiales en dos años, que lo único que han hecho es limitar la libertad de expresión de las minorías porque se ven restringidas; se ve claramente que con la aplicación de este tipo de mecanismo no se las quiere escuchar. Las comisiones de Libertad de Expresión y de Asuntos Constitucionales son vaciadas actualmente cuando no se dice lo que el oficialismo quiere oír. Las sesiones son convocadas únicamente para los temas que el oficialismo quiere trata
r. Debemos recordar que se ha tomado el compromiso de considerar una agenda parlamentaria en la que figuran temas urgentes propuestos por las minorías, como la pobreza, la inequidad, la inseguridad, la mentira del INDEC y el permanente avasallamiento de las instituciones de la República.
que se inserte en el Diario de Sesiones un texto con el resto de los argumentos de mi cuestión de privilegio, señalando, por último, que desde el bloque de la Unión Cívica Radical estamos defendiendo las instituciones, la división de poderes y la credibilidad de este Parlamento, y nunca vamos a actuar como otros diputados de origen radical que ponen al radicalismo de alfombra de los intereses hegemónicos de este gobierno
. (Aplausos.)
sra. presidenta vaca narvaja.- La cuestión de privilegio planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

10
aclaración

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. ALBRISI, CESAR ALFREDO.- Señora presidenta: con el respectivo pedido de disculpas quiero aclarar que he votado mal el proyecto referido al acuerdo fronterizo sobre localidades vinculadas entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil. El error ha sido motivo de una distracción, y deseo que se corrija mi voto, de negativo a positivo.

sra. presidenta vaca narvaja.- Se tendrá en cuenta su aclaración.

11
consideración conjunta de asuntos
1759-d-2008 – 0195-d-2008 –

CREACIÓN DE UN TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL EN LA PROVINCIA DE SALTA

CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE FUERO UNIVERSAL EN LA PROVINCIA DE MISIONES
Orden del dia 2012
Orden del dia 2013

sra. presidenta vaca narvaja.- En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO JORGE.- Señora presidenta: se han efectuado modificaciones en las planillas anexas de cargos, que oportunamente fueron acercadas a la Secretaría Parlamentaria. Solicito que se lean para que los señores diputados tomen debido conocimiento de ellas.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

sr. presidente fellner.- Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones.

sr. secretario (hidalgo).- Respecto del expediente 1759-d-2008, Orden del Día Nº 2.012, en el anexo I, donde dice “juez de Cámara de Casación”, dirá solamente “juez de Cámara”.
Donde se crea un cargo de prosecretario administrativo, se crean dos. Se agregan un cargo de oficial mayor y un cargo de oficial.
En el expediente 0195-d-2008, Orden del Día Nº 2.013, también en la planilla anexa, los cambios son los siguientes: jefe de despacho de 1ª, en lugar de dos cargos se crean cuatro cargos. También se crea un cargo de jefe de despacho de 1ª, con la característica de que es el secretario privado.
Luego, en lugar de dos cargos de oficial, se crean cuatro. En lugar de dos cargos de escribiente, se crean cuatro. En lugar de un auxiliar, el cargo es de escribiente auxiliar, y en lugar de ser un cargo son cuatro cargos.
Además, entre el personal de servicio, el auxiliar principal de 7ª se denomina medio oficial, y son dos cargos.
Respecto del Ministerio Público Fiscal, se crea también un cargo de secretario. En lugar dos cargos de prosecretario administrativo se crea uno solo, y se crea un cargo de jefe de despacho.
Luego, en vez de dos cargos de oficiales se crea uno solo. También se crea un cargo de escribiente y uno de escribiente auxiliar. En lugar de un auxiliar principal de 7ª, se crea un cargo de medio oficial.
En la Defensoría Pública Oficial de Primera Instancia, en lugar de dos cargos de prosecretario administrativo se crea un solo cargo, y se crea un cargo de oficial mayor. En lugar de los dos cargos de oficiales se crea uno, y se crea uno de escribiente y uno de medio oficial; y en lugar de un auxiliar principal de 7ª se crea un cargo de escribiente auxiliar.

sr. presidente fellner.- ¿Acepta la comisión?

sr. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO JORGE.- Sí, señor presidente. Solicitamos que se ponga a votación con las modificaciones que acaban de ser leídas por Secretaría.

sr. presidente fellner.- Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, mediante una sola votación aprobaremos en general y en particular los órdenes del día números 2.012 y 2.013.

— Asentimiento.

sr. presidente fellner.- Se va a votar nominalmente.

— Se practica la votación nominal.
VER LISTADO DE LA VOTACION

— Conforme al tablero electrónico, sobre 195 señores diputados presentes, 184 han votado por la afirmativa y 2 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se han computado los votos de 2 señores diputados.

sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 184 votos afirmativos y 2 negativos.

sr. presidente fellner.- Se deja constancia del voto afirmativo de los señores diputados Sciutto, Segarra, Román, González, Córdoba, Iglesias y Adriana García.

sr. presidente fellner.- Quedan sancionados los proyectos de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.

12
consideración conjunta de asuntos
0027-pe-2009 –

PRÓRROGA DE LAS LEYES DE IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES PERSONALES, A LAS GANANCIAS, ADICIONAL DE EMERGENCIA SOBRE EL PRECIO FINAL DE VENTA DE CIGARRILLOS, SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS, SOBRE EL CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS, A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA Y SOBRE RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

RESPONSABILIDAD FISCAL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010

sr. presidente fellner.- Corresponde considerar el proyecto de ley por el cual se prorroga la vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2019, de las leyes 23.966 y de impuesto a las ganancias –texto ordenado 1997 y modificatorias; hasta el 31 de diciembre de 2010 de la ley 24.625 y modificatorias; hasta el 31 de diciembre de 2011 la vigencia de la ley 25.413 y modificatorias; y hasta el 30 de diciembre de 2019 la vigencia del gravamen establecido en la ley 25.063 y modificatorias. Derogación del inciso i) del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias –texto ordenado 1997 y modificatorias y sustitución del artículo 6º de la ley 23.427 (expediente 0027-pe-2009. Orden del día Nº 2039.)

-aquí ORDENES DEL día 2.039, 2.040 Y 2.041

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Còrdoba.

sr. VACA NARVAJA, PATRICIA.- Señor presidente: hemos conversado con distintos presidentes de bloque y buscado el asentimiento de la Cámara respecto de la posibilidad de abordar integralmente el debate de los tres proyectos en forma conjunta, es decir que las intervenciones que se hagan vía dictámenes de mayoría y de minoría y en representación de los bloques se realicen tomando en cuenta a los tres proyectos en conjunto para abreviar el tiempo y las intervenciones en cada una de las iniciativas.
Los proyectos son el presupuesto, la prórroga de impuestos y la responsabilidad fiscal. Al respecto, los bloques que necesiten más tiempo del que establece el reglamento, tendrán también la prórroga respectiva.
Esta cuestión fue conversada y logramos el consenso de la mayoría de los bloques, pero como algunos presidentes de bloque no pudieron concurrir a la pertinente reunión, el propósito es el de obtener ahora el asentimiento de la Cámara.

sr. presidente fellner.- Si hay asentimiento de la Cámara, se procederá en la forma indicada.

— Asentimiento.

sr. presidente fellner.- Se procederá en consecuencia.
Tras las explicaciones brindadas y con el asentimiento de la Cámara, tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: teniendo en cuenta que tenemos que hablar de los tres temas, según se informó recién, en primer lugar, voy a suprimir el detalle del titulado, dado que usted ya lo ha hecho con respecto al tema de los impuestos, y voy a señalar que la prórroga de la vigencia de los gravámenes referidos obedece a que los recursos que ellos proporcionan resultan imprescindibles para el manejo tanto del Estado nacional como de las jurisdicciones provinciales.
Son fondos necesarios para cumplir con las funciones específicas de cada uno de ellos. Un sistema tributario se identifica por su estabilidad y su sustentabilidad fiscal. Además, es la herramienta más importante para desarrollar las acciones de gobierno.
En este contexto se inscribe la propuesta de extender por diez períodos la prórroga de la vigencia de los impuestos sobre los bienes personales, a las ganancias y a la ganancia mínima presunta.
Con respecto al primero de ellos, podemos decir que por su importancia resulta ser el de mayor recaudación de los stocks patrimoniales y representa en el presupuesto de 2010 un total de 4.220 millones de pesos.
Su distribución está compuesta así: el 6,3 por ciento del total para el régimen de previsión social y municipal. El 93,7 por ciento se distribuye de esta manera: el 1 por ciento para el régimen de ATN, el 41,64 por ciento para la Nación y el 57,36 por ciento para las jurisdicciones provinciales.
Tenemos que decir que no solamente en la Argentina sino en muchos lugares del mundo ha venido ganando lugar con un crecimiento continuo. Es un impuesto que va creciendo a partir del desarrollo de un país y del mejoramiento de su administración tributaria.
En relación con el impuesto a las ganancias, en el contexto nacional, nació como un gravamen de emergencia en la década del 30; el llamado impuesto a los réditos. Hoy, como decía anteriormente, su crecimiento es continuo en nuestro país. Este impuesto no solamente financia a la administración pública nacional sino también a la seguridad social, y además es un fuerte componente de la masa coparticipable. Al tener una fuerte incidencia en las decisiones de ahorro e inversión, su vigencia es un elemento no menor en la definición del Estado y una señal muy clara al sector privado.
Con respecto al impuesto a la ganancia mínima presunta tenemos que decir que alcanza a los activos empresarios. Todo activo empresario requiere una generación de rentabilidad mínima para su sustentación. Es decir que ese impuesto va directamente hacia los activos improductivos. Además de ser eficiente en la recaudación, ayuda a combatir las maniobras elusivas y evasivas del impuesto a las ganancias y equilibra los ingresos fiscales de los ciclos económicos, porque en momentos de crisis da un ingreso base al Tesoro de la Nación, cosa que no sucede con el impuesto a las ganancias. La eliminación de este gravamen puede derivar no solamente en maniobras evasivas; también tenemos que decir que es un impuesto para los pequeños contribuyentes que garantiza al fisco un mínimo ingreso conveniente en términos de costo-beneficio, por no requerir su fiscalización.
Sobre estos impuestos –para ir avanzando en el resumen general podemos decir que, para el año 2010 se han presupuestado para bienes personales 4.220 millones de pesos; para el impuesto a las ganancias, 59.030 millones de pesos y para ganancia mínima presunta, 1.273 millones de pesos.
En este dictamen de mayoría prorrogamos por cuatro períodos la contribución especial sobre el capital de las cooperativas. También incluimos la eliminación del artículo 20, inciso l), sobre exenciones del impuesto a las ganancias.
Debemos tener en cuenta que por la crisis económico-financiera desatada el año anterior, y que continúa este año, resulta imperioso que tanto la Nación como las jurisdicciones provinciales logren en el período 2010 ingresos equivalentes por lo menos a los del ejercicio 2009.
Promover la prórroga de la vigencia del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios se enmarca dentro de esta teoría. Consideramos, consciente y responsablemente, que no podemos dejar este ingreso fuera del presupuesto nacional y de los presupuestos provinciales. Esto implicaría no poder solventar los gastos derivados de los distintos presupuestos por una decisión del Congreso de la Nación.
Proponemos la prórroga de la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos. También la del régimen simplificado para pequeños contribuyentes establecido en el anexo de la ley 24.977 y sus modificaciones. Consideramos que es una prórroga justa, porque además de ser una herramienta recaudatoria, el hecho fundamental es que otorga una simplificación a la administración tributaria y permite incorporar al circuito formal una gran cantidad de contribuyentes. Las prórrogas que estamos proponiendo en este dictamen de mayoría equivalen a un total de 88.923 millones de pesos; esto es igual al 33,6 por ciento de la presión tributaria pura en nuestro país, y representa el 25,1 por ciento de la recaudación tributaria total.
Con todas las letras, con toda la convicción y seguridad decimos que no aprobar esta prórroga significa no tener impuesto, y ello implica no poder discutir distribución. Asimismo, no tener impuesto trae aparejado no contar con recursos para solventar los gastos que hoy se destinan, en su gran mayoría, a servicios sociales. A esto debemos agregar la posibilidad de que se produzca déficit fiscal, lo que nos llevaría a futuros endeudamientos no deseados por ninguno de nosotros.
Por estos motivos, proponemos al recinto la aprobación del dictamen de mayoría.
A continuación quiero mencionar las reformas establecidas a la ley de responsabilidad fiscal.
Consideramos que la ley 25.917 de responsabilidad fiscal debe adecuarse, lo que implica ponerla en sintonía con una realidad económica y financiera devenida no sólo como una consecuencia fáctica de la crisis financiera mundial sino también de los indicadores sociales y económicos que tuvieron su retracción producto de la emergencia sanitaria y de la pandemia que hemos soportado en nuestro país.
Nuestro razonamiento es que tanto la jurisdicción nacional como las provinciales tuvieron que abocarse a la aplicación de políticas públicas tendientes a sostener la actividad productiva vinculada con preservar los niveles de empleo y financiar la asistencia requerida por los sectores más desprotegidos y vulnerables. Ello lleva a un aumento del gasto por parte de los distintos Estados.
La coyuntura nos ha traído consecuencias no deseadas, y la gran mayoría de las jurisdicciones pueden tener problemas en sus indicadores de cumplimiento de los requisitos de administración financiera y de ejecución presupuestaria.
La reforma normativa, ya sea para erogación de gastos o endeudamiento, y el resultado financiero es el marco que debemos dar a las distintas administraciones para flexibilizar las normas y metas. Si no solucionamos esta cuestión, muchas de las jurisdicciones provinciales pueden tener problemas de incumplimiento y recibir sanciones o falta de financiamiento para determinados programas.
Por eso, consideramos importante flexibilizar esta norma para los períodos 20092010.
A título personal –no comprometo a mi bloque, entiendo que esta ley debe contener una cláusula directa para que cuando esta realidad económica y financiera castigue a lo sectores más vulnerables del país, dé libertad automática sin llegar a estas suspensiones, para que cada uno de los que tienen responsabilidad ejecutiva pueda ir al rescate de dichos sectores. Por eso, proponemos la aprobación de este proyecto.
Prosiguiendo con el temario de la presente convocatoria, en relación con el proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos para 2010 de la administración nacional, quiero destacar que del mismo modo que el año pasado, fue presentado en tiempo y forma e informado con la presencia del señor ministro de Economía de la Nación.
En debates amplios, abiertos y extensos, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibimos a los señores secretarios de Hacienda, de Finanzas y de Política Económica del Ministerio de Economía, a la autoridad máxima de la Administración Federal de Ingresos Públicos, al secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios juntamente con cada uno de los responsables de los correspondientes organismos y al secretario de Energía de la Nación, entre otros.
En los presupuestos anteriores nosotros sostuvimos que se llevaban adelante con responsabilidad y prudencia. Recuerdo que en el último -el año pasado- mencioné una actitud de firmeza. Para referirme hoy al proyecto de ley de presupuesto 2010 utilizaré la siguiente expresión: vamos a continuar con la ruta del crecimiento que ininterrumpidamente transitamos por más de cinco años y medio.
Esta ruta de crecimiento tuvo un pequeño accidente que ha demorado el propio crecimiento, pero –y hay que decirlo con todas las letras- ese accidente no fue producido por este gobierno nacional. Fue un accidente que nada tuvo que ver con la administración de los recursos del Estado sino, tal como lo decimos y escuchamos reiteradamente, con una crisis financiera internacional, es decir, una cuestión exógena a los problemas de nuestro país.

sr. presidente fellner.- La Presidencia solicita que por respeto al orador los señores diputados guarden silencio, y pide a los auxiliares de los bloques –particularmente al que está ubicado a mi derecha- que bajen el volumen de los comentarios.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque no tenemos que volver a reconstruir nada, debemos continuar en una senda de crecimiento. Esto se da por definiciones de política económica que venimos llevando adelante desde 2003.
La crisis nos encontró con un programa económico con fortalezas bien definidas, hoy reconocidas –cuestión que me sigue sorprendiendo- por muchos economistas en los medios de comunicación. Son muy pocos los que actualmente dudan de la fortaleza del programa económico.
Sí existe un debate en lo referido al crecimiento futuro. Algunos están convencidos de que en el país vamos a seguir en un camino de crecimiento y dan una especificación definida que es la “doble ve”, un crecimiento y una caída. Nosotros decimos, del mismo modo que lo hacen muchos economistas, que el crecimiento se va a dar en forma de “u”, tal vez un poco más lento, pero firme, seguro y con una convergencia a aumentar en el mediano y el largo plazo.
Esa fortaleza tiene que ver con un alto nivel del volumen de reservas, los superávits comerciales que venimos teniendo desde 2003, un tipo de cambio competitivo que da fortaleza al sistema productivo, un sostenimiento de la actividad económica y un fortalecimiento del consumo interno. Nos hemos preocupado por el sostenimiento del nivel de empleo. Tenemos un sistema financiero solvente con una adecuada liquidez, además de una situación fiscal sustentable en el largo plazo.
A esta altura sí debo hacer mención concreta de lo que ha ocurrido este año. Por eso, tengo que decir con todas las letras que estoy totalmente convencido de lo que ha hecho el gobierno nacional en materia económica. Sostener estos pilares implicó que este año tuviéramos que salir a mantener el mercado interno. La primera preocupación que tuvimos se relacionó con el hecho de sostener el nivel de empleo. Fue la lucha que tuvieron todos los argentinos a partir de 2003 con un crecimiento sostenido.
Eso lo teníamos que hacer, y para ello el gobierno nacional tomó definiciones muy claras: una expansión fiscal para sostener el mercado interno y el nivel de empleo, y para suplantar la caída de la demanda externa. Es decir que teníamos que generar con expansión fiscal una demanda interna para mantener la producción, el mercado interno y los niveles de empleo.
Con respecto a lo expuesto debo agregar que forman parte fundamental del programa económico los objetivos que he venido mencionando.
Pero debemos decir claramente que hay dos rubros que sinceramente nos preocupan. Uno tiene que ver con la política social, y el otro con la inversión en la infraestructura económica y social.
La inclusión en la vida social, económica y cultural de la mayor cantidad de familias de nuestro país sigue siendo nuestro objetivo. La inclusión con redistribución en el sistema jubilatorio es la premisa que vamos a seguir sosteniendo. La mejora de los haberes jubilatorios, obviamente ha sido demostrada durante este tiempo a partir de la decisión que representó para toda la clase pasiva de nuestro país la ley votada por el Congreso, relacionada con la movilidad jubilatoria.
Para sostener este programa económico se han sentado las bases de los supuestos macroeconómicos en el presupuesto 2010. Ello tiene que ver con un crecimiento del PBI del 2,5 por ciento; un resultado financiero superavitario de 621 millones de pesos, lo que representa un 0,05 por ciento del producto bruto interno; un resultado primario de 27.158 millones de pesos, que implica el 2,17 por ciento del producto bruto interno; un aumento del 74,9 por ciento y un resultado superavitario global de 28.606 millones de pesos, lo que representa un 2,29 por ciento del producto bruto interno; un tipo de cambio promedio de 3,95 pesos por dólar; una variación de precios al consumidor del 6,1 por ciento y una variación del índice de precios mayoristas del 7,8 por ciento.
También vamos a tener un aumento del 17,6 por ciento en las exportaciones, llegando a un valor de 296.701 millones de dólares. Además, van a aumentar un 21,8 por ciento las importaciones, alcanzando un valor de 244.606 millones de dólares, con una balanza comercial nuevamente superavitaria.
inversión fija interna es considerada en el presupuesto equivalente al 8,2 por ciento, con un crecimiento del consumo interno del 2,7 por ciento. Dije que se habían tomado definiciones claras para sostener el nivel de empleo, y quiero hacer simplemente una referencia estadística en este sentido. Si bien el desempleo subió un punto en la Argentina, el impacto en Brasil fue mucho mayor. Así, en la economía de Chile, fue del 2,1 por ciento; en Estados Unidos, del 3,2 por ciento, y en la Eurozona, del 1,7 por ciento. Ni hablar de España o Irlanda, cuyos índices fueron del 6,8 y 4,4 por ciento respectivamente. Cuando hablé de los impuestos, me referí al tema de los recursos. Para nosotros es fundamental sostener este nivel para dar sustentabilidad fiscal a este programa.
los artículos específicos del proyecto de presupuesto incorporamos cuestiones que, desde mi punto de vista, son muy importantes: una de ellas es la autorización de financiamiento para llevar adelante obras prioritarias. Al respecto, a aquellos que se expresaron mediáticamente, quiero decirles que las autorizaciones se llevan adelante a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como cualquier sistema de crédito público. Es cierto que las definiciones de las obras se realizan a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a partir de las prioridades fijadas. También quiero hacer mención en el articulado a dos cuestiones que son fundamentales y van en línea con lo que vengo desarrollando en los distintos proyectos. Esto tiene que ver con un programa especial para poder refinanciar con plazos y quitas las deudas que tienen hoy las provincias con el gobierno nacional, pero también con un sistema para que aquellas provincias con problemas en el corto plazo y con deuda flotante puedan realizar el pago con los recursos en el otro período.
a esto, en cuanto a la ley de responsabilidad fiscal, creo que es función de este Congreso respaldar las normativas expresadas en los distintos proyectos, tanto en el articulado del presupuesto como en la ley de responsabilidad fiscal, entendiendo que los gobernadores llevan adelante una tarea muy importante pero que, además, esto beneficia a los distintos colores políticos. Esto implica pensar un país en serio que se preocupa por la problemática de su gente.
quiero hablar del destino de la inversión –y no del gasto en las provincias. El presupuesto tiene dos formas de distribución. Una, a través de transferencias automáticas de acuerdo con la coparticipación que, para el año 2010, va a representar 83.654 millones de pesos. Allí se incluye, y esto hay que decirlo con toda claridad, el Fondo Federal Solidario, el cual ha sido coparticipado a raíz de una decisión del Poder Ejecutivo nacional, y del cual las provincias se van a llevar el treinta por ciento.
el 2010 ese Fondo se prevé en 6.454 millones de pesos. Esto representa un aumento del 116 por ciento respecto a lo percibido en 2009.
también tengo que destacar las transferencias no automáticas, que son recursos afectados a la ejecución de la obra pública vial y escolar y a programas sociales para atender necesidades básicas, laborales y alimenticias.
presidente: estos programas se llevan a cabo por intermedio de los ministerios de Planificación, de Desarrollo Social y de Trabajo.
programas del Ministerio de Planificación destinados a la inversión en obra pública con sentido social ascienden a 9.647 millones de pesos, de los cuales el 43 por ciento se destina a cubrir el déficit habitacional, más del 40 por ciento a construcciones provenientes de la Dirección Nacional de Vialidad, por un total de 4.641 millones de pesos y el programa Más Escuelas, Mejor Educación, que asciende a 872 millones de pesos.
a las señoras y señores diputados que respalden este proyecto de presupuesto que nuevamente nos va a conducir a una senda de crecimiento y a una mayor generación de empleo en nuestro país.
, creemos que estas variables indudablemente van a continuar, tal como lo dije anteriormente, y van a converger en el mediano y largo plazo en un crecimiento aun mayor que el establecido en el proyecto de presupuesto para el año 2010.
queremos retroceder, señor presidente. Queremos seguir avanzando. Y vamos a seguir peleando para lograr este objetivo
. (Aplausos).
sr. presidente fellner.- Para referirse al dictamen de minoría tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: en este combo de tres por uno, voy a comenzar refiriéndome al presupuesto.
El miembro informante de la mayoría hizo recién referencia a los funcionarios que vinieron. La Unión Cívica Radical y el conjunto de la oposición solicitamos la presencia en la comisión, a los fines de que informaran, de este señor que atiende a los feed lot así como también de quien conduce Aerolíneas Argentinas y de quien está al frente de la ANSES. Todo esto resultó imposible ya que el oficialismo se negó permanentemente y no nos permitió conocer cuáles son las proyecciones que se estiman. Espero que algunos miembros del bloque mayoritario nos digan qué sucederá con Aerolíneas Argentinas y con los recursos de la ANSES.
Entrando en la consideración del proyecto de presupuesto, cuando hace un rato se rindió homenaje a Mercedes Sosa, esta gran tucumana, nosotros también pedimos la palabra para recordarla. Hablando de tucumanos, es necesario recordar a Juan Bautista Alberdi cuando decía: “El presupuesto argentino es el barómetro que señala el grado de buen sentido y de civilización de un país. La ley de gastos nos enseña si el país se halla en poder de explotadores o está regido por hombres de honor; si marcha a la barbarie o camina a su engrandecimiento; si sabe dónde está y dónde va, o se encuentra a ciegas entre su destino y posición.”
Cuando analizamos el proyecto de ley de presupuesto para el año 2010, encontramos graves inconsistencias, ya que se aparta de los principios de previsibilidad, objetividad y disposición que deben caracterizar a esta herramienta jurídica y económica.
El presupuesto no encuadra en la realidad económica, social y política de nuestro país. Creemos que su realización es de cumplimiento imposible. Además, otorga facultades institucionales a funcionarios administrativos que ejecutan actos que son propios del Poder Legislativo; asimismo, dichos actos pasan a carecer de control.
Además de exacerbar la utilización de fondos del Estado para aumentar el clientelismo político, funciona como un obstáculo permanente al ejercicio del federalismo; es decir que la gigantesca billetera del Estado nacional determina y obliga a los gobernadores, intendentes, concejales, funcionarios y legisladores de nuestro país a gobernar, legislar, administrar, otorgar obras y ejercer el control según la voluntad del Poder Ejecutivo nacional.
El proyecto de presupuesto reserva al Congreso sólo las decisiones que afectan el monto total del presupuesto o del endeudamiento, pero los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o modificar la distribución entre finalidades podrán ser realizadas por el jefe de Gabinete de Ministros.
Creo que es importante volver a releer la Constitución reformada en 1994, sobre todo el inciso 2 del artículo 75, que expresa que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso. Lamentablemente, esto no sucede.
Los presupuestos de 2004 a 2009 sufrieron significativas modificaciones en la autorización de gastos. Del período 2004 a 2008, todos ejercicios ya cerrados, surge un valor superior a 106 mil millones de pesos, con desvíos que alcanzaron un 23 por ciento en el año 2007.
Estos desvíos que caracterizan al gobierno tienen un denominador común: el Ministerio de Planificación Federal, que gastó en el período 2004 a 2008 un 51 por ciento más que lo autorizado por las respectivas leyes de presupuesto, lo que representó 40.013 millones de pesos o un 40 por ciento del total de los desvíos del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, tenemos la mayor presión tributaria que se recuerde en la República Argentina, lo que constituye un desincentivo para las inversiones privadas. La política fiscal del presupuesto para el año 2010 implica un aumento del peso relativo del sector público en la economía y una mayor intervención estatal.
Por eso, cuando entramos a analizar las proyecciones a las que se refería el señor presidente de la comisión, consideramos que la inflación minorista del 6,6 por ciento que prevé este proyecto del Poder Ejecutivo no se va a cumplir ni siquiera con los dibujos que pueda hacer el secretario de Comercio.
No creemos que vayamos a tener un dólar de 3,95 pesos, sino que consideramos que el valor va a ser mucho mayor. Creemos que la inflación para el próximo año estará en el orden del 18 por ciento.
Vemos que este proyecto de ley de presupuesto nos habla de un superávit fiscal primario de 28.617 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 86,7 por ciento respecto de lo estimado para 2009.
La mejora del resultado primario se daría porque los ingresos totales crecerían más que el gasto primario.
La mejora del superávit primario proyectado en el presupuesto para 2010 no es sencilla de alcanzar porque supone que la tasa de crecimiento del gasto primario en 2010 debería reducirse a más de la mitad de la actual.
Creemos que el crecimiento del gasto primario en el presupuesto para 2010, que contempla una inflación minorista del 6,6 por ciento -y teniendo en cuenta que entendemos que la inflación para el próximo año será del 18 por ciento-, triplicará las proyecciones oficiales y sabemos que varias partidas de ese gasto, salarios, jubilaciones, etcétera, son muy sensibles al aumento de precios.
Suponemos que el incremento del gasto primario para 2010 será superior al proyectado en el presupuesto y por ende el resultado primario también sería más bajo que la proyección oficial.
Aquí entramos a ver las políticas orientadas a transferir fondos a cooperativas que se crean en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, de este llamado Programa de Ingreso Social con Trabajo. La meta de este programa es la creación de cien mil puestos de trabajo, para lo cual se asistirá a 1.666 cooperativas, que recibirán fondos por 1.500 millones de pesos.
Pero, lamentablemente, la distribución de estas transferencias se realizará tan sólo entre diez de las 24 jurisdicciones, y estará concentrada en casi un 50 por ciento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, básicamente el área metropolitana.
Como vemos, esta distribución no tiene un correlato que dé un indicador social de empleo ni de absolutamente nada. Esto se hace sin ninguna orientación en la materia.
Tampoco podemos dejar de señalar que este proyecto de ley de presupuesto mantiene los superpoderes al jefe de Gabinete, y que plantea de forma confusa y ambigua la reapertura del canje de deuda de 2005 con organismos internacionales y con otros acreedores privados.
También modifica la ley de administración financiera en lo que se refiere a la integración de la deuda exigible a fin del período, es decir, se permite atender los gastos devengados con ingresos originados en períodos posteriores.
También crea un programa de inversiones prioritarias, pero considerando los gastos con anticipos financieros y adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización. Esta distorsión de la información permitiría omitir el registro de los gastos y no computar el déficit fiscal que surja de estas obras hasta su finalización.
Esta falacia contable permite dibujar el déficit en más de treinta mil millones de pesos, dado que se permite el endeudamiento para financiar obras por 4.500 millones de pesos y 1.200 millones de dólares, y se conceden avales por dos mil millones de pesos y cinco mil millones de dólares.
Autoriza compras de combustibles, importación de energía eléctrica, adquisición de aeronaves y componentes de obras públicas hasta cinco mil millones de pesos, y también autoriza el financiamiento del déficit operativo de Aerolíneas Argentinas hasta diciembre de 2010.
Si nos remitimos al artículo 22 del proyecto de presupuesto que pretende aprobar el oficialismo, vemos que no existe una restricción que limite las transferencias destinadas a la empresa Aerolíneas Argentinas, quedando en manos de las autoridades del Ejecutivo el monto a girar.
Debemos tener presente que el subsidio destinado a Aerolíneas Argentinas hasta el 18 de septiembre de 2009 asciende a 1.704 millones de pesos, cuando la previsión presupuestaria era de 519 millones; si se mantiene esta tendencia, las transferencias para financiar el déficit de la empresa en este año 2009 serán de 2.700 millones de pesos. Si a ello sumamos los recursos aportados en 2008, tenemos que lo destinado al rescate de Aerolíneas Argentinas supera los 3.700 millones de pesos.
Por otra parte, el Tesoro nacional ha decidido asumir las deudas de NASA –Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima- y reconoce más de 1.300 millones de dólares de deuda por la provisión de combustible líquido a la República Bolivariana de Venezuela.
Habilita a la Secretaría de Hacienda a solicitar información sobre inversiones temporarias de organismos del sector público nacional en las entidades del sistema bancario nacional, para así poder incautar fondos de toda la administración pública nacional, o quizás a cambio de un pagaré a una tasa del cero por ciento como nos dijo el secretario de Financiamiento cuando estuvo en la comisión respecto de los fondos de los ATN, o a una tasa de interés negativa en términos reales, como las que se le otorgan al PAMI o a la ANSES.
Otro de los temas de los que se ha hablado y que vemos en este presupuesto es el programa “Fútbol para todos. Un programa que aporta a la cultura y educa”. Sí, señor presidente, parecería que el programa presupuestario 46 de la Jefatura de Gabinete “aporta a la educación y a la cultura”, dado que así lo señala la planilla anexa III del artículo 1º, en las partidas de finalidad y función, donde dice: “Ejecutar las acciones relacionadas con la transmisión y explotación comercial de la televisación de los torneos de fútbol para la República Argentina y el exterior organizados por la Asociación del Fútbol Argentino”.
Nosotros nos preguntamos qué tiene que ver esto con la cultura y la educación. Pensamos que quizás esté relacionado con que no llegan con la ley de financiamiento educativo, que el año próximo tiene que alcanzar el 6 por ciento del PBI. Si es así, será gracias a las provincias, dado que la Nación prevé una caída del gasto en términos del PBI, pasando del 1,57 por ciento al 1,56 por ciento entre 2009 y 2010.
Por eso, señor presidente, es necesario que los gobernadores preparen los recursos necesarios para atender todas y cada una de las obligaciones establecidas en la ley.
Y para ir concluyendo con el análisis del presupuesto, decimos que la inversión pública en infraestructura es una nebulosa total, con el agravante de que a partir de 2010 gran parte de las obras no tendrán ni siquiera anotación como gasto público, violando las normas básicas del registro de las cuentas públicas. El destino de las diversas regiones ha quedado librado a políticas erráticas inspiradas por la coyuntura y al éxito económico relativo de algunas provincias que descansan principalmente en la explotación de sus recursos naturales. Por ello es que nosotros consideramos y planteamos la devolución de este proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo a los fines de que se rehagan sobre bases serias, sólidas y reales los números que lleguen a este Congreso de la Nación. Analizando el tema de la prórroga impositiva, se nos plantean prórrogas en ganancias, en bienes personales y en ganancia mínima presunta por un plazo de diez años. En esto nosotros dijimos y fuimos categóricos: vamos a otorgar la prórroga por un año, porque a partir del 10 de diciembre este Congreso se va a renovar conforme lo decidido por la ciudadanía el 28 de junio pasado. Entonces, es necesario que ese nuevo Congreso tenga las manos libres para poder actuar con total y absoluta libertad a fin de llevar adelante una profunda reforma tributaria en la República Argentina, para que paguen más los que más ganan y no como hoy en que los sectores de menores recursos son los que tienen que hacerse cargo de la mayor presión tributaria que existe en el país. También se plantea la prórroga de la ley de impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias. En esto hemos sostenido y planteado que la cuestión debe ser atendida, fundamentalmente en un ciento por ciento, en lo que hace a la coparticipación para todas y cada una de las provincias. Si entramos a hacer una cronología de la cesión que hicieron los Estados provinciales a favor de la ANSES, tenemos que en 1991, con la ley 23.966, se dispuso la afectación de dos tributos nacionales al sistema de previsión social: el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico. El 11 por ciento de la recaudación del IVA se afectó al financiamiento del régimen de previsión social, asignando el 90 por ciento del producido al sistema nacional y el 10 por ciento a las cajas provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, se creó el impuesto sobre los bienes personales, estableciéndose la afectación del total de su producido al régimen de previsión social, asignando el 90 por ciento al sector nacional y el 10 por ciento al provincial. El decreto 879/92, modificatorio de la ley 24.073, afectó el 20 por ciento del producido del impuesto a las ganancias al Sistema Nacional de Seguridad Social para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales. El Pacto Federal del año 1992, a través del acuerdo entre la Nación y las provincias, facultó al gobierno nacional a retener el 15 por ciento de la masa coparticipable primaria con destino al sistema previsional. La ley 24.699, en su artículo 2º, que modifica la 23.966 en lo concerniente a la afectación del producido del impuesto a los combustibles dispuso que se asignará al financiamiento del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones el 21 por ciento de lo que se recaude por la aplicación de los gravámenes específicos a las naftas y combustibles líquidos y el ciento por ciento del producido del impuesto que grava el gasoil, el diésel, el kerosén y el gas natural comprimido. También establece que el producido del impuesto a las ganancias se hará efectivo con la previa detracción de una suma fija de 580 millones de pesos anuales, de los cuales 120 millones tendrán como destino el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En 1998, cuando se crea el monotributo, se establece que el 70 por ciento del producido del gravamen se destinará al financiamiento de la prestación administrada por la ANSES. En 1999, se dispuso que del producido del impuesto adicional sobre los cigarrillos se destine el ciento por ciento a la ANSES. Todo esto significó que, de acuerdo con nuestras estimaciones, incluyendo todas las afectaciones previas a la distribución primaria y las asignaciones específicas, los recursos de origen tributario transferidos al organismo durante el período 2000-2008 habrían ascendido a la suma de 174.957 millones de pesos. Para el año 2009 esta cifra ascendería a 42.619 millones de pesos, lo que implicaría un crecimiento interanual del 7,2 por ciento, totalizando 217.600 millones de pesos para todo el período. ¿Cuál fue la contrapartida de los recursos tributarios? El aumento de la solidez de las cuentas de la ANSES. Por eso, era necesaria la presencia –que nosotros solicitábamos en el Congreso y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de quien administra estos recursos, porque sabemos que hoy las provincias se encuentran en una situación total y absolutamente grave para hacer frente a sus deudas corrientes, fundamentalmente al pago de los sueldos y salarios de los empleados públicos. Nosotros lo vemos a lo largo y a lo ancho del país y fundamentalmente en nuestra provincia. Venimos a plantear que es necesario que estos recursos se coparticipen en un ciento por ciento entre la Nación y los Estados provinciales. En este proyecto de prórroga de leyes está contemplado el impuesto de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos. Nosotros venimos sosteniendo que en este punto no podemos dar al Poder Ejecutivo la facultad de que incremente el impuesto hasta el 21 por ciento, porque los que pertenecemos a las provincias tabacaleras sabemos que significaría que caerían las recaudaciones del Fondo Especial del Tabaco y en consecuencia también la posibilidad de la subsistencia de este sector que da empleo a más de un millón de trabajadores en la República Argentina, ya que el contrabando no permitiría sostener a todas y cada una de las provincias tabacaleras. Entendemos que el impuesto a la ganancia mínima presunta debe ser eliminado porque es total y absolutamente distorsivo y ahuyenta las inversiones en la República Argentina. Todo el régimen tributario debe ser modificado a partir de la nueva composición que tenga el Congreso. Debemos dar a los señores legisladores –que fueron elegidos por los ciudadanos la posibilidad de discutir una política tributaria que sirva al conjunto del pueblo argentino y no para que el matrimonio tenga en sus manos los recursos, y de esta manera nuestras provincias, nuestros gobernadores y nuestros intendentes se encuentren en una situación de absoluta sumisión y sin poder reclamar los recursos que legítimamente les corresponden. Por eso, proponemos con respecto a este punto y a los distintos temas tributarios el despacho que ha sostenido la Unión Cívica Radical. Y en cuanto a la modificación que se plantea respecto de la ley de responsabilidad fiscal quiero decir que nosotros firmamos una disidencia total porque no estamos de acuerdo –teniendo en cuenta lo que establece el artículo 74 del proyecto de ley de presupuesto en que el financiamiento de las provincias quede a merced del Poder Ejecutivo nacional. En esa cláusula se da la facultad al Poder Ejecutivo y no se le impone la obligación de atender a todas y cada una de las provincias en el financiamiento de sus deudas. ¿Qué es lo que ocurre a través de esta modificación del régimen tributario? Que las provincias argentinas se endeuden más y lógicamente no puedan hacer frente a sus obligaciones. Esta es nuestra postura. (Aplausos.)
sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. REYES, MARIA FERNANDA.- Señor presidente: lamentablemente, hoy nos volvemos a encontrar, igual que el año pasado, considerando el presupuesto nacional, la prórroga de impuestos y el régimen fiscal en una sesión especial, cuando tranquilamente podríamos haberlo hecho en una sesión de tablas.
No obstante ello, a nuestro bloque le hubiera interesado muchísimo que el oficialismo convocara a una sesión especial para tratar los temas acordados hace un tiempo, después de las elecciones del 28 de junio, sobre políticas públicas referentes a los problemas sociales y fundamentalmente a la pobreza, la indigencia y el desempleo. En este sentido, podemos citar el caso de la ex empresa Terrabusi, hoy Kraft, que se manifiesta en las calles y demuestra lo que está pasando en el país desde hace un año y medio.
Podríamos estar discutiendo, como lo pedimos la semana pasada, el “tarifazo” que este Congreso debería derogar definitivamente. Pero nada de eso está ocurriendo. Nos convocan a una sesión especial no para tratar los temas que preocupan a la gente sino para discutir asuntos que tranquilamente podrían haberse incluido en una sesión de tablas.
Sobre esta base trataré de ser lo más breve posible respecto del proyecto de ley de presupuesto nacional.
Nos encontramos con una repetición que se relaciona con la violación del marco jurídico e institucional. ¿Cómo y de qué manera? A través de diferentes artículos contenidos en dicha norma. En principio, se viola la ley de administración financiera y la ley complementaria permanente del presupuesto.
Se lo hace a través del artículo 17 y también del 74, que modifica –como bien dijo el señor diputado Giubergia el régimen federal de responsabilidad fiscal; los artículos 69, 71 y 74, que modifican algunos fondos fiduciarios; el artículo 22, que elimina el límite máximo que tienen las empresas públicas para poder asumir déficits; los artículos 65 a 67, vinculados con exenciones impositivas; el artículo 76, que contempla modificaciones a los regímenes de promoción, y el artículo 72, relacionado con delegación de facultades.
De este proyecto de ley de presupuesto surgen veinticuatro delegaciones legislativas, a lo que hay que sumar que de las quince modificaciones que se incorporaron, trece se refieren a delegación de facultades al Poder Ejecutivo. De esto nos enteramos el jueves pasado. Ello significa que, si no me equivoco, estamos hablando de treinta y siete delegaciones de facultades, que se agregan a las que ya existen en virtud del artículo 37 de la ley de administración financiera que otorga al Poder Ejecutivo la potestad de destinar partidas de una jurisdicción a otra, o de transformar gastos corrientes en gastos de capital, sin intervención del Congreso de la Nación.
Podría enumerar otras delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo, pero dejaré que lo haga otra representante de mi bloque. Lo que sí es cierto es que se crea un nuevo superpoder. ¿De dónde viene ese nuevo superpoder? De este superministro que ya tiene una partida bastante considerable de 38 mil millones de pesos en el presupuesto nacional. ¿De quién estoy hablando? Del ministro De Vido. Conviene aclarar que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por el artículo 17, no solamente tiene su planilla anexa de cerca de 38 mil millones de pesos entre inversiones y gastos corrientes, sino que aparte han anexado una nueva planilla, de la que tomamos conocimiento también en estos últimos días.
A eso hay que sumar casi nueve mil millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –principalmente De Vido- podrá generar a través del aumento del endeudamiento para obras. En realidad, respondiendo a las leyes que así lo disponen, esas obras deberían haber sido planteadas con claridad, expresando sus montos máximos, y no sólo montos de posible endeudamiento. Asimismo, se les da la potestad de endeudarse en períodos que exceden el ejercicio 2010.
Estas dos cuestiones se suman a otra que también es terrible. En una de las reuniones de comisión una diputada dijo que acá hay una creatividad contable impresionante. Lo cierto es que la ley de administración financiera es clara: el gasto de inversión es gasto público, y los aportes a proveedores tienen que ver con aplicaciones financieras.
No sabemos por qué –en realidad sí lo sabemos- en este presupuesto las partidas destinadas al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios como gasto público terminan apareciendo como aportes a proveedores. Lamentablemente, así se está introduciendo una modificación en el momento en que se hagan efectivas estas obras que existen en el presupuesto de la Nación. Porque como bien dijo el secretario de Obras Públicas, la inversión es llave en mano, es decir que recién cuando se termine la obra va a aparecer el gasto público, generando seguramente un gran nivel de déficit en caso de que aparezcan por arriba de las aplicaciones financieras. Esto no muestra lo que realmente debería haber en el presupuesto nacional, que es un déficit, sino un superávit.
ASAP, una institución bastante reconocida por su desarrollo con respecto al análisis presupuestario, ha dicho que este artículo 17 debería ser eliminado. Me parece que es una recomendación que este Parlamento debería tener en cuenta.
¿Qué cuestiones se suman a este superministro? Dos más. Lamentablemente, el incumplimiento de la ley 24.354, de sistema nacional de inversiones públicas, ya parece ser una costumbre. ¿Qué pide esta ley? Simplemente algo lógico: que se efectúe un dictamen de inversión y una evaluación para saber si el proyecto que se está mostrando en el presupuesto es viable para que en el futuro pueda ser aprobado y ejecutado.
En el presupuesto de 2005, el 74 por ciento de los proyectos no tenían el dictamen de evaluación que pide la ley de inversiones públicas; en 2006, el 66 por ciento; se podría pensar que hubo una disminución, pero no, después surgió una terrible sorpresa y en 2007 subió al 86 por ciento, mientras que en 2009 estamos con el 82 por ciento de los proyectos de inversión sin dictamen.
La verdad es que esto genera decisiones arbitrarias en la gestión de los proyectos de inversión y modificaciones de los listados de obras y cronogramas de ejecución. No sé si eso le suena conocido, señor presidente, pero para nosotros es sistemática la modificación continua de las planillas de inversión y obviamente la no ejecución de muchas de las obras que discutimos en este Parlamento.
Para que tengamos otra idea de lo mal que funciona la información con respecto a la inversión pública, que encima nosotros tenemos que discutir año a año, 150 de las obras de 2009 estaban en 2008; de 2010, setenta obras.
Les voy a dar otro ejemplo. De todas las obras que presentaron los ministerios, sólo el 2,6 por ciento va a ser ejecutado durante 2010. El 76 por ciento recién va a ser ejecutado en 2012. Esta baja ejecución anual se repite año tras año. Por lo tanto, no sólo le estamos dando al superministro De Vido delegación de facultades y la posibilidad de endeudarse, sino que además de alguna manera convalidamos este procedimiento discrecional de manejar la inversión pública en el país.
Ya que estamos en la órbita del Ministerio de Planificación, no me quiero olvidar de algo que dijo el secretario de Obras Públicas cuando vino a la comisión a dar explicaciones. Les comento que a mí me horrorizó, y les voy a decir por qué. Sostuvo que iban a construir 100 mil viviendas por año para hacer frente al déficit. En principio es una buena noticia. La mala noticia es que desde 2004 a esta parte solamente se construyeron 103 mil viviendas, o sea, cerca de 20 mil viviendas por año. Las partidas destinadas a vivienda solamente han aumentado un 0,9 por ciento. Cuando pregunté al secretario de qué manera se iba a ejecutar esto –sinceramente es algo importante para las personas que se encuentran en una situación de déficit habitacional, me dijo que de alguna manera lo iban a hacer.
¿Saben una cosa? La sociedad está cansada de avisos vacíos. Está cansada de que le prometan lo que después no van a cumplir. Es preferible decir lo que realmente van a hacer, para tener por lo menos un mínimo de previsibilidad para todas aquellas personas que sufren por la falta de vivienda en la Argentina.
Como bien he dicho, se repite la violación de las leyes de administración financiera y de las complementarias del presupuesto. Nuevamente, nos encontramos con la ley de los superpoderes. Esta situación posibilita que de alguna forma estemos discutiendo cuestiones que después pueden ser modificadas sin ningún tipo de problema por el señor jefe de Gabinete de Ministros. ¿Cómo y de qué manera? Para que tengamos una idea, de 2003 a 2008 la Jefatura de Gabinete, mediante el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, manejó a su antojo, discrecionalmente, 105 mil millones de pesos, es decir, el 20 por ciento del ejecutado en ese período fue manejado por el jefe de Gabinete de Ministros.
Cuando revisamos quiénes de alguna forma fueron perjudicados por esas decisiones, nos encontramos con algo de lo que generalmente hace alarde el oficialismo en cuanto a su preocupación: las políticas sociales.
El gasto por finalidad de lo que tiene que ver con los servicios sociales y la política social aparece en el presupuesto representando un 64 por ciento del gasto total. Cualquiera diría que se trata de una buena participación, pero cuando vemos cómo se ejecuta ese gasto, luego de las decisiones administrativas que se toman, nos encontramos que en lugar del 64 existe un 59 por ciento de participación. Es decir que el jefe de Gabinete de Ministros actúa en detrimento de los servicios sociales que dice defender.
Quiero aclarar algo que se analizó en la comisión. Es verdad que el Poder Ejecutivo envió un proyecto que tuvo sanción en la Cámara de Senadores vinculado con los superpoderes. Pero también lo es que ese proyecto lo único que hace es limitar el 5 por ciento del gasto total para que pueda ser manejado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. En realidad, garantiza lo que viene haciendo porque, por ahora, no ha pasado muchas veces ese 5 por ciento. Pero hay un tema más preocupante: ese 5 por ciento deja obligaciones a cargo del Tesoro. ¿Qué son las obligaciones a cargo del Tesoro? Se trata de una jurisdicción que, lamentablemente, está mal detallada en el presupuesto nacional. No tenemos información clara acerca de cuáles son las empresas públicas que, por ejemplo, son financiadas –nosotros enviamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo en ese sentido, y tampoco tenemos claridad acerca de las inversiones generadas. Allí se encuentran los fondos de desarrollo provinciales, el fondo solidario y la asistencia a las provincias, pero nunca tenemos claridad en la información. Estas obligaciones a cargo del Tesoro son una jurisdicción virtual, la caja chica del gobierno. Para que nos demos una idea, desde el año pasado ha crecido un 35 por ciento, y del 2004 a la actualidad, un 156 por ciento. Entonces, cuando hablamos de que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la Nación un proyecto para determinar los superpoderes en realidad se está garantizando, por ejemplo, para el año 2010, el manejo de 32.000 millones de pesos, que representan el 12 por ciento del presupuesto total. Si mal no recuerdo, el doctor Pezoa ha dicho claramente que el presupuesto se dividía en gastos rígidos y no rígidos. O sea que si tomamos los gastos no rígidos, es decir, aquellos que podemos modificar, en vez del 12 por ciento podríamos hablar del 30 por ciento del presupuesto total. Esta bancada ha planteado una y mil veces que lo que tenemos que hacer es volver al artículo 37 de la ley de administración financiera original y dejar de manejar discrecionalmente los recursos del Estado. Queda poco tiempo para hablar de tantas cosas que tenemos que discutir hoy. ¿Qué pasa con las estimaciones macroeconómicas? ¿Qué pasa con las variables con las que se maneja este presupuesto? Nosotros estimamos claramente que este año no hay una subvaluación de los recursos. Este era un mecanismo que utilizaba el gobierno para usar los recursos que le sobraban, año tras año, discrecionalmente por ministerio. Este año no hay subestimación; hay sobreestimación. Consideramos que el PBI esperado no va a llegar al 2,5 por ciento. De la misma manera, va a ser muy difícil llegar a la recaudación estimada por el gobierno para este año. Sí creemos que la inflación va a estar por encima del 8 por ciento que estima el gobierno y, como bien se calcula en diferentes lugares, será del 15 por ciento. Con estas variables, hablamos de un resultado financiero negativo. Esto es distinto a lo que el gobierno ha presupuestado para este año, que también es diferente a lo que presupuestó para 2009, ya que hablaba de un superávit de 9 mil millones pero ahora estamos cerca de un déficit de esa misma cifra. Aquí hay un dato que, desde mi punto de vista, es sumamente relevante. Se le preguntó al doctor Feletti si para realizar las estimaciones tomaba los números del INDEC. El secretario de Política Económica nos respondió: “Sí, claro. Obviamente.” Entonces, estamos en un problema, señor presidente, porque sabemos cuáles son los indicadores que está llevando adelante el INDEC. Más allá de palabras, no se ha modificado nada en absoluto con respecto a sus trabajadores, que siguen siendo perseguidos de alguna forma, y tampoco se ha mejorado nada respecto a los indicadores, que son de uso de todos nosotros –los investigadores, los intelectuales y, en definitiva, constituyen la base para hacer política pública. Eso no se ha modificado, y el secretario Feletti sostiene que toma los datos del INDEC para hacer este presupuesto. Por lo tanto, ya empezamos mal. Es más: para el gobierno, en 2009 ha existido un crecimiento. Pero no sé sobre qué dato se basa, porque si tenemos en cuenta aquellos que están disponibles, observamos que la inversión cayó un 15 por ciento, la construcción, un 10 por ciento; la utilización de capacidad instalada, también un 10 por ciento; las importaciones de bienes de capital, un 40 por ciento; la recaudación tributaria real, un 10 por ciento y el trabajo formal en relación de dependencia se vio reducido en 400 mil empleos. Más aún: Boudou y varios referentes del INDEC salieron a decir que la pobreza es del 13 por ciento, habiendo dicho el día anterior que había una desaceleración y un aumento del desempleo. A veces las mentiras matan. Digo esto porque no contabilizar casi 350 mil pobres, en la Argentina significa no contemplar la posibilidad de que a esas personas les llegue un plato de comida, una asistencia de salud y el acceso a la educación. Desconocer hoy la pobreza en nuestro país es una inmoralidad que ustedes deberían empezar a replantearse porque absolutamente nada de lo contemplado en este presupuesto puede generar políticas públicas para sacar a estas personas de la pobreza si ni siquiera son tenidas en cuenta en los propios números. ¿Saben por qué están subestimando la pobreza? Por dos razones: porque se subestima la canasta básica y porque se subestima el ingreso de los hogares. ¿Saben cómo contabilizaron este año los ingresos de los hogares de los sectores no registrados? Con un aumento del 29 por ciento. Eso fue lo que dijeron que aumentaron los salarios de los sectores no registrados. Me encantaría saber cuál es la capacidad de discusión que tienen esos sectores con los empresarios para poder aumentar los salarios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dibujando estos números? Esto no está bien, y es muy difícil acompañar presupuestos cuando se deja a una gran proporción de la población sin posibilidad de tener una asistencia como corresponde. Lo que decía hace un rato después se ve convalidado cuando leemos cuáles son las prioridades del gasto en este proyecto de presupuesto. En la parte correspondiente al Poder Ejecutivo dice que en materia de gastos son prioridades la seguridad social, la educación, la ciencia y tecnología, la promoción y asistencia social y la inversión en infraestructura económica y social. Creo que se olvidaron de un ítem, que es la función salud, que tiene sólo un 3 por ciento de aumento, a pesar de que aquí se dijo que seguramente el año próximo nos encontraremos con el dengue avanzando y con una situación mucho más compleja. Sin embargo, han reducido las metas destinadas al mal de Chagas. Me encantaría saber dónde ha disminuido la cantidad de personas que lo sufren, que aunque no salen en los medios y son millones. Por otro lado, hay dos componentes fundamentales con respecto al gasto. Uno de ellos es claramente la seguridad social y otro la promoción y asistencia social. Entre ambas presentan el mayor crecimiento: un 34 por ciento. Sin embargo, las distintas funciones del gasto no han aumentado considerablemente; más bien han reducido su participación. En el caso de promoción social y lo referido al trabajo, se proyecta una participación de un 3,9 por ciento. Tengamos en cuenta que el año pasado había sido de 3,4 por ciento.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

sra. REYES, MARIA FERNANDA.- En la situación actual de crisis social que existe en la Argentina, estos niveles de aumento implican desconocer –como bien decía antes- la situación socioeconómica de nuestra población.
El Programa Familias por la Inclusión Social, con subsidio directo, es una meta que se refiere a 762 mil familias; es decir a 35 mil familias más. Hay 600 mil personas más en situación de pobreza, pero sólo se habla de 35 mil familias adicionales. Además, cuando se mira para atrás, generalmente se encuentra que las metas del plan Familias se encuentran subejecutadas, por lo que estamos ante otro problema. Lo mismo ocurre con la función trabajo.
Hay otra cuestión que me preocupa bastante en lo personal. Uno de los pilares de este presupuesto, al igual que en los anteriores, es el superávit primario. Cuando se habla de esta cuestión, lo primero que se establece es de qué manera el Estado recauda y distribuye.
Lamentablemente, este gobierno ha reemplazado deuda financiera por deuda social, ya que los recursos que utiliza para el pago de la deuda provienen de instituciones como la ANSES, cuyos recursos deberían estar destinados al pago de beneficios sociales.
En este caso no sólo se lo hace en detrimento del pago de beneficios, sino que se generan costos para la ANSES, como los resultantes de acudir al mercado de capitales, donde el BONAR 14 constituye un ejemplo de esta situación. Todo ello va en perjuicio de los jubilados.
Dicho sea de paso, el gobierno repite una y otra vez lo que ha hecho por los jubilados, pero hay que recordar que el 80 por ciento de ellos en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza. La pirámide jubilatoria se ha aplanado y hoy la jubilación representa sólo el 40 por ciento del salario mínimo, vital y móvil; ni hablemos del salario promedio del mercado de trabajo.
Entonces, la deuda social que tenemos con los jubilados es altísima. No se puede seguir financiando al Estado intra-sector público, como dijo Lorenzino en el Congreso, a costa de los sectores más vulnerables de nuestra población.
Tengo muy pocos minutos para referirme a la prórroga de impuestos y a la iniciativa sobre responsabilidad fiscal. Nuevamente perdemos la posibilidad de dar una discusión profunda sobre el esquema tributario de la Argentina.
Como se dice que existe una continuidad del gobierno, podríamos recordar que este mismo gobierno señaló que iba a proponer una reforma tributaria. Sin embargo, ello está bastante lejos de la realidad. Dadas las iniciativas sobre la prórroga y la estimación de recursos, resulta claro que ni el gobierno quiere discutir la cuestión.
No obstante ello, si hablamos de sustentabilidad fiscal, deberíamos empezar a cambiar el perfil tributario de la Argentina, reduciendo aquellos impuestos que gravan directamente el consumo -que afectan a los sectores más vulnerables- y eliminando las excepciones vigentes, como la megaminería y las ganancias vinculadas con títulos públicos y acciones.
Debemos cambiar los rasgos de regresividad que presenta nuestro sistema tributario. Esta es la única manera de empezar a hablar de la distribución del ingreso en la Argentina. De hecho, para el año 2010, un 18 por ciento de los impuestos son progresivos, mientras que el 34 son regresivos o distorsivos.
Sobre esta base nosotros proponemos varias modificaciones, la principal tiene que ver con el impuesto a las ganancias y se refiere a gravar la renta financiera en la Argentina.
Si hay algo que podríamos solucionar en este Parlamento, se va a conseguir comenzando a discutir el ingreso ciudadano universal para la niñez, un recurso que llegaría a todos los niños del país independientemente de la situación laboral de sus padres. De esta forma podríamos terminar definitivamente con la pobreza en la Argentina y también con el clientelismo político, que es la forma con la que se están llevando a cabo, lamentablemente, las políticas sociales en nuestro país.
La segunda cuestión tiene que ver con la distribución a las provincias, y esto está enmarcado en el contexto en el cual estamos discutiendo la responsabilidad fiscal. Esta última fue votada por el oficialismo, particularmente, como un guiño al Fondo Monetario Internacional. Es muy controvertida y fue bastante discutida por la oposición. Entre otras cosas establece un límite a la generación de deuda, y esto es lo que se quiere levantar.
El contexto en que hoy se encuentran las provincias es el siguiente. Hay un déficit de 10 mil millones de pesos, pero del otro lado tenemos recursos. ¿De dónde vienen estos recursos? En parte del impuesto al cheque. En nuestro dictamen de minoría nosotros planteamos que sea coparticipable en un ciento por ciento. De esta manera las provincias estarían recibiendo lo que les corresponde, que serían 11.500 millones de pesos.
Proponemos que se respete el artículo 7° de la ley de coparticipación, con lo cual este año las provincias no perderían 7 mil millones de pesos más.
Respecto de los ATN, hay 8.500 millones de pesos que no son distribuidos como corresponde a las provincias y, por el contrario, son utilizados para financiar al Tesoro Nacional.
Nosotros solicitamos que no haya mayor generación de deuda y mayor dependencia de las provincias, sino al contrario, que terminemos con la discrecionalidad y que las transferencias a las provincias sean automáticas, como corresponde, sin que nos pase lo que ha ocurrido en el Senado de la Nación: que una senadora tenga que manifestar que cambia su voto porque ello acarrea un beneficio para su provincia. Esto no debe ocurrir en la República Argentina.
Lamentablemente, perdimos la oportunidad de discutir la reforma tributaria. Otra vez nos encontramos con datos alejados de la realidad. Se sobreestima la posibilidad de crecimiento de la economía argentina sobre la base de proyecciones socioeconómicas que tienen poco grado de veracidad.
Lamentablemente, es poco probable que se alcancen los niveles de crecimiento y de generación de empleo que están proyectados, por lo menos sin dar una discusión por la que se transformen efectivamente todas las políticas en materia de empleo y de cuestiones sociales. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. LOZANO, CLAUDIO.- Señora presidenta: llegamos a este debate en el marco del incumplimiento por parte del bloque oficialista de dar lugar en la agenda parlamentaria a la problemática social y urgente de la Argentina. También llegamos en un contexto de estancamiento del empleo y de destrucción de puestos de trabajo en el 2009, en tanto duermen en los cajones de las comisiones respectivas proyectos que tratan la prohibición y la suspensión de los despidos y el incremento de las indemnizaciones.
No pudimos discutir estas cuestiones aun cuando estamos desde el 2007 en un contexto de agravamiento del cuadro social y de expansión de la pobreza, y aun cuando existen diversos proyectos de distintos bloques que hablan de un ingreso ciudadano a la niñez, de la asignación universal por hijo y de otras variantes. Incluso se ha planteado la necesidad de discutir el tema de los tarifazos para terminar con un modelo agotado en materia de energía y transporte con subsidios, que en realidad no sirven para lo que hay que lograr. Y también hay un tema clave que es la cuestión de los haberes jubilatorios. Sin embargo, no hemos podido discutir ninguna de estas cuestiones.
Desde el bloque oficialista se dijo en este recinto que las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación del Trabajo darían tratamiento al tema de la asignación universal por hijo. También se dijo que el debate presupuestario era el momento para realizar la discusión sobre estos puntos.
Sin embargo, se aceleró el trámite; hoy estamos discutiendo el presupuesto y no ha habido lugar para incluir este tipo de cuestiones. Ello pese a que este presupuesto es elocuente al responder aquellas dudas que tenía la señora presidenta de la Nación cuando en algún momento dio una conferencia de prensa diciendo de dónde se puede financiar la asignación universal por hijo. La verdad es que para una asignación universal de 135 o 200 pesos no es mucho más que 7 mil millones de pesos lo que se necesita en términos de financiamiento neto para poder resolver esa cuestión.
Este mismo presupuesto indica que por exenciones del impuesto a las ganancias perdemos de recaudar aproximadamente esa cifra. Eso quiere decir que podría existir un tratamiento distinto de ese impuesto para poder financiar una urgencia social como la que estamos planteando.
Entonces, si uno tiene un contexto donde ya es irrefutable que desde 2007 se viene agravando el cuadro social de la Argentina y al mismo tiempo tiene una realidad donde el empleo no se recupera y la política social vigente no alcanza –lo vemos todos los días, ¿cómo se puede entender que no exista la posibilidad de abrirle la puerta a un debate sobre otras alternativas? ¿Qué es lo que hay aquí si no es desprecio por la vida?
La verdad es que no se puede entender que haya apuro o celeridad para discutir el tema de las facultades delegadas o para sacar la ley de medios y que no lo haya para discutir el tema de la pobreza y del hambre en la Argentina. Es inaceptable el orden de prioridades que se está planteando para el funcionamiento de este Parlamento.
Es en ese sentido que nosotros discrepamos con la lógica que está por detrás de este presupuesto, un presupuesto que se sostiene en una concepción que tiene tres grandes pilares. El primero de ellos es que hemos crecido y estamos mucho mejor; el segundo pilar es que hemos afrontado la crisis mejor que otros y el tercero es que, como la crisis mundial ya tocó piso y comienza un proceso de recuperación, naturalmente vamos a salir a recuperar la senda del crecimiento. Pero para nosotros estos tres pilares son falsos.
En realidad, la idea de que hemos crecido y estamos mejor hace abstracción de algunas cuestiones fundamentales. Primero, se hace abstracción de que empezamos a crecer después de haber caído veinte puntos de producto bruto en la Argentina entre mediados de 1998 y mediados de 2002, y también se hace abstracción de que el patrón de crecimiento que tuvo la Argentina ha mantenido rasgos que debemos discutir. El primer rasgo es la concentración que tiene el proceso de crecimiento.
Terminamos de hacer una comparación entre el último año de crecimiento pleno de la convertibilidad y el último año de crecimiento de este modelo, es decir, entre 1997 y 2007. La cúpula empresarial de la Argentina, o sea, las doscientas firmas más importantes que en 1997 con sus ventas representaban el 31 por ciento del total del producto, en el año 2005 pasaron a representar el 51,3 por ciento y en el año 2007, el 56,1 por ciento. Es decir que el proceso de crecimiento en la Argentina no permitió revertir ni aminorar el proceso de concentración económica en nuestro país. Es más: si uno toma a las veinte firmas más importantes del país, que en 1997 representaban el 38 por ciento del total de las ventas de las 200 más grandes, pasan a representar hoy prácticamente el 50 por ciento de las ventas totales de la cúpula.
La concentración es un rasgo que el crecimiento que tuvimos no pudo modificar. Y no sólo hubo concentración, hubo extranjerización. Cuando se mira cuánto representan las firmas extranjeras en las ventas totales de las 200 firmas más importantes del país, se observa que en 1997 representaban el 64 por ciento, en el año 2005 pasan a representar el 75,8 por ciento y en el año 2007 el 77,3 por ciento. No sólo hubo concentración sino también extranjerización y conglomeración, es decir control por vía de un reducido número de conglomerados que se expanden en el control del proceso económico argentino.
Todas estas cosas tuvieron impacto concreto en los niveles de inversión. Por un lado, porque dieron lugar a un proceso de cambio de manos. La inversión fue cambio de titulares de las empresas y no inversión efectiva. Y, en segundo lugar, la inversión efectiva fue poca y baja.
Por eso, la comparación entre 1997 y 2007 muestra que los sectores que teníamos en el patrón productivo argentino de 1997 son los mismos que tenemos hoy: alimentos, petróleo, siderurgia, automotores y químicos, que representaban en 1997 el 53 por ciento y pasan a representar en el año 2007 el 67 por ciento. En ese proceso, lo que hubo fue la desaparición de la cúpula de sectores vinculados a reparación de automotores e informática, textiles y calzado, y la aparición en la cúpula de las mineras o las empresas de seguridad privada Y de servicios empresariales, propias de un país basado en una especialización primaria y que se sostiene en el perfil de consumo de los sectores de altos ingresos.
No sólo se dio lo que señalé sino que ese proceso de crecimiento también fue desigual. Mientras el producto bruto de 2007 es un 31 por ciento más alto que el de 1997, la tasa de desempleo cayó apenas un 19 por ciento.
Los asalariados no registrados crecieron un 11 por ciento. El ingreso promedio de los que están ocupados es en valores reales un 22 por ciento inferior. La pobreza es más alta, la indigencia más alta aún, y la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre creció un 29 por ciento.
Es decir que el problema que tenemos con nuestra situación es doble: si bien crecimos desde 2002 a 2007, la última medición oficial confiable que el gobierno ha hecho -antes de la destrucción del INDEC- y a pesar de tasas de crecimiento con magnitudes importantes, da el 26,7 por ciento, lo que implica que en la Argentina arrastramos desde mediados de los años 90, prácticamente una situación donde hay un 25 por ciento de la población que cayó en situación de pobreza y no salió más. En ese contexto, la cosa ni siquiera queda así sino que vuelve a crecer.
El segundo pilar que decía que afrontamos la crisis mejor que nadie hace abstracción de que el ajuste que hicieron los países centrales como resultado de la burbuja financiera, en los países emergentes se hizo antes, y dentro de los países emergentes, en la Argentina se dio en forma más dramática.
Tampoco se está viendo que la manera de sostener la intervención frente a la coyuntura de crisis fue tomar los recursos de la ANSES y del PAMI como mecanismo para sostener las operaciones de deuda pública, las necesidades del Tesoro y las estrategias de política económica. En realidad esto significa algo muy concreto: que es el aporte de los trabajadores, los menores haberes de los jubilados y la baja prestación sanitaria para nuestros mayores lo que termina financiando el presupuesto. Esto es regresividad absoluta, que se agrega a la regresividad impositiva histórica del perfil tributario de la Argentina. El Estado ha intervenido en la crisis agravando el cuadro de regresividad y de injusticia.
El tercer pilar dice que la crisis ya tocó fondo y que ahora vamos a salir porque la demanda asiática nos va a sacar. Dice también que esto va a recomponer la inversión privada y que volveremos a crecer. Esta es la lógica oficial, lógica para la cual no necesitamos una intervención importante del Estado para revertir el cuadro en el que estamos, porque salimos naturalmente por vía de la demanda mundial y la inversión privada.
Pero no se toma en cuenta que la crisis mundial -la caída de la actividad como resultado del chorro de recursos que pusieron los países desarrollados- tocó fondo y no se ha resuelto una nueva regulación internacional que permita decir que la crisis de sobreacumulación vigente en el mundo terminó. Es más, si nosotros confiamos en que nos saque a flote la demanda externa, lo hará a base de soja, petróleo y minerales, reproduciendo la matriz primaria que estamos teniendo y sin capacidad de revertir los procesos de concentración y desigualdad.
Es por eso que hay que discutir otra cosa, y por tal razón, como no compartimos el tipo de crecimiento que tuvimos ni el de intervención frente a la crisis ni el modo de salir de ella, hemos presentado un dictamen de minoría diferente, tratando de señalar que hay otra perspectiva posible. Lo presentamos en conjunto el bloque del Proyecto Sur y los compañeros del SI, y lo acompaña el diputado Raimundi, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En realidad, lo que nosotros estamos señalando en nuestro dictamen es que hay que replantear los instrumentos de intervención para encontrarle una vuelta y resolver el problema de la desigualdad.
En una Argentina donde el 60 por ciento de la fuerza laboral está fuera del trabajo formal no alcanza con seguir pensando que la fijación del salario mínimo y los convenios colectivos resuelven el problema de la distribución del ingreso. Es necesario apostar a la construcción de un piso de garantías para el conjunto de los hogares en materia de ingresos y derechos, y eso implica nuevos instrumentos.
Por eso, creamos la universalización de las asignaciones familiares, comenzando por los 135 pesos actuales pero para crecer luego. En nuestro dictamen también creamos un seguro, aunque no de desempleo, porque es un instrumento viejo que servía cuando el desempleado encontraba laburo al corto tiempo. Hoy, tenemos que discutir qué hacemos con los que salen del sistema laboral y no vuelven a entrar, por eso tiene que ser un seguro de empleo y formación, que debe incorporarlos a la actividad productiva o permitirles coronar su proceso de calificación laboral.
También planteamos la recomposición de los haberes jubilatorios y la universalización del haber mínimo para que todos aquellos que llegan a los sesenta o sesenta y cinco años y no pueden demostrar los treinta años de aportes tengan ingreso directo a la previsión que les corresponde.
Asimismo, establecemos el incremento de los asalariados estatales, docentes y universitarios. Esta estrategia es acompañada por una propuesta productiva que implica la recuperación de la renta petrolera. Hay 8.000 millones de dólares de renta extraordinaria del año 2008 que fue apropiada en un 70 por ciento por las petroleras privadas, y que nos permitiría financiar una estrategia distinta.
Por eso, estamos planteando eliminar los decretos de Menem que establecen la libre disponibilidad del crudo y aplicar la ley 17.319 de hidrocarburos para recuperar, en el marco del alza, una petrolera estatal.
Planteamos la reconstrucción de la industria ferroviaria como un mecanismo que no sólo permita integrar al país sino también abrir la puerta a una demanda derivada que garantice un proceso de reindustrialización.
Planteamos un fondo de reconstrucción de la industria naval con base en los astilleros públicos, como el astillero Río Santiago, y un fondo de reconstrucción productiva industrial y agropecuaria sostenido en pymes y desarrollo regional.
En total estamos expandiendo el gasto en 31.000 millones de pesos y lo estamos financiando bajando las exenciones hoy existentes, recuperando 11.000 millones de pesos vinculados en su mayor parte a ganancias.
Estamos financiando 15.000 millones de pesos más con la restitución de las contribuciones patronales para las firmas más importantes del país, que fueron reducidas a la mitad en la etapa de la convertibilidad y nunca más se recompusieron. Esos 31.000 millones de gasto adicional y esos 26.000 millones de recuperación de recursos dejan un margen de déficit de 5.000 millones que se puede cubrir con renta petrolera o uso de reservas, lo que debe tener por destino no el pago de la deuda pública sino la apertura de un nuevo proceso productivo en la Argentina.
Estamos planteando una propuesta diferente porque no compartimos la hipótesis de los funcionarios que nos visitaron, para los cuales la idea es ver cómo reconstruimos nuestro vínculo con el sistema financiero internacional y cómo pagamos todo lo que nos falta pagar para garantizar el ingreso de capitales y el financiamiento.
Nosotros creemos que el problema argentino no es ese. Tener 120.000 millones de dólares afuera y una fuga anual de 20.000 millones indica que el problema argentino no es el ingreso de capitales sino garantizar una estrategia de política económica para retener el excedente que generamos y acumularlo internamente.
Ese es el sentido de nuestro planteo. El dictamen oficial que estamos discutiendo pretende sortear el ajuste por la vía de mayor endeudamiento, mientras que nuestra propuesta implica resolver el ajuste por la vía de aceptar el desafío del desarrollo.
Por esta razón votaremos en contra, como también lo haremos respecto de aquellas propuestas de prórroga que se están planteando. No podemos, como sí lo hicimos en otros años en nombre de garantizar el financiamiento del Estado, seguir validando la inacción en el terreno impositivo, la renuncia a la captura de rentas extraordinarias y la desidia en replantear la relación entre la Nación y las provincias.
Tampoco vamos a aceptar el proyecto que plantea la suspensión de un artículo de la ley de responsabilidad fiscal –con la que estuvimos en contra porque pone un corsé a la gestión del aparato del Estado.
Es bueno dejar en claro, por los números que dio el miembro informante del dictamen de mayoría, que los recursos de origen nacional en 2009 alcanzaban los 74.751 millones y en 2010, los 83.654 millones. Si aplicamos el índice de precios, hay una caída en las transferencias a las provincias del 1,5 por ciento, es decir, 1.100 millones de pesos.
En lugar de resolver el problema fiscal que plantea el desfinanciamiento provincial, se propone a las provincias que vía convenios particulares con el Poder Ejecutivo se endeuden.
Por todas estas razones, vamos a votar en contra. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital, que comparte su tiempo con el señor diputado Galvalisi.

sr. BULLRICH, ESTEBAN JOSE.- Señora presidenta: tal como usted lo expresó, voy a compartir mi tiempo con el diputado Galvalisi, y en este acuerdo trataremos de cubrir los tres temas en unos treinta minutos.
Para discutir el presupuesto uno tiene que referirse, aunque esté en la oposición -o porque está en la oposición- al mensaje que envía el Poder Ejecutivo nacional junto con el proyecto de ley de presupuesto para saber qué política pública quiere implementar y cuáles son las prioridades que plantea.
El mensaje dice en su introducción: “El modelo de referencia tiene como pilares el crecimiento de la actividad económica y la generación de empleo, un saldo comercial favorable en las cuentas externas, un resultado fiscal positivo y un gasto público que promueve la educación, la salud, el desarrollo social y la dignidad de los jubilados y pensionados, un modelo que también sostiene la inversión pública dirigida a mejorar la infraestructura económica que resulte en una mejora en la competitividad del país y permita el afianzamiento del crecimiento económico.”
Cuando uno ve los números de la Argentina de hoy, después del período que el mismo mensaje menciona como modelo 2003-2009, y como bien lo expresaron tanto la diputada Reyes como el diputado Lozano, hay cifras que preocupan y que deberían llevarnos a replantear algunas cosas.
La Real Academia Española dice que “modelo”, en líneas arquitectónicas o morales, es un ejemplo a seguir. El modelo de la Argentina no lo están siguiendo muchos países; no es un modelo a seguir; no es un ejemplo a seguir.
Hoy, en nuestro país tenemos uno de cada tres argentinos en la pobreza. En la Argentina de hoy solamente cuatro de cada diez chicos terminan el secundario. En la Argentina de hoy uno de cada cuatro hogares -el 25 por ciento- no tiene agua corriente, luz de red o gas de red. En la Argentina de hoy por falta de infraestructura se mueren veinte argentinos por día en accidentes de tránsito, y por falta de políticas de inclusión y de seguridad mueren otros cuatro por delitos violentos.
Estos son algunos números que también sirven para analizar el presupuesto y los que llevan a que el modelo argentino no sea imitado pues no es un ejemplo a seguir, cuando en algún momento lo fuimos.
Hoy, hay otros ejemplos a seguir, y rápidamente me referiré a uno que además ha sido noticia en los últimos días: Brasil.
Primero, hago una autocrítica. Uno tiene la impresión de que los debates en la Argentina se dan con tanta virulencia entre el oficialismo y la oposición, que yo creo que si la presidenta hubiera conseguido que los juegos olímpicos se hicieran en la Argentina, nosotros nos hubiéramos opuesto.
Pero hay una autocrítica mayor. Considero que los dirigentes políticos tenemos que darnos cuenta de que en este camino difícilmente seamos creíbles como país. Estamos en un camino en el que no hay consenso, donde los diálogos caducan por vacíos y donde se implementan políticas que se cambian cada cuatro años. Por eso, no somos creíbles.
Esa falta de credibilidad que tenemos como dirigentes políticos no se da solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Por eso, la fuga de capitales; por eso, los mismos argentinos no están apostando a la Argentina, porque ven que los debates que se producen en este recinto poco tienen que ver con la realidad que ellos están viviendo. Por eso, no somos un modelo a seguir. Para serlo deberíamos ponernos de acuerdo en algunos temas, aunque sean pocos.
Deseo separar la parte de ingresos del presupuesto de la de egresos. Pongámonos de acuerdo en que la forma de recaudar más no consiste en aumentar las alícuotas o crear impuestos nuevos; la forma de recaudar más consiste en apostar al crecimiento. Mediante el crecimiento se puede conseguir que la misma alícuota recaude más.
La posibilidad de recaudar más consiste en apostar al crecimiento y al progreso del país. Para ello hacen falta reglas claras; que las reglas no se cambien, que se respeten y que sean de largo plazo.
Un país como Brasil puede apostar a tener los Juegos Olímpicos en 2016 o el Mundial en 2014 como proyecto de país. Nosotros difícilmente lo podríamos hacer hoy.
Las reglas claras llevan a la confianza, la confianza atrae la inversión y la inversión genera empleo. Esta es la manera de generar empleo en un país, y no pagando desde el Estado 1.500 pesos a cada uno de 100.000 trabajadores. Las reglas claras también nos llevarían a debates claros.
Quiero ocuparme de una industria que no se mencionó demasiado: la minería. Tuvo un marco regulatorio que estableció reglas de largo plazo y estabilidad fiscal. Pero hoy en la Argentina no se explota el recurso minero como debería explotarse. Muchas veces no se lo hace porque se falsea el debate respecto de las alternativas que tenemos: es la minería o el medio ambiente.
Sin embargo, países como Canadá que permanentemente figuran primeros en el ránking del respeto al medio ambiente, son de los que mejor explotan sus recursos mineros. De hecho, algunas de las empresas mineras que están en la Argentina son de origen canadiense.
Existe un documental de un futuro colega nuestro que se llama Tierra arrasada. La minería no es la que arrasa la tierra, sino la mala política, los malos dirigentes políticos o la mala implementación de las políticas públicas. Eso es lo que arrasa la tierra.
En la Argentina, la tierra arrasada la estamos dejando los dirigentes políticos.
Entiendo que debemos volver al debate serio de los problemas de la gente. De esa forma vamos a apostar al progreso y a recaudar más. Pero para recaudar más, también debemos terminar con otro gran mal de la Argentina: la corrupción.
La falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos también posibilita que en la Argentina no se recaude como se debe recaudar. Sin embargo, no se habla de eso. No hay incentivos para poner plata en un agujero negro. Mucho menos si quien dirige ese agujero negro está sospechado de corrupción, como acontece en este caso con el titular de la AFIP, que tiene denuncias de corrupción.
con la corrupción también es una forma de poder recaudar más. No solamente recaudar más, sino usar los recursos que todos ponemos al pagar nuestros impuestos para ofrecer una mejor infraestructura y servicios de educación y salud. Hay dos características más que debería tener un buen sistema impositivo, y me gustaría destacarlas. Una es la necesidad de que sea un sistema federal. En la Argentina lentamente estamos yendo hacia un sistema absolutamente unitario, donde quien define el manejo de los recursos públicos es el Poder Ejecutivo nacional. Se ha quitado independencia y autonomía a las provincias. Por eso, como también lo ha dicho la señora diputada Reyes, los legisladores que representan a una provincia, al emitir su voto y su opinión se ven condicionados a no hacerlo con la claridad e independencia que deberían. La falta de federalismo es un problema. Desde que se inició la gestión del ex presidente Néstor Kirchner la presión fiscal aumentó en diez puntos, y en su totalidad se destinó al Poder Ejecutivo. La presión fiscal aumentó del 24 al 34 por ciento, y esos diez puntos de aumento son manejados por el Poder Ejecutivo.
además del federalismo hay una característica más que debe tener el sistema impositivo: el progresismo. La progresividad de los impuestos es fundamental, y la Argentina está funcionando con un sistema que es absolutamente regresivo. Coincido con el señor diputado Lozano: nosotros debemos cambiar esa filosofía y el sistema con el cual estamos funcionando. Ese debate serio, que reconozco que el señor diputado Lozano viene planteando desde antes que yo fuera diputado, todavía no se dio en la Argentina, y mucho menos en este recinto.
hablamos de los egresos, que básicamente indican hacia dónde queremos ir como país y cuál es el modelo que está sustentando el Poder Ejecutivo a través del presupuesto que envía al Congreso, en primer lugar, uno observa una incertidumbre absoluta. Realmente, no sabemos a cuánto asciende el presupuesto de gastos del año que viene. No lo sabemos porque hay artículos que establecen gastos sin límite. Por ejemplo, el artículo 22, relativo a los gastos de Aerolíneas Argentinas, establece que se tienen que cubrir los gastos de Aerolíneas Argentinas que hagan falta. Este es un agujero negro al que ya nos hemos referido varias veces, pero debemos reconocer que estamos llegando a lo que en su momento se anticipó que iba a suceder con Aerolíneas Argentinas, ya que el agujero que dejó Marsans lo estamos pagando todos los argentinos con nuestros impuestos. Nosotros lo expresamos claramente, y el señor diputado Agustín Rossi en su momento nos dijo que esto le iba a costar cero pesos a la Argentina, y dibujó un circulito en el aire con la mano. Aerolíneas Argentinas nos está costando 3.500 millones de pesos y seguimos contando, señora presidenta.
el presupuesto del año que viene, además de ese artículo 22 –que otorga recursos sin límite al Poder Ejecutivo, se contemplan 4.080 millones de pesos para la compra de aviones. Es decir que todos los aviones que tenía Marsans no sirven, porque si vamos a gastar 4.080 millones de pesos para comprar nuevos aviones, la verdad es que me pregunto para qué nos hicimos cargo del “buraco” de Marsans. Este interrogante resuena en esta Cámara vacía con la misma falta de respuesta que tuvimos en su momento. ¿Por qué nos hicimos cargo de lo que yo en su momento definí como el “buzón marca Jaime”? Para defender al señor Jaime y no echarlo en su momento, nos hicimos cargo de ese “buraco” que hoy estamos pagando.
ese artículo no es el único que no tiene límites: el artículo 17, que también mencionó la señora diputada Reyes, establece que los proyectos que a juicio del ministro de Planificación Federal sean prioritarios serán financiados como si fueran activos financieros. Por si esto no bastara, en el artículo 79 se pretende modificar la ley de administración financiera para decir que a partir de ahora el presupuesto de 2010 puede pagarse con los ingresos del presupuesto para el año 2011, generando una nueva deuda que hace que el presupuesto de este año sea papel mojado, no sirva absolutamente para nada. Todo esto es lo que se refiere a la parte técnica y formal. Con respecto a los gastos de las distintas áreas, me voy a focalizar en dos, porque si no el diputado Galvalisi se va a enojar. Voy a referirme a salud y educación, que no son menores.
el área de salud el Estado nacional tenía previstos 131.538.036 pesos para prevención y control de enfermedades, pero con motivo de la gripe A terminó gastando 1.284 millones de pesos. ¿Saben cuánto presupuestamos para el año que viene? 320 millones de pesos. Se habló aquí del mal de Chagas, pero también hay que tener en cuenta el dengue. Allí también no sólo hay una subejecución en lo que va del año en lo referido al control de enfermedades endémicas –a la fecha se ha ejecutado sólo el 45 por ciento, como si no hiciera falta prevenir, a pesar de que se acerca el verano, y con él el mosquito- sino que se aumenta solamente un 13 por ciento la partida para el año próximo.
su parte, la situación en el área de educación no es mucho mejor. Recuerdo cuando se debatió en este recinto la ley de financiamiento educativo, que apoyamos. En la comisión hubo un debate en el cual nos pusimos de acuerdo con las diputadas Maffei y Bisutti en que era necesario separar el gasto en ciencia y tecnología del 6 por ciento destinado a educación, porque si no eventualmente la educación se iba a comer a la ciencia y tecnología. Eso es justamente lo que está ocurriendo, señora presidenta, por obvias razones. Una de ellas, que no es menor, es la que planteó el diputado Cigogna en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es que al haber un techo en el gasto para educación y al seguir creando universidades como lo estamos haciendo en este Congreso sin tener en claro qué modelo queremos seguir y para qué lo hacemos, dado que la tasa de ingreso de alumnos a la universidad pública está cayendo, el gasto en ciencia y tecnología está disminuyendo también.
presidenta: un presupuesto tiene que servir para unir los conceptos, para aunar los objetivos y para lograr consenso de hacia dónde queremos ir. Un presupuesto debe ser la herramienta por la cual los diputados y senadores se ponen de acuerdo en las políticas prioritarias. Debe ser la herramienta por la cual los ciudadanos sepan cuáles son las reglas con las que van a tener que vivir. Pero este presupuesto no es ninguna de esas cosas.
, estamos frente a una herramienta vacía, confusa, oscura y que da incertidumbre a los argentinos para el año 2010. Los argentinos debemos buscar una dirección única y tomar ejemplos que no están muy lejos. Debemos conseguir que esos ejemplos nos ayuden a hacer un modelo en serio. Creo que tenemos la capacidad para ello; sólo falta la voluntad política de poner el país por encima de los intereses personales y partidarios
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sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señora presidenta: trataré de ser lo más breve posible.
En materia tributaria seguramente va a exponer el diputado Albrisi, con quien hemos firmado un dictamen en conjunto. Sólo quiero dejar aclaradas dos cuestiones importantes.
La primera está vinculada con la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, donde no se incluye una cláusula de ajuste automático del mínimo no imponible que venimos reclamando en cada reforma. Ante el primer aumento de sueldos, los trabajadores empezarán a pagar ganancias de nuevo, lo que nos obligará a discutir lo mismo que ya hemos debatido en varias oportunidades en este recinto.
En segundo lugar, se encuentra la cuestión del impuesto sobre los bienes personales, donde se debería volver al mínimo no alcanzado de 305 mil pesos, a fin de que este sea el piso y sólo se pague a partir del monto que exceda a ese importe.
Ingresando exclusivamente al tema presupuestario, George Kopits, que es un economista y sociólogo húngaro, en su trabajo sobre transparencia y responsabilidad, decía: “En el ámbito económico la falta de transparencia y de responsabilidad en el sector público puede contribuir a la desestabilización macroeconómica, a las distorsiones en la asignación de recursos y a las desigualdades económicas.”
¿Qué se quiso decir? Cuando uno elabora un presupuesto, se deben realizar proyecciones totalmente claras, concisas y de proyección que se acerque a la realidad. No se pueden sacar números de la galera para que cierren, y creer que así tenemos un presupuesto conforme a derecho.
Daré algunos ejemplos, comparando las proyecciones macroeconómicas del presupuesto de 2009 con el de 2010. El crecimiento del PBI previsto en el presupuesto del 2009 era del 4 por ciento, pero según el presupuesto de 2010, la realidad indicaría que tendremos un aumento del 0,5 por ciento. El consumo total era del 4 por ciento; sin embargo, creció el 0,9. La inversión, el 5,7 por ciento, pero decreció el 9 por ciento. Las exportaciones iban a crecer el 4,6 por ciento, pero decrecieron el 8,6 por ciento. El dólar iba a estar a 3,19, y hoy vemos que en el presupuesto se nos dice que estará en 3,74 en 2009 y hoy se puede operar a $3,85 aumentando el endeudamiento por diferencia de cambio en nada más que 1.475 millones.
Si todas las cifras macroeconómicas de 2009 fueron erróneas, por ende las pautas microeconómicas tampoco se alcanzaron como lo definió el oficialismo. Lo demostró el secretario de Finanzas, Lorenzino, que cuando vino no nos podía explicar ni el nivel de endeudamiento ni su costo. Por ejemplo, en 2006 tenemos el pago de 7 mil millones de dólares en intereses, que es la misma situación y cifras que se presupuestaron en 1996, 1998, 1999 y 2002, aun con la quita de deuda y el default planteado por nuestro país.
El nivel de endeudamiento de 2009 comparado con 2010, por supuesto a nivel presupuestario y no real ya que esa información es casi imposible de conseguir, implica un incremento de un 80 por ciento.
¿Cómo surge esta situación? Se observa que la mayor fuente de financiamiento del Estado paradójicamente es el mismo Estado. Es como si la mujer prestase plata al marido y a los hijos, la que en algún momento se debería devolver, pero si analizamos que el conjunto familiar no produce, veremos que no podría hacerlo nunca.
Por ejemplo, la ANSES, nada más que en septiembre de 2009, tomó del fondo de garantía de sustentabilidad -que debería ser la garantía de nuestros jubilados y pensionados- recursos para colocar letras por 1.900 millones de pesos, llegando a un total de 6.500 millones de pesos. El PAMI –pobres jubilados colocó letras por 300 millones de dólares. El stock que tiene tomado en letras del Tesoro llega a 5 mil millones de pesos más 500 millones de dólares, y el Banco Nación prestó 7.500 millones de pesos con una tasa interanual del 14 por ciento, pero con vencimiento a los 147 días, es decir a muy corto plazo. Esto es sólo una muestra en lo que respecta a la mayor cantidad de ese endeudamiento.
Cuando uno estudia estas cifras y ve que el mayor incremento de la parte tributaria viene del consumo, y según Echegaray se experimentó un aumento de IVA de agosto a agosto del 4,2 por ciento, y teniendo en cuenta además que la inflación no es la que dice Moreno de apenas un 6% sino otra mucho mayor, se concluye que en realidad el aumento de los recursos a raíz del consumo es producido netamente por el efecto inflacionario y no por un aumento de la cantidad en la compra y venta de productos, es decir, del nivel de actividad.
Pasando a otros temas tenemos que analizar algunos conceptos del análisis tributario a nivel de ejecución. En estos últimos tres meses al Estado le falta recaudar casi 15.300 millones de dólares. Me parece muy bien que el señor Echegaray tenga la buena voluntad de lograr esa meta, pero el problema es cómo lo va a hacer si las bases de cálculo son erróneas y las proyecciones demuestran una merma real en el consumo básico.
Si nosotros tomamos el nivel de la calidad del gasto, vemos que por ejemplo Desarrollo Social pasó de 1.436 millones en 2002 a 14.393 millones para 2010. O sea que hubo un aumento del gasto del 700 por ciento. Pero en pobreza estamos aproximadamente en un 30 ó 32 por ciento, y la indigencia, en un 10 por ciento, cuando en la década del 90 rondaba entre el 20 y el 24 por ciento. Claramente, puede observarse que por más gasto que se ha asignado no ha habido respuesta en bajar los niveles.
Esto significa que destinamos mayor cantidad y tenemos menor calidad, no solucionando los problemas. Hoy, la canasta básica de un supermercado común y corriente, de cualquier marca estándar, cuesta 1.200 pesos. Según los índices del INDEC, la desaceleración del consumo -por un lado pensamos recaudar más IVA pero por otro dicen que el consumo está bajando- fue de agosto a agosto de un 8 por ciento.
Entonces, es poco explicable cómo se van a llegar a cubrir estas metas teniendo en cuenta que las exportaciones anuales han bajado un 43 por ciento, que el consumo ha bajado y que, por ejemplo, recortamos programas -como decía el señor diputado Bullrich- en salud.
Voy a dar dos ejemplos más para que quede más clara mi posición, porque a veces cuando un lee el proyecto parece que se desconfiguró la computadora y aparece todo en otro idioma, cifrado o con simbología ininteligible…
El artículo 20 de la ley 24.156 es clarísimo en cuanto a su texto: “Art. 20 – Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero. Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.
“El título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.”
Eso implica que no se pueden modificar, crear o suprimir tributos u otros ingresos.
Cuando uno toma el articulado ve que la situación en algunos casos es asombrosa. Por ejemplo, el artículo 29 extiende para el ejercicio 2010 las disposiciones del artículo 33 del presupuesto de 2009, que es una ley. Justamente se trata de un artículo por el que se exime de impuestos a los combustibles. Esto no debería suceder.
Otro caso es el artículo 69, que prorroga un artículo del presupuesto 2002, que también se refiere a materia tributaria y gasífera.
El artículo 71 directamente modifica una ley y establece un impuesto con afectación específica para el desarrollo de obras productivas. Esto también es imposible hacerlo.
Voy a aclarar algo más. Los presupuestos nacen y mueren, es decir, nacen un 1º de enero y dejan de existir un 31 de diciembre. De manera que todos estos presupuestos que estamos modificando o prorrogando no existen más legalmente, porque la ley respectiva caducó; ni siquiera están en la ley permanente de presupuesto.
Por último, hay dos modificaciones a la ley 24.156, que precisamente es la que nos dice que no podemos modificar ni crear leyes de carácter permanente. Justo se intenta modificar el artículo 42, y esto es mucho más gravoso, porque en realidad yo puedo devengar cualquier tipo de gasto en un ejercicio y no pagarlo al ejercicio siguiente. La normativa no dice “al ejercicio siguiente” sino que dice que se debe hacer con lo que figure en caja, en cualquier momento, es decir, pueden ser dos, tres o cuatro ejercicios. Esto demuestra las faltas técnicas de armado y de transparencia presupuestaria y la posibilidad de endeudar gobiernos futuros y comprometer recursos de otros ejercicios.
Por último, señora presidenta, voy a dar un ejemplo para demostrar lo que es la calidad del gasto. Yo siempre cito como ejemplo el Programa 26, de cobertura de emergencia sanitaria. Les voy a comentar cómo funciona. Ese programa, que en 2008 atendía 80 mil personas, gastaba 6 pesos mensuales por persona. Como parece ser que esa plata no alcanzaba, en 2009 se pasó a atender a 50 mil personas y el costo pasó a ser de 10,66 pesos mensuales por persona. Yo pensé que en 2010 no iba a estar este programa, pero está y sigue atendiendo a 50 mil personas, y la gran sorpresa es la redistribución del ingreso porque el costo se aumenta a 11 pesos mensuales por persona, para gastar en asistencia y cobertura sanitaria.
Para hacer honor a lo que le he pedido, señora presidenta, quiero terminar con una frase de Montesquieu, quien decía: “No existe tiranía más cruel que aquella que se ejerce bajo la sombra de las leyes y bajo el aspecto de la justicia”. Nosotros no podemos permitir que se violen o se transgredan las normas que tenemos. Debemos hacerlas cumplir; y si no, debemos modificarlas, como se hizo en otras épocas.
No podemos violar las leyes por el bien de la Nación y del sistema republicano. Para eso tenemos que buscar que los presupuestos sean transparentes, con equidad y además con un verdadero control de la calidad que no es más que controlar la gestión del gasto y la decisión de los funcionarios.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba, quien va a compartir su tiempo con los señores diputados Merlo y Bianchi.

sr. ALBRISI, CESAR ALFREDO.- Señora presidenta: voy a empezar por el tema de la recaudación general que este presupuesto necesita. En efecto, según lo informaran el doctor Echegaray y sus directores generales de Seguridad Social, Iván Budassi, y de la Dirección General Impositiva, la recaudación tributaria ascenderá a 353.700 millones de pesos. Esto representa un crecimiento de casi el 17 por ciento.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

sr. ALBRISI, CESAR ALFREDO.- Ahora bien, esa recaudación según se explicara tiende a sustentar un presupuesto de la administración pública nacional de 273.800 millones de pesos, por lo cual el saldo de 82 mil millones obviamente tiene el destino provincial y distrital. Digo esto porque cuando se le preguntó al director general de la Dirección General Impositiva cuánto iba a gastar la AFIP para recaudar 353 mil millones de pesos, contestó que iba gastar 7.400 millones de pesos.
De manera que 7.400 millones de pesos va a gastar la AFIP, por cuenta y orden de la Nación, para recaudar la masa coparticipable y otros ingresos. Esos 7.438 millones de pesos son los que va a gastar la AFIP en base a un decreto del doctor de la Rúa del año 2001. No traigo esto al azar, dado que en el artículo 26 de este proyecto de presupuesto se autoriza la alícuota de 1,9 por ciento de la recaudación total.
Siete mil cuatrocientos treinta y ocho millones de pesos se ubicaría como quinto presupuesto después de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. El resto de las 18 jurisdicciones provinciales está por debajo de lo que hoy gasta la AFIP para recaudar por cuenta y orden de las provincias, que delegaron en la Nación la recaudación.
La AFIP tiene 23.400 empleados, lo que significa que el costo laboral por trabajador llega a los 22 mil pesos por mes. La masa laboral es indudablemente una de las mejor remuneradas y comparando con mi provincia, que tiene una remuneración de personal de 5.500 millones de pesos, con 85.000 empleados, debo señalar que el costo laboral per cápita es de 5.415 pesos mensuales.
Estamos en presencia de un cuasiperfecto sistema de recaudación elaborado para que la Nación, por delegación de las provincias, obtenga ese crecimiento del 16 ó 17 por ciento sobre la recaudación del año 2009, teniendo en cuenta lo presupuestado para el año 2010.
Uno de los problemas que noto es que estos 7.400 millones de pesos los paga la masa coparticipable y no los paga la Nación, es decir las provincias en su cuotaparte de la masa coparticipable están pagando la parte que les corresponde del cuantitativamente quinto presupuesto de la AFIP.
Las provincias han delegado en la Nación la recaudación de los impuestos, pero es ella la que tiene que pagar en la proporción que le corresponde, dado que ejecuta una acción delegada, y no precisamente las provincias deben pagar por lo que la Nación tiene en alícuotas en el marco de su tarea de recaudar por todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hecha esta aclaración, que bueno es decirlo se basa sobre 3.400 fiscalizaciones o sea costos adicionales a los tributarios, que se van a agregar a la recaudación en función del trabajo de las tres direcciones generales Aduana, Dirección General de Recursos Sociales y Dirección General Impositiva es de esperar que esto sea así dado que no hay nuevos impuestos y se han prorrogado los viejos tributos.
Habiendo aclarado este tema porque es preocupante, debe señalarse que el presupuesto de la Nación comprende facultades delegadas que se manifiestan en cinco artículos: referidos a los gastos y recursos de la administración nacional, la delegación de facultades con respecto a la Jefatura de Gabinete de Ministros y las ampliaciones de créditos presupuestarios, hay dos artículos. En otro artículo las normas sobre gastos; también un artículo con los cupos fiscales; para la cancelación de deudas de origen previsional hay dos artículos; en cuanto a las operaciones de créditos públicos son ocho o nueve artículos; o sea que en definitiva hay 23 ó 24 artículos que autorizan delegaciones especiales para el Poder Ejecutivo a los efectos de la administración, y como bien se explicó aquí, sin topes cuantitativos en muchos de ellos.
Consecuentemente, hemos firmado una disidencia total porque en nuestro concepto la facultad organizacional de construir el presupuesto es del Poder Ejecutivo. El que gobierna construye el presupuesto que considera necesario para sus objetivos de gobierno. Construye un presupuesto que contiene las erogaciones instrumentadas para su programa de gobierno. En tal sentido hay que destacar la existencia de un tercer actor social importante en el presupuesto –es decir, no son solamente la Nación y las provincias, que es la seguridad social.
Dentro del esquema presupuestario, la seguridad social es hoy el único rubro superavitario y el que se ha constituido como marco del financiamiento, en el orden interno, de la administración pública a nivel nacional.
Dichas estas pocas palabras sobre el presupuesto nacional queremos manifestar también que en la prórroga de impuestos planteada nos hubiera gustado compartir los diez años de vigencia propuestos para los impuestos aludidos: ganancias, ganancia mínima presunta y bienes personales. Eso no fue posible porque creemos verdaderamente que en el año 2010 debe producirse, dentro del marco de la nueva construcción política de la República que reflejará este Congreso, una reforma o un debate tributario de magnitud que alcance a esos impuestos.
Con respecto al impuesto a las ganancias no hemos coincidido con la derogación de la exención que tienen los reintegros a las exportaciones porque el inciso e) de la normativa eximía a los reintegros a las exportaciones ya que éstos se constituían como una devolución de los impuestos internos que el exportador había sufragado en el marco de su producto. En consecuencia, como no se exportan impuestos, al gravar nuevamente por derogación de la exención estaríamos gravando no solamente impuestos sino duplicándolos e impidiendo que el exportador tome este valor a cuenta para competir en mercados exteriores.
Tampoco hemos compartido en esta oportunidad la visión que se ha tenido sobre la ganancia mínima presunta. El impuesto a la ganancia mínima presunta no puede afectar a las empresas en el marco de la recesión imperante. Hoy por hoy, las empresas sufren recesión, no están produciendo lo que deben producir y efectúan achicamientos y despidos.
No coincidimos con el sostenimiento del impuesto a la ganancia mínima presunta, aunque sí lo consideramos razonable en inmuebles rurales, en personas físicas y en sucesiones indivisas, pero en esta oportunidad también entendemos que el esquema social necesita poner a pleno todo el esquema de producción, de commodities y de valor agregado de aquélla como marco sustantivo del sostenimiento de la recaudación.
Sobre el impuesto a los créditos y débitos bancarios hemos sostenido la necesidad de que no sea coparticipado en su totalidad a las provincias sino que previamente sea considerado como pago a cuenta de los contribuyentes. De esta manera, si los diputados pusiéramos el impuesto a los créditos y débitos bancarios, comúnmente llamado impuesto al cheque, a cuenta de IVA y ganancias, daríamos la posibilidad al contribuyente de recurrir a un mecanismo de agilización y no elusión. El impuesto al cheque, a diferencia del IVA, que en lo que va del año ha crecido el 12 por ciento, apenas si llega al 4 por ciento. Esto significa que además de ser regresivo es informal y favorece la desbancarización.
Consecuentemente, hemos dicho que el impuesto al cheque debería quedar coparticipado previamente y que los contribuyentes, por los cuales velamos los diputados, deberían tener la posibilidad de descontarlo de sus esquemas impositivos de IVA y ganancias. El remanente sí habría que coparticiparlo según la ley de coparticipación federal.
También hemos hablado sobre el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Compartimos los argumentos en base a los cuales el ex presidente Kirchner, el ex jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández y el ex ministro Lavagna, en julio de 2004, pregonaron el ordenamiento y la organización de la economía, lo que dio superávit gemelos importantes y un crecimiento del PBI trascendente, de lo que todos nos enorgullecemos. Hoy, no podemos dictar una ley de “desorganización” de la economía en el marco de resolver el endeudamiento de las provincias; no porque no lo merezcan sino porque merecen que se haga automáticamente con una reforma de la ley de coparticipación federal.
Da la impresión de que el gobierno entiende que el federalismo es caro y confía más en administrar a partir del centralismo. Esta no es la República que fundaron las catorce provincias; es la República que respeta a los distritos federales pero también a las provincias.
Para dejar lugar a mis compañeros sólo quiero señalar que el proyecto de ley de presupuesto que se ha presentado, respecto del que tenemos una disidencia total, es absolutamente distinto a los correspondientes a los años 2004 a 2008. En esta oportunidad, este presupuesto está marcando variables y tasas que, salvo el crecimiento del PBI –que como dijo el miembro informante de la mayoría se calcula en 2,5 por ciento, pero se prevé que será mayor dan la impresión de que generarán un marco de apertura y tranquilidad para la negociación de la deuda.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

sr. MERLO, MARIO RAUL.- Señor presidente: disentimos con el proyecto de ley de presupuesto para el año 2010, porque si se aprobara tal como está redactado estaríamos pasando por alto temas de gravedad institucional que afectan y desprestigian esta herramienta de gestión que alguna vez se consideró “ley de leyes”.
Hablamos de las facultades delegadas de los superpoderes otorgados al jefe de Gabinete y de los decretos de necesidad y urgencia.
Hablamos también de la modificación de la ley de administración financiera, de la modificación a la ley de recursos públicos y de la vulneración a las leyes de inversiones públicas.
Hablamos de temas que no son menores, como la inflación, el INDEC, la exclusión social generada por la pobreza y la indigencia, los subsidios, las tarifas, el déficit fiscal, la coparticipación y el aumento de la presión tributaria.
Todo esto no permite que el presupuesto sea tratado seriamente y que lo que estamos analizando sea realmente un programa de gobierno y que este presupuesto sea útil para la toma de decisiones.
Digo esto porque el día después de que este presupuesto se apruebe, todas las modificaciones que se le puedan introducir recurriendo a los superpoderes, las facultades delegadas y los decretos de necesidad y urgencia prácticamente lo tornarán modificable en su totalidad.
El artículo 79 del proyecto modifica la ley de administración financiera al autorizar al Poder Ejecutivo a cancelar gastos del año 2010 con recursos del ejercicio siguiente.
El artículo 27 del proyecto modifica la ley de recursos públicos al suspender el fondo anticíclico fiscal.
Así podríamos seguir la enumeración: la modificación de la ley de responsabilidad que también estamos considerando, incumplir con el 34 por ciento de la coparticipación federal, no coparticipar el ciento por ciento del impuesto al cheque, permitir que las provincias recurran al endeudamiento para resolver los problemas de déficit y de deuda, todo esto genera cada vez mayor dependencia de las provincias y de sus gobernadores del gobierno nacional.
La provincia de San Luis no tiene deudas con la Nación ni con ningún organismo internacional. Al contrario, la Nación le adeuda a nuestra provincia.
San Luis tiene un plan de inclusión social y uno de los menores índices de desocupación del país. Tenemos un plan de desarrollo importante, en el que uno de los pilares más destacables es que nuestra provincia cuenta con el 33 por ciento de las autopistas de la Nación, y estamos construyendo más de doscientos kilómetros de autopistas. Sin embargo, queremos dejar constancia en esta Cámara de que, como viene ocurriendo recurrentemente en los presupuestos nacionales a partir de 2003, la provincia de San Luis una vez más está discriminada en la consideración de las inversiones de la Nación.
Este proyecto de presupuesto para 2010 no es una excepción, sino que profundiza las características de los anteriores al ignorar a nuestra provincia en los grandes números del presupuesto nacional. Quizá sea el costo de tratar de ser una provincia eficiente; quizá sea el costo de tener una visión diferente a la del gobierno nacional; quizá sea el costo de levantar la bandera de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social en San Luis.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.

sra. BIANCHI, IVANA MARIA.- Señor presidente: voy a hacer referencia a dos temas conflictivos dentro del presupuesto. Uno es el vinculado con la salud y el otro, “Fútbol para Todos.”
La crisis que actualmente vive el sistema de salud, está ligada justamente a la falta de presupuesto. Da la casualidad de que este año en materia de salud ha disminuido. Será del 2 por ciento del total de la administración nacional para 2010. De esta asignación, el 50 por ciento tendrá por destino el pago de servicios y transferencias que no incluyen la seguridad social, mientras que el 30 por ciento será para bienes de consumo del ministerio.
La mayor asignación de partidas es para los organismos descentralizados, entre los que se encuentra el Hospital Garrahan, los beneficiarios de pensiones no contributivas y la atención de la madre y el niño, con participación del 26, 21 y 12 por ciento del presupuesto asignado a salud. Es decir que el presupuesto fijado en esta materia en la administración central llega al 1,62 por ciento del presupuesto total de 2010.
Recordemos que la Organización Mundial de la Salud aconseja que no debe haber en materia de salud un presupuesto inferior al 10 por ciento.
Lamentablemente, el sistema de salud solo no puede mejorar todos los problemas. La falta de agua potable y de cloacas, el hacinamiento generado por la falta de un plan de vivienda para todos los argentinos y el analfabetismo causado por el hecho de que muchos padres tienen que decidir si le dan de comer a sus hijos o pagan el boleto y los útiles escolares para ir a la escuela, son algunos de los problemas que tenemos.
La Argentina tiene el perfil epidemiológico más parecido al de los países postergados, con epidemias de la desigualdad y la pobreza. Tal el caso del dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniasis, el chagas, la muerte de madres jóvenes y enfermedades crónicas como el cáncer, el asma y la diabetes.
Existen treinta programas en salud que no funcionan. En su mayoría están desarticulados, y además no son bien utilizados. Ni hablar de que lleguen a las provincias. Y no miremos el Norte.
El ministerio bajó sus recursos de 4.965.000 a 4.434.000 pesos, es decir, un 10,7 por ciento menos.
El hospital Posadas, que ha realizado un importante trabajo en lo que tiene que ver con las enfermedades infectocontagiosas recibirá sólo el 2,4 por ciento, mientras que el Incucai el 6,1. Si sumamos ambos porcentajes obtendremos por resultado un valor inferior a la inflación prevista para este año.
El presupuesto considera un monto a valor nominal inferior al previsto para este año en materia de salud.
El incremento medio de fondos asignados entre 2008 y 2009 fue del 31,91 por ciento; en cambio, entre este año y el próximo será de 23,67 por ciento.
Hay un incremento inferior en los programas de lucha contra el sida y enfermedades de transmisión sexual, de detección y tratamiento de enfermedades crónicas y factores de riesgo para la salud, de atención primaria para la salud, de cobertura de emergencias sanitarias y de sanidad escolar.
Dentro del presupuesto hay un punto que dice: “Programa Fútbol para Todos”. Dicho programa se encuentra dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete.
En el presupuesto del año 2010, en cuanto a deporte -y dentro de la Jefatura de Gabinete- se habla de 640 millones de pesos, pero nos habían hablado de 600 millones. Esa cifra representa el 25 por ciento del total del presupuesto de la Jefatura de Gabinete. Si la comparamos con la asignación de otros ministerios, observaremos que el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva representa el 28 por ciento; el de Relaciones Exteriores, el 30 por ciento, y a la Presidencia de la Nación se le asigna el 35 por ciento de dicho presupuesto. En este sentido, podemos dar otros ejemplos más.
Si se hubiese querido, los 648 millones asignados al Programa Fútbol para Todos se podrían haber asignado al gasto social, es decir, a ayudar a la gente. Asimismo, se podría haber reducido a la mitad la alícuota de un tributo de dudosa constitucionalidad como el impuesto a la ganancia mínima presunta, que grava utilidades que no necesariamente se efectivizaron. También se podría haber destinado este dinero a la educación y a la promoción de la ciencia y la tecnología.
El 28 por ciento del presupuesto de ciencia y tecnología es el mismo que se le asigna a la Universidad de La Plata, es decir, 697 millones. A la de Rosario se asignan 547 millones; a la de Tucumán, 531 millones, mientras que al fútbol se le asignan 648 millones.
Además, quiero informar que con el Programa Fútbol para Todos el gobierno pierde 70 millones de pesos por mes. Cada fecha debe recaudar 15 millones, pero lo máximo que se ha logrado hasta ahora son 4,5 millones que, obviamente, son aportados por el gobierno nacional.
Las oficinas de un reconocido periodista de fútbol están en el sexto piso del COMFER. Se trata de un periodista famoso por su expresión “crazy”. Si bien no aparece su designación en el Boletín Oficial sí está trabajando. Se puede observar que va y viene por el sexto piso. Los invito a que vayan y lo visiten.
Su incorporación al Estado nacional fue una de las tantas imposiciones y arreglos que hicieron la AFA y el Poder Ejecutivo, pero que nunca conocimos.

sr. presidente fellner.- La Presidencia ruega a la señora diputada que vaya redondeando su exposición.

sra. BIANCHI, IVANA MARIA.- Voy a usar todo el tiempo que me corresponde, tal como lo han hecho el resto de los bloques.
El fútbol da pérdidas millonarias a pesar de que sus resultados son buenos. Debemos tener en cuenta que Canal 7 subió su rating hasta ganarles incluso a otras emisoras pero, ¡oh casualidad!, ningún relator o comentarista es del canal. Se han hecho productos privados y los partidos se filman en cada cancha con un costo de 30.000 pesos.
Ni siquiera la señal satelital es emitida por la emisora pública sino que está a cargo de la productora La Corte, es decir, la misma que recibe cientos de miles de pesos anuales para filmar las actividades presidenciales.
De lo expuesto se deduce que, contrariamente a lo que se pensó en un principio, los canales de aire no se sumaron a la transmisión simultánea justamente porque Canal 7 no les permite vender publicidad, tener imágenes propias ni relatos.
Cerrando, señor presidente –porque veo que usted está apurado-, quiero decir que, después de leer esto, he llegado a una triste conclusión, representada en la siguiente ecuación: menos presupuesto más fútbol es igual a más mujeres muertas por cáncer de útero. Obviamente, esto se traduce en más chicos huérfanos, en más de nueve mil personas que mueren por diabetes anualmente.
Menos presupuesto y más fútbol es igual a trece mil nuevos casos de tuberculosis, a un 40 por ciento más de personas que van a abandonar el tratamiento, a tres millones de personas infectadas por mal de Chagas.
Menos presupuesto y más fútbol para todos es igual a 423 casos de lepra más por año, más casos de leshmaniasis, más de 44 mil mujeres que mueren por problemas cardíacos, más de un bebé que muere cada 48 minutos en el país, más población sin agua y más muerte por dengue y por gripe.
Señor presidente: este presupuesto debió apuntar a romper ese círculo vicioso entre la desigualdad, la pobreza y la enfermedad.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

sr. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO.- Señor presidente: voy a tratar de ser lo más breve posible porque las consideraciones referidas al presupuesto han sido expuestas de forma bastante clara por quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Para pasar de lo más fácil a lo más complejo, voy a hacer una primera mención al tema de la modificación de la ley de responsabilidad fiscal. En este sentido, anticipo que voy a votar afirmativamente, aunque no me gusta la norma, y solicito autorización para insertar las razones de mi voto.
Con respecto al tema impuestos, creo que es la clave de esta discusión, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la distribución de ingresos de nuestro país en un momento en que las provincias están pasando por una situación muy difícil.
Tal como decía el señor diputado Marconato, no podemos desfinanciar al Estado nacional y dejarlo sin posibilidad de cobrar impuestos. Por eso, en su momento he presentado un dictamen de minoría en el cual proponía modificaciones, justamente para hacer posible el acompañamiento de un proyecto de este tipo.
En este dictamen de minoría planteábamos algunas observaciones al conjunto de impuestos que se estaba discutiendo.
Continuando con la tónica de pasar de lo más fácil a lo más complejo, en el tema del adicional del impuesto a los cigarrillos nos limitábamos a poner un tope del 7 por ciento –que es el que actualmente se aplica- pero terminando con esa amenaza permanente que se da sobre los sectores de la producción de que la alícuota formal se puede extender hasta el 21 por ciento.
Pero además proponíamos el regreso a las funciones originales de este impuesto, cuyos fondos estaban destinados a planes sociales, por un lado, y al apoyo a los pequeños productores agropecuarios, por el otro, que después se cambió para derivar estos fondos al sistema previsional.
Teniendo en cuenta que en este momento el sistema previsional es superavitario y está haciendo de banca de préstamo, indudablemente hay que volver al destino original que tenían estos impuestos, es decir, regresar al esquema de planes sociales para pequeños productores, para que recupere el sentido que tenía.
En cuanto al impuesto a las ganancias, que es otro tema complicado, en el dictamen de minoría que presenté oportunamente no observo la distribución de aquellos recursos que hoy se destinan al sistema previsional, considerando que hay que ser muy prudentes en la financiación de los gastos del Estado nacional. Pero si dejo bien claramente establecido en este dictamen que así como podemos acompañar la prórroga del impuesto por diez años, no estoy dispuesto a apoyar que se prorrogue también este esquema de distribución por diez años.
Si el sistema previsional ahora es superavitario y las circunstancias van cambiando permanentemente, no podemos congelar un esquema de distribución por diez años, cuando realmente es inequitativo para las provincias y son recursos que en algún momento deben ser recuperados por ellas. Por eso mi propuesta es que la prórroga de la distribución –no del impuesto- no pueda exceder el plazo de un año.
Además, acompañamos esta propuesta con otra que haré más adelante a los efectos de agregar en el artículo 73 del proyecto de presupuesto una norma que permita a las provincias acceder a la ANSES como fuente de financiamiento, exactamente en las mismas condiciones en que lo está haciendo el Estado nacional, de manera que los recursos que están aportando las provincias a la Nación para su sistema previsional también puedan ser utilizados como una fuente de financiamiento por ellas. Esta modificación sería complementaria de la cuestión del impuesto a las ganancias.
Insisto en que creo que prorrogar el plazo de distribución de estos impuestos por un tiempo que exceda lo estrictamente necesario –más de un año generará un problema que nos privará de la posibilidad de discutir algo que todos sentimos como profundamente inequitativo.
En la época de la existencia de las AFJP y del cambio del sistema jubilatorio de reparto, se podían justificar aportes extraordinarios para el sistema previsional. Al haberse reestatizado el sistema previsional y habiendo superávit, como lo señalan todas las autoridades, creemos que no se justifica este traspaso de recursos de las provincias, que se podría admitir coyunturalmente para no producir un desfinanciamiento brusco de la Nación, pero que no debería exceder el plazo de un año, porque si no, nos privaríamos de discutir una cuestión profundamente inequitativa.
El impuesto al cheque es el más discutible de todos, ya que presenta un esquema de distribución de recursos que favorece netamente a la Nación. En el dictamen de minoría que presenté en la Comisión de Presupuesto formulo una propuesta, que no es mía –quiero ser justo y preciso en este sentido, sino del gobernador de mi provincia, quien la ha venido conversando con otros gobernadores.
Los diputados de Salta la hemos asumido porque nos parecía una buena idea para empezar a equilibrar nuestro país, en el cual hay dos Argentinas. Una es la Argentina pobre, en la que se encuentran todas las provincias del Norte y algunas de Cuyo. Así observamos cómo la brecha entre esas dos Argentinas se extiende y las diferencias entre las regiones son cada vez mayores.
Nuestra propuesta consiste en crear un fondo de convergencia, según la idea formulada por nuestro gobernador Urtubey. Se trata de generar una masa de recursos de alrededor de tres mil millones de pesos anuales a fin de que sean distribuidos entre aquellas provincias que están por debajo del 75 por ciento del promedio nacional de PBI. Son para doce provincias, que creo que no vale la pena mencionar, porque todos las conocemos.
Este fondo tendría como objetivo incentivar planes de desarrollo y de inversión en infraestructura, a fin de achicar la brecha, que crece cada vez más. Se trata de no desfinanciar en exceso al Estado nacional, afectando el 30 por ciento del 70 por ciento que hoy recibe la Nación, y no el 30 por ciento que ya reciben las provincias. El fondo de desarrollo beneficiaría a todas las provincias del Norte, más San Juan, La Rioja y alguna otra provincia cuyana, que no recuerdo, las que están en una situación de enorme desventaja.
Esta propuesta la entendíamos como constructiva para aprobar impuestos que el país necesita, pero apoyando un esquema de distribución y de mayor equidad.
Ya me anticiparon que estas modificaciones no serán admitidas, lo que me pone en la situación de no poder acompañar estos impuestos, que habríamos apoyado con estas modificaciones. Al congelarse un esquema de distribución injusto por un período que excede lo racional –no aceptándose el criterio de mejorar la distribución a las provincias más necesitadas me lleva a tomar una posición negativa sobre este proyecto de ley de prórroga de impuestos.
Entiendo que no dejaríamos sin impuestos a la Nación, que es lo que sostenía el señor diputado Marconato, porque si la votación resultara desfavorable para el proyecto del Poder Ejecutivo, sin ninguna duda con los dictámenes de minoría se podría encontrar una salida para tener los impuestos, cambiando los esquemas de distribución y aceptando este tipo de modificaciones, que entiendo son absolutamente constructivas para la recaudación del Estado nacional.
Habiendo hecho estas consideraciones respecto del tema de los impuestos, paso a hacer otras en relación con el proyecto de ley de presupuesto nacional. En los últimos años -y esta tendencia ya se venía delineando en gobiernos anteriores- el presupuesto ha dejado de ser ese gran plan anual de gobierno conjunto entre la Nación y las provincias cada vez que llegaba el momento de discutir lo que se llama la “ley de leyes.”
Las sucesivas subestimaciones de ingresos, sobrestimaciones de gastos, el otorgamiento de facultades de disposición de partidas a la Jefatura de Gabinete o a distintos funcionarios, hizo que cada vez más el presupuesto sea un dibujo más que una realidad. Esto no debería ser así pero nos hemos acostumbrado a que lo sea, a que el presupuesto cada vez signifique menos, a que las obras votadas junto con el presupuesto -y que dejaban contentos a los diputados que las pretendían- después no sean ejecutadas o se ejecuten como se quiere.
Estoy convencido de que un gobierno tiene que tener su presupuesto. En la historia hay experiencias nefastas de gobiernos que no tuvieron presupuestos y terminaron sistemáticamente con un quiebre institucional. Obviamente esto no lo queremos, y por eso anticipo que en general voy a votar a favor de este proyecto de ley de presupuesto, porque más allá de que me guste o no el proyecto, el gobierno necesita un presupuesto.
Eso no significa que vaya a silenciar mis preocupaciones respecto del tema del presupuesto. Ya cuando era senador, siendo presidente Néstor Kirchner, me había manifestado en contra de los llamados superpoderes, que son atribuciones concedidas al jefe de Gabinete para reasignar partidas o modificar el destino de determinados recursos.
Lo que no apoyé en ese momento obviamente no lo voy a apoyar ahora, y estoy en desacuerdo con el capítulo de las facultades delegadas, que está dando este tipo de atribuciones al jefe de Gabinete y entiendo que eso no es lo correcto. Esta es una de las cosas que socava este acuerdo institucional que debería ser el presupuesto en un marco de definición de plan de gobierno entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
No voy a hacer una crítica de todo el articulado porque el presupuesto, con este esquema de delegación de facultades y de subestimación de recursos, realmente pierde enorme importancia.
Podría ponerme a discutir el artículo 17, respecto del plan de obras que se deja para que ejecute el gobierno, pero todo se reduce a lo mismo porque nos podríamos encontrar con algo similar a través de las facultades delegadas. Por eso, no voy a insistir con las modificaciones de ciertos artículos.
A pesar de lo expuesto quiero dejar planteadas algunas disidencias sobre temas muy concretos. Una de ellas es el tema de que las provincias sigan financiando a la AFIP. Hoy, la AFIP está haciendo inversiones en bancos, en plazos fijos, y creo que ya ha perdido totalmente el sentido el aporte que hacen las provincias para el financiamiento de los gastos de la AFIP.
Obviamente este artículo no lo voy a votar a favor, voy a plantear la modificación o, si no, voy a estar en contra porque entiendo que este tipo de mecanismos de recaudación no son necesarios en este momento.
A continuación voy a aclarar cuáles son mis propuestas, mediante las cuales pretendo hacer un aporte para ayudar a mejorar la situación de las provincias sin desfinanciar al Estado nacional.
Y como quiero ser justo, así como hace un rato decía que el plan de convergencia no era una obra mía sino del gobernador de mi provincia, quiero aclarar que para las modificaciones de artículos que voy a proponer he tomado la idea de un colega legislador, el señor diputado Sarghini, con quien hemos estado intercambiando opiniones. El diputado Sarghini tenía algunas propuestas que no estaban plasmadas como articulado del proyecto de ley de presupuesto, pero creo que deberíamos incluirlas porque serían una gran solución para la situación de asfixia de las provincias argentinas, sin desfinanciar al Estado nacional.
Las propuestas son las siguientes. En el artículo 73, que habla de la intervención del Estado nacional frente a las dificultades financieras de las provincias, propongo dos cambios, que creo deberían incluirse si de buena fe queremos tener un buen presupuesto que nos ayude a todos. En primer lugar, propongo eliminar el término “facúltase” al funcionario respectivo y colocar la expresión “se deberá”, para que sea realmente imperativo, como debe ser, el ayudar a las provincias a solucionar sus problemas financieros.
Además y esto es lo más importante se incluye un último párrafo donde se autoriza a las provincias que así lo deseen a financiarse con los fondos de la ANSES, en un pie de igualdad con el Estado nacional. Voy a hacer llegar la propuesta a la Presidencia, y por supuesto que durante el tratamiento en particular voy a insistir sobre este tema.
La propuesta concreta es que las provincias puedan acudir a las fuentes de financiamiento por lo menos en una cantidad equivalente a la del Estado nacional y en las mismas condiciones de ventaja. Esto, que no va a significar un quiebre de las finanzas públicas, puede representar un enorme alivio para las provincias argentinas, ya que podrán encontrar una fuente de financiamiento sin tener que pagar intereses usurarios sino en las mismas condiciones en las que hoy se está endeudando el Estado nacional.
La segunda propuesta, relacionada con el artículo 74 que se refiere a otro tema central, también es de autoría del señor diputado Sarghini. Por ley, los ATN, que representan el 1 por ciento de la masa coparticipable, son administrados por el Estado nacional pero tienen como destino exclusivo las provincias argentinas que tengan desequilibrio financiero. Esto lo dice claramente la ley, y hay una resolución de la Comisión Federal de Impuestos que también establece este criterio al decir que esos recursos son provinciales y no del Estado nacional.
Pero a pesar de todo esto, nos encontramos con la situación de que en los últimos años no se han estado distribuyendo los recursos de ATN, en un importe que se estima entre 9 mil y 10 mil millones de pesos, sino que habrían sido retenidos por el Estado nacional. Reitero que esos fondos no son de la Nación sino de las provincias.
Si el artículo 74 está autorizando a arreglar las deudas de las provincias con la Nación, lo menos que podemos pedir es que se incluya un esquema de compensación por el cual esas deudas que las provincias tienen con la Nación puedan ser compensadas, hasta el monto respectivo, con esta deuda que la Nación tiene con las provincias por los ATN no distribuidos.
Reitero que ello no implicaría desfinanciar al Estado nacional; sería nada más que un asiento contable y permitiría solucionar el endeudamiento de las provincias. Además, si no me equivoco, todas las amortizaciones de intereses que hay que pagar este año son menores a esa cifra de ATN no distribuidos de los que estamos hablando.
Con ello se oxigenaría a las provincias y se les permitiría tener otro tipo de situación, sin que ello afecte –reitero los recursos del Estado nacional porque se trataría de obligaciones no cumplidas por la Nación con recursos que claramente pertenecen a las provincias. Esto no es sólo una opinión mía sino que está claramente establecido en la ley y ratificado por la Comisión Federal de Impuestos en las resoluciones respectivas.
Creo que estos aportes pueden ser muy útiles para lograr un muy buen presupuesto.
Sintetizando, voto a favor del cambio de la ley de responsabilidad fiscal, y voy a insertar las razones que pensaba dar en su momento. Asimismo, voto favorablemente en general el presupuesto de la Nación, pero voy a hacer las observaciones que planteé recién, tanto en los recursos de la AFIP como en el tema de las facultades de la Jefatura de Gabinete, y estos dos artículos que entiendo de buena fe deberíamos tomarlos porque ayudaría a solucionar un problema grave para el país.
En cuanto al tema de impuestos, lamentablemente al no cambiarse el esquema de distribución, no puedo votar favorablemente, pero si la votación resultara negativa a la propuesta de la Nación, desde ya voy a trabajar para que inmediatamente votemos alguno de los despachos de minoría para que la Nación no se quede sin esos impuestos que necesita, para poder cambiar los esquemas de distribución a fin de que sean más justos y equitativos en un momento en el que las provincias en su gran mayoría están sufriendo un proceso de asfixia.
En lo que hace al fondo compensador que defiende nuestro gobernador –en esto asumo mi responsabilidad personal, porque la idea del gobernador fue asumida como propia por los legisladores salteños, de tal manera que seguramente cuando pase esta votación seguiremos reclamando este tipo de fondo compensatorio quiero señalar en lo personal y al no aceptarse esta modificación –reitero que esto hace a mi responsabilidad personal que voy a votar en contra de la prórroga del impuesto.
Señor presidente: espero no haber fatigado demasiado la atención del cuerpo.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos, que comparte su tiempo con el señor diputado Cortina, ambos en representación del Bloque Socialista.

sr. VIALE, LISANDRO ALFREDO.- Señor presidente: lo primero que quiero señalar es que al igual que en el proyecto del año anterior se parte de supuestos erróneos, y cuando se arranca de ese modo indefectiblemente las proyecciones no se cumplen.
Dos supuestos macroeconómicos como el dólar y los índices de precios al consumidor son significativos para ver la realidad. El proyecto plantea un dólar de 3,74 para el año 2009, 3,95 para el año 2010, 4,15 para el año 2011 y 4,27 para el año 2012. Pero resulta que mientras se produce este debate el tipo de cambio establecido por el Banco de la Nación Argentina es de 3,81 para el tipo comprador y 3,87 para el tipo vendedor.
En el mismo sentido, el IPC establece una variación respecto al año anterior, de 5,8 por ciento para el año 2009, 6,1 para el año 2010, 6,3 para el año 2011 y 4,2 para el año 2012.
Al mismo tiempo, hoy los argentinos amanecieron con un nuevo aumento a los combustibles que ya configura un promedio del 23 por ciento en un año. Si a eso se suma la injustificable manipulación del INDEC salta a la vista que aquellos índices carecen de objetividad, al punto que no son tomados como referencia ni siquiera por las cámaras empresarias y sectores gremiales más afines al oficialismo, que de ninguna manera acordarían reajustes salariales sobre la base de los índices oficiales.
Superávit comercial, aumento de reservas, desendeudamiento y superávit fiscal han sido hasta aquí los tres pilares en los que desde el año 2003 hasta la fecha el gobierno hizo hincapié. Sin embargo, el superávit fiscal ya no se podrá sostener con la claridad de otros años, pese a que durante todo el año 2009 el superávit se ha sustentado en la utilización contable del sistema de seguridad social, que en efecto fue hasta aquí superavitario, pero por una razón básica de injusticia social al no dar a los jubilados la movilidad que les correspondería.
Respecto de los recursos tributarios, el oficialismo, que tanto habla de la distribución de la riqueza, vuelve a dejar pasar la oportunidad de discutir la estructura tributaria del país, que es regresiva, conservadora y enemiga de la equidad. Y este gobierno nuevamente, como en los años anteriores, 2008 y 2009, en lugar de abordar este tema lo agrava. Los números muestran que los impuestos indirectos, es decir los más regresivos de todos, los derechos de exportación –que, del mismo modo, no diferencian a los grandes de los chicos- y el impuesto a los débitos y créditos bancarios son los que en términos porcentuales han crecido respecto del año anterior. Precisamente, los impuestos que gravan el consumo y la producción son los que un gobierno que se dice progresista debería revertir.
Este no es el único aspecto regresivo en el presupuesto para el año 2010. Si hablamos de la masa porcentual coparticipable, podemos advertir que de los 66 mil millones de pesos que corresponden a los dos últimos rubros –es decir retenciones e impuesto a los créditos y débitos bancarios-, el 34 por ciento, que representa más de 22 mil millones de pesos, le es negado a las provincias. Esto es una violación notoria del federalismo que declama nuestro sistema institucional. Para mi provincia esto representa aproximadamente 654 millones de pesos menos, siendo Entre Ríos una de las jurisdicciones que más aporta en materia de retenciones.
Así es fácil tener superávit fiscal, pero también es fácil darse cuenta de que la mayoría de las provincias, con este presupuesto nacional y con un Poder Ejecutivo centralista que sigue negándoles lo que les corresponde en virtud de la Constitución Nacional, difícilmente puedan cerrar sus presupuestos con tanta armonía.
Otro dato muy significativo para quienes se dicen progresistas es que los impuestos progresivos por naturaleza –ganancias y bienes personales- bajan en términos porcentuales su participación interanual en valores nominales. Con este presupuesto y con esta política tributaria, pese al discurso del gobierno terminarán –como siempre- pagando más los que menos tienen.
El rubro referido al gasto tributario establece mecanismos de devolución a partir de determinadas leyes y autorizaciones especiales al Poder Ejecutivo. Para el año 2010, dicho gasto supera los 26 mil millones de pesos, cifra que representa el 2,11 por ciento del PBI. El detalle es que gran parte de ese gasto tributario se dispone discrecionalmente vía subsidios. Si tomamos el caso del impuesto a las ganancias, el gasto tributario afecta el 29,5 por ciento del total del tributo y supera los 7.700 millones de pesos. Dentro de esta cifra, los beneficios más importantes corresponden a exenciones a los activos financieros.
Frente a este panorama nos preguntamos: ¿cómo se entiende que se proclame una economía de producción cuando se siguen manteniendo las exenciones a la renta financiera?
Otro dato que muestra la irracional inequidad imperante en el proyecto es que dichas exenciones a la renta financiera equivalen nada menos que al 70 por ciento del presupuesto asignado actualmente a las universidades. ¿Esto es progresismo, señor presidente? ¿Es progresista seguir otorgando facultades esenciales a la Jefatura de Gabinete de Ministros como se lo hizo en años anteriores y ahora se repite a partir de los artículos 8°, 9° y 10? Esa delegación de facultades no tiene ningún sentido a la luz del funcionamiento pleno del Congreso, que es quien según la Constitución debe hacerlo.
Esto muestra claramente una vez más que las señales dadas por la sociedad el 28 de junio no han sido tomadas en cuenta por este gobierno en su gestión.
Un párrafo aparte merece el tratamiento dado a las universidades nacionales en el proyecto de ley de presupuesto.
El artículo 12 establece un presupuesto total de algo más de 10 mil millones de pesos para el año 2010, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó al Poder Ejecutivo 12.200 millones de pesos. Hoy día, las universidades argentinas desempeñan no sólo funciones de docencia, investigación y extensión sino también tareas para retener la matrícula porque nos estamos quedando sin estudiantes en las universidades más lejanas. Esta situación en muchos casos tiene que ver con la imposibilidad económica de los alumnos de poder sostener sus estudios. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos ocupa el 94 por ciento de su presupuesto en masa salarial, quedando para su funcionamiento sólo el 6 por ciento, lo que está generando la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones corrientes en el resto del año, y por supuesto, la imposibilidad de implementar nuevas carreras de grado y postgrado que ya tiene aprobadas su Consejo Superior. Hay nada más que 1.700 millones de pesos de diferencia entre lo solicitado por el CIN y lo que propone el gobierno.
Y no es ocioso recordar que los aumentos presupuestados en los últimos años han estado ligados a incrementos salariales para las plantas docentes y no docentes. Este es otro aspecto inexcusable de la regresividad de este proyecto de ley de presupuesto.
Por la planilla “B”, el oficialismo ha otorgado 240 millones de pesos suplementarios a lo ya mencionado. Lo novedoso y lamentable es que la distribución no la hace el CIN sino el oficialismo en forma antojadiza. De manera tal que volvemos a esta cuestión de que las universidades amigas reciben más y las no tan amigas, menos.
Queremos señalar otro eje que nos parece central. Este y no otro es el momento para abordar una política social universal que cambie de raíz el problema de la pobreza y, a la vez, cree ciudadanía, eliminando la gestión de tipo clientelar. Esto nuevamente no es prioridad para el gobierno nacional. El incremento que propone para políticas sociales se sigue gestionando de manera tradicional, es decir, clientelar. Por eso, no llama la atención que suban las partidas afectadas a combatir la pobreza y, al mismo tiempo, ésta siga creciendo. Esto evidencia la peor gestión de este gobierno en términos de combatir la pobreza.
Los socialistas seguimos sosteniendo un ingreso ciudadano de la niñez que permita a cada niño que nace en la Argentina en condiciones de pobreza e indigencia contar con un piso de ingreso monetario para colocarlo en igualdad de oportunidades, a cambio de lo cual la familia garantizará la tenencia de su documento nacional de identidad, la colocación del calendario de vacunas obligatorio y la escolaridad obligatoria prevista.
Todos sabemos –oficialistas, opositores, políticos y no políticos que los recursos están, como lo ha demostrado la propuesta legislativa que presentó el bloque del Partido Socialista oportunamente. Lo que falta es la convicción, la decisión política de avanzar con una iniciativa que implique dar un paso hacia el desarrollo de un Estado social de derecho y deje atrás la pobreza y el clientelismo.
Debemos decirlo con toda claridad: este es el gran tema de la sociedad argentina. No lo es el fútbol de la televisión pública ni tampoco otros asuntos vinculados con iniciativas de las que somos autores en el mismo sentido, como la comunicación audiovisual y la reforma política. El tema es la pobreza; la implementación de un ingreso universal es o debería ser prioritaria, pero resulta lamentable que haya que recordárselo a un gobierno que se declara progresista.
Para terminar, deseo hacer una referencia respecto de mi provincia en casi los mismos términos que utilicé el año pasado en ocasión de tratarse el proyecto de ley de presupuesto de 2009. En ese momento planteamos la preocupación por la forma engañosa en que se incorporaban al presupuesto los fondos para el dragado del río Uruguay. Vale recordar que se trata de un reclamo de décadas de buena parte de la comunidad entrerriana y del cual depende en gran medida la reactivación de su sistema productivo y el futuro de nuestra región. Advertimos entonces sobre el engaño de incluir, como se hizo, un millón de pesos para 2009, que ostensiblemente no alcanzaba entonces, por supuesto menos ahora, para dragar el río Uruguay, desde el kilómetro cero hasta el puerto de Concepción del Uruguay, con una profundidad de 23 pies, y al mismo tiempo se “patearon” para años sucesivos, incluido éste obviamente, 90 millones para ese destino.
Dijimos con todo nuestro énfasis que ello constituía una defraudación a la promesa realizada en 2006 por el entonces presidente Kirchner y a las múltiples y constantes ratificaciones de esa promesa de parte de la presidenta Cristina Fernández y de cada funcionario que, al pisar suelo entrerriano, comienza a recitar como una letanía la falsa promesa que indigna a la población de mi provincia.
Dijimos que se perdería el 2009 para el puerto de Concepción del Uruguay y para toda su región, como efectivamente sucedió. Hasta el día de la fecha no se ha hecho absolutamente nada.
El presupuesto 2009 preveía para este año un millón para iniciar el dragado, otro millón para 2010, otros 5 millones para 2011 y en la columna “Resto” aparecían los otros 82 millones y medio restantes.
Este año el proyecto de presupuesto traído a esta cámara blanquea la decisión de no dragar el río Uruguay tampoco en 2010 y lo hace con absoluto descaro: asigna 100.000 pesos al rubro “Dragado del río Uruguay”. No 100 millones, 100.000 pesos. No hace mención alguna al millón aprobado el año anterior ni mucho menos al resto que completa los 90 millones prometidos desde 2006 por el entonces presidente Kirchner.
Esto puede verse claramente en la planilla anexa de la jurisdicción 56 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el título “Listado de actividades específicas y proyectos”. Así el partido gobernante vuelve a hacer caso omiso al reclamo histórico de una provincia. Así se ignora el pedido unánime de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que en julio de este año recomendó al Poder Ejecutivo nacional que garantice una partida para el dragado del río Uruguay. Así se perderá también el 2010 para la actividad portuaria de toda una región. De este modo, se vuelve a engañar a los entrerrianos y a las entrerrianas, y se vuelve a dejar en ridículo a las autoridades provinciales, que pueden visualizar los resultados que obtienen con su política de alineamiento incondicional. Estos son los resultados que obtienen los amigos del gobierno nacional. Lo dijimos el año pasado en este recinto: si así tratan a los amigos, cómo tratarán a los que no lo son.
Pensar en una lógica binaria y bélica que no compartimos y que poco tiene que ver con cualquier concepción de la democracia, no es ese el pensamiento del bloque socialista y por eso no acompañará el proyecto de ley de presupuesto propuesto por el oficialismo. Muchas gracias, señor presidente.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. RAIMUNDI, CARLOS ALBERTO.- Señor presidente: en primer lugar, quiero situarme desde dónde haré el planteo de nuestra posición. La verdad es que no siento la necesidad de demonizar este presupuesto. No lo voy a hacer ni voy a sobreactuar en mi papel opositor, a pesar de que adelanto mi voto negativo.
Trataré de explicar lo más racionalmente posible, desde mi punto de vista, las razones que me llevan a votar de esa forma.
En primer lugar, hablo de no demonizar porque existen algunas cuestiones que no dependen exclusivamente de la voluntad política del oficialismo. La caída de la actividad por la crisis internacional, los fenómenos climáticos que disminuyeron las áreas cultivadas como consecuencia de las sequías, y el claro boicot de algunos actores económicos que tuvieron ganancias muy fuertes en la Argentina, no son cuestiones imputables a la política oficial. Hay otras cosas que pueden ser imputables, pero no éstas.
Por lo tanto, desde mi más íntima convicción digo que ni este gobierno ni los anteriores trataron como yo hubiera querido la cuestión de la deuda externa, que hubiera sido, fundamentalmente, embanderarse en el fallo judicial del caso Alejandro Olmos que planteaba la ilegitimidad de la deuda.
No podría ponerme en el extremo opuesto y decir que la política de estos últimos años estuvo asentada en el endeudamiento, como aconteció con políticas anteriores. Aquí existió una intencionalidad muy fuerte de crear condiciones de default en la Argentina. Se lo hizo a partir de la posición asumida por actores económicos que vaticinaban la disparada del dólar, que compraron a mansalva y disfrazaron este proceso como de fuga de capitales -si lo queremos denominar de esta manera para entender de qué estamos hablando-, porque creo que fue una fuga muy particular, no la fuga tradicional de sacar dinero para el exterior sino de extraerlo del circuito formal sin que supere las fronteras geográficas. Perfectamente ese dinero podría haber vuelto al circuito. Lo que sí tenía una intencionalidad muy clara, porque era dinero que salió de los bonos del Estado para comprar bonos de la deuda americana que en ese momento estaban caídos por la situación por la que atravesaban los grandes grupos internacionales. Además, existía la intencionalidad de crear un clima de default.
No cabe duda alguna de que la situación de las provincias se ha deteriorado. Pero también hace sesenta días hubo una campaña diciendo por grandes cadenas de comunicación que existían catorce provincias que iban a volver a las cuasimonedas. Eso era para crear un clima de revival en cuanto a que la Argentina estaba en la misma situación que en 2001. La verdad, en mi íntima convicción, yo sé que la Argentina no está como en 2001. Entonces no me voy a parar en una sobreactuación.
Por otro lado, está el tema del superávit. No manejaría un Estado con superávit. Entiendo que el dinero que se recauda hay que gastarlo para paliar todas las deudas sociales existentes.
También es cierto que la Argentina tiene memoria histórica de las economías asentadas en el déficit. Por lo tanto, me parece más sano diseñar una política económica desde la perspectiva de que el déficit está superado. No hablo del superávit, pero tampoco del déficit. Es la memoria histórica de todos los años anteriores a esta última etapa del proceso económico argentino.
Entonces, me parece que este es un presupuesto que tiene una clara impronta conservadora en el sentido de que no incumple ninguna promesa. Cuando la señora presidenta estuvo aquí dijo que no iba a tocar los impuestos. La verdad es que ahí sí uno encuentra una diferencia lógica conceptual muy fuerte, que es la que nos lleva a estar en una posición muy distinta a la lógica que plantea este presupuesto. Pero no me refiero a recuperar la ortodoxia neoliberal sino, por el contrario, aplaudir algunos atisbos de heterodoxia y decir que lo que hay que hacer en esta nueva etapa es profundizar la heterodoxia. Desde esta perspectiva planteamos una lógica distinta de la de este presupuesto.
Si bien lo hace en términos menores que en años anteriores, a mi modo de ver hay una subvaluación de las tasas de inflación y de crecimiento.
¿Qué quiero decir con esto? Que hay una impronta muy clara en el presupuesto elaborado por el gobierno de la etapa Kirchner en la Argentina: todo lo que crezca por encima de la tasa estipulada y todo lo que se recaude por encima de la tasa de inflación prevista se gasta discrecionalmente por fuera del control presupuestario.
No estuve de acuerdo antes y no estoy de acuerdo ahora con eso, pero es una impronta del presupuesto oficial. Tiene una lógica política que no compartimos pero que está muy clara, y no es la lógica del neoliberalismo extremo de otras épocas.
Tenemos una actitud comprometida con la cuestión social porque este es un presupuesto que al mantener determinadas variables y al reproducir determinadas estructuras de presupuestos anteriores -pero en un entorno social distinto que está en retroceso- lo que hace es convertirse en un presupuesto regresivo. Si yo replico los mismos valores en políticas sociales ante una situación sanitaria y de pobreza distinta, lo que estoy haciendo es un presupuesto regresivo.
Si una familia de clase media y media alta puede deducir hasta cinco mil pesos por año de cargas sociales, y al mismo tiempo un trabajador no registrado paga el 21 por ciento de IVA por cada uno de sus consumos caemos en el absurdo de que los sectores más sumergidos subsidian una deducción de impuestos de los sectores más pudientes, y eso es regresivo.
Lo que nosotros estamos planteando es una diferencia de lógica muy fuerte contra este planteo oficial en el sentido de que, como hasta aquí les permitió sortear la crisis en términos de que el sistema no caiga en colapso, entonces el oficialismo reproduce la misma lógica de los presupuestos anteriores. En este punto es donde nosotros tenemos la diferencia central.
Creemos que se ha llegado a un techo -no este año sino desde 2007 en adelante- donde reproducir la misma lógica ante un contexto distinto va a provocar que las variables sociales pondrán en riesgo los puntos positivos que esta política económica pudo haber tenido en su momento. Por eso, apuntamos a la presentación de un proyecto distinto que haga fuerte énfasis en la política social, tal como no lo hace este presupuesto.
Quiero referirme a la relación entre la pobreza y la riqueza como si fueran las dos caras de un escándalo. No hay un solo escándalo. Es más, creo que no toda pobreza es un escándalo.
La pobreza de mi padre, descendiente de inmigrantes, no era un escándalo, porque sabía que estudiando y laburando llegaba a ser un profesional. La pobreza de la etapa de la movilidad social ascendente no es un escándalo sino una condición objetiva para una meta social y cultural distinta.
La pobreza que es un escándalo es la que no tiene horizonte. Me refiero a la pobreza de la exclusión, que se debe a otro escándalo, el que representa la otra cara de la medalla: el escándalo de las grandes riquezas sin gravar, las grandes riquezas que no pagan los impuestos que deberían pagar.
Por eso, aquí está planteado un programa de asignación universal de políticas sociales con mecanismos de financiamiento. Se trata de resolver un escándalo resolviendo el otro, que es el de las grandes rentas extraordinarias que no están gravadas.¿Cómo contesta el oficialismo a este planteo de que hay que derogar las exenciones injustificadas de la ley de impuesto a las ganancias? Contesta diciendo que el impuesto a las ganancias no se toca por diez años. De allí que no pueden justificar una impronta progresista o social, no es así, no estamos de acuerdo. No lo vamos a acompañar, pero no desde “volvamos al Fondo Monetario” sino desde “aumentemos los niveles de promoción social y productiva y gravemos las ganancias que están sin gravar en la Argentina y que sí son escandalosas”.
Otro punto importante es el del desarrollo productivo. Sinceramente, cuando escucho a la presidenta decir que el empleo es la mejor política para luchar contra la pobreza, lo comparto en lo conceptual y en la retórica. Pero no se resuelve con empleo cooperativo, no porque esté mal sino porque es insuficiente. Nosotros proponemos un shock de inversión en empleo estructural a partir del desarrollo de ramas de industrias, como no subejecutar el presupuesto de vivienda y como la recuperación de la industria ferroviaria y naval, lo que permitiría a una región como La Plata, de donde provengo, cuadruplicar la cantidad de trabajadores en Astilleros Río Santiago. Sin embargo, ¿qué hace este presupuesto? No solamente no fomenta la industria naval sino que mantiene las metas de patrullaje naval para la depredación pesquera.
Mediante un shock de inversión proveniente de una cantidad razonable de reservas, que no eluda las metas de responsabilidad fiscal pero que genere una reactivación de empleo productivo e industrial, estaríamos favoreciendo el empleo y mejorando los controles sobre las aguas argentinas para que no se deprede un recurso estratégico.
Todas estas cuestiones son las que conforman nuestra posición. Entiendo la lógica del gobierno que confronta el presupuesto actual con el pasado y dice que como nos fue bien con el anterior, entonces podemos repetirlo. La lógica nuestra es que eso tiene un techo al que se llegó hace dos años y ahora hay que confrontar con el futuro. Y para el futuro hay que cambiar esa realidad.
Haciendo un resumen del tratamiento en particular, en el artículo 22 quisiéramos aumentar la alícuota que corresponde al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Me parece que esa es una señal muy fuerte, porque si bien es muy importante para el INTA, también lo es para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en materia de diversificación productiva.
Por otra parte, el proyecto de presupuesto conserva las metas en seguridad alimentaria; se mantiene congelada la asistencia alimentaria para hogares en situación de riesgo y los módulos alimentarios que se remiten. Esto es incomprensible y no hay forma de justificarlo.
Asimismo, el artículo 56 autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar avales y garantías de cualquier naturaleza –lo dice expresamente- destinados a financiar inversiones prioritarias. Consideramos que no pueden ser recursos de cualquier naturaleza porque eso podría implicar perfectamente la utilización de partidas sociales, partidas de la ANSES, para pagar deuda. Eso debe ser especificado.
Por su parte, el artículo 63 establece que se pueden constituir depósitos en moneda extranjera para financiar a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior. En este sentido, nuestro país tiene una historia de lo que pasó cuando se autorizaban legalmente préstamos en dólares a quienes teníamos ingresos en pesos. Entonces, me parece que ahora no podemos reabrir esa situación, y mucho menos cuando hablamos de actividades que pueden estar indirectamente vinculadas con el comercio exterior, porque eso amplía riesgosamente el universo de los préstamos en moneda extranjera. Se podría admitir la posibilidad de hacer un préstamo en moneda extranjera a quien opera con dicha moneda, pero para quien no está vinculado directamente con las operaciones de comercio exterior, es un riesgo que la Argentina ya corrió y que no debería volver a soportar.
Cerrando nuestra opinión negativa sobre el conjunto de los proyectos en danza, recién me referí a por qué no apoyamos la prórroga del impuesto a las ganancias.
Con respecto a la prórroga del impuesto a los créditos y débitos bancarios, no voy a repetir lo que decimos todos los años. Si existe la intención de formalizar más la economía y bancarizar más a la sociedad a fin de que las operaciones queden registradas, este impuesto es escandaloso.
Por último, si el bloque oficialista se comprometió a trabajar el tema de la pobreza, no lo está cumpliendo en los plazos acordados. El gobierno podría estar pensando en desarrollar alguna política social y derogar alguna de las exenciones al impuesto a las ganancias, pero también piensa que lo hará cuando así lo decida. Por lo tanto, el mensaje es “Lo voy a hacer yo”. Esto implicará que lo que debería ser una política de Estado se convertirá en un nuevo eje de confrontación. En verdad, la situación en la que están los sectores más postergados no se merece un nuevo eje de confrontación sobre la pobreza, sino que debería instalarse una política de Estado.
Por lo expuesto y por otras críticas que compartimos al presupuesto, fundamento mi opinión personal negativa y la de mi bloque a los proyectos en tratamiento.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. SARGHINI, JORGE EMILIO.- Señor presidente: adelanto la posición negativa de mi bloque respecto de los tres proyectos en consideración.
Fundamentaré nuestra posición, entendiendo claramente que el gobierno necesita un presupuesto y tiene la responsabilidad de gobernar, ya que debe elaborar el plan de obras y el programa de inversiones.
También comprendemos que el Estado no puede quedar desfinanciado, como sucedería si no se aprobaran las prórrogas de impuestos, pero hay dictámenes de minoría sobre esta cuestión que contemplan distintas formas, repartos y tiempos. También creemos que bajo las condiciones en que se discute el presupuesto no tiene mucho sentido la aprobación de la asignación de los recursos, en virtud de las razones que se vienen repitiendo en los últimos años.
Con respecto a la ley de responsabilidad fiscal, estamos absolutamente convencidos de que va a contrapelo de lo que deberíamos hacer.
En cuanto al presupuesto, nuestro fundamento central es que volveremos a aprobar una iniciativa que incluye los superpoderes. El Poder Ejecutivo, mediante las facultades que se otorgan al jefe de Gabinete, podrá modificar el plan de gobierno y el programa de inversiones que apruebe el Congreso, lo que constituye una facultad constitucional del Parlamento.
Esta inconstitucionalidad de los superpoderes presentaría las mismas consecuencias negativas aun cuando se los acotara, según el proyecto sancionado por la Cámara de Senadores. Ha sido muy gráfico el funcionario nacional competente que concurrió a la Comisión de Presupuesto cuando dijo que el 83 por ciento de los gastos del presupuesto son absolutamente rígidos, siendo sólo modificables el 17 por ciento de ellos.

Queda claro entonces -quizás me anticipe a alguna discusión que esté por venir porque no ha estado todavía en tratamiento este tema en la Cámara- que el 5 por ciento del total es el 30 por ciento del 17 por ciento movible. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene, aún con la restricción, aprobar un plan de obras o de inversiones si en un 30 por ciento puede ser modificado de un plumazo por la existencia de estos superpoderes?
Por lo tanto, ratificamos nuevamente aquí nuestra posición en el sentido de que asignar recursos a través del presupuesto de gasto, por parte de este Congreso como facultad constitucional, pero de manera concomitante, de coexistencia con la ley que modificó la de administración financiera, que permite estos superpoderes, es una verdadera falacia.
No obstante ello, el presupuesto no es ni más ni menos que la expresión de cómo un gobierno desea manejar la política fiscal. Es uno de los instrumentos esenciales de la política económica más potente a corto plazo, y obviamente tiene que tener una lógica dentro del conjunto de la política macroeconómica del gobierno.
En ese sentido, este presupuesto -como nunca antes he visto- tiene una inconsistencia macroeconómica insostenible, por lo menos con el propio discurso del oficialismo.
Entre sus pautas macroeconómicas está que se espera un crecimiento del 2,5 por ciento del producto, del 2,7 por ciento del consumo y del 8,2 por ciento de la inversión, y un crecimiento del saldo favorable de la balanza comercial del 0,2 por ciento.
La ecuación macroeconómica básica no es una ecuación opinable o discutible en la economía, sino que es una identidad, y las identidades se cumplen. Y la identidad que significa la ecuación macroeconómica básica dice que todo esto -crecimiento del 2,5 por ciento del producto, 2,7 por ciento del consumo, 8,2 por ciento de la inversión y 0,2 por ciento de la balanza comercial- podrá ser cierto si el gasto público baja, porque todo no entra en la ecuación macroeconómica, en la identidad.
Esto lo he visto sostener con ligereza al ministro de Economía en esta Cámara, lo cual -lo digo con todo respeto, con todo rigor profesional- es una ofensa a la inteligencia. No se pueden sostener variables sobre las que se apoya el presupuesto -sobre el cual a su vez se apoya la política macroeconómica, siendo uno de sus instrumentos fundamentales la política fiscal- con inconsistencias macroeconómicas. Y este presupuesto tiene inconsistencias macroeconómicas, salvo que -y sería mucho peor todavía- en lugar de que se ajuste por el gasto público se ajuste por el lado del consumo privado.
Esta inconsistencia macroeconómica vuelve al presupuesto, como instrumento de política fiscal, también inconsistente. Por esta razón el presupuesto exige ser modificado.
¿Qué es lo recomendable y qué es lo que dice el discurso oficial que se debe hacer con un presupuesto, y se está haciendo con el presupuesto 2010? Actuar de manera anticíclica, usar el instrumento de política fiscal para activar la política económica, la rueda de la macroeconomía en momentos de recesión. Hay dos formas de hacerlo, incluso de manera simultánea: bajar la presión tributaria y acelerar el gasto público. Estas son las formas en que la política fiscal se usa de manera contracíclica cuando estamos en la fase recesiva del ciclo.
Este presupuesto aumenta la presión tributaria en un 4,2 por ciento, sólo comparada con la presión tributaria del ejercicio actual, el del año 2009. No la comparemos con años atrás. Si la comparamos con el 2004, por ejemplo, la presión tributaria está aumentando casi el 25 por ciento.
Por lo tanto, la receta puede ser clara, heterodoxa, no ortodoxa -podríamos discutir qué significa “heterodoxia”, término que se utiliza con bastante ligereza, pero en relación con la receta de aquellos que alientan una política tributaria y fiscal expansiva en momentos recesivos del ciclo, este presupuesto hace lo contrario. Y esto no lo digo yo bajo ningún cálculo extraño sino que está escrito en el propio presupuesto.
Por las razones que expresé anteriormente, el otro instrumento expansivo del presupuesto contracíclico y capaz de usar la política fiscal para sostener el nivel de actividad económica es la expansión del gasto.
Sin embargo, no se hace expansión del gasto. Como decía, las identidades macroeconómicas se cumplen. Por lo tanto, dentro de este contexto macroeconómico esto cierra solamente con un gasto que se contrae; cuanto menos, en el que se desacelera de manera intensa su actual nivel de crecimiento.
De allí los superpoderes, la inconsistencia macroeconómica y la política fiscal procíclica; política fiscal en contra de aquella que debería utilizarse en los momentos de contracción del ciclo.
Habiendo hecho un repaso de estas cuestiones de orden macroeconómico, vayamos a algunas de las ya específicas del presupuesto.
Éste recupera la lógica de los viejos presupuestos. No estoy de acuerdo con muchas afirmaciones que aquí se han hecho, como mantener la lógica de esconder recursos para luego manejarlos discrecionalmente. Por el contrario, lo que está haciendo este presupuesto es la vieja lógica de presupuestación: esconder el problema.
¿Cuál es el problema? La necesidad no resuelta de financiamiento para hacer frente a todos los gastos, incluidos los vencimientos de la deuda, los intereses más la amortización de capital.
Por lo tanto, es un presupuesto que sobrestima el cálculo de recursos y achica el problema porque agranda el superávit primario, casi imposible de que alcance los 2,3 puntos, como aquí se propone. Por lo tanto, achica lo que ya es preocupante, que es la necesidad de financiamiento. Y en esto tampoco es necesario hacer un cálculo ad hoc. Es más, aun asumiendo que el superávit primario alcanzara los 2,3 puntos, cuando uno analiza las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras del presupuesto se encuentra con que hay un bono genérico de 55.200 millones de pesos, lo que equivale a 15.000 millones de dólares.
Señor presidente: hemos hecho las consultas pertinentes a cada uno de los funcionarios que han concurrido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ninguno nos dijo cómo se van a financiar esos 15.000 millones de dólares. Hubo apenas un esbozo de uno de los funcionarios, que con algún grado de ligereza –permítaseme el término dijo “utilizaremos instrumentos domésticos”.
¿Qué significan esos instrumentos domésticos? Son los instrumentos que se están utilizando en la actualidad, que en realidad más que domésticos son intrasector público, porque en un sentido más amplio los instrumentos domésticos incluirían la banca comercial privada y los mecanismos de colocación de títulos en el mercado interno. Pero ninguna de estas cosas sucede. Por eso digo que son instrumentos intrasector público.
¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento intrasector público que se están utilizando? Son superávit y stock de la ANSES stock traído en el momento de la estatización de los aportes privados a las AFJP, Banco Nación y Banco Central. Estos son los instrumentos de financiamiento que se están utilizando.
En esto, señor presidente, quisiera hacer un aporte al oficialismo. Sé que no escuchan demasiado, sé que tendrán sus razones para hacerlo, pero sugeriría que escuchen esto: uno de estos instrumentos domésticos es la utilización del Banco de la Nación. Uno de estos instrumentos domésticos es el que habilitó al presupuesto que votamos el año pasado, el presupuesto 2009, mediante aquel artículo que eximía al Banco Nación de las restricciones que operaban y le permitían prestar al sector público hasta un 30 por ciento del volumen de los depósitos de dicho sector.
Esto que quiero decir al oficialismo, en verdad hubiera querido decírselo al funcionario en la Comisión de Presupuesto, pero respondió con tanta ligereza pensando que lo tenía resuelto, a tal punto que creí que el equivocado era yo.
Volví a leer el presupuesto y esa habilitación se hizo por el año 2009 o sea que vence el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, no es un instrumento utilizable para el año 2010. Tienen ahí otra profunda contradicción.
Dicen tener como instrumento de financiamiento un instrumento que no tienen. No pueden usar al Banco Nación en el año 2010 si no vuelve a haber un artículo en el presupuesto 2010 que lo habilite, porque no modificaron la carta orgánica en el presupuesto 2009. Sólo eximieron al Banco Nación de una excepción que empieza a regir y a operar nuevamente el 1º de enero y que exige que no se pueden utilizar los recursos salvo especial garantía del secretario de Hacienda que permita el efectivo reembolso automático.
Eso es lo que empieza a regir el 1º de enero y si no renuevan esa habilitación que tuvieron en 2009 no podrán utilizar una de las principales fuentes de financiamiento que están utilizando. Por lo tanto, inconsistencia macro, política fiscal en sentido inadecuado, política de financiamiento no sólo no explicada sino con una debilidad brutal, creo yo que por descuido u olvido, son razones más que suficientes para no acompañar este proyecto de presupuesto.
Pero quiero hacer un especial apartado con el tema de las provincias. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí que la situación no es la de 2001. Claramente no es esa situación. Sería perder de vista las cuestiones más esenciales de lo que pasó en aquel momento para hacer esta ligera comparación.
Ahora sí puedo asegurar que algunas provincias argentinas en términos fiscales están igual que en 2001, y algunas quizás peor. Aquí me remito a algunas cuestiones en particular y aprovecho, acelerando los tiempos, para decir por qué no acompañamos la prórroga impositiva. Lo hacemos porque es impensable en este nivel de desfinanciamiento de las provincias poder congelar por tantos años la distribución que esa prórroga implica en contra de las provincias, a favor de un modelo de concentración de recursos que las ha puesto al límite del funcionamiento.
No lo digo desde una visión fiscalista, lo digo porque en mi provincia el 50 por ciento de los habitantes sólo tienen salud si funcionan los hospitales públicos, y los hospitales públicos están parados, no funcionan, porque cuando las provincias llegan al límite de pagar salarios, ya hicieron todo lo demás, que es haberle dejado de pagar entre otros a los proveedores. Proveedores que no cobran desde hace seis meses no habilitan más su provisión al Estado, y cuando eso ocurre los recursos que son imprescindibles, con absoluta responsabilidad del Estado, se derrumban.
Entonces, en defensa de una inclusión social mayor, en defensa de un mayor esquema de justicia social, en defensa de esa acción reparadora que el Estado no puede dejar de hacer, cortemos este mecanismo de desfinanciamiento. Negar esta realidad es tapar el sol con las manos.
Muchísimas provincias no pueden pagar sus sueldos. Por ejemplo, mi provincia desde hace meses no puede hacerlo si un día antes de la jornada de pago no llega una ayuda extraordinaria del gobierno nacional que supere con creces las previsiones del Programa de Asistencia Financiera.
Quiero agregar un solo dato acerca de mi provincia; podría hacer una proyección para las restantes pero prefiero no hacerlo. Mi provincia, si éste es el presupuesto que tiene que tomar como base para elaborar el suyo, para el año 2010 tendrá una necesidad de financiamiento cercana a los 4 mil millones de dólares. Dígame, señor presidente, de dónde pueden obtenerse esos recursos si no es cambiando la relación Nación-provincias. Es absolutamente impensable que las provincias puedan cerrar con seriedad sus presupuestos si no contemplamos esta situación.
Como el señor diputado López Arias ya se refirió a este punto y quiero honrar el tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra, no voy a reiterar conceptos.
Si no se puede avanzar en la coparticipación impositiva, tendamos un puente el año próximo para que los vencimientos de la deuda calcen con los recursos propios de las provincias, que hoy financia el Tesoro ahí pisados por el Ministerio del Interior, y demos la posibilidad de coparticipar sobre la base de los mismos mecanismos de financiamiento del gobierno nacional.
Estoy de acuerdo con que los recursos de la ANSES sólo sean destinados a los jubilados, pero lo cierto es que el superávit de dicho organismo se está yendo hacia el Tesoro nacional. Entonces, señor presidente, coparticipemos esa forma de financiamiento.
El año próximo, el superávit de la ANSES alcanzará los 10 mil millones de pesos y las provincias argentinas, mediante el mecanismo de precoparticipación, transferirán a esa administración 12 mil millones de pesos.
Allí está el instrumento. No prestemos a las provincias sus propios recursos; no las dejemos libradas a la buena de Dios porque ello implica dejar librados a su suerte a quienes tienen que ir a los hospitales a las cinco de la mañana para poder ser atendidos, y que muchas veces no lo logran porque como las provincias están desfinanciadas los centros de salud no pueden funcionar.
Entendemos que éstas son razones más que suficientes para no acompañar la aprobación del presupuesto y la prórroga de impuestos.
Finalmente, quiero decir lo siguiente respecto de la ley de responsabilidad fiscal. Si tenemos en cuenta las necesidades de financiamiento del Estado nacional y de los Estados provinciales, advertiremos que hay una necesidad indiscutible de acceder a los mercados voluntarios de capitales –no hablo de volver al Fondo Monetario Internacional ni de comprar sus recetas, algo que responde a un discurso facilista que ya no hace efecto en ninguna parte- como lo hacen los países en serio para obtener financiamiento. Brasil, por ejemplo, lo hace al 5 por ciento. Cuando países como el nuestro no crean fondos anticíclicos en el momento en que deben hacerlo, acceden al financiamiento en momentos de crisis. Entonces, si queremos volver al mercado de capitales, no aprobemos la modificación de la ley de responsabilidad fiscal. Si, en cambio, queremos ubicarnos un poco más lejos de los mercados de capitales, podemos lograrlo aprobando el proyecto de ley en consideración. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. BASTEIRO, SERGIO ARIEL.- Señor presidente: desde el socialismo de la provincia de Buenos Aires, como representante del bloque Encuentro Popular y Social, adelanto nuestro voto positivo, tal como hace un año acompañamos el presupuesto para el año en curso en el entendimiento de que su estructura macroeconómica era razonable y prudente.
La crisis económica mundial explotó al mismo tiempo que empezamos a debatir aquella iniciativa. Recordemos que crisis de la envergadura de la que hoy vive el mundo, en otro momento de nuestro país hubieran generado conflictos mayúsculos. Obviamente, esta crisis que ya lleva casi un año ha impactado pero no con la fuerza a la que estábamos acostumbrados; cada vez que había un estornudo en cualquier economía del mundo, en la Argentina eso se reflejaba en una pulmonía o en una enfermedad incurable. Creo que esta vez supimos sortear de mejor manera un conflicto de estas características.

— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

sr. BASTEIRO, SERGIO ARIEL.- La travesía de la crisis nos ha demostrado que ha impactado de diferentes formas en el mundo, en América y, por supuesto, en nuestro país.
En la República Argentina han caído fuertemente las exportaciones y la inversión interna privada. Esta situación obligó a que el gobierno nacional tuviera que prever y generar gasto en inversión pública, que en este caso llegó al 80 por ciento, más que lo destinado en el anterior presupuesto a viviendas, escuelas, cloacas y agua potable. También se ha intentado regular el mercado laboral ante la crisis prevista, y que están viviendo muchas empresas.
Esta regulación del mercado laboral genera pérdidas en las fuentes de trabajo, y es precisamente el intento del gobierno nacional tratar de evitar tal situación. En consecuencia, esto trajo aparejado una contracción del superávit fiscal financiero a riesgo de que pueda ser negativo a fines de este año.
Esta situación no nos alarma, porque creemos que para superar esta crisis el Estado debe llevar adelante una política fiscal expansiva que aumente el gasto público para compensar la caída de la inversión privada.
Por ese motivo, como recién explicábamos, vamos a acompañar este proyecto de ley de presupuesto para el año 2010. Entendemos que entre lo prudente y lo razonable está el hecho de prever un crecimiento del producto bruto interno, como plantea este proyecto de ley, del 2,5 por ciento. A partir de ahora se espera que la economía mundial comience a reactivarse lentamente, lo cual nos parece indicado y lógico.
En este marco esperamos que durante el último trimestre de 2009 nuestra economía comience a reactivarse a partir de la recuperación de la demanda externa, principalmente por la comercialización que se hace de muchos de nuestros productos por grandes compradores como Brasil, China e India. Estos países nos compran granos, energía, petróleo y productos industriales.
Esperamos que el sector empresario industrial de nuestro país vuelva a invertir para recuperar los puestos de trabajo que se han perdido y no haya trabajadores suspendidos, con el objeto de avanzar hacia el pleno empleo de calidad con poder adquisitivo razonable, lógico y posible. La economía de este país puede lograrlo.
Tenemos en cuenta que los fondos depositados en el sistema financiero argentino pertenecen al conjunto de la población. Reclamamos que se tomen medidas para redireccionar el crédito hacia la producción y bajar el costo del dinero y, por ende, la tasa de interés.
Cuando los funcionarios del Poder Ejecutivo estuvieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda dando explicaciones sobre este proyecto de ley de presupuesto, señalaron que uno de los motivos era regularizar las relaciones con los mercados financieros internacionales, los organismos multilaterales y el Club de París, a fin de generar un contexto favorable para la inversión privada, evitando que ésta tuviera que utilizar el financiamiento externo.
Apoyamos este objetivo de recrear la confianza, pero con los límites de no incrementar la extranjerización de la economía, no aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional para que nuestra economía siga siendo soberana, y no tengamos que volver a sufrir las consecuencias y las políticas generadas en la década del 90 y principios del año 2000, implementadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y que tanto hemos sufrido los argentinos.
Creeos que en nuestro país hay suficiente ahorro interno. Por eso, en los dos últimos años, por diversas causas –supongo que una de ellas ha sido el conflicto con el sector agrario y la crisis mundial ese ahorro ha cambiado de cartera; es decir, de pesos ha pasado a dólares. Ahora resulta necesario generar confianza para que este dinero vuelva a volcarse en el mercado interno.
El proyecto de ley de presupuesto prevé un incremento en la presión tributaria. Se dice que para el año 2010 se quiere alcanzar un producto bruto interno del 28 por ciento. Esto ha generado algunas voces, por lo menos de algunos diputados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, planteando la objeción de que era mucha presión tributaria. Recordemos que hay países del Primer Mundo, como Suecia, Holanda, Francia o Bélgica, que llegan a tener una presión tributaria de entre el 48 y el 52 por ciento.
Creo que gradualmente nuestro país tiene que apuntar a subir esa presión tributaria porque seguramente eso significará posibilidades de mejor distribución de la riqueza, de ahorro y de obtención de recursos de los que más tienen para volcarlos a los más necesitados.
Es necesario ir avanzando hacia una política tributaria menos regresiva y más progresiva. Como nuestro bloque lo viene planteando desde hace mucho tiempo, deberíamos pensar y consensuar una rebaja en el IVA que grava el consumo popular y un aumento en los impuestos que gravan la renta y el patrimonio. Al respecto, nuestro bloque ha presentado un proyecto en el entendimiento de que sería importante empezar a dar soluciones a los reclamos que existen en esta materia pendiente de nuestra agenda.
Por el contrario, en la actual estructura tributaria el impuesto a las ganancias pierde participación pasando del 20 por ciento del total de la recaudación en 2008 a un 17 por ciento en la proyección para el 2010. Aprovechamos para reiterar nuestro reclamo de la necesidad de gravar la renta financiera en nuestro país.
Está previsto en el proyecto de ley un aumento del gasto público de alrededor de 20 mil millones de pesos; representa un 12 por ciento en términos nominales y un 5 por ciento en términos reales si se descuenta el efecto de la inflación. Esto implicaría cierta desaceleración del ritmo del crecimiento del gasto pero no en disminución; por el contrario, esperamos que se sostenga para mantener el nivel de actividad económica.
Tal como lo hicimos el año pasado para decidir votar el proyecto en consideración por la afirmativa analizamos el gasto público por finalidad. Ello nos permite ver cuánto y cómo se invierte y cuáles son las prioridades del presupuesto.
Observamos que los servicios sociales configuran el mayor gasto del presupuesto: el 60 por ciento del gasto total, con un aumento del 14 por ciento respecto del ejercicio anterior.
Promoción y asistencia social se incrementa en un 26 por ciento y seguridad social sube un 16 por ciento. En cada uno de estos rubros tiene mucho que ver el gasto incurrido en la generación de empleo a través del sistema de cooperativas o principalmente para mantener la movilidad de las jubilaciones y pensiones.
En educación, ciencia y técnica hay un crecimiento del 11 y 13 por ciento, respectivamente. A mi juicio esto también es importante en relación con la ley de financiamiento educativo y las leyes de educación técnica y profesional sancionadas recientemente, que creo hay que comenzar a implementar de inmediato.
En orden de importancia dentro del gasto por finalidad siguen los servicios económicos, un 16 por ciento del gasto total, que comprenden las inversiones en producción de bienes y servicios para el desarrollo económico. Dentro de este rubro Ecología y Medio Ambiente recibe un 93 por ciento más. Esto principalmente da respuesta al Programa Integral Cuenca Matanza Riachuelo y recursos para el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos, tema que también fue tratado por este cuerpo.
Industria tiene un 29 por ciento más destinado a créditos para las pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, Transporte tiene un 11 por ciento más destinado a inversiones en redes viales cuya unidad ejecutora es la Dirección Nacional de Vialidad, y obviamente para seguir sosteniendo el sistema de subsidios de transporte público, tema que luego desarrollaré brevemente.
Energía, Combustibles y Minería tienen un 10 por ciento menos debido a la disminución de los subsidios. Creo que ese dinero debe ser reubicado para ayudar a paliar la cuestión de las tarifas y la situación de quienes utilizan garrafas, y por supuesto la de los sectores más necesitados.
Nosotros siempre apoyamos la política de subsidios al sector Transportes porque creemos que es necesario para mantener las tarifas sin costo social para los sectores de trabajadores. Siempre hemos objetado que esos subsidios se han direccionado en forma muy específica y concreta dejando de lado el transporte ferroviario, que creemos que debe ser una de las políticas que este gobierno en el tema de transportes debe fomentar, sostener y hacer inversiones importantes. Pero no dar subsidios al transporte automotor, a partir de la ecuación y de la tesis que se pone en funcionamiento, implica que no sean transparentes. A pesar de que ha existido un cambio de autoridades, todavía no ha variado la política que hemos objetado en más de una oportunidad.
El otro tema que considero necesario plantear tiene que ver con la federalización del sistema de transporte automotor. Existe una diferencia notable en la forma en que son beneficiadas las empresas que funcionan en la Capital y en el conurbano en relación con las que lo hacen en el interior del país.
En cuanto a las facultades delegadas, que es uno de los puntos del proyecto, el año pasado también apoyamos esta medida por entender que nos parece razonable que el jefe de Gabinete de Ministros pueda disponer –conforme lo prescribe el artículo 9° del proyecto reasignaciones en los créditos presupuestarios. Tal como dijimos el año pasado, hay que limitar ese porcentaje a un 5 por ciento. Esa fue nuestra propuesta, y ya tiene sanción del Honorable Senado. Espero que oportunamente esta Cámara de Diputados pueda convertirla en ley.
Quiero hablar de un punto que ha sido motivo de crítica por parte de algunos diputados de la oposición. Tiene que ver con el gasto previsto en el presupuesto nacional destinado a invertir para poder sostener, impulsar y hacer crecer a Aerolíneas Argentinas, Austral y sus empresas controladas.
Muchos hablan de gasto, pero yo hablo de inversión. En primer lugar, es necesario comprender que nos estamos refiriendo a una empresa de servicios públicos que no tiene por qué generar rentabilidad, mucho más en un momento de la economía mundial donde la recesión y la crisis afectaron enormemente no sólo al transporte aerocomercial argentino, sino a ese transporte a nivel mundial. Esos fondos que nosotros planteamos como inversiones y que otros suponen gastos, son genuinos y se van a ver traducidos en la compra de aeronaves.
Cuando debatimos el tema de Aerolíneas Argentinas muchos diputados recordamos que la empresa fue orgullo de todos y cada uno de los argentinos, porque tenía aviones propios y una estructura operativa muy importante.
En 1975, el Congreso de la Nación había aprobado un presupuesto que significó una inversión importante en este rubro. Lo que hoy se va a sancionar significa monedas en relación con ese monto aprobado en 1975 para renovar la flota de Aerolíneas Argentinas.
Posteriormente, se efectuó la renovación, comprándose 20 ó 25 aviones 737 y siete jumbos. Esa operación se realizó en un año o en un año y medio. Pero hoy sería impensable poder efectuarla. Esa medida fue orgullo de todos los diputados, tanto de los que apoyaron como de los que se opusieron a la estatización o renacionalización de Aerolíneas Argentinas. Es un tema que deberíamos analizar. Insisto: no es un gasto sino una inversión. Es algo necesario para marcar un objetivo político de soberanía para interconectar a la Argentina con el mundo. Se trata de una cuestión que me lleva a apoyar este proyecto de ley.
En cuanto a la prórroga de impuestos, también el año pasado prorrogamos la ley de impuesto al cheque. Por eso, es lógico tomar esta medida en esta oportunidad en función de que no ha habido modificaciones en la economía ni en la situación general del país.
Sobre el tema de la responsabilidad fiscal, existe acuerdo en la mayoría de las provincias para poder acomodar sus economías a esta situación que vive el mundo. Por eso, me parece lógico acompañar este proyecto.
En cuanto al impuesto a las ganancias, hemos hecho averiguaciones, debido a que yo también estaba sorprendido por la prórroga de diez años. Siempre las prórrogas fueron de cinco, ocho o diez años. A veces están justificadas por los plazos de prescripción que la propia AFIP necesita imponer para poder generar los cobros, las denuncias y, obviamente, todo el trámite y el expediente.
Creemos que hay que terminar con las exenciones a muchos sectores de la economía que hoy están beneficiados con ellas. Al eliminar dichas exenciones, estaríamos hablando de recursos más que concretos y específicos para la Nación con el objetivo de terminar con la desigualdad para poder mejorar la distribución de la riqueza y ayudar a los sectores más postergados.
Por todos estos motivos que he enunciado, desde el Bloque Encuentro Popular y Social del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires vamos a dar apoyo a este proyecto.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

sr. PRIETO, HUGO NELSON.- Señora presidenta: el Bloque de la Concertación también da su voto positivo a los proyectos en consideración que, obviamente, están relacionados entre sí.
Voy a poner el acento en el proyecto del presupuesto nacional porque precisamente trata de poner en cifras las responsabilidades, las prioridades y las finalidades políticas que establece el gobierno, que están irremediablemente en línea con los objetivos planteados al tiempo de su propuesta electoral que tiene que ver con el plan de gobierno y con cómo llevar a la práctica aquello que se dice que se va a hacer.
Siempre existen condicionamientos externos importantes de la inercia anterior, de la dinámica política y de la coyuntura. Según como esté cada una de estas variables existen mayores o menores dificultades de llevar adelante lo que se compromete en cada momento.
En términos generales, observo que este proyecto se adecua a los objetivos planteados, que le dan continuidad a la política económica de los últimos años ya que, con sus aciertos, ha permitido sobrellevar con mucha entereza, dignidad y una fortaleza impensable en otros momentos de la historia argentina no tan lejana los reflejos de la crisis financiera internacional.
Se mantiene el crecimiento sostenido que se dio a partir del año 2003, aun proyectado en el nuevo contexto con cifras menores, porque es la continuidad de una política económica fundada básicamente sobre un tipo de cambio competitivo y de acumulación de reservas en el Banco Central. Esto ha permitido llegar durante estos años a un superávit fiscal importante, y esta política de superávit se mantiene en estas circunstancias.
Es cierto que el superávit comercial se incrementa como un reflejo de la caída de las importaciones, pero me parece que en este contexto internacional el hecho de mantener un importante superávit comercial ya significa un dato positivo.
La política de desendeudamiento ha sido interesante y sostenida. También queda reflejada en el proyecto y me parece que seguramente en los últimos meses vamos a tener que tratar en este recinto algunas otras cuestiones vinculadas justamente con esta política de desendeudamiento. Esto tendrá como efecto la reinserción en los mercados financieros internacionales, como se explicó aquí, con las consecuencias positivas que esto conlleva.
Por otro lado, durante estos años también se ha mejorado la distribución del ingreso. Es cierto que nunca es suficiente y siempre se mira hacia un horizonte para alcanzar los objetivos, pero sería de necios negar los avances en este sentido. El mejoramiento de la distribución del ingreso tiene que ver fundamentalmente con el aumento de la participación del sector asalariado en el producto bruto interno, la cual ha sido sostenida aun en las condiciones recesivas y merced a las políticas activas aplicadas para enfrentar la crisis internacional. Esto debe ser resaltado.
Por supuesto que es necesario seguir apostando al crecimiento, al desarrollo y al aumento del nivel de empleo, pero el mantenimiento de los niveles de actividad aun a pesar de las condiciones internacionales, es un logro que merece ser destacado y creo que sólo se aprecia en su real dimensión cuando observamos lo que ha estado pasando durante este tiempo tanto en Estados Unidos como en los países más desarrollados de Europa.
Por supuesto que la crisis financiera tuvo impacto en la Argentina, pero resalto que se ha enfrentado con entereza y dignidad, y no de casualidad sino como consecuencia de estos logros que mencionaba recién.
Seguramente que hay muchas cuestiones para mejorar hacia el futuro. El diputado preopinante hacía referencia a algunas de ellas, y nosotros coincidimos con ello.
El esquema tributario en nuestro país debe ser reformulado seriamente. Esto debe hacerse en forma consensuada y luego de haber llevado a cabo debates importantes a fin de que se tome conciencia de que la primera forma de redistribución de la riqueza está dada justamente por el régimen tributario. Es decir, no sólo es importante la aplicación del gasto sino cuánto se cobra de impuestos, cómo y a quién. En ese sentido, el impuesto al valor agregado, que es la mayor fuente de financiamiento del presupuesto, debe ser modificado en algún momento en lo que respecta a eximir a algunos productos –los básicos- o establecer tasas diferenciales. En definitiva, reformularlo de modo que resulte más progresivo y progresista.
Lo mismo sucede con el régimen de los impuestos directos, cuyos recursos hace falta incrementar. En nuestra opinión, esto pasa fundamentalmente por varios aspectos.
Por un lado, es necesario restablecer el impuesto a la herencia, tal como lo hemos planteado en iniciativas que hemos presentado. Aun en los países más liberales del mundo este impuesto existe y forma parte de su estructura tributaria. En nuestro país fue derogado durante el régimen militar y nunca más fue restablecido. A nuestro entender, este impuesto tiene que alcanzar a los millonarios, a los sectores más favorecidos de la sociedad y no a la clase media. Creo que nos debemos este debate, que ojalá sea próximo y en este ámbito, para que las exenciones injustas e injustificables que tiene el impuesto a las ganancias nuevamente sean dejadas sin efecto. Básicamente, creo que la renta financiera debe ser gravada.
Además, también las remuneraciones de los jueces deberían estar alcanzadas por el sistema tributario, no tanto por su aspecto cuantitativo, sino cualitativo, en virtud del carácter ejemplificador de la medida.
El presupuesto contempla un crecimiento que está en línea con la actividad económica. Para sostenerlo, a pesar de sus defectos, es necesario mantener el sistema de ingresos, que se basa principalmente en los impuestos cuya prórroga se plantea en esta sesión.
En cuanto a la reformulación del régimen tributario, deberíamos reconsiderar el gravamen creado en 2001, que presenta características distorsivas, aunque constituye una fuente importante de recursos para el presupuesto nacional; me refiero al impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Las prórrogas son necesarias para sostener el gasto. En cuanto a su extensión temporal, el Congreso, en virtud de una disposición constitucional, debe valorar el establecimiento de este tipo de gravámenes y el tiempo por el cual se prorrogan.
Finalmente, en relación con la flexibilización del régimen de responsabilidad fiscal, me parece que ello está en línea con la necesidad de financiamiento que tienen las provincias y con los problemas que han debido enfrentar.
El proyecto ha sido ampliamente consensuado con los gobernadores y con los representantes de las provincias. La idea de la concertación federal, tantas veces declamada y pocas veces ejercida, queda reflejada en este proyecto, que seguramente contará con un amplio consenso, producto de los acuerdos previos que lo han precedido.
Por todo lo expuesto, hago votos para que la senda de crecimiento se sostenga en el tiempo. Aun cuando el gobierno presente déficits en diversas materias y existan cuestiones opinables, creo que los méritos y logros reflejados en el presupuesto tienen que ser resaltados.
Hoy, vamos a aprobar una iniciativa que justamente tiene como objetivo conseguir lo mejor para el bienestar general de los argentinos.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

sra. MONTERO, LAURA GISELA.- Señora presidenta: como he repetido muchas veces en este Congreso, los proyectos de ley no se pueden tratar en abstracto, y menos el presupuesto nacional, que es una ley fundamental porque justamente lo que hace es avalar un plan de gobierno.
Quiero hacer un poco de historia y preguntarme de qué plan de gobierno estamos hablando con el tratamiento de este proyecto de ley de presupuesto en particular. Para encontrar la respuesta hay que referirse a lo que la señora presidenta de la Nación propuso en su campaña, con lo cual logró el voto de la ciudadanía, y también a lo que expuso en este Congreso cuando asumió como presidenta de todos los argentinos.
En ese momento, la presidenta de la Nación habló de un modelo de país, de un país que tenía que trabajar sobre la calidad institucional, en la política institucional, que debía promover el desarrollo económico con inclusión social y también tratar de generar estrategias de internacionalización creciente.
No pretendo aquí tratar de hablar sobre lo que implicaría llegar a estos objetivos porque no he hecho un dictamen de minoría, que tal vez es algo demasiado pretencioso para un diputado, porque en la composición de un presupuesto trabajan varias áreas de gobierno para justamente tratar de desarrollar los objetivos que un plan de gobierno se propone.
Pero sí quiero decir que veo que algo debe haber pasado para que de repente la presidenta empezara a violentar sistemáticamente estas convicciones e ideas que desarrolló tan claramente a lo largo de su campaña y que también expuso en este Congreso. Se debe haber sentido muy amenazada, porque de pronto comenzó a generar enemigos y empezó una clara política de confrontación.
Debo decir que durante estos casi dos años en que estoy ocupando una banca en esta Honorable Cámara, la presidenta ha confrontado con la Iglesia, el Fondo Monetario, los medios, los que piensan distinto, con el campo, y lamentablemente creo que esta política de confrontación le hizo perder absolutamente el rumbo de su plan de gobierno. Pienso que cambió el objetivo que pasó a ser sostenerse en el poder y acumular más poder.
En ese escenario avanzó frente a este Congreso, avasallando esta institución, perdiendo el espíritu republicano, perdiendo la posibilidad de que la ley impere sobre todos nosotros, transgrediendo el ritmo de los trabajos en comisiones con el uso y abuso de las mayorías y también de las sesiones. Esto lo hemos visto repetidamente en el tratamiento de estos últimos proyectos de ley.
Ni hablar del tratamiento express de este presupuesto, porque sólo llevamos dos semanas y media y hemos tenido que abordar el análisis de la responsabilidad fiscal, de las prórrogas en materia impositiva y de este mismo presupuesto.
No le ha bastado a la presidenta avanzar sobre el Congreso, sino que la amenaza que tal vez sienta la ha llevado a avasallar otra de las instituciones, que es el Poder Judicial. Para qué mencionar lo que ha pasado con el Consejo de la Magistratura y lo que sucede actualmente con los jueces, con la presión que tienen; ni hablar de cómo se maneja la Justicia en este momento, siendo que hay jueces a los que se les perdonan 38 causas de tratamiento de juicio político.
También avanzó con los organismos de control, con el INDEC, para manejar la estadística pública, por lo cual es poco lo que podemos saber sobre los supuestos macroeconómicos con los cuales vamos a evaluar este presupuesto y hemos evaluado el del año pasado.
No le bastó la suma del poder público resumido en estos organismos sino que avanzó también sobre el poder de la información con una ley –precisamente esta mañana estuvimos en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales por la cantidad de cuestiones de privilegio que se plantearon que no tuvo el tratamiento adecuado.
Yo dije que era una ley hipócrita, porque los objetivos nobles que se perseguían con esa norma –en la que trabajó muchísima gente en este país no se condecían con su articulado y posiblemente nos llevará a acallar muchas voces en este país y a escuchar solamente la voz oficial, a la que también seguramente se va a contribuir –como ya hemos visto en la ejecución del presupuesto de 2009 con cuantiosas sumas para la publicidad oficial.
También me preguntaba qué otra suma de poder se requería, y sin lugar a dudas la suma de poder que se requiere ahora es la de los recursos y la discrecionalidad en el manejo de los mismos.
Es decir que nosotros podemos tratar de ver qué hacemos con este presupuesto: es decir, si defendemos este modelo original –que bien expuso el señor diputado Marconato en su presentación- o este otro de construcción voraz de poder y arrollador de todos los poderes del Estado y del equilibrio, que no responde al bien común.
Basta ver los resultados del ejercicio 2009 y de la ejecución presupuestaria del mismo año, que es algo cercano como para tener en cuenta. Creo que una gestión de gobierno no sólo se juzga por cuestiones subjetivas –en ese aspecto, la gente ya opinó el 28 de junio sino también por cuestiones objetivas.
En el caso del presupuesto para 2009 nuestro bloque lo avaló, pero hizo algunas menciones particulares y presentó disidencias respecto de algunos artículos. Por ejemplo, cuestionaba los recursos presupuestarios porque desconfiaba de los presupuestos macroeconómicos. Debo decir que casi cumplió con los recursos presupuestarios, porque proponían un crecimiento del 15 por ciento y llegaron al 12 por ciento. Además, hubo una crisis económica. Pero queda claro que no llegaron de la manera que estaba prevista presupuestariamente sino que, por el contrario, llegaron acumulando recursos por vía de la ANSES y tal vez confiscando el futuro de millones de jubilados actuales y futuros de la Argentina.
Dentro de los recursos presupuestarios de 2009, la ANSES se ha transformado prácticamente en el componente esencial que no sólo sirve para recursos sino también como un fondo anticíclico o una caja de reservas para emitir bonos, sacar fondos frescos y netear deudas para poder refinanciar un superávit que no tuvieron. Por lo tanto, no se pudo pagar con esto el desfinanciamiento que tenía el Estado.
No se recaudó lo que correspondía con el impuesto a las ganancias, no se recaudó lo que correspondía por exportaciones debido a esta política confrontativa, y más allá de eso, se fugaron millones de dólares por las políticas llevadas adelante.
Por todo ello, debo decir que no se cumplió con los objetivos presupuestarios. Y hoy tampoco podemos confiar en este presupuesto con los supuestos que actualmente nos están dando.
En aquel momento también cuestionamos la composición de los impuestos, es decir, el régimen tributario o impositivo. Dijimos que debíamos ir hacia un régimen mucho más progresivo y no tan regresivo, que vaya eliminando paulatinamente el impuesto al cheque y mientras siguiera vigente se coparticipe y que vaya mirando muy bien el tema de las retenciones, porque si bien era una medida que se justificó al principio de la devaluación, debía ir revisándose gradualmente porque era un recurso tributario de altísima volatilidad.
Sin embargo, se insistió con eso, y es por ello que este año tampoco vemos nada nuevo en cuanto al régimen impositivo que se plantea. También planteamos el año pasado la cuestión de los superpoderes y dijimos que no se pueden manejar discrecionalmente los recursos del Estado. Se acababan de mover 36 mil millones de dólares por un decreto de necesidad y urgencia para acomodar los números y pasarlos al presupuesto de 2009.
Exactamente lo mismo ha pasado en la ejecución presupuestaria de 2009. Ya se llevan acomodados prácticamente 14 mil millones de pesos. Cuestionamos también en aquel momento el mecanismo de coparticipación.
Creo que este régimen de acumulación de recursos ha doblegado a las provincias. Les ha permitido manejarlas de tal manera que les han quitado absolutamente toda autonomía política y financiera.
Hemos visto cómo con el uso de la mayoría y el doblegamiento de las provincias, éstas van perdiendo poco a poco su autonomía. Quiero mencionar algo del presupuesto de 2009: cuando se ve la distribución que ha hecho el ministro De Vido de los gastos de infraestructura, se observa que hay provincias como Tierra del Fuego a la que se destinaron alrededor de 1.700 pesos per cápita y otras, que no son tan amigas, como bien se quejaron hace poco los amigos de San Luis, recibieron 45 pesos. De esta discrecionalidad estamos hablando.
Las provincias no reciben lo que corresponden por vía automática y por coparticipación sino que las obligan a doblegarse. Quiero decir que éstos, que son los resultados objetivos del presupuesto 2009, no han dado un resultado muy feliz como se pretende mencionar aquí o como dijo el señor diputado Marconato al presentar el presupuesto.
Lejos de ello ha caído la actividad económica en todos los indicadores, ya reconocidos por el INDEC. El hecho de que lo reconozca el INDEC es mucho decir, porque sabemos cómo están adulterados todos sus números y conocemos la liviandad con que se miran los números de la economía en nuestro país, bajo los ojos de este organismo que ha sido terriblemente manipuleado.
Estos resultados no sólo se traducen en la caída de la actividad económica, pudiéndose medir por cualquiera de los indicadores que se han dado últimamente, sino que también han provocado un estancamiento de las variables sociales. Estamos nuevamente sumidos en la pobreza y en la marginación.
Este modelo de acumulación de recursos y de poder no hace más que degradar las condiciones de la ciudadanía argentina, no cumpliéndose los objetivos del bien común. Como bien señalaba el señor diputado Lozano, seguimos con una deuda social importantísima del 26 por ciento de pobreza.
Debemos ver entonces qué estamos votando hoy con este proyecto de presupuesto. Los supuestos macroeconómicos otra vez caen bajo sospecha porque también están manejados. A pesar de eso, aparentemente los recursos presupuestarios podrían ser medianamente creíbles más allá de que parten de una base impositiva totalmente distorsiva.
Debo decir aquí que firmamos un dictamen de minoría con respecto a la prórroga impositiva porque pensábamos que debe ser el próximo Congreso el que debe rever una reforma impositiva integral que atienda a lo que dije anteriormente, es decir, impuestos progresivos y no regresivos, que tienen un efecto cascada y terminan afectando las posibilidades de consumo de la población.

Independientemente de eso, si evaluamos el destino de los recursos advertiremos que de un total de 353 mil millones de pesos se destinan a las provincias nada más que 92 mil millones. Es decir que una vez más caemos en la situación de otorgar a las provincias sólo el 26 por ciento de los recursos, incumpliendo así con la ley de coparticipación.
Otra vez este presupuesto va a determinar el sometimiento de las voluntades provinciales al obligar a los gobernadores a pedir que por favor se planifiquen obras y, lo que es peor, al tratar de manejar las deudas provinciales tal como lo establece el artículo 74 de este proyecto de ley de presupuesto.
Pienso que el mayor inconveniente que presenta el presupuesto para el año próximo es la manera como se han planteado los gastos presupuestarios. Se ha diseñado un mecanismo que sigue exactamente la misma lógica planteada en 2009 y defiende exactamente el mismo modelo pero con muchísimos menos recursos. Digo esto porque en lugar de proyectarse un crecimiento del gasto medianamente razonable, como para decir que se desarrollará una política contracíclica en un contexto de crisis, se prevé un gasto del 12 por ciento. No sé cómo van a hacer para sostener un gasto de ese nivel cuando los presupuestos han venido creciendo en el orden del 30 o 35 por ciento.
Lo más curioso es hacia dónde van las reducciones del gasto. ¿Es creíble que se pueda sostener un incremento del gasto en remuneraciones del 15 por ciento cuando el año pasado ha debido destinarse el 39 por ciento? ¿Es creíble que las transferencias corrientes puedan crecer sólo un 8 por ciento cuando se han venido incrementando en el orden del 15 o 20 por ciento? Las transferencias corrientes son las que se han hecho a provincias y a empresas para sostener subsidios.
Es decir que este presupuesto tendrá que ser manejado muy bien políticamente para evitar problemas salariales y conflictos con el sector del trabajo, además de los inconvenientes que pueda haber con las provincias.
A esto debemos agregar el “tarifazo”, porque se baja absolutamente todo lo que se ha venido sosteniendo en materia de subsidios al transporte y a la energía. En verdad, esta cuestión no me preocuparía tanto porque, como hemos expuesto en otras oportunidades, debería haber una recomposición tarifaria aunque no de la manera como se ha pretendido manejar la recomposición de los gastos efectuados por el sistema energético, que dicho sea de paso no se condicen con un plan sustentable a largo plazo.
Este sistema tarifario, que ha enmascarado la realidad pese a que ha sido presentado como la gran política energética del país, llevó a la postergación de las soluciones de fondo en materia de energía nacional.
Este presupuesto avala el desarrollo de la energía nuclear de la misma manera que en otras oportunidades se avaló el desarrollo de la energía hídrica. Sin embargo, no se contempla la realización de obras trascendentes como Portezuelo del Viento, una obra de mi provincia para sostener el planteo original sobre las obras hidroeléctricas.
Si proyectamos la matriz a futuro, nos daremos cuenta de que no hay políticas de Estado en un tema esencial como el sistema energético nacional. Ya conocemos las consecuencias que esto puede traer cuando la Argentina creció a un ritmo importante y necesitó recurrir a la energía. La energía fue la que puso freno y por ello tuvimos que paralizar las industrias y también el trabajo.
Este presupuesto no va hacia los problemas estructurales; no nos conduce a los objetivos trascendentes que debiera estar protegiendo; sigue orientado hacia la acumulación de poder, y lo peor de todo es que no sólo se propone este manejo del sistema político de información y de recursos sino también que pretende avanzar sobre la ciudadanía.
Es lamentable, como se ha propuesto, la caída de los recursos volcados al sistema de salud y viviendas para no desarrollar temas fundamentales que hacen a sectores muy vulnerables de nuestra población. Sin embargo, uno de los programas más importantes que se ha creado se vincula con la defensa de las cooperativas de trabajo que enmascaran el trabajo real e irán a parar al conurbano bonaerense.
La ciudadanía dio muestras claras. No crea el matrimonio presidencial que habiendo avasallado al Congreso, a la Justicia y queriendo avasallar al poder de la información podrá también avasallar a la ciudadanía. La ciudadanía ya ha tenido práctica y ejercicio democrático, y no va a seguir sosteniendo este modelo de construcción de poder que muy lejos está del bienestar de todos los argentinos.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.

sra. PETIT, MARIA DE LOS ANGELES.- Señora presidenta: trataremos de sintetizar las ideas que tenemos sobre estos tres proyectos de ley tan importantes y diferentes entre sí, aunque contengan algunos elementos en común.
Nuestro bloque va a votar negativamente las tres normas porque entiende que no cumplen con los objetivos que desde nuestras provincias se plantean.
En primer lugar, quiero destacar que el bloque Peronismo Federal comparte el reclamo que hizo el señor diputado Viale, del Partido Socialista, sobre la inclusión en el presupuesto de los fondos necesarios para el dragado del río Uruguay; una obra que mi provincia espera desde hace años y que resulta necesaria e indispensable para su producción. No obstante, todos los años recibimos promesas en este sentido, pero lamentablemente estos recursos nunca se encuentran incluidos en el presupuesto.
No voy a profundizar en el análisis de esta iniciativa, porque ya lo han hecho de manera técnica y especial otros señores diputados.
Este proyecto de ley demuestra cuáles son los objetivos de gestión de este gobierno, a través de los fondos que aplica en cada una de las áreas. Amplía los poderes discrecionales del Poder Ejecutivo y torna irreales muchas de las sumas allí fijadas; disminuye partidas en áreas sensibles como salud y vivienda, aspectos que para nosotros son fundamentales, y reafirma y profundiza la utilización de indicadores estadísticos macroeconómicos que todos reconocen como inexactos. Por lo tanto, estamos partiendo de informaciones que no son ciertas y por ello creemos que este proyecto de ley de presupuesto no puede ser considerado en su totalidad.
Quiero referirme ahora a un tema que es tan importante como el presupuesto nacional. Me refiero a la suspensión de algunos artículos de la ley de responsabilidad fiscal. Desde la crisis del año 2001 uno de los mayores avances que hemos tenido institucionalmente ha sido en los sistemas de administración financiera. En el ámbito de las finanzas públicas se destacan dos leyes: la ley de administración financiera y la 25.917 de responsabilidad fiscal.
La ley de responsabilidad fiscal establece un sistema de normas que, en simples palabras, está destinado a que los gobiernos, tanto la Nación, las provincias como los municipios que se adhieran, no incurran en desequilibrios presupuestarios y endeudamientos extensivos, y administren con prudencia sus gastos.
La suspensión que plantea el proyecto que hoy estamos tratando significa para nosotros un retroceso que pone en riesgo las finanzas provinciales y municipales en el mediano y el largo plazo debido a que la liberación del tope de endeudamiento del 15 por ciento de los recursos corrientes que establece el artículo 21, la modificación del artículo 10 que fija un límite al incremento del gasto público primario y la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias que permitirían incrementar los gastos corrientes en detrimento de los de capital, acarrearían en los próximos años consecuencias similares a las que dieron origen a otras crisis en nuestro país.
Todos conocemos la reiterada falta de planificación en materia fiscal que ha generado déficits crónicos y recurrentes que se mitigaron o pretendieron mitigar mediante excesivos endeudamientos. El ejemplo más cercano es lo que sucedió en 2001, que produjo un deterioro en el ámbito económico, social y político que se tradujo rápidamente en un quiebre en el orden institucional.
En los años siguientes, 2002 y 2003, la Nación, las provincias y los municipios comenzaron con un fuerte proceso de reordenamiento de sus finanzas aplicando diversos mecanismos de comportamiento fiscal. En esto fue fundamental la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal.
Da la casualidad de que la mayoría de los miembros de nuestro bloque no proviene del ámbito legislativo en su experiencia. Todos trabajamos en el Poder Ejecutivo durante la crisis del 2001, y posteriormente junto con un equipo de entrerrianos nos hicimos cargo de nuestra provincia y del estado en que se encontraban sus finanzas y las de sus municipios.
Yo no fui, como mis compañeros, una simple observadora de la crisis del 2001 y de lo que significó salir de ella en el sistema financiero provincial. Realmente fuimos trabajadores de este tema, y con la ayuda de la ley de responsabilidad fiscal pudimos reordenar nuestras finanzas.
Es importante decir esto porque muchos de los que hablan aquí de la ley de responsabilidad fiscal sólo conocen su articulado por haberlo leído, pero esa ley fue el elemento que nosotros tuvimos para reordenar nuestras finanzas. Durante 2003 y 2004 empezamos un proceso que terminó casi a mediados del 2004 con nuestros municipios y nuestra provincia con un superávit fiscal que nos permitió encarar esta crisis producida en 2008 y 2009 de una manera mucho más sencilla, al no tener el nivel de endeudamiento que se hubiera mantenido de proseguir con el anterior sistema.
Ustedes saben que Entre Ríos, como el resto de las provincias, sufrió una crisis nacional a lo que se sumó una grave crisis interna producto de la emisión de la cuasi moneda, el famoso bono Federal del gobierno radical de Sergio Montiel, que ya antes de los saqueos de diciembre de 2001 se cotizaba al 50 por ciento en la provincia. A esto había que sumar la grave crisis en la que se encontraban los municipios debido a la salida de la convertibilidad.
Todo esto motivó que trabajáramos fuertemente en tratar de encauzarlos y encasillarlos dentro del 15 por ciento de deuda, que era lo que la ley de responsabilidad fiscal exigía para poder ingresar al Programa de Financiamiento Ordenado. Fue bajo el amparo de esa ley que pudimos hacerlo, y desde 2004 se comenzó a revertir el proceso, hasta tal punto que la necesidad que teníamos de dar respuesta concreta a la comunidad, y que no podíamos brindar en el contexto de la crisis nacional, nos tornó más creativos y con mucho sacrificio y trabajo tanto la provincia como los municipios pudieron hacer mucho más eficientes sus sistemas de recaudación aumentando sus ingresos propios. Sin temor a equivocarme podría decir que a partir de 2004 las recaudaciones propias superaron a los fondos coparticipables.
En ese momento, el gobierno provincial hizo su aporte al descongelar los índices de coparticipación provincial. En nuestra provincia se descongelaron índices de coparticipación que eran del orden del 9 por ciento desde 1993 y se llevaron a un 12 por ciento en 2006.
La ampliación de la coparticipación provincial no hizo perder o resignar poder, como algunos piensan cuando se habla de modificar la ley de coparticipación. No hay provincia fuerte y ordenada sin municipios fuertes y ordenados, como no hay un Estado nacional económicamente viable sin provincias que lo sustenten.

Estos son principios del sistema federal que lamentablemente hay que estar repitiendo cuando se tratan estos temas.
Hoy, dos años después de haber finalizado nuestro gobierno, nos encontramos con que se trata de repetir la misma historia a la que llegamos en 2001, es decir, buscar en el endeudamiento sin control una respuesta a los graves problemas de administración y gestión que tienen las administraciones provinciales.
Los que impulsan la reforma de esta ley, ¿creen que el endeudamiento es la solución para resolver los problemas financieros que tienen los gobiernos provinciales? Nosotros creemos que no. Entendemos que los problemas de financiamiento que tienen las provincias en este momento son resultado de la renuncia sistemática y constante de los recursos.
Consideramos que la gran mayoría de nuestros gobernadores e intendentes han perdido sus convicciones en el juego perverso que le ha impuesto financieramente el gobierno nacional. Más aún: creemos que muchos gobernadores e intendentes han perdido su dignidad con este gobierno
¿Creen realmente que quienes rinden pleitesía y hacen cola para pedir fondos al gobierno nacional están realmente comprometidos con un proyecto nacional? ¿No será que necesitan de las migajas que el gobierno nacional distribuye arbitrariamente para poder gobernar y poder cumplir mínimamente con su compromiso de gestión? Nosotros creemos que es esto lo que está pasando. Este sistema perverso no es obra de la casualidad, ya que ha degradado nuestras instituciones en lugar de mejorarlas. Ha logrado que perdamos de vista el país republicano y federal que todavía –gracias a Dios algunos seguimos defendiendo.
No nos quedamos en el análisis de la crítica, porque creemos que existen alternativas viables para evitar ingresar en esta área sumamente peligrosa que significa suspender los artículos de la ley de responsabilidad fiscal.
Entendemos que la respuesta consiste en trabajar para lograr que nos reconozcan nuestros derechos, que la distribución de fondos Nación-provincias sea equitativa, justa y equilibrada. Además, deben ser contemplados todos los ingresos que por distintos caminos nos ha hecho perder la ley de coparticipación.
De ahí que estemos de acuerdo con reformar la ley del impuesto al cheque, aumentando o duplicando su porcentaje de coparticipación. También coincidimos con los proyectos que piden la redistribución de los remanentes de fondos del aporte del Tesoro Nacional. Coincidimos con la ampliación del Fondo Federal Solidario que tan alegremente se publicita, dando a las provincias la posibilidad de percibir la totalidad de la coparticipación de los derechos de exportación cobrados por el Estado nacional.
Ayer leí algunas declaraciones del presidente del bloque del Frente para la Victoria, hablando de la distribución de las sumas del Fondo Federal Solidario.
La provincia de Entre Ríos ha aportado, en la campaña 2007-2008, más del 7 por ciento de la producción total de soja del país, lo que representa algo así como 3.300.000 toneladas. En el presupuesto 2010 nos asignan un magro 4,72 por ciento, que equivale a 340 millones de pesos. Esto para nosotros significa una limosna del gobierno nacional a una de las provincias que más aporta en concepto de derechos de exportación. Por otro lado, esos derechos de exportación no deberían existir. Tendríamos que estar discutiendo su eliminación gradual. Pero cada vez que tratamos el tema estamos hablando de su prórroga.
También solicitamos al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de los convenios de asistencia financiera entre los Estados provinciales y la Nación. Creemos que el Estado nacional es el que debe resolver el problema de las deudas provinciales, sin empujarlas a un endeudamiento que las va a hacer depender cada vez más de él.
Fundamentalmente, entendemos que se debe cumplir con la ley de coparticipación federal.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

sra. PETIT, MARIA DE LOS ANGELES.- Es interesante observar que con el transcurrir de los años se han producido cambios, porque existen muchos mitos en relación con el tema.
Durante el gobierno justicialista de 1975, el 52,4 por ciento de los ingresos se coparticipaba a las provincias. En 1982, durante un gobierno de facto, la coparticipación era del 32,6 por ciento. En 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se dictó la ley 23.548 y se comenzó a distribuir el 56,60 por ciento. En 1999, el gobierno de Carlos Menem distribuía el 43 por ciento. En el año 2000, cuando asume Fernando de la Rúa, y previo a la crisis del 2001, la distribución era del 40,9 por ciento. En 2008, la distribución fue del 29 por ciento, y actualmente estamos en un porcentaje que equivale al 26 por ciento.
Este es el peor gobierno de la historia en cuanto a la distribución de los ingresos por coparticipación, a lo que hay que sumar todos los artilugios financieros que se han creado en los últimos años para no entregar a las provincias los fondos que realmente necesitan y les corresponden.
Por estas razones, no estamos de acuerdo con la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal. En 2007, trabajamos y luchamos mucho para lograr que nuestra provincia tenga un superávit fiscal, y lo logramos.
Luchamos mucho para recuperar a todos nuestros municipios y no pensamos que tengamos que volver atrás y retroceder en este tema. Además, estamos seguros de que de esta reforma no se vuelve más. ¿Ustedes piensan que en 2011, en pleno año electoral, vamos a pedirles a las provincias que vuelvan al 15 por ciento de endeudamiento? Eso es totalmente irreal.
Con respecto a la prórroga de los impuestos, quiero decir, en primer lugar, que esta ley es una mezcla de impuestos y prórrogas, donde nada tiene que ver uno con el otro. Surgieron en diferentes etapas y algunos ni siquiera deberían existir, como ocurre con el impuesto al cheque.
Nosotros partimos de la base de que hay impuestos que no deberían existir. Podríamos ser benévolos y entender que hay necesidades económicas para prorrogar estos impuestos. Incluso, podríamos decir que hay razones políticas para prorrogarlos ya que el 11 de diciembre de 2011 la presidenta Kirchner termina su mandato y seguramente en estos dos años que restan –y frente a los últimos resultados electorales necesita reforzarse económicamente.
Esta reforma me sugiere algunas preguntas. Estamos hablando de prorrogar impuestos por dos años: ¿pensamos continuar en emergencia económica por diez años más? ¿Pensamos que las condiciones económicas, políticas, financieras y sociales se van a mantener en los próximos diez años? Es muy infantil pensar que en este contexto de economía globalizada se pueden mantener estas condiciones durante diez años.
Si el objetivo es político, también es pueril pensar que el poder efímero que se construye con prebendas se mantenga durante diez años, hablando siempre de un marco democrático de gobierno, por supuesto.
Partimos de la idea de que particularmente este impuesto no debería existir, de que no deberíamos estar año a año discutiendo su prórroga sino que tendríamos que estar debatiendo su eliminación gradual, y no su profundización, como ocurre en este caso.
Si nosotros decidiéramos derogarlo, seguramente traeríamos estabilidad y previsibilidad, tal como ayer dijo algún diputado en un medio de comunicación. Evidentemente, el Poder Ejecutivo no tiene la más mínima intención de cambiar este sistema impositivo. Parece que trata de no atraer inversiones sino que, muy por el contrario, procura alejarlas.
Nosotros necesitamos dar un marco no solamente financiero sino también jurídico, pero dentro de dicho marco, como legisladores y dirigentes políticos, tenemos que tratar de lograr que, aunque sea, trabajemos ya no para eliminar este impuesto sino para ir gradualmente coparticipándolo a los efectos de que las provincias reciban realmente lo que les corresponde.
Esta discusión ya la hemos dado, señor presidente. Desde hace varios años se ha venido dejando constancia de las posturas contrapuestas con respecto a este tema. Algunos podrán pensar que es inútil seguir hablando sobre esto. Año tras año, sesión tras sesión se repite lo mismo: se habla del federalismo, de la necesidad de las provincias de tener lo que les corresponde y de dejar de venir a pedir al gobierno nacional que “por favor” le digiten una obra. Esta es otra cuestión que debe tenerse en cuenta: las obras se digitan desde la Capital Federal. Es triste ver cómo en mi provincia, en el medio del campo, se construye una escuela de dos pisos con ascensor cuando a dos cuadras hay una escuela rancho. Realmente, no tienen idea de la realidad que vive cada una de las provincias.
Quiero finalizar diciendo algo que me parece que es ideal, sobre todo en este período antes del 10 de diciembre. Hay que recordar que el poder, y sobre todo el poder político no es eterno. Pareciera que muchos, cuando se tratan estas leyes, se olvidan de ese pequeño detalle. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

sr. ACUÑA, HUGO RODOLFO.- Señor presidente: hoy, 14 de octubre, el país y este Parlamento están discutiendo uno de los temas más importantes para la República, como es el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos. Quizás las leyes de presupuesto nos marcan el reflejo del país que somos, del país que queremos, en el que están cifrados nuestros sueños y expectativas. Pero por sobre todas las cosas este proyecto, que tiene una certeza matemática –porque la matemática no miente- tal vez nos marque el rumbo hacia donde vamos.
Esta norma abarca muchas prórrogas de impuestos, razón por la cual solicito autorización para una inserción.
Vemos un presupuesto para el año 2010 que es una muestra clara y concreta de la continuación de las políticas económicas y sociales instaladas por este gobierno y por esta administración nacional desde hace más de seis años. Esta es una herramienta política, una herramienta de gestión que presenta ante este Congreso un programa que no es ni más ni menos que el trazado de su propuesta política. En este recinto procuramos actuar con solidaridad y tratamos de hacer todos los aportes necesarios porque, como decía el genial Juan Bautista Alberdi, la Nación es un invento de las provincias. Este es el reflejo del país que queremos a futuro.
La Carta Fundamental de 1853 que se forjó en el yunque del federalismo ha sufrido una suerte de disminuciones que se han reflejado en este presupuesto.
El debate que nos debemos dar es fundamentalmente el referido a la cuestión tributaria y a un sistema de coparticipación que nos contenga a todos. Esto no es responsabilidad de este gobierno solamente. Desde 1853, esto es, desde hace más de 150 años de la vida institucional de la Argentina, nos encontramos en la más fenomenal concentración de poder, riqueza y también pobreza. En todo este tiempo hubo muchas interrupciones de nefastos gobiernos de facto. Pero hemos recuperado esta democracia, aunque para ello se ha derramado el sudor y la sangre de nuestros hermanos, hijos y de todos aquellos que han sufrido.
Los datos estadísticos nos revelan que en el uno por ciento del territorio nacional, compuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos aledaños de La Plata, Berisso y Ensenada, se concentra el 37 por ciento de la población total del país. En este territorio se consume el 50 por ciento de la energía que produce el país y también se produce el 57 por ciento de los bienes. Esto no es responsabilidad de quienes se afincaron en esta zona, sino que también tiene que ver con los presupuestos.
Esta distribución de recursos que se está haciendo padece de una enfermedad que podría llamar gigantismo, macrocefalia, o una especie de deformante reuma institucional, que es la más clara muestra de que en los más de 150 años de vida institucional no hemos podido encontrar el remedio curativo a esta patología, que deberíamos alcanzar con éxito, a partir de consensos y disensos.
La ley de leyes es una herramienta, y no me voy a plantear acertijos respecto a qué pasaría o cómo estamos. Como la única verdad es la realidad, creo que el nivel de coparticipación es uno de los problemas que plantea el presupuesto en estas certezas matemáticas y fárrago de números, lo que a veces torna difícil lograr una comprensión generalizada, ya que se encuentra en el piso más bajo de los últimos cincuenta años.
Para el próximo año, la distribución de recursos del proyecto de presupuesto es de casi 24 por ciento para las provincias y 76 por ciento para la administración nacional. En 2009, fue del 24 por ciento; en 2008, 25; y en 2007, menos del 27. Ante estos descensos, creo que quizás se ha incumplido con una manda constitucional, haciendo que el presupuesto no refleje el país que soñaron nuestros fundadores.
Estos descensos en el nivel de recursos coparticipados a las provincias tienen como principales causas leyes que han detraído fondos de los recursos coparticipables.
Así podríamos mencionar el artículo 21 de la ley 24.463, que detrae el 20 por ciento del producido del impuesto a las ganancias a fin de destinarlo al sistema de seguridad social y la atención de las obligaciones nacionales previsionales.
Un acuerdo entre el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales se suscribió en agosto de 2002, y fue ratificado por la ley 24.130, autorizando al Estado a detraer un 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables para atender las obligaciones previsionales nacionales y los gastos operativos que siempre el Estado consideró necesarios.
La ley 25.413 prevé que ingresará al Tesoro nacional el 70 por ciento de lo recaudado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios. También está la ley 23.966, que deriva el 11 por ciento del producido por el impuesto al valor agregado al régimen de previsión social. La ley 24.977, de monotributo, destina el 71 por ciento a la ANSES y sólo el 29 a las provincias.
Las correcciones que deberíamos hacer a esta propuesta deberían adecuarse a la disposición transitoria de la Constitución, que previó que en 1996 deberíamos tener una nueva ley de coparticipación. Desde 1996 hasta la fecha existe una mora legislativa.
Estamos en deuda con esta disposición transitoria, que sostiene: “Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año mil novecientos noventa y seis…”.
Creo que ya ha transcurrido demasiado tiempo y muchos presupuestos han pasado. Esta deuda legislativa no sólo la tienen el país y el Congreso, sino que todos nos debemos este debate.
En esta disposición transitoria el constituyente dejó en claro que no se afectan los reclamos administrativos ni judiciales. Todos los distritos mantienen un índice de litigiosidad, reclamando al Estado nacional lo que no se les coparticipa según lo que les correspondería.
A estas detracciones debe sumarse, como causa del bajo nivel de coparticipación, el acuerdo entre la Nación y las provincias sobre la relación financiera y las bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos, que se suscribió en febrero del año 2002 y que luego fuera ratificado, que dejó sin efecto las garantías de los niveles a transferir por el gobierno nacional, con lo que quedó suspendido lo que está previsto en el artículo 7° de la ley 23.548, que es el régimen transitorio de coparticipación.
Este acuerdo transitorio establecía con claridad meridiana que el monto a distribuir no podía ser inferior al 34 por ciento de la recaudación de los recursos tributarios nacionales, tuvieran o no el carácter de distribuibles que les daba la ley.
Luego siguieron otros marcos normativos que fueron fagocitando los recursos provinciales, porque la Nación siempre se ha valido de los recursos de las provincias, que fueron preexistentes a la Nación. Neuquén se incorporó como provincia del territorio nacional por la vieja ley provincial 1.530, en 1957. Desde un principio el Movimiento Popular Neuquino se resistió a vivir pobre en una tierra rica e hizo una férrea defensa de sus recursos.
Tiene el dominio de sus recursos conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, y hasta el día de hoy estamos buscando el sendero de precios, porque como titulares del dominio merecemos estar en la mesa de negociaciones para fijar el valor de nuestro gas en boca de pozo. Nuestro gas alimenta a la Nación con solidaridad.
Nosotros pretendemos para los neuquinos que un recurso no renovable que sale de las entrañas de nuestro territorio pueda incrementar las arcas, darnos una calidad de vida distinta y estar contemplado en nuestro presupuesto.

La creación del Sistema Integrado Previsional Argentino quita fundamento a las detracciones que tienen como destino aumentar los recursos de la ANSES, que fueron establecidas ante la creación del sistema de las AFJP para compensar al Estado nacional por la pérdida de los aportes que tiene actualmente la ANSES, que hoy es superavitaria, siendo que muchas provincias hoy son deficitarias.
Tampoco quiero dejar de resaltar que la recaudación del impuesto a las ganancias se ve reducida también por los derechos de exportación, que ingresan exclusivamente al Estado nacional, más allá de la distribución federal que se ha hecho.
Hablando de cifras, el 23 por ciento previsto para el próximo año implica algo más de 82.000 millones sobre un total de recaudación de 353.000 millones. Si se cumpliera esta garantía del 34 por ciento, este monto superaría holgadamente los 120.000 millones.
Entonces, debemos reconocer que la Nación efectúa otras transferencias de fondos adicionales a las provincias, destinados a vivienda, educación y obra pública. Si bien estas transferencias son aprobadas por el presupuesto nacional, a través de las facultades que tiene el jefe de Gabinete, su distribución se convierte en una facultad discrecional, y en aras de la previsibilidad deberíamos tratar de lograr que en esta ley de leyes hubiera pautas objetivas.
Resulta indispensable fortalecer un federalismo fiscal otorgando mayor autonomía a las provincias. En esto de que las provincias hemos inventado a la Nación, como decía Juan Bautista Alberdi, se equivoca la Nación si cree que hemos delegado el poder en ella. En todo caso lo que delegamos fue la manera local de ejercerlo, porque por un canal ejercemos en nuestro territorio nuestro poder, que nos hemos reservado, y por otro, a través de estos cinco legisladores nacionales que tiene la provincia de Neuquén, y los tres legisladores del Movimiento Popular Neuquino, estamos controlando ese poder delegado, como lo estamos haciendo hoy en este recinto.
Este federalismo fiscal que debemos sostener y defender tiene que ver con esto, de tener en cuenta estos datos, estas detracciones, esta necesidad que tenemos de generar el espacio necesario para que las jurisdicciones, todas juntas, de manera solidaria, podamos armar la gran ley de leyes que es este gran acuerdo federal para establecer un marco nuevo de coparticipación. No es razonable que aquellas jurisdicciones que tienen los servicios básicos como salud, educación, seguridad recibamos solamente un 23,44 por ciento. Realmente es difícil comprenderlo. Nuestros territorios nos demandan el fortalecimiento, el cumplimiento de objetivos tales como la atención primaria de la salud, la educación, la vivienda. La Nación no tiene hospitales ni escuelas dado que han sido transferidos a las provincias.
Nosotros hemos presentado algunos proyectos para iniciar un camino de discusión de la nueva coparticipación. Hay dos proyectos presentados que ya tienen cierta antigüedad y que se encuentran en distintas comisiones.
El bloque del Movimiento Popular Neuquino ha planteado en noviembre de 2008 crear una comisión bicameral a la que denominamos COFEPA, que proponemos se integre con veinticuatro diputados y veinticuatro senadores, para cumplir con el inciso 2) del artículo 75. Evidentemente, esto todavía está en estudio.
También hemos presentado otra iniciativa, quizás con mayor antigüedad, para lograr ese piso del 34 por ciento. En definitiva, bregamos para que la recuperación económica de la Nación sea solidaria y equitativa y podamos hacer una distribución con todas las provincias. Creo que la presencia de un piso mínimo garantiza esta finalidad y se traduce en mejores oportunidades de gestión pública.
Señor presidente: más allá de pedir autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones, quiero decir que el bloque del Movimiento Popular Neuquino hace un llamado a este Congreso Nacional –como lo hemos hecho a través de los proyectos presentados para que de una vez por todas podamos dar un debate sobre el nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos. Si discutimos en esta instancia, durante este debate del presupuesto para 2010, cómo vamos a distribuir los recursos de estos impuestos, quizás la coyuntura nos lleve a perder el horizonte.
Este presupuesto es una herramienta de gestión así lo ha planteado el Ejecutivo nacional, pero desde las provincias estamos reclamando una nueva discusión, como lo venimos adelantando, y creo que nos merecemos ese debate.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe, quien comparte su tiempo con el señor diputado Agosto.

sr. OBEID, JORGE ALBERTO.- Señor presidente: en nombre del bloque peronista Santa Fe Federal voy a compartir mi tiempo con el señor diputado Agosto, quien se referirá al tema del presupuesto. Yo hablaré sobre la ley de responsabilidad fiscal.
En el año 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el país hizo un importante avance en el tema del fortalecimiento institucional con la sanción de la ley 25.917, conocida como ley de responsabilidad fiscal. A posteriori, adhirieron a ella veintidós provincias mediante el voto afirmativo de sus Legislaturas provinciales.
Como dijimos, la ley 25.917 es un instrumento de calidad institucional que dispone que el gasto público no puede crecer a una tasa nominal mayor de lo que crezca el producto bruto interno, que el resultado de las finanzas debe ser equilibrado y que los servicios del endeudamiento no pueden superar el 15 por ciento del total de los recursos corrientes de las provincias.
La ley establece también la obligación de publicar toda la información relativa al endeudamiento y la obligación de consolidar todos los gastos y recursos en el presupuesto; por ejemplo, incluir en los presupuestos los fideicomisos, que antes de que se sancionara esta ley flotaban como fantasmas y no aparecían en ninguno de los presupuestos, ni nacionales ni provinciales. Sobre todo, establece el cumplimiento de la llamada “regla de oro”, que consiste en la prohibición de tomar deuda para financiar el gasto corriente, es decir, la nueva deuda sólo puede aplicarse a inversión.
Suspender esta norma, como lo pretende el proyecto que estamos tratando, significa dar un paso atrás en la búsqueda de esa calidad institucional. Lejos de proponer un sistema idóneo para solucionar la situación financiera de las provincias, constituye un salvavidas de plomo que nos ubica nuevamente en el comienzo del camino del caos monetario que tantos miles de millones y tantas angustias costó a los argentinos al emitirse 17 cuasimonedas como consecuencia de la crisis del año 2001.
Digámoslo claramente: la derogación de esta ley no implica un solo recurso adicional, no implica un solo peso para las provincias. Lo único que permite y más bien induce y alienta, es que las provincias incrementen el gasto público y desequilibren sus presupuestos, comenzando a endeudarse para pagar gastos corrientes, superando el límite actual del 15 por ciento.
Es muy importante que esto lo entiendan los gobernadores y no cedan a las falsas promesas o a las presiones del Poder Ejecutivo para apoyar esta ley. Una vez más, como se hizo con el INDEC, se cae en la simplicidad de pretender eliminar la fiebre rompiendo el termómetro. Lo que hay que hacer es curar la enfermedad.
Es lamentable esa mala costumbre de, en términos de calidad institucional, borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Hace algunos años se sancionó en este recinto una ley electoral que se debatió durante varios días, que impuso el sistema de internas abiertas y que fue tomada como un ejemplo de ley que proponía la calidad institucional, y al poco tiempo se la modificó por una ley de neolemas.
Un tiempo después se discutió y votó una ley que establecía que cada dos años, en la tercera semana de octubre se votaría por los nuevos miembros que iban a integrar el Parlamento argentino.
Hubo voces enfervorizadas que decían que por fin habíamos seguido el ejemplo de democracias estables como la de los Estados Unidos, que hace más de cien años vota cada cuatro años en los primeros días de noviembre a su presidente.
¿Qué pasó en nuestro país? Dos o tres años después, por una supuesta necesidad del gobierno de turno volvimos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano y adelantamos las elecciones seis meses.
Hace dos años se prorrogaron por diez años las licencias de los medios de comunicación y hoy se vota una ley que pretende caducarlas dentro de un año.

Es lamentable que vivamos rompiendo las reglas de juego que nosotros mismos establecemos. Una ley de responsabilidad fiscal es una norma moderna y necesaria, y también la mejor vacuna para prevenir una crisis en las provincias y en la Nación como la que se vivió en el año 2001.
Nadie niega –esto puedo afirmarlo, quizá por haber estado durante dos períodos al frente de una provincia- la difícil situación por la que atraviesan las economías provinciales; pero la solución a esos problemas no pasa por permitir que se sigan endeudando en gastos corrientes. Imagino a una serie de bancos comerciales, cuyos créditos al sector privado permanecen estancados como consecuencia de la crisis, felices y ávidos de ganar un nuevo mercado cautivo –el de las provincias- con jugosas tasas y garantía de coparticipación. Esto ya lo vivimos, señor presidente; ojalá esté equivocado y no lo volvamos a vivir.
Para que las provincias superen sus crisis financieras –desde el bloque Santa Fe Federal ya lo hemos planteado a través de media docena de proyectos- la solución pasa por coparticipar el impuesto al cheque sobre la base de la ley de coparticipación, y no como se lo hace actualmente. Sólo de esa manera podremos destinar más de ocho mil millones de pesos a las provincias.
Asimismo, resulta impostergable la decisión de restituir gradualmente a las provincias el 15 por ciento de la precoparticipación que se lleva la ANSES y que ya fue compensado con los fondos provenientes de las AFJP.
De la misma manera es obligación de la Nación refinanciar los vencimientos de las deudas provinciales. La Nación se debe comprometer a pagar a Santa Fe y a las restantes provincias acreedoras lo que les debe. Si una persona tiene una gran deuda y un amigo que le debe mucho dinero le dice que puede solucionar su problema consiguiéndole un banco que le va a prestar, es lógico que esa persona le pida que primero le pague lo que ella misma le debe. Aquí ocurre exactamente lo mismo; la Nación, antes de decir a las provincias que encontró el camino para ayudarlas dejándolas que se endeuden, tiene que pagar lo que les debe. (Aplausos.)
Reitero que estamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que signifique devolver a las provincias lo que les pertenece, pero no vamos a acompañar un proyecto como el que está en discusión, que sólo servirá para seguir deteriorando la calidad institucional y las economías de las provincias argentinas. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. AGOSTO, WALTER ALFREDO.- Señor presidente: en primer lugar, haré unas consideraciones generales respecto del proyecto de ley de presupuesto, sin perjuicio de que oportunamente insertaremos las consideraciones acerca de cuestiones específicas.
El marco presupuestario en el que se asientan las proyecciones para el año 2010 es endeble; por lo tanto, no permite pronosticar acabadamente lo que acontecerá en materia de finanzas públicas en el próximo ejercicio.
Creo que se pierde la oportunidad de proyectar un escenario creíble que genere certidumbre y confianza no sólo en quienes tienen que realizar inversiones en nuestro país sino también en los trabajadores y en las familias en general.
Una de las variables clave para presupuestar es el comportamiento esperado del producto bruto interno nominal. Es decir, el crecimiento real y el incremento de la inflación. El proyecto de ley de presupuesto plantea ese incremento en el orden del 11 por ciento. Entonces, la primera brecha o discrepancia importante que se genera es respecto de la inflación, que para el próximo año obviamente hablamos de la inflación del consenso de las instituciones privadas y no de la que está ofreciéndonos el INDEC- estará en el orden del 15 por ciento.
Si comparamos la tasa de crecimiento del 2,5 por ciento más la inflación del 15 por ciento, estamos en un supuesto de crecimiento del PBI nominal, por los problemas inflacionarios, mayor al que está establecido en este presupuesto.
Otra variable importante es el tipo de cambio. En este sentido, se establece para el año 2010 un tipo de cambio de 3,95 pesos. Es poco probable que ese valor promedio vaya a existir el año próximo, teniendo en cuenta que hoy el valor del dólar es de 3,84 pesos.
¿Por qué hago estas reflexiones sobre estas variables? No es por puro tecnicismo sino porque impactan fundamentalmente sobre los cuatro renglones que tenemos que analizar cuando consideramos el presupuesto: recursos, gastos, resultado y financiamiento.
En materia de recursos el proyecto plantea un crecimiento del 17 por ciento. Seguramente, con un tipo de cambio mayor, con una inflación mayor y atendiendo que se incluyen dentro de estos recursos las ganancias del Banco Central y las utilidades de las inversiones financieras de la ANSES, es probable que esa tasa de crecimiento pueda ser superada.
Lo que seguramente no se podrá alcanzar es la tasa de crecimiento del gasto planteada en un 13 por ciento. Realmente esta es una expresión de deseos que no reconoce evidencia empírica alguna en los últimos años.
Fíjense que el promedio de crecimiento del gasto en los últimos años ha sido del orden del 13 por ciento. De ninguna manera podemos pensar que esa tasa es realista. En todo caso, si ello sucediera, deberíamos preocuparnos por los efectos que una contracción de esta naturaleza podría generar en la economía.
Respecto del gasto, debemos decir que este presupuesto encubre aproximadamente 10.000 millones de pesos que están planteados en una forma de contabilización muy creativa, en el sentido de que serán considerados como activos financieros y no como gastos de capital, según este programa de obras prioritarias. Todos sabemos que la ley de administración financiera del sector público plantea claramente que los gastos de inversión, los gastos de capital, son gastos públicos. Entonces, de ninguna manera podemos pensar que eso es un activo y que puede contabilizarse, como dice el proyecto de ley, como anticipo a proveedores o contratistas. En consecuencia, este artículo va en contra de la legislación vigente, y una consecuencia directa de plantear la contabilización del gasto de esta manera es abultar un resultado primario y financiero que seguramente no vamos a obtener.
El otro renglón que debemos analizar es el referente al resultado primario. En el caso del proyecto de ley de presupuesto para el año 2010 se plantea un resultado primario de 27.000 millones de pesos, hablando en números redondos. El mismo mensaje plantea que dicho resultado será de 15.000 millones de pesos en el año 2009; es decir que el resultado prácticamente va a duplicarse. Esta es otra expresión de deseos inalcanzable y carente de realidad.
Al estar en presencia de un presupuesto que sobrestima el superávit fiscal debemos tener mucho cuidado con el cuarto renglón a considerar: el financiamiento. Este tema también brilla por su ausencia en el proyecto de ley de presupuesto, y no es menor.
El conjunto del sector público nacional deberá afrontar el año próximo obligaciones de amortización de deuda y disminución de pasivos por 130.000 millones de pesos, es decir, aproximadamente 11 puntos del PBI. Esto significa 33 por ciento más de las obligaciones que ha tenido que asumir el Estado y que tendrá que asumir a lo largo de 2010. Es un esfuerzo fiscal muy importante, y a la vista no se encuentran planteadas con claridad cuáles son esas fuentes de financiamiento y cuál es el programa financiero, que en definitiva es lo que da certidumbre a un presupuesto.
Desde el punto de vista normativo y teniendo en cuenta las reglas de procedimiento y de transparencia fiscal que deben considerarse cuando se formula un presupuesto, este proyecto conserva intactas las facultades delegadas en el capítulo II como consecuencia de los superpoderes y vuelve a suspender la constitución del fondo anticíclico.
Además de la particular forma de contabilizar esos gastos de capital se modifica la ley de administración financiera en otro aspecto muy importante, que es el que precisa que al fin de cada ejercicio se deben conciliar gastos devengados y pagados. Ahora la modificación permite pagar gastos de 2010 a cuenta de futuros recursos de 2011, 2012, sin ningún límite en términos de plazo. Obviamente eso significa una mayor laxitud en el manejo de las cuentas públicas.

sr. presidente fellner.- Por favor, redondee su exposición, señor diputado, pues su término ha vencido.

sr. AGOSTO, WALTER ALFREDO.- Como bien mencionaba el señor diputado Obeid hay una serie de dificultades que concentran fundamentalmente los recursos en el poder central que no tienen la dirección de los proyectos que nosotros hemos presentado.
Con respecto a la obra pública, de acuerdo con la suma que he realizado de las distintas planillas, en la provincia de Santa Fe hay partidas por algo más de 500 millones de pesos. De por sí en términos nominales ese es un monto menor del que existía en el presupuesto de 2009, por lo cual se reduce la participación de la provincia de Santa Fe en el total del presupuesto de obras.
Solo mencionaré tres ejemplos. Las partidas para el denominado “Plan Circunvalar” son realmente insuficientes, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto.
En el caso del puente Reconquista-Goya, una obra importante para el norte de nuestra provincia, hay una partida sólo simbólica en la provincia de Corrientes, no encontrando en la provincia de Santa Fe partida alguna.
Tampoco existen partidas para el traslado del puerto de la ciudad de Santa Fe a la nueva localización sobre el río Paraná.
Además de los problemas estrictamente macroeconómicos y de índole fiscal observamos que no existe ninguna mejora genuina en el régimen de distribución de recursos, y teniendo en cuenta estrictamente la definición de la ley de coparticipación para el año próximo, las provincias argentinas van a recibir mucho menos que el 34 por ciento. El cálculo es muy simple: total de impuestos más recursos de aduana menos los recursos de la seguridad social constituyen el denominador, y el numerador es el monto que se va a coparticipar. De esa división ni en 2009 ni en el proyecto de presupuesto para 2010 las provincias alcanzarán el 34 por ciento al que alude la ley de coparticipación vigente. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- Señor presidente: antes de entrar al tema en debate, como fui aludida por la diputada Giudici, quiero responder, no contestar, leyendo algunos párrafos de un documento que no es de mi autoría ni firmo. Se trata de un documento publicado recientemente que escribieron algunos correligionarios que persisten en su lucha dentro de las filas de la Unión Cívica Radical.

Refiriéndose a la sesión en la que se trató el proyecto de ley de medios audiovisuales estos correligionarios afirman en este documento respecto de la conducta adoptada por el bloque radical.
Dicen: “Flaco favor le hacemos a la memoria de los pares…”.

sr. presidente fellner.- Le solicitan una interrupción, señora diputada.

sra. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- No concederé interrupciones, señor presidente.
Continúo: “…que los antecedieron, primero porque nuestro bloque de los 44 a finales de los 40 discutió todos los temas mano a mano con el hegemonismo de aquel primer peronismo. Y en esas mismas bancas se cultivaron los hombres que preservaron el radicalismo para los tiempos, Balbín, del Mazo, Frondizi, Illia y tantos otros. Yendo al recinto, eso sí.
“La sociedad quiere que hoy seamos sólo 24 de 257…” –refiriéndose claramente al bloque de la Unión Cívica Radical- “…sin embargo, no tenemos por qué perdernos esa maravillosa oportunidad de expresar y proponer todo ante las cámaras… las de TV también.
“Sepan que ningún canal de noticias se retiró con ustedes del recinto. Los acompañaron hasta Pasos Perdidos, hicieron vivo por 2 minutos con 4 de ustedes para luego quedarse en la sesión. La noticia desapareció de los zócalos a los 5 minutos que nos retiramos y lo que cubrieron fue el debate.”
Sigue este documento que no fue escrito por quien está haciendo uso de la palabra ni por mi bloque ni por mi partido. Fue escrito y firmado por Lucía Alberti, diputada nacional mandato cumplido, Rodrigo Andrade, Liliana Arias, Susana Baqueiro, Margarita Ronco, etcétera, etcétera. Todos correligionarios de la Unión Cívica Radical.
Quiero que se agregue este documento para ser tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales por la cuestión de privilegio que se presentó en este recinto. Además, solicito que se agregue el proyecto de la diputada firmante –la diputada Giudici para que no se siga faltando a la verdad respecto de los textos que allí tenían.

sr. presidente fellner.- Así se procederá, señora diputada.
Nuevamente le solicitan una interrupción.

sra. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- No voy a conceder interrupciones, señor presidente.

sr. presidente fellner.- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Buenos Aires, a la que solicito se aboque al tema en debate.

sra. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- Señor presidente: desde el Partido de la Concertación-FORJA venimos a esta sesión animados desde un punto de vista fundamentalmente ético.
El debate del presupuesto, más que una cuestión reducida al ámbito académico, de los economistas o de los políticos –o incluso de la política, entendida quizás en un sentido más de ciencia política y no de arte político, en realidad esconde una discusión central acerca de la justicia o de la injusticia con la que en un país recaudamos y gastamos recursos de todos.
Mucho se ha dicho en este recinto sobre distintas cuestiones y aspectos de este presupuesto. Pero como el tiempo es escaso, voy a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de todo lo que no pueda decir. Esto me obliga a realizar una selección de aquello en lo que vamos a hacer hincapié. Fundamentalmente lo voy a hacer en cuanto a la diferencia que tengo en torno de los recursos.
Digo eso porque así como hace pocos días con orgullo exhibimos el hecho de haber saldado una de las deudas que tenía la democracia con la sociedad, como ocurrió con la ley de servicios audiovisuales, también creo que existen otras deudas de esta democracia.
Esas deudas tienen que ver centralmente con la distribución, y que esa distribución que en algún momento la planteamos en torno a la palabra, el contenido y la cultura, también es necesario hacerla en relación con las cargas, las responsabilidades y, fundamentalmente, los recursos.
La verdad es que uno podría abordar el tratamiento de este presupuesto haciendo suyas las palabras del señor diputado Raimundi en el sentido de no efectuar ninguna dramatización al respecto. Lo que sí deseo es efectuar un llamado de atención muy fuerte sobre uno de los problemas centrales que tiene la democracia como deuda –fue un compromiso que asumimos también en 1983 en relación con lo que llamamos el combate a la pobreza. Esta sigue siendo una asignatura pendiente de todos los argentinos.
Por más esfuerzos que reconozcamos, y obviamente nosotros lo hacemos y lo hicimos respecto de estos años sobre todo desde el 2003 a la fecha, sin lugar a dudas todos coincidiremos en que esos esfuerzos siguen siendo insuficientes.
Entonces, quiero entrar de lleno al cuestionamiento de lo que creo que es la causa central que todavía no hemos abordado en democracia, razón por la cual también estimo que este Parlamento –no hablo de esta composición sino del Congreso tiene como misión revisar el régimen tributario argentino. Espero que el gobierno también siga en este camino.
Nosotros no podemos seguir acompañando porque en algún momento hay que decir “basta”. Sencillamente, la ética y las convicciones nos obligan a hacerlo, y seguimos emparchando año tras año tratando en cada uno de estos debates presupuestarios esa deuda que la democracia todavía no saldó. Pero la democracia no la hacen otros: somos todos nosotros, con las responsabilidades que nos tocan sentados en nuestras bancas.
En ese sentido, y teniendo en cuenta el análisis de lo que es el modelo social y económico, que también es un modelo cultural, con una matriz que ha logrado en estos años de la postconvertibilidad incrementar el PBI a precios corrientes y el empleo y el total de las remuneraciones en la participación del PBI -también medido a precios corrientes-, la realidad muestra que dicho modelo está sufriendo un retroceso porque hay una variable que centralmente nos está indicando que algo estamos haciendo mal o que todavía nos falta hacer algo.
A pesar de todos estos esfuerzos, la masa de trabajadores asalariados representa un porcentaje menor de crecimiento que el PBI a precios corrientes. Creemos centralmente que esto tiene una importancia fundamental en este debate en relación con el tema de la pobreza.
También creemos que la causa última que nosotros encontramos se vincula con esta deuda pendiente de la democracia: la revisión del sistema tributario argentino. Esto lo hemos dicho hasta el cansancio en todos los seminarios, jornadas y congresos donde hemos hablado en representación de nuestros partidos políticos. Hemos hablado ante la prensa y en cada debate que se ha dado hemos afirmado la necesidad de la reformulación por la injusticia sustancial que sobrevive.
Sin embargo, a pesar de todos estos años, eso sigue incólume. ¿Por qué sigue incólume? ¿Por qué es necesario que demos este debate de una vez por todas? Porque centralmente entendemos que el modelo que empieza fundamentalmente en 1976, con la dictadura militar, no se centró únicamente en los aspectos institucionales sino que los modelos económicos y sociales fueron parte, causa y consecuencia, retroalimentándose permanentemente de ese mismo esquema.
Ese esquema autoritario pensado desde la dictadura también se reflejó en la matriz tributaria de la República Argentina, que también sigue sobreviviendo al día de hoy.
Entonces, en este presupuesto planteado para el año 2010 estamos pensando que el IVA será la principal fuente de recursos con la que solventaremos los gastos del Estado nacional.
Pues bien, lo hemos dicho todos y seguramente, si nos hacen una encuesta a cada uno de nosotros, diremos que el IVA es el impuesto más regresivo que podamos concebir.
No obstante eso, una vez más seguiremos sosteniendo un porcentaje aun creciente respecto del año 2009 y de la incidencia del impuesto a las ganancias para soportar el gasto público nacional.
Por otra parte, realmente nos parece que seguir sosteniendo esta matriz de alguna manera nos transforma –es una palabra fuerte en cómplices de un patrón cultural que debe ser debatido de cara a la sociedad.
Todos conocemos al IVA como el impuesto a los pobres, porque el que menos gana gasta todos sus ingresos en su supervivencia, y por cada cosa que compra está pagándolo.
Pero también debo señalar otra cuestión de este presupuesto, como son las modificaciones en el impuesto a las ganancias. En este sentido, lisa, simple y sencillamente, una vez más estaríamos prorrogando exenciones a la renta financiera, que para nosotros resultan absolutamente incongruentes con el sostenimiento del modelo económico, político y social. Lo hemos dicho hasta el cansancio; somos autores de un proyecto presentado en esta misma Cámara.
Queremos que esto se debata en profundidad, como lo hemos podido hacer con altura, con respeto, en democracia y con la participación de todos los sectores cuando tuvimos que reestatizar los fondos de las AFJP, cuando tuvimos que reestatizar Aerolíneas Argentinas o cuando sancionamos la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Mucho podíamos decir al respecto, pero el tiempo acotado del que disponemos y la profundidad del debate sólo nos permiten hoy en este recinto fijar una posición política. Es un llamado de atención, un alerta, una manera de decir. Nosotros seguimos con el mismo compromiso militante que nos animó en 1983 y con el mismo compromiso militante que desde el año 2003 hasta ahora nos llevó a estar apoyando un modelo económico, social y político. Pero nuestras convicciones, parafraseando al ex presidente Kirchner, tampoco las dejamos en la puerta de la Cámara de Diputados de la Nación.

13
cuestión de privilegio

sr. AGUAD, OSCAR RAUL.- Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

sr. presidente fellner.- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señor presidente: planteo una cuestión de privilegio en contra de la señora diputada Vázquez. Este bloque se siente agraviado ya que esta diputada, habiendo abandonado el centenario partido, pretende juzgarnos desde una banca del oficialismo.
Rindo homenaje al bloque de los 44. En él no se conocen traidores. Es más: soportaron heroicamente las persecuciones y la cárcel, simplemente porque pensaban distinto.

sr. presidente fellner.- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

14
Consideración conjunta de asuntos (CONTINUACIÓN)
6565-d-2008 –

PRÓRROGA DE LAS LEYES DE IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES PERSONALES, A LAS GANANCIAS, ADICIONAL DE EMERGENCIA SOBRE EL PRECIO FINAL DE VENTA DE CIGARRILLOS, SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS, SOBRE EL CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS, A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA Y SOBRE RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

RESPONSABILIDAD FISCAL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 (Continuación)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.

sra. VELARDE, MARTA SYLVIA.- Señor presidente: para el oficialismo y hasta el 10 de diciembre este Congreso vuelve a ser una escribanía del Poder Ejecutivo. Que el gobierno lo pretenda, se entiende. Que este cuerpo lo convalide, resulta inadmisible. Digo esto porque el proyecto de presupuesto que estamos tratando ingresó a la Cámara hace algo más de quince días. Y dentro de unas horas será aprobada la “ley de leyes”, aquella que justifica el origen del Parlamento en virtud del principio de que no hay tributo ni gasto sin representación popular.
Fue ese principio el que permitió disminuir el poder real, el que justificó la independencia de los pueblos y el que posibilitó limitar a los Ejecutivos. Un Congreso que limite y que controle al Poder Ejecutivo. Nada de eso hay en este presupuesto. Por el contrario, se reintroducen por la ventana superpoderes que van a parar al Ministerio de Planificación vaya paradoja-, el ministerio que nos llevó a la crisis energética, el que nos llevó a la desinversión en energía eléctrica el que nos llevó a la merma en las reservas de petróleo y de gas por falta de exploración.
Esta es una farsa. ¿Dónde están los ministros del Poder Ejecutivo? Allá lejos y hace tiempo, el presupuesto se elaboraba en el Congreso. Entonces, los ministros desfilaban durante meses por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a fin de solicitar partidas, justificar gastos y dar explicaciones de ejecuciones presupuestarias.
¿Dónde están los ministros de Salud, de Educación, de Ciencia, de Defensa y de Desarrollo Social? Sólo hemos tenido la mera formalidad de la visita del ministro de Economía y de algunos funcionarios de su área, al igual que del área de Energía.
¿Cómo vamos a pretender que los ministros vengan a dar explicaciones al Congreso si ni siquiera burócratas de tercera del Poder Ejecutivo se dignan contestar pedidos de informes de los congresistas?
Sería bueno que los ministros concurrieran no sólo para cumplir con su deber constitucional, sino también para explicar, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, por qué desde 2003 hasta la fecha en promedio se ejecutó el 40 por ciento del presupuesto. Todavía hacen alarde de austeridad, cuando hay tantos pobres, indigentes y jóvenes fuera del sistema educativo, junto con muchas enfermedades.
Esta es una farsa y una mentira. Comencemos a llamar a las cosas por su nombre; si no, empezamos a utilizar términos económicos, como subestimación. Todos sabemos que el producto bruto interno disminuyó el 2,5 por ciento. Prever un salto positivo de un 0,5 por ciento es una mentira, al igual que plantear una inflación del 6,6 por ciento. ¿O acaso habrá algunos funcionarios que compran en almacenes especiales, como ocurría en la Unión Soviética? No entendemos una inflación del 6,6 por ciento. Lo que más nos duele es que se trata de un atentado a la dignidad del pueblo argentino.
Fíjense que el presupuesto en salud disminuyó un 4,3 por ciento. ¿Acaso se disminuye para controlar la mafia de los medicamentos truchos, que se entregaban para curar enfermedades oncológicas? ¿Y el agua potable, que es la única forma de curar la mortalidad infantil y el dengue? Este país vivió una emergencia sanitaria por el dengue, pero el presupuesto en agua potable se mantiene igual.
¿Conocen para qué aumentó el presupuesto en la Argentina? Para las obras con sobreprecios. Hay algunas provincias que construyen casas a 130 mil pesos, las que se entregan sin puertas, ventanas y sanitarios. ¿Sabían que en la Argentina el kilómetro de ruta con ripio cuesta 1.200.000 pesos? Para todo eso se incrementó el presupuesto. Esto es un atentado a la dignidad del pueblo argentino, es una farsa, una mentira. Este presupuesto es una réplica del Estado clientelar que vivimos en la Argentina. Estado clientelar no es solamente dar bolsines a los pobres, también es dar plata a los ricos.
Además, se mantienen los subsidios al transporte, y esto quiero explicarlo bien. Mantenemos un promedio de 20 mil millones de pesos en subsidios para el transporte, para subsidiar la obsolescencia y la ineficiencia de trenes suburbanos y colectivos de la Capital Federal y del conurbano que transportan a la gente, al pueblo, como ganado.
¿Si en lugar de mantener los subsidios a un transporte obsoleto e ineficiente se hubiera invertido en modernizar el transporte en la Argentina, qué hubiera pasado? Porque nosotros, los argentinos, transitamos por una red vial diseñada en 1932. Este presupuesto es una réplica del Estado clientelar que no solamente es pan para los pobres sino plata para los ricos.
No hay baja en el gasto corriente. Al contrario, hay expansión. El problema es que de ese gasto corriente el 11 por ciento va para pagar los intereses de la deuda; hay un incremento del 8,3 por ciento respecto del presupuesto anterior, y la verdad es que es mucho.
Todavía no se puede prever que se puedan pagar esos intereses con deuda nueva porque aún tenemos cerrados los mercados.
Es una farsa, un engaño, un atentado a la dignidad.

sr. AZCOITI, PEDRO JOSE.- ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con la venia de la Presidencia?

sra. VELARDE, MARTA SYLVIA.- Sí, señor diputado.

sr. presidente fellner.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. AZCOITI, PEDRO JOSE.- Señor presidente: quiero compartir con ustedes una preocupación, porque hace unos instantes una señora diputada, que no es la señora diputada Velarde, se autotituló “cómplice” cuando manifestaba su acompañamiento a este proyecto de ley de presupuesto.
En los significados que da la Real Academia Española de la palabra “cómplice” está el de “participante o asociado en crimen o culpa imputable a dos o más personas. Persona que, sin ser autora de un delito o una falta, coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos”. A confesión de partes, relevo de pruebas.

sr. presidente fellner.- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.

sra. VELARDE, MARTA SYLVIA.- Decía que es una farsa, un engaño, un atentado a la dignidad del pueblo, una réplica del Estado clientelar.
Lamentablemente para los argentinos, siendo doloroso reconocerlo y confesarlo en la casa de la democracia, estamos en una democracia devaluada por el atropello del Poder Ejecutivo, pero también por el consentimiento de la mayoría legislativa.
Una democracia sin valores carece de sentido, es sólo un remedo de la democracia. Por eso, nuestro permanente compromiso por la reconstrucción de las instituciones de la República.

Señor presidente: en nombre del respeto a este cuerpo y de lo que representamos, vamos a votar en contra de este presupuesto porque entendemos que es una farsa, una mentira, un atentado a la dignidad del pueblo, una réplica del Estado clientelar, y fundamentalmente un atropello a la dignidad de los legisladores. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. BONASSO, MIGUEL LUIS.- Señor presidente: creo que una vez más el oficialismo nos coloca ante una situación falsa, enarbolando una especie de canción de gesta, como fue la discusión de la ley de medios, donde tratar de intercalar elementos para mejorarla era considerado como estar del otro lado y abstenerse era como votar en contra, como dijo esta especie de Neustadt de Kirchner que es Horacio Verbitsky.
Acá la ficción pasa por lo siguiente: si en el tratamiento de este paquete –que incluye el presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal, etcétera uno manifiesta críticas a las oscuridades y a las ausencias, puede parecer insensible frente a los problemas financieros que aquejan a las provincias. Y la verdad es que las provincias no se encuentran ahogadas financieramente sino que tienen dificultades de financiamiento ocasionadas por la concentración de recursos establecida por el Estado nacional; es decir, las provincias han sido privadas de recursos por la concentración efectuada por el Estado nacional.
Este proceso de concentración, en el cual desde el discurso nacional y popular y desde el discurso federal se practica una de las peores formas de unitarismo, tiene además un correlato de concentración de poder en los superpoderes otorgados al jefe de Gabinete de Ministros a través de la modificación del artículo 37 de la ley 24.156, del año 2005, que se ven reforzados en los artículos 5º, 8º, 9º y 22, entre otros, de este proyecto de ley de presupuesto.
Pero no sólo queda fuera del control de este Parlamento lo que puede disponer como reasignación de partidas el señor jefe de Gabinete de Ministros, sino que se autoriza a la preclara Secretaría de Transporte –cuyo anterior titular, el señor Ricardo Jaime, está seriamente sospechado por la Justicia por el tema del famoso avioncito estacionado en Uruguay a instrumentar los mecanismos correspondientes a fin de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos, etcétera, en el caso de Aerolíneas Argentinas. Es decir que directamente se autoriza no ya al jefe de Gabinete de Ministros sino a la Secretaría de Transporte.
No quisiera que esto apareciera como una mención mezquina referida a lo personal, pero como autor de la ley de bosques y presidente de la Comisión de Recursos Humanos y Preservación del Ambiente Humano de esta Honorable Cámara no puedo dejar pasar por alto el tratamiento nefasto que nuevamente se le da a la ley de bosques en este presupuesto.
En el artículo 23 de la ley de bosques se establecía –esta fue una modificación que hizo el Senado y yo estuve de acuerdo la creación de un fondo especial, que sería justamente para compensar a los productores que respetaran precisamente la ley de bosques y acabaran con las topadoras. Digamos que para ayudar a que las provincias hicieran un ordenamiento territorial lo antes posible, se establecía una partida presupuestaria vinculada porcentualmente, estimada aproximadamente en los mil millones de pesos.
Se trata de las partidas presupuestarias que iban a ser asignadas por la ley. Me refiero a esta ley, que se viola, que ha sido violada una vez más en forma reiterada. Se establecía que para dar cumplimiento a la ley de bosques, los fondos no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional.
El presupuesto que estamos discutiendo plantea un máximo –no un mínimo de trescientos millones de pesos para ese fondo especial.

— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

sr. BONASSO, MIGUEL LUIS.- Reitero que establece un máximo y ni siquiera habla de un mínimo o de un piso a partir del cual podríamos mínimamente adecuarnos. Pero además la ley habla del 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
Si cumpliéramos con la ley de bosques la 26.331 que fue promulgada por el Poder Ejecutivo, aunque fue reglamentada 14 meses después debido a la tragedia de Tartagal, que fue violada también en su reglamentación, se debería haber destinado una partida presupuestaria de 1.461 millones de pesos en este ejercicio.
Se trata de 1.461 millones de pesos y tienen el caradurismo de decir que va a haber un máximo, o sea que el mínimo puede ser, por ejemplo, de diez mil pesos para el fondo especial de las provincias. Esta cifra conceptualmente es posible, aunque suene como un disparate. A veces, los disparates se tornan posibles, sobre todo en un país donde ha habido A H1N1, el dengue, los problemas con los medicamentos oncológicos, todas estas barbaridades, producto en muchos casos de una burocracia sindical corrupta y miserable, delincuencial y vinculada al delito.
En este país se baja el presupuesto de salud en un 7,1 por ciento, lo que es una vergüenza. Desde luego que estaría dispuesto a apoyar ciertas políticas anticíclicas que apuntaran a sostener el empleo. Me gustaría que contemos con fondos para impedir cesantías y lo que estamos viendo en estos días por la tardía acción del Ministerio de Trabajo, como en el caso de la ex Terrabusi, hoy Kraft.
Por supuesto que quisiera que no sólo auxiliáramos a las provincias sino que les diéramos justicia, pero para hacer justicia con las provincias deberíamos tener lo que no tenemos: un modelo nacional, un proyecto nacional y de país, no la resolución coyuntural, a las apuradas, a los empujones y a los apretones de los problemas que tenemos que resolver de jueves a jueves o de miércoles a miércoles en el caso de la Cámara de Diputados.
Hablo de un proyecto a 20, 30 ó 40 años, como legislaron nuestros antecesores y nuestros próceres, pensando en un país a futuro, en un gran país que incluyera y no que excluyera como éste.
No me hace falta ver las cifras sobre la exclusión social para percibir la realidad; la veo todos los días en esta muy europea Ciudad de Buenos Aires. Ya no necesitamos viajar a los lugares más marginales del país para ver la realidad.
Por otra parte, aquí se está encubriendo el dato concreto del déficit fiscal, que va a haber y que, bueno, por ahí debe haberlo. Se está encubriendo el endeudamiento que va a haber. Ese endeudamiento se deja librado fuera de la visión tutelar del Congreso, que es la representación del pueblo argentino.
Me parece importante recordar que la crisis que prácticamente tuvo en vilo a la clase política argentina en diciembre de 2001 estuvo vinculada con los blindajes y con toda una serie de porquerías en materia de endeudamiento realizadas por el señor Cavallo, por “grandes bonetes” y por magos de las finanzas argentinas que vaciaron el país.
Entonces, debemos tener cuidado con el endeudamiento. Hay que controlarlo, y eso corresponde a los representantes del pueblo; debemos asumir esa responsabilidad no sólo para no ser una escribanía sino porque ese es nuestro deber social e histórico. Es la responsabilidad de nuestra generación.
No me opongo –no está en mi historia haberlo hecho- al aumento del gasto público y mucho menos al incremento de la inversión pública; pero me gustaría saber en qué van a gastar la plata.
No estoy para nada de acuerdo con que todos los mecanismos de control se diluyan, lo que se advierte claramente en la suspensión de los artículos 10, 19 y 21 de la ley de responsabilidad fiscal, que son precisamente los que fijan un límite al gasto público en función del nivel de actividad económica y de las posibilidades de endeudamiento.
Me gustaría saber, si ese endeudamiento se produce, con qué racionalidad se lo va a hacer y con qué bendiciones o maldiciones. También me gustaría que el aporte que el Estado puede hacer para superar la crisis que ahora se considera pasada cuando antes no se la admitía- sea destinado a preservar el empleo de los argentinos y a mejorar, aunque sea en unos pocos puntos, la distribución de una torta que sigue siendo miserable para el sector asalariado.
Quisiera un presupuesto en serio y no un presupuesto ficticio que una vez más mete de contrabando el tema de los superpoderes.
Por todos estos motivos, el bloque Diálogo por Buenos Aires votará en forma negativa.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

sr. KAKUBUR, EMILIO.- Señora presidenta: el bloque Dignidad Peronista, después de haber analizado detenidamente el proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2010 –que fija un presupuesto de 270 mil millones de pesos-, desea hacer algunas consideraciones antes de emitir su voto.
En el transcurso de estos cuatro años, nuestro bloque ha coincidido en forma general con los criterios fijados por el bloque mayoritario, especialmente en relación con las metas económicas y sociales planteadas a través de diferentes proyectos. Lo hemos hecho en el entendimiento de que perseguían como principal objetivo una mejor calidad de vida para todos los argentinos, a la vez que una justa y equitativa distribución de la riqueza.
En este contexto no puedo dejar de hacer un llamado de atención al gobierno nacional. Luego de analizar el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y considerando la tasa de crecimiento poblacional, la distribución geográfica del gasto presupuestado, el índice de necesidades básicas insatisfechas, etcétera, llegamos a la conclusión de que las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la Capital Federal, concentran el 62 por ciento de la población total del país, mientras el 64 por ciento de la recaudación nacional es destinado a esas mismas provincias.
Es decir que para las provincias más grandes y ricas de nuestro país se respetan las proporciones entre las poblaciones de cada una de ellas y la asignación de recursos. Esta situación no se refleja en otras jurisdicciones como Misiones, que representa el 2,73 por ciento de la población total y tiene una participación de menos del 1 por ciento de los recursos, mientras que otras provincias como Chaco, Corrientes, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, etcétera, que tienen una tasa de crecimiento poblacional menor que la de Misiones, reciben del presupuesto nacional montos muy superiores a mi provincia. Es responsable y honesto de nuestra parte reconocer y destacar que el presupuesto para el año 2010 presenta un incremento significativo para la provincia de Misiones que celebramos, porque se trata de recursos destinados a obras históricamente demoradas, pero no por ello no reclamadas. Son obras esperadas largamente por Misiones y que hoy están incluidas en este presupuesto y superan los dos mil millones de pesos.
Se trata de obras de gran relevancia e impacto para el desarrollo de la provincia, ya que se vinculan con la integración y el desarrollo regional con la República Federativa del Brasil.
Estamos hablando de obras básicas como por ejemplo puentes, pavimentación de la ruta 27, terminación del tramo de la ruta nacional 14 hasta San Pedro y el puente nacional Comandantes Rosales sobre el arroyo Pepirí Guazú.
Algo muy importante son los fondos destinados al paseo Hito Tres Fronteras y al complejo Puerto Iguazú, obras relevantes en función de la necesidad de infraestructura que generarán los eventos previstos para la próxima década en Brasil. Me refiero al campeonato mundial de fútbol 2014 y a los juegos olímpicos de 2016, que, por supuesto, si nos encuentran preparados, impactarán positiva y directamente en la economía de nuestra provincia.
También es importante la asignación de recursos destinados a mantener la continuidad de la construcción de viviendas en los setenta y cinco municipios de la provincia de Misiones; y la provisión de partidas para lograr el mantenimiento de cinco mil viviendas y la construcción de más de una veintena de obras de redes de agua y saneamiento ambiental.
De acuerdo con su contexto geopolítico, históricamente Misiones ha dado prioridad a las políticas sanitarias provinciales. Es muy valorada la inclusión en el presupuesto para el año 2010 de los fondos destinados a la construcción del Hospital de Pediatría “Doctor Fernando Barreyro” con un monto aproximado de cincuenta millones de pesos.
Asimismo, quiero recordar al Poder Ejecutivo nacional que los misioneros seguimos esperando que nos den la posibilidad de gozar del beneficio de contar con gas natural. Pedimos que las obras necesarias para ello pasen a estar dentro de los proyectos concretos del gobierno nacional, que ya en 2003 expresaba que Posadas sería la puerta de ingreso del gasoducto.
Reitero lo que dije el año pasado en este recinto sobre este mismo tema: “Señores, Misiones no cuenta con gas natural, y no queremos seguir siendo ciudadanos de segunda categoría”.
El bloque Dignidad Peronista, conjuntamente con los legisladores del Frente Renovador de la Concordia, de la provincia de Misiones, y por supuesto con los demás pares del Frente para la Victoria provenientes de Misiones, hemos trabajado con empeño desde este Congreso acompañando los lineamientos políticos fijados desde el Poder Ejecutivo nacional que favorecen al país y a nuestra provincia.
En mi caso particular esta tarea se simplificó por el trabajo firme y constante de nuestro gobernador, el doctor Maurice Fabián Closs, quien con su axioma de crecer más y crecer en paz, día a día brega para que nuestra querida Misiones, la hermosa, siga por el sendero del desarrollo y el crecimiento con justicia social.
Como corresponde, destaco la labor desempeñada por la diputada Lía Fabiola Bianco, quien desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha sido la encargada de trabajar muy duro y hacer llegar al debate de la comisión y a este recinto las inquietudes planteadas por sus pares misioneros, reflejando las necesidades y las demandas del pueblo de mi provincia, ya que muchas de las obras antes mencionadas, originalmente no estaban incluidas en el proyecto de ley de presupuesto, pero el compromiso asumido por la señora presidenta y su gabinete de ministros ante el gobierno provincial ha hecho posible su cristalización en este proyecto.
Por último, quien les habla culmina su mandato en diciembre próximo. Por ello, quiero aprovechar la oportunidad y compartir con ustedes una reflexión. Sabemos que siempre que se concluye una etapa es saludable hacer una evaluación de nuestro desempeño y yo no soy la excepción. De modo que muy sintéticamente les quiero decir que en el desarrollo de mi tarea política y legislativa durante el paso por esta Cámara siempre traté de mantener la coherencia entre mis ideas y mi obrar, acompañando la sanción de todos aquellos proyectos que creí favorecían al conjunto de los argentinos y en particular al pueblo de mi provincia. Por ello, y a partir de hoy, solamente me someto a la evaluación de mi pueblo, que es el único facultado para juzgar mi desempeño.
No tengo más que palabras de agradecimiento hacia todos aquellos con los que compartí estos cuatro años, y no sólo me refiero a la conducción de este cuerpo y a mis pares legisladores, quienes me han acompañado desde un principio, sino también especialmente a los agentes de esta Cámara, que se han encargado de facilitarme muchísimo todo lo relacionado con lo administrativo de la función.
Reitero una vez más que los diputados nacionales por Misiones tenemos objetivos claros y precisos: seguir trabajando en pos de una nación más justa, más humana, más solidaria y de la cual nuestra provincia siga formando parte. Por todo lo expresado mi voto es positivo. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. ERRO, NORBERTO PEDRO.- Señor presidente: en representación del bloque Buenos Aires por el Cambio adelanto que no voy a acompañar la aprobación del presupuesto 2010 elevado por el Poder Ejecutivo nacional, en función de las consideraciones técnico contables y jurídicas que voy a exponer.
Se dice que el presupuesto es la ley de leyes, y existe una máxima que plantea que el presupuesto es el instrumento de racionalidad que tiene el Estado.
Justamente en función de esa máxima, y analizando concienzudamente el presupuesto, vemos que existen una serie de falencias que se pusieron de manifiesto a partir del momento en que el presupuesto ingresó a esta Cámara de Diputados. Lo hizo en tiempo y forma, de acuerdo con la Constitución Nacional y la ley de administración financiera.
Fue presentado por el ministro de Economía, el licenciado Boudou, frente a los legisladores. A partir del 23 de septiembre pasado comenzaron a desfilar funcionarios del Poder Ejecutivo nacional frente a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En una primera etapa estuvo el viceministro de Economía, Roberto Feletti, junto con Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda. Después concurrió el secretario de Finanzas, Lorenzino, y por último el secretario de Energía, ingeniero Cameron.
En algunos casos dieron respuestas acabadas a las preguntas que formularon los diputados, y en otros fueron insuficientes.
Paralelamente ingresó a esta Cámara un proyecto de ley que contempla varias prórrogas: ganancia mínima presunta, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto al cheque hasta 2011 sin coparticipar, y a los bienes personales y ganancias hasta 2019.
Recuerdo expresamente la intervención del viceministro de Economía, Roberto Feletti, cuando comenzó su exposición ante los diputados de la Comisión de Presupuesto. Dijo que la crisis internacional no es homogénea en su impacto. Mencionó que tanto en China como en India no presentó caídas, en tanto que en Rusia y en Brasil tuvo un impacto moderado. En Estados Unidos, Europa y Japón el impacto fue muy fuerte; y en países en vías de desarrollo como el nuestro hubo impactos diferenciados.
El viceministro de Economía continuó expresando que en el caso específico de la Argentina la crisis no fue homogénea. Sostuvo que la crisis no impactó en el consumo, en función de que existe un régimen de protección del mercado del trabajo y de sostenimiento del consumo.
Me permito discrepar con las estadísticas que hemos tenido fundamentalmente en el último año, porque asistimos a la lamentable pérdida de 166 mil puestos de trabajo en la actividad privada.
Hubo un aumento en la Administración Pública –sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del resto del país de veinte mil puestos, con lo cual se ha reducido la pérdida a 144 mil puestos de trabajo.
Recuerdo que una vez le hicieron un reportaje al diputado Dante Gullo, quien dijo algo que comparto plenamente: la mejor forma de combatir la pobreza es justamente generando empleo. Dar la posibilidad de empleo a una familia es dar la posibilidad a los padres de que lleven alimento a sus hijos y tengan obra social y protección si el empleo es en blanco. Lo cierto es que, lamentablemente, en la Argentina hemos perdido una cantidad de empleos que esperemos que podamos recuperar en el futuro.
Nuestro país, a mediados de la década del 50, era líder a nivel regional. Estaba a la cabeza de todos los países de Latinoamérica. Esto no es atribuible a un gobierno sino a muchos y, tal vez por no haber tenido políticas de Estado o por la prevalencia de intereses mezquinos, nuestro posicionamiento de liderazgo en Latinoamérica ha ido declinando.
Hoy, hay países como Brasil, Chile y Uruguay que desde hace tiempo tienen una política mucho más coherente. Aportan una racionalidad y un sentido estratégico, fundamentalmente, a su visión de política de gobierno más allá de quien gobierne. Lamentablemente, en nuestro país ha prevalecido la confrontación permanente, la falta de diálogo y de consenso.
Me llamó poderosamente la atención un informe de IDESA, titulado “Políticas para el Desarrollo Social”, que justamente da cuenta de que la CEPAL, que marca los indicadores de la evolución de los países latinoamericanos -especialmente en las últimas seis décadas-, toma como parámetro fundamentalmente al producto bruto interno, que es el total de bienes y servicios generado por cada país en cada año. Allí observamos la decadencia argentina desde 1950 hasta 2008, y reitero que esto no es atribuible a un gobierno.
En la década del 50, el PBI argentino representaba el 27 por ciento del PBI de la región. En la década del 60, baja al 23 por ciento del producto bruto interno de la región. En la década del 70, baja al 19 por ciento. En la década del 80, baja al 15 por ciento. En la década del 90, al 14 por ciento, y actualmente estamos en el 13 por ciento. El PBI argentino representa el 13 por ciento del PBI de la región.
Quiero destacar alguna manifestación que ha hecho la diputada Laura Montero, con quien coincido, ya que el votar este presupuesto también implica compartir el tarifazo.
Fundamentalmente, en cuanto al tema de los distintos subsidios que se otorgan a los sectores económicos -por ejemplo, al sector energético, al transporte, a las empresas públicas, a las agroalimentarias, etcétera-, los previstos para el año 2009 destinados al área energética ascendían a 16.025 millones. En el 2010 ascienden a 13.512 millones de pesos, lo cual implica una variación interanual negativa del 16 por ciento.
En el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le he hecho una pregunta al ingeniero Cameron: ¿cómo se desagrega en función de los subsidios al gas y la electricidad la baja de estos 2.153,4 millones en subsidios energéticos? Mi pregunta no pudo ser contestada por él ni por sus asesores. Me respondieron con vaguedades.
Muchos diputados integrantes de este cuerpo, entre los cuales me incluyo, junto al señor diputado Albarracín, hemos presentado proyectos que justamente están destinados a dejar sin efecto este tarifazo sanguinario que quieren plantear contra la sociedad argentina.
En función de lo expresado, decimos también que hay una serie de artículos del presupuesto y que están interrelacionados. Me refiero a los artículos 17, 44, 56 y 61, que algunos diputados han mencionado. El artículo 17 se refiere al programa de inversiones prioritarias conformado por proyectos de infraestructura económica y social destinados a la construcción de bienes de dominio público y privado, al transporte, generación y provisión de energía, al desarrollo de infraestructura educativa y ambiental y a la cobertura de viviendas.
Por su parte, el artículo 44 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por un monto de hasta 4.500 millones de pesos y 1.200 millones de dólares.
Recuerdo cuando no hace mucho tiempo nos visitó en esta casa la arquitecta Oporto, funcionaria de la Secretaría de Infraestructura, quien vino a exponer sobre un plan estratégico y territorial para todo el país, buscando el modelo actual y el deseado de cada una de las provincias para insertarlo nuestra realidad. Fue un verdadero ejemplo del diálogo que deseamos los argentinos. Los equipos técnicos nacionales habían trabajado con sus pares de las provincias y lograron por unanimidad el modelo deseado de cada una de ellas.
Lamentablemente, a posteriori surgieron otras alternativas como el tren bala, que no estaba en ese plan estratégico. Me pregunto si este conjunto de obras, algunas de ellas seguramente muy importantes para las provincias, están incluidas en el plan estratégico de Graciela Oporto.
En su momento se trató de un elemento muy valioso. Incluso, cuando la arquitecta Oporto visitó mi ciudad, Vicente López, y expuso en la Mutual de Arquitectos, la felicité porque consideré que era una iniciativa loable ya que significaba generar una política seria y estable en el tiempo, un plan estratégico que necesitan tanto la Nación como las provincias y los municipios.
Lamentablemente, debo decir que estas obras figuran como una mélange, que pueden o no ser realizadas ya que es una discrecionalidad que solamente pertenece al Ministerio de Planificación.
Este proyecto de ley de presupuesto vulnera fundamentalmente los artículos 17, 44 y 56 de la ley nacional de inversiones públicas, que establece que en lo que respecta a las obras públicas el presupuesto sólo debe elaborarlas, informarlas y ponerlas a consideración del Congreso.
Asimismo, la iniciativa en consideración violenta la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, en función de la cual se considera que los gastos de inversión son gastos públicos. A pesar de esto, se está queriendo plantear que estos gastos de inversión que se mencionan no son un gasto. Tal como dijo el señor diputado Agosto, esto tiene por finalidad hacer una diferenciación y que el presupuesto cierre con un fórceps.
En definitiva y resumiendo, no voy a apoyar este proyecto de presupuesto porque insiste con el tema de los superpoderes. El proyecto de autolimitación enviado por el Poder Ejecutivo, que cuenta con sanción del Senado, duerme el sueño de los justos.
Con este nuevo presupuesto se intensifican y aumentan los superpoderes; se menciona un monto superior a los 32 mil millones de pesos, e incluso podemos decir que aumenta el endeudamiento y no tiene prioridades. Aumenta la discrecionalidad pero, por otro lado, en los números reales, más allá de que hay un aumento insignificante, el incremento en las áreas de salud y vivienda es de apenas el 2 y pico por ciento y el 0,9 en el tema de viviendas, lo que implica una pauta de aumento inferior al índice oficial del INDEC. En términos reales, ello implica que en salud estamos desinvirtiendo más de un 10,4 por ciento.
Tampoco se puede apoyar esta iniciativa porque compromete presupuestos futuros, como lo establece el artículo 61 del proyecto. Los fundamentos macroeconómicos también plantean una disminución del crecimiento del gasto público al 12 por ciento, cuando en la actualidad crece entre el 25 y el 35 por ciento. Además, se plantea un aumento de salarios públicos del 8 por ciento, cuando todos sabemos que esto no se condice con la realidad.
Asimismo, la pauta inflacionaria no está de acuerdo con la realidad y se vulnera la ley de administración financiera en forma reiterada. También estamos en desacuerdo con el presupuesto en materia de salud y vivienda.

sra. presidenta vaca narvaja.- La Presidencia informa que comenzaremos con el tiempo reglamentario en el que cada legislador dispone de siete minutos para hacer uso de la palabra, por lo cual solicitamos que se respeten esos siete minutos a fin de que todos puedan participar en los términos acordados.
Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.

sra. BAYONZO, LILIANA AMELIA.- Señora presidenta: voy a solicitar autorización para insertar la mayor parte de mi discurso.
Sólo quiero hacer algunas consideraciones en general sobre la política presupuestaria en materia de infraestructura. En verdad ya participé en la discusión de ocho proyectos de presupuesto. Este es mi último año, y todos los años tengo la esperanza de que no se vaya a repetir el esquema histórico de distribución que presentan los presupuestos nacionales.
La presidenta tiene razón: la dispar distribución de la riqueza es un problema muy grave, pero también lo es la dispar distribución de los recursos de los argentinos, sobre todo para las provincias que no tienen las mismas oportunidades que otras.
La política de inversión e infraestructura siempre presentó el mismo esquema: centralista y unitario. Este presupuesto no escapa a ello y presenta la misma fotografía que en los últimos años. Estas políticas centralistas amplían las brechas que existen entre las provincias, en lugar de acortarlas o eliminarlas definitivamente.
No encuentro una planificación estratégica a la hora de reasignar los recursos, sino criterios de distribución clientelista. Todos sabemos que la competitividad, sobre todo en nuestras economías provinciales, descansa en la disponibilidad de infraestructura. Me refiero al acceso que tengamos en cantidad, calidad y precio a la disponibilidad de infraestructura en materia de transporte, comunicaciones y suministros de agua y energía. La competitividad es un tema central, si queremos pensar en un desarrollo equilibrado del país a mediano y largo plazo.
El desequilibrio entre las provincias sigue siendo muy alto. Esto lo conocemos bien los chaqueños, que hace diez años reclamamos el acueducto del Norte. Es una obra que aparece todos los años en el presupuesto nacional, pero desaparece en la ejecución. Para el año 2010 tiene asignados 50 mil pesos. ¿Qué obra podemos iniciar con ese dinero? Se trata de una obra paradigmática y muy importante para los chaqueños.
Todos tenemos conciencia de los graves problemas que atraviesa nuestra provincia, porque todas las semanas aparecemos en los noticieros nacionales con algún problema, como la falta de agua, que es grave y afecta la salud.
Otra de las obras es el gasoducto del NOA-NEA, que estaba previsto que entre en funciones, según los anuncios oficiales, en el año 2006. Estamos terminando el 2009 y ni siquiera ha sido licitada. Creo que la única licitación que se hizo fue para los tubos, nada más. Mientras tanto, hay 13 millones de argentinos que siguen usando gas en garrafa, el GLP, que es el gas más caro en el mercado y es el que justamente consumen los pobres en la Argentina.
Sí se ha ampliado la capacidad de transporte de algunos gasoductos, pero sólo la de aquellos que llevan gas de exportación, y los gasoductos para abastecer el consumo interno en realidad no han sido ampliados.
La verdad es que el Poder Ejecutivo reincide en los viejos vicios presupuestarios, y el resultado de todo eso es ingresos y costos reales muy superiores a los ingresos y costos presupuestados, y una distribución caprichosa de esos recursos.
Pero vamos a la inversión en infraestructura, que nos muestra los siguientes números. Si analizamos la planilla 1 del artículo 1°, la planilla 2 anexa al título II y la planilla 2 anexa al título III, veremos que la inversión real directa de la administración nacional asciende aproximadamente a 11 mil millones de pesos. Esto significa una disminución de la inversión de casi el 5 por ciento respecto del año 2009.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

sra. BAYONZO, LILIANA AMELIA.- En lo que se refiere a las transferencias de capital, según la primera planilla tenemos lo siguiente: la administración nacional, aproximadamente 25 mil millones de pesos. Esto significa un incremento de casi el 30 por ciento respecto de lo proyectado para 2009.
La mayor parte de esta inversión se encuentra nominada en dos planillas, una es la que forma parte del Trámite Parlamentario, la planilla anexa del artículo 11, que es la contratación de obra que incide en los ejercicios futuros, también conocida como la planilla plurianual, que conocemos todos.
La otra planilla es de carácter indicativo, la planilla 12, y es la que contiene el listado de todas las obras que cada ministerio va a llevar adelante durante el ejercicio 2010 en cada una de las jurisdicciones, o sea, en las provincias.
Para analizar estas planillas no debemos olvidar dos cuestiones muy importantes. La primera planilla, que se refiere a las transferencias de capital, no está desagregada. Por lo tanto, no sabemos a qué provincias o municipios el Poder Ejecutivo nacional destina esos fondos, esos recursos, ni tampoco a qué proyectos o actividades serán aplicados esos más de 25 mil millones de pesos.
No sabemos cómo van a ser distribuidos, ni con qué parámetros. Tampoco si los parámetros van a ser técnicos, con respecto al desarrollo, a la equidad de las provincias o si simplemente van a ser parámetros políticos. Por supuesto que esto trae una consecuente falta de transparencia en el manejo de los recursos presupuestarios.
En la parte donde se puede ver el destino que tendrán los recursos se propone una distribución a mi entender inequitativa, que acentúa el proceso de concentración de la riqueza que ya sufrimos dramáticamente. Esto se pretende disimular prometiendo inversiones que luego no se realizan.
También quiero hablar de la planilla plurianual. Analizando esta planilla vemos que diez de los proyectos que aparecen tendrán un avance del cero por ciento en 2010; 188 proyectos tendrán un avance de obra del 1 por ciento; 156 proyectos tendrán un avance de obra de entre el 2 y el 3 por ciento. Esto significa que la inversión de casi el 60 por ciento de los proyectos de la planilla plurianual será realizada a partir de 2011. Sólo seis proyectos tienen previsto avanzar en más del 50 por ciento durante 2010.
Es mucho lo que tengo que decir, por lo que voy a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones del resto de mi discurso, a fin de respetar el tiempo pautado. Pero sólo quiero mencionar una conclusión.
No hay plan de obras de infraestructura, hay un listado de proyectos, algunos inconexos y otros que aparentemente todavía no han madurado y se los irá ejecutando según la conveniencia de alguna coyuntura política o de otra índole. A mi entender esto no alcanza a ser un plan de desarrollo de la infraestructura estratégica que necesita urgentemente nuestro país.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Formosa.

sra. DE LA ROSA, MARIA GRACIELA.- Señor presidente: la verdad es que luego de escuchar los conceptos de algunos señores diputados con respecto al presupuesto y después de la ardua tarea que llevó adelante la Comisión de Presupuesto y Hacienda en estas dos últimas semanas tengo que decir lo siguiente.
Alguien dijo que las leyes, y especialmente la de presupuesto -que es la “ley de leyes” porque refleja el plan económico, político y social de un gobierno, no se pueden analizar fuera de contexto.
Analizar este presupuesto fuera de contexto significa estudiarlo sin tener en cuenta la crisis que hoy está viviendo el mundo. Cabe aclarar que se trata de la crisis más feroz que ha tenido el mundo capitalista desde la década del 30. Ese es el contexto en el cual la Argentina hoy está presentando este presupuesto para el ejercicio 2010.
Pero gracias a su fortaleza y a su política económica, hoy la Argentina puede minimizar los efectos negativos de esa crisis internacional. Tenemos un país que está en marcha, y si bien durante este año va a disminuir su crecimiento económico, sin duda ese crecimiento va a continuar –en esto estamos todos de acuerdo, quizás en menor proporción, en 2010.
Y hablando de crisis, señor presidente, tenemos que decir que la Argentina ha pasado muchas: la de la deuda externa, la de la convertibilidad, la del tequila y la de la devaluación de Brasil, y en cada una de ellas se vino abajo. En cada una de esas crisis perdió la gente y perdieron las provincias.
Como resultado de esas crisis hubo más impuestos y una política de ajuste deliberada. Así ocurrió en la década del 90 y también en 2001. Y hoy estamos diciendo que la Argentina está saliendo de esta crisis –que no es una crisis cualquiera y que es la peor de todas con mucha fortaleza. Está saliendo sin recesión y sin caída de sus niveles de recaudación.
Muchos diputados dicen que les gustaría que aquí se aplicaran las políticas de Chile, de Japón o de Brasil. Pero en realidad, señor presidente, la Argentina está mucho mejor que esos países. Hoy, Chile tiene un déficit de 4 puntos de su producto bruto, y Brasil estuvo en recesión. Sin embargo, la Argentina presenta un presupuesto que implica la salida de la crisis para volver a ingresar a un camino de crecimiento en el año 2010.
Y acá no pierden las provincias, señor presidente. Por primera vez no se les saca plata a las provincias. No hay ajuste para la gente y no hay mayores impuestos. Además, en el marco de esta crisis el Estado nacional ayuda a las provincias. Existe un fondo solidario que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones de soja que ha sido coparticipado en estos momentos. Asimismo, en el proyecto de presupuesto que estamos analizando hay dos artículos que tienen que ver con ayudar financieramente a aquellas provincias que hoy lo requieran.
Ese es el contexto en el que hoy estamos presentando este presupuesto, que es un buen presupuesto. Es un presupuesto real que tiene que ver con lo que hoy está pasando en el mundo y en la Argentina. En este sentido, tengo que decir que el mantenimiento de las obras de infraestructura económica y social en el marco del Plan Estratégico Territorial es muy importante para las provincias porque las obras generan trabajo y tienen que ver con la reducción de la pobreza estructural –porque significan viviendas, agua potable, y además dotan a las provincias de la infraestructura económica y social necesaria, que es uno de los baluartes que se requieren para el desarrollo económico y social.
Este es un presupuesto real, el de un país en marcha, sin duda inédito para la salida de una crisis. Llamo a la consideración de los señores diputados que generalmente votan en contra cada una de las obras de infraestructura económica y social que se aprueba en los presupuestos. Les quiero decir que están votando en contra de cada una de las escuelas, de las salitas de salud, de los hospitales, de las rutas, de los puentes que forman la infraestructura de las provincias. Están votando en contra de las provincias, por lo que llamo a la reflexión para votar positivamente este proyecto de presupuesto. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. VEGA, JUAN CARLOS.- Señor presidente: lo mío va a ser muy puntual. Me voy a referir al artículo 51 del proyecto de ley de presupuesto, facultad que como Congreso de la Nación concedemos al Poder Ejecutivo para normalizar la deuda pública argentina.
Para tomar conciencia de aquello a lo que nos estamos refiriendo, hay que decir que la Argentina para insertarse en el mercado voluntario de deuda, como decía Hernán Lorenzino en la reunión de la Comisión de Presupuesto, necesita solucionar dos problemas: el Club de París y los hold-outs. No hay posibilidad alguna de volver a colocar a mi país en el mercado internacional de capitales voluntario o multilateral o binacional mientras no solucionemos estos dos problemas, como dicen los gurúes del mundo económico internacional.
Con el artículo 51 estamos dando la facultad al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, para renegociar la deuda pública argentina sin ningún tipo de limitación ni de requisitos previos.
Para recordar de qué estamos hablando, voy a citar algunas cifras. La deuda reclamada por el Club de París es de 7 mil millones de dólares, la deuda reclamada por los hold-outs que son los bonistas que no aceptaron el canje de deuda del año 2005, y aclaro que estuve de acuerdo con ese canje de deuda con legitimidad discutible es del orden de los 36 mil millones de dólares.
Para que se den una idea, estamos hablando de aproximadamente el 70 por ciento del total del gasto anual previsto por el presupuesto de 2010. Estamos hablando de 11 veces el presupuesto anual dedicado a la educación, de 53 veces el presupuesto anual de salud, es decir, estamos refiriéndonos a cifras muy grandes que ameritan que el Congreso intervenga para que el Poder Ejecutivo no tenga una facultad tan amplia para renegociar esa deuda como pueda, como quiera o como se lo impongan.
El Congreso de la Nación, en virtud del artículo 75, incisos 4 y 7, y del artículo 29 de la Constitución Nacional tiene la obligación de emitir su posición con respecto a este enorme ítem del presupuesto, que es la deuda pública que tenemos los argentinos.
Por eso, voy a proponer al bloque del oficialismo que ese artículo 51 tenga tres condicionantes. Aclaro que no estoy hablando desde un oposicionismo vulgar ni minimalista.
Paso a mencionar los tres requisitos que a mi entender debe tener la negociación inevitable de la deuda pública argentina. En primer lugar, los hold-outs. Para sentarse a negociar con los hold-outs, lo primero que se debe exigir es el reconocimiento de la jurisdicción argentina como única aplicable para determinar la legitimidad de la deuda. Los argentinos no podemos seguir soportando la vergüenza de que un juez de Pittsburgh, de Milán o de Torino embargue los cuadros y los sueldos de nuestros diplomáticos en el extranjero.
Entonces, repito, el primer requisito para que mi ministro de Economía se siente a negociar con los hold-outs es el reconocimiento expreso de que la única jurisdicción legal y aplicable es la argentina. Esto no lo digo yo sino que lo sostiene la doctrina Drago, que es la norma de derecho internacional aplicable en estos casos. No hay ninguna duda de que la única jurisdicción es la nuestra; sin embargo, la Argentina nunca lo planteó así.
Segundo, negociemos con los acreedores del Club de París –que debemos reconocer es un club de amigos y no un organismo multilateral o multinacional de crédito- pero estableciendo como requisito la previa individualización de los tomadores de la deuda de la que el Estado argentino se está haciendo cargo en esta negociación. La inmensa mayoría de la deuda que tenemos con el Club de París proviene de sectores privados de la economía. Entonces, ¿no es justo y razonable que fijemos como prerrequisito saber quiénes fueron los tomadores de deuda a fin de que el Estado pueda reclamar una devolución?
El tercer requisito que propongo al oficialismo es que sea cual fuere la negociación y el monto al que se llegue, éste no altere ni modifique la ratio actual entre PBI y deuda. Usted me dirá, señor presidente, cómo hacemos para no modificar la ratio si incorporamos nueva deuda. La respuesta es: creciendo o renegociando bien la deuda.
Quiero ser muy claro. Incluso, este tema fue motivo de una conversación telefónica que tuve hace dos horas con el doctor Hernán Lorenzino porque no pretendo, en esta cuestión tan importante para la Argentina, hablar desde una oposición minimalista.
Por las razones expuestas, pido al oficialismo que analice estos tres requisitos a la hora de aprobar el artículo 51, y que si los encuentra razonables los incorpore. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

sra. DAHER, ZULEMA BEATRIZ.- Señor presidente: se encuentran en consideración en esta Cámara el proyecto de ley de presupuesto, el de responsabilidad fiscal y el de prórroga de impuestos, tres elementos muy importantes que, lamentablemente, quienes no integramos la Comisión de Presupuesto y Hacienda tuvimos poco tiempo para analizar. De todas formas, hemos hecho algunas valoraciones respecto de ellos.
Si bien el proyecto de ley de presupuesto en tratamiento se encuentra dentro de lo normal, es decir, dentro de los presupuestos que venimos aprobando en estos últimos años, contiene aspectos que de ninguna manera podemos avalar.
Por ejemplo, se prorrogan instrumentos que representan más de un tercio de la recaudación impositiva: los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, por diez años; el impuesto a la ganancia mínima presunta, por dos años, y el impuesto al cheque, por un año. Asimismo, se prorroga la tasa especial sobre el precio final de los cigarrillos y se aplaza la finalización de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas sin que hayan participado del debate otras comisiones.
Esta circunstancia de gravedad que se trasunta en el deterioro económico es la coparticipación de los impuestos. Si nos ponemos a analizar qué pasa con nuestras provincias con un esquema del 70 por ciento para la Nación y del 30 por ciento para las jurisdicciones provinciales, está clara la necesidad de una mayor coparticipación a las provincias generada, indudablemente, por la recaudación de tributos.
El texto del proyecto de ley respecto de la situación provincial prevé que el Estado instrumentará un programa de asistencia a las provincias para financiar sus déficits financieros y regularizar pagos de Tesorería en concepto de salarios y servicios especiales. Por eso, está en el artículo 73 el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que en su momento fue creado para rescatar las cuasimonedas. Lo que va a hacer este artículo ahora es profundizar la dependencia de las provincias con la Nación.
El artículo 74 permite que el Ministerio de Economía modifique las condiciones de deuda de las provincias con el Estado nacional. Es la Nación la que va a determinar, de acuerdo con las posibilidades financieras, las quitas, la espera, la remisión y la renovación de deudas tanto de capital como de intereses.
Respecto de las transferencias automáticas a las provincias, el 23,7 por ciento del total representa 83.000 millones de pesos; un 83 por ciento corresponde a la distribución de IVA y un 33 por ciento a ganancias; el 17 por ciento corresponde a impuestos internos coparticipados, créditos y débitos bancarios.
Al observar la distribución de los impuestos entre los distintos niveles de gobierno se advierte claramente que las provincias son las grandes perdedoras. Es así que en la presentación de su iniciativa el señor diputado López Arias hablaba de la necesidad de una nueva forma de distribuir los recursos para las provincias.
El déficit que tienen las provincias con la coparticipación, que viola totalmente la ley 23.548 porque ni siquiera cumple con el artículo 7° que planteaba la garantía del 34 por ciento, lleva a buscar otro camino totalmente diferente y a que sea la Nación quien esté permanentemente digitando los recursos de las provincias. En este sentido, sin que las luces de la Capital nos obnubilen, podríamos haber logrado que se devuelva el 15 por ciento de los aportes de las provincias que iban a las
AFJP, y que ahora se los lleva el Estado antes de la coparticipación. Nosotros representamos a las provincias y por lo tanto deberíamos estar defendiendo este tipo de aportes que hacen las provincias a la Nación y que no nos devuelven.
Tengo muchísimos análisis que hacer en varios aspectos, pero hay uno que me preocupa especialmente: la cuestión social. Según la AFIP se destruyeron 400.000 empleos en los últimos doce meses; la pobreza se calcula en un 35 por ciento; la actividad industrial y la construcción caen hasta para el INDEC y la economía está en recesión sin ninguna duda. Creo que hay una serie de problemas que comenzaron a aparecer en diferentes empresas, entre otras una muy cercana al lugar donde vivo, en donde hubo hechos de violencia a raíz de los despidos producidos que pusieron en juego la política social desgastada fundamentalmente por problemas estructurales.
A esto debemos sumar el programa destinado a la creación de cien mil puestos de trabajo únicamente para la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros tenemos una pobreza estructural. Creo que la distribución podría haber sido un poco mayor y no simplemente pensando en un clientelismo político.
Un tema que me preocupa y no puedo dejar de señalar como representante de la provincia de Salta y, fundamentalmente, como oranense, es que la partida “Prevención y control de enfermedades específicas” creada para paliar epidemias el año próximo tendrá una asignación de 320 millones de pesos, cuando hoy la partida alcanza los 1.284 millones. Es una cifra muy ajustada, sobre todo sabiendo que antes de que el Chaco fuera el centro del dengue Orán tenía 20.000 infectados de esa enfermedad.

sr. presidente fellner.- La Presidencia solicita a la señora diputada que redondee su exposición pues ha vencido su tiempo.

sra. DAHER, ZULEMA BEATRIZ.- Otro tema que nos preocupa surge de la ley de bosques: la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos prevista en la ley 26.331. Se prevé un presupuesto de 273 millones de pesos, cuando se requieren más de mil millones.
En lo referido al proyecto de ley de responsabilidad fiscal adelanto que también votaré por la negativa.
Sin duda, quiero hacer algunas preguntas. Me pregunto si es tan grave la situación en la que nos encontramos, si es ineludible -y en ello va la responsabilidad de cada uno de nosotros, ya no sólo institucional sino patrimonial personal- la necesidad de demostrar la emergencia en la que se encuentra la República para dar una autorización como la que se pretende.
Finalizo mi intervención con las palabras del señor gobernador de mi provincia, quien expresó: “No estoy de acuerdo en que se suspenda la ley porque es el clásico recurso argentino de ir hacia las consecuencias y no a las causas de los problemas”, y consideró que en todo caso deben discutirse las causas que motivan que haya problemas fiscales en las provincias porque si no, en definitiva, entramos en un círculo vicioso del cual no podremos salir.
Solicito autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: el diputado Obeid habló de los problemas que generaría el quiebre de la ley de responsabilidad fiscal promulgada en 2004 por el mismo gobierno que plantea su cambio. Se trata de una pieza de legislación importante en términos institucionales, en la medida en que establece reglas generales de comportamiento fiscal, dotando a la gestión pública de mayor transparencia; es decir, estableciendo mecanismos de contención institucional que generan credibilidad.
Estamos hablando de un déficit estimado -de acuerdo no a las cifras oficiales sino a las que hoy se están tomando como reales- en unos 10.000 millones de pesos para las provincias argentinas.
Tomando esta ruptura de reglas a partir de este cambio de la ley de responsabilidad fiscal, quisiera referirme a dos artículos de este proyecto de ley de presupuesto que, evidentemente, van totalmente en contra de estos mecanismos de endeudamiento y de lo que una diputada preopinante mencionaba respecto de cómo se había logrado pasar esta crisis internacional a partir de un presupuesto lógico y racional.
Si nos remitimos al artículo 22 del proyecto de presupuesto, veremos que nos habla del problema de Aerolíneas Argentinas. Cuando vino Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, a esta Cámara de Diputados, nos dijo que creía que en octubre o noviembre de 2008 la compañía iba a estar en estado de equilibrio, y que por lo tanto a partir de ese momento no iba a ser necesario aportar más dinero.
Vamos a los números: 2007, 475 millones de pesos de déficit operativo; 2008, 1.403 millones y existe un estimado de 2.505 millones si no tomamos lo que ya está incluido en el presupuesto, que nos llevaría a un déficit de 3.400 millones de pesos para este año. Baja de productividad y de facturación.
¿Qué dice el presupuesto 2010? Autoriza de manera indeterminada a cubrir los déficits operativos de Aerolíneas y Cielos del Sur. Por supuesto que lo hace a partir de los llamados superpoderes.
¿Cómo vamos a plantearnos un artículo en el presupuesto de la Nación que hable de una autorización indeterminada? ¿Cuánto es lo que se puede llegar a gastar en Aerolíneas Argentinas, si estamos viendo cuál ha sido el crecimiento exponencial del déficit, cuando no se ha cumplido con la presentación del plan estratégico que debería haberse presentado? De esa forma podríamos haber sabido cuál era el plan de negocios, el plan de inversiones y el sentido estratégico que se quiere dar a la compañía.
Por otro lado, cuando nos referimos a estos números, ¿de qué estamos hablando? ¿De reequipamientos, de mejoramientos en los plazos y en los servicios que se están brindando, o estamos hablando de una forma de licuar la deuda que existía y que este Congreso determinó era una deuda ilegítima?
Recordemos la ley 24.412 que dice que el Poder Ejecutivo nacional instrumentará todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de la empresa de aquellos que puedan haber sido originados en operaciones dolosas o fraudulentas, o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores. Además, se iban a presentar todas las causas penales existentes en las que se investigaran los eventuales delitos.
Lo que se votó en este Parlamento implicaba claramente que había que efectuar un discernimiento entre las deudas legítimas e ilegítimas, como de aquellas dolosas. Se habló mucho en este Congreso de esos 1.000 millones de pesos, que era la deuda que nos dejaba la empresa Marsans. Ahora estamos en 2.500 millones, más 893 millones.
No puede el Parlamento nacional plantear un gasto indeterminado en la empresa Aerolíneas Argentinas.
El bloque de la Coalición Cívica quiere ser taxativo. Tuvo una posición clara y coherente desde el primer día. Hoy quería plantear esto como un tema estratégico de nuestro país. No se puede conceder una partida indeterminada para Aerolíneas Argentinas. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

sra. FEIN, MONICA HAYDE.- Señor presidente: quiero efectuar un planteo complementario al que ha realizado mi bloque en relación con los temas que estamos tratando. El oficialismo nos plantea que la previsibilidad en materia tributaria es de gran importancia para la Nación, ya que significa una señal hacia los administrados que les permite desenvolverse con certeza y precisión.
Si bien consideramos la importancia y la necesidad de contar con certeza, precisión y estabilidad en el sistema tributario -no como únicos valores- se nos plantea el interrogante de cuál es la seguridad y la estabilidad que otorga este sistema tributario a las provincias. En síntesis, ¿dónde encontramos el federalismo?
Precisamente creemos que son las provincias las más afectadas en materia de estabilidad como consecuencia de las políticas fiscales que han significado la pérdida de recursos.
Podemos hablar de pactos fiscales suscriptos por las provincias, de la desactualización de los fondos fijos coparticipables, de los fondos provenientes de los impuestos sobre los débitos y créditos bancarios -que hoy se quiere prorrogar-, del financiamiento tributario de la ANSES y del fondo de autarquía de la AFIP. En fin, se trata de un constante avance desde el poder central en detrimento de los recursos provinciales que ha producido una paulatina pérdida de autonomía de los estados provinciales.
El federalismo es una forma de gobierno de un país integrado y solidario en el cual cada uno de sus niveles estaduales persigue el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El federalismo fiscal es el que presupone la distribución de las responsabilidades, asignando potestades tributarias y la transferencia intergubernamental de recursos.
Creemos que un crecimiento con equidad requiere indiscutiblemente de un nuevo sistema tributario progresivo y de una nueva ley de coparticipación de impuestos. Es necesaria una construcción de solidaridad y confianza entre las distintas jurisdicciones involucradas.
Los datos del presupuesto de 2010 también dan un claro testimonio de que las que pierden son nuevamente las provincias.
La recaudación total que nos plantean desde el sector público nacional está presupuestada en 353.724 millones. De este total, el sector público nacional recibirá el 76,3 por ciento, quedando el 23,7 restante en manos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si observamos la distribución de los recursos entre los distintos niveles de gobierno se advierte que las provincias son las claras perdedoras en el actual sistema de recursos coparticipables. Ante este escenario de pérdida de recursos por parte de las provincias no se advierte un mayor compromiso del Estado nacional en materia, por ejemplo, de temas sociales.
Como todos sabemos, durante las últimas décadas la Nación ha descentralizado en las provincias funciones fundamentales en el impacto social -como la salud y la educación- que, juntamente con otras funciones que ellas tienen -como el sostenimiento de sus economías regionales, la seguridad, etcétera-, permiten el desarrollo equilibrado.
El presupuesto nacional no sólo no prevé por parte del Estado nacional mayor aporte en estas áreas sino, contrariamente, la disminución del mismo como sucede, por ejemplo, con la disminución del gasto en salud.
Más allá de que discutamos los porcentajes con los que se mide la pobreza, nadie puede desconocer que está en ascenso y que esta situación presupuestaria que estamos tratando desconoce esta realidad. No sólo no contempla ninguna política universal de ingreso ciudadano -en este Congreso hay múltiples proyectos como el del ingreso ciudadano a la niñez- sino que sólo contempla planes sociales focalizados que existieron y existen en la Argentina generalmente destinados a grupos o a jefes de familia, que han demostrado su ineficiencia en la lucha contra la pobreza.
En cuanto al rol de las obras de infraestructura, quiero ser breve y analizar algunas cuestiones de mi provincia, Santa Fe. Puedo decir que del plan de 700 escuelas sólo se construyeron 13; que la construcción de 10.000 viviendas que contemplaba el Plan Federal de Viviendas I, fue terminada por la provincia –hay una deuda de la Nación con la provincia-; que el OCCOVI no toma las decisiones para el mejoramiento de las rutas nacionales 33, 34 y 11; que la provincia de Santa Fe tuvo que terminar las obras de la ruta 19 y que la Nación le adeuda 500 millones. También podemos hablar del reclamo que el gobernador de nuestra provincia ha hecho a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la permanente violación del artículo 7º de la ley de coparticipación federal.
Señor presidente: creo que ni el presupuesto ni la prórroga impositiva que nos plantean contemplan la situación de los más vulnerables, el aumento de la pobreza, ni las circunstancias que enfrentan nuestras provincias en cuanto a políticas sociales. Además, fundamentalmente, les dejan esta responsabilidad a ellas y no contemplan terminar con los desequilibrios entre quienes generan los recursos y quienes los distribuyen.
Por esta razón, nuestro bloque no acompañará ni el proyecto de presupuesto ni las prórrogas impositivas y, tal como lo hemos hecho en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley de responsabilidad fiscal -que votamos en contra ya que imponía a las provincias mayores definiciones del poder central-, vamos a acompañar esta propuesta que hoy se hace con la idea de otorgar a las provincias la autonomía que les corresponde para definir sus endeudamientos.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. BERNAZZA, CLAUDIA ALICIA.- Señor presidente: creo importante ratificar por parte de este bloque la necesidad de contar con un instrumento que, tal como en otras oportunidades, simplemente se propone ser la herramienta de trabajo y de orientación de políticas. No significa que con este proyecto se estén atendiendo ni todas las deudas ni todos los problemas ni todas las modificaciones que necesita la economía argentina. Este bloque es consciente de esto, pero también sabe que esta iniciativa es necesaria para el gobierno nacional a los efectos de la gobernabilidad, del trabajo, del ordenamiento de la economía nacional y del funcionamiento del propio Estado.
Por lo tanto, llama la atención que se hagan señalamientos a un instrumento que se viene construyendo con los mismos parámetros con que lo han hecho otros bloques políticos cuando han sido oficialismo.
En cuanto al tema al que también nosotros estamos atentos, referido a la necesidad de coparticipación de los impuestos, sabemos que estamos en una etapa de recuperación del patrimonio, de la riqueza nacional y de los estándares económicos de la Nación. Sin Nación no hay provincias; sin Nación no hay municipios. Por lo tanto, nos llama poderosamente la atención que en este momento se ponga en juego la idea misma de Nación y de economía nacional en nombre de una suerte de federalismo que suena muy bien para los medios de comunicación. Digo esto porque nuestros verdaderos caudillos federales siempre lucharon por una Nación.
Entonces, sobre todo en un contexto de crisis internacional, es necesario que ciertos instrumentos de política fiscal y ciertas medidas impositivas sean sostenidos, más allá de que a lo largo del tiempo y del próximo año podamos debatir en profundidad la extensión de algunos gravámenes o, al menos, la inclusión de nuevos sujetos, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias.
También se podría contemplar la necesidad de gravar actividades económicas que hoy están excluidas, como una forma de cambiar la política fiscal. Esto no lo desconocemos, sino que simplemente estamos dando un instrumento necesario para el ordenamiento económico del país y para la gobernabilidad misma de la Nación, permitiendo al mismo tiempo la apertura de todas las demás discusiones, incluido el debate sobre los más postergados y la pobreza en la Argentina.
Estamos seguros de que la inclusión social necesita de muchísimos más instrumentos que los que acompañan al presupuesto nacional. Lo queremos aclarar porque, si no, parecería que la aprobación de esta iniciativa bloquea cualquier otra discusión, y esta no es la voluntad de nuestro bloque.
Así buscamos atender algunas preocupaciones de los bloques opositores o de algunos diputados que generalmente acompañan nuestras propuestas. No deseamos que este instrumento aparezca como una iniciativa rígida, ya que ninguna ley se escribe sobre las piedras ni se agota en sí misma. Tampoco se excluye ningún debate, y la economía argentina seguramente necesitará renovadas discusiones por parte de la Cámara. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señor presidente: no soy constitucionalista, sino que sólo ejerzo una de las profesiones de Ciencias Económicas, pero entiendo que no es correcto decir que “sin Nación, no hay provincias”, sino que quiero remarcar que “sin provincias, no hay Nación.” Esta fue la base de la Constitución de 1853 y los pactos que sustentaron nuestra gran República.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. GIUDICI, SILVANA MYRIAM.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración que intenté formular cuando la diputada Vázquez planteó la cuestión de privilegio. Me gustaría que se entienda que las cuestiones de privilegio, según el reglamento, no se discuten, pero ya que fui aludida, necesito hacer esta aclaración.
Sucede algo particularmente curioso en relación con los dichos de la diputada, que otra vez vuelve a poner sobre el tapete una discusión política de nuestro bloque y de nuestro partido.
En primer lugar estamos, evidentemente, ante la fe de los conversos. Cada vez que se habla es necesario, a fin de agradar al poder, ofrecer el sacrificio de algún compañero de fe, de ruta o de algún correligionario. En caso contrario estaríamos frente a un grave conflicto de identidad, porque si tanto le gusta discutir nuestra doctrina, nuestras decisiones políticas y nuestras votaciones, sería bueno que la diputada optara por venir a la Convención, que es nuestro cuerpo orgánico, donde luego de un debate podríamos decidir si se puede incorporar o no a nuestro partido.
Espero que la cuestión de privilegio se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y que la diputada asista al debate.
Abordando el tema presupuestario, lo primero sería analizar qué ocurrió con el debate de los superpoderes. Una vez que el 28 de junio la gente tomó una decisión y optó mayoritariamente por poner un freno a este modelo de concentración del poder, creo que ha habido una suerte de discusión en el Poder Ejecutivo sobre el recorte de los superpoderes.
embargo, leyendo la letra dura del dictamen, encontramos delegaciones de competencias del Congreso a favor del Poder Ejecutivo –es decir, superpoderes no sólo en los artículos 8° y 9°, sino también en los artículos 7°, 11, 12, 30, 36, 37, 38, 84 y 86. Se trata de la delegación de facultades en favor del jefe de Gabinete y del Poder Ejecutivo, otra vez relegando la función del Congreso a la de simplemente una mera escribanía de las decisiones ejecutivas. La jurisdicción 91, que también da un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad al gobierno para distribuir recursos entre las provincias, ha aumentado un 35 por ciento respecto del año pasado, lo que la ubica en cerca de 20 mil millones. Por lo tanto, los superpoderes intactos y otra vez un presupuesto que se presenta hoy pero que puede perfectamente cambiarse durante todo el ejercicio.
de esto se incorpora una curiosidad muy importante que hasta ahora yo no la había visto y me parece muy creativa en términos de administración financiera. Se modifica la ley 24.156 y se incorpora en el artículo 79 del presupuesto una facultad para cancelar gastos del año que viene con cargo a los recursos a percibir en el ejercicio siguiente. Esto viola una norma presupuestaria y es una nueva irregularidad que compromete recursos no percibidos aún, es decir que a mi modo de ver compromete también a los futuros gobiernos en el pago por las decisiones que se tomen ahora.
nos referimos a las decisiones que se toman ahora basta con mirar algunas, como la autorización del déficit para Aerolíneas que está situado en alrededor de 1,5 millones de dólares por día. También podemos hablar haciendo referencia a las decisiones que comprometen recursos del contrato para la televisación del fútbol, que implica un convenio a diez años y prevé para este año una erogación con la AFA de 648 millones.
este punto quiero hacer una aclaración que me parece pertinente. ¿Cómo se están transfiriendo estos recursos a la AFA? Se supone que hay un convenio que va a generar obligaciones entre las partes.
primera partida que se ha destinado a la AFA salió por decisión administrativa 144/09 del jefe de Gabinete, usando superpoderes y reasignando partidas, en concepto de apoyo económico, es decir, subsidio. Esto quiere decir que esos 100 millones no los audita nadie.
También tenemos referencia de que en las últimas fechas se han dejado de percibir por ineficiencia, por no comercializar la publicidad como podría haberse hecho, 1,5 millones de pesos por fin de semana, con lo cual es dudosa la recuperación del dinero. Cuando discutimos las decisiones para la agenda parlamentaria dijimos que era necesario para los bloques de la oposición abordar los temas de la pobreza, y esto es realmente lo que debería preocuparnos con mayor ahínco, en este momento donde cada vez mayor cantidad de argentinos sufren los efectos de la inequidad, la desigualdad y la exclusión. Entonces, vamos a analizar brevemente qué pasa con el presupuesto de desarrollo social. Si bien se incrementa en un 700 por ciento en todos estos años, y del año pasado a este se incrementa en un 35, vemos que hay algunas partidas que se aumentan, como las pensiones no contributivas, en 7 mil millones de pesos; seguridad alimentaria, 1.200 millones, y el plan Familia, 2.300 millones. Un nuevo programa, en el cual vamos a poner mucha atención en cómo se distribuye y cómo se ejecuta, es el de Ingreso Social con Trabajo, que son nada menos que 1.500 millones de pesos distribuidos a través de organizaciones sociales y cooperativas. Por esto terminamos concluyendo que si el incremento de partidas en inversión social o en el Ministerio de Desarrollo Social alcanzó en toda esta era de gobierno kirchnerista un 700 por ciento, ¿por qué los indicadores de pobreza son cada día más alarmantes? Mientras se incrementa el presupuesto del área social en este monto hay un verdadero incremento de la pobreza, si bien el INDEC dice que es de un 13,9 por ciento. Sin embargo, según la estadística que plantea el área de estudios económicos del Banco Ciudad, la pobreza está en un 32,9 por ciento. Quiere decir que eso no funciona, que este método de distribuir con el criterio del clientelismo hay que cambiarlo por lo que venimos planteando, para que sea en la Argentina una realidad la asignación universal a la niñez, y la universalización de las políticas. Por último, señor presidente, quiero mencionar algunos datos que realmente son difíciles de abordar y analizar, fundamentalmente en un tema que seguimos planteando porque para nosotros constituye una herramienta de censura sobre los medios de la Argentina. Tiene que ver con algo que no se quiso abordar en la discusión de la ley de radiodifusión: la publicidad oficial. Para 2010 han presupuestado 309 millones de pesos para todo el año. Si miramos hacia atrás, sólo en el primer trimestre de 2009 se han gastado en ese rubro 622 millones. Por lo tanto, esta estimación es una mentira y además está demostrando a las claras que a través de la publicidad oficial se sigue disciplinando la línea editorial de los medios. Lamentablemente, no pudimos decir todo lo que queríamos, pero quiero cerrar esta intervención diciendo que antes de que finalice este año parlamentario es urgente discutir a fondo el tema de la pobreza y la forma de combatirla y también una ley para regular con transparencia lo que está sucediendo en este momento, para que la distribución de publicidad oficial deje de ser un escándalo más que engrosa los actos de corrupción.
sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. MORGADO, CLAUDIO MARCELO.- Señor presidente: lo que queremos agregar como contribución al presupuesto para el ejercicio 2010 es la financiación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de la ley 26.378 que aprobamos el año pasado. El artículo 4º de esa convención internacional fija que cada Estado miembro como lo es nuestro país disponga de recursos administrativos para su implementación.
Nosotros aprobamos esa convención con su protocolo facultativo, la que nos obliga a presentar un informe anual ante las Naciones Unidas en el que justamente uno de los temas predominantes es cómo se financian las políticas relacionadas con discapacidad.
En uno de sus artículos la convención pone especial énfasis en lo que se refiere a los esfuerzos que tiene que hacer cada Estado miembro y habla de recursos razonables. Estos recursos razonables ameritan financiación. Estamos hablando, por ejemplo, de páginas web accesibles para personas ciegas en la administración pública –accesibilidad en todo sentido, para que realmente se pueda materializar el espíritu de la convención, que es otorgar el carácter de ciudadanía plena y el pleno uso de los derechos a las personas con discapacidad.
Esto es lo que pedimos que se incluya dentro del presupuesto.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

sra. BALDATA, GRISELDA ANGELA.- Señor presidente: quiero adelantar el voto negativo y solicitar autorización para insertar en el Diario de Sesiones los fundamentos de carácter técnico que sustentan mi voto.
He pedido la palabra porque hay una cuestión que no puedo dejar pasar. Una diputada dijo en este recinto que no entendía cómo los diputados de provincia no aprobamos un presupuesto tan generoso para las provincias. La verdad es que yo quiero que mi provincia recupere los recursos que por derecho le corresponden. No quiero ver, presupuesto de por medio, al gobernador de mi provincia yendo cada quince días a la Casa Rosada para poder tener los recursos y cumplir con las obligaciones de sueldos y de pagos a los jubilados. Este presupuesto no sólo que no es generoso, sino que es una vergüenza.
Ningún señor diputado de provincia, por lo menos de Córdoba, podría estar votando este presupuesto, y a los hechos me remito: un montón de obras de infraestructura vial que figuraban en presupuestos anteriores se han caído. Se ha caído el presupuesto para el proyecto de la autovía San FranciscoCórdoba, la ruta de la muerte. Nada se ha hecho ni nada se hará porque no figura en este presupuesto.
También se cayó el presupuesto de la autovía Río IVCórdoba, y no solamente en este presupuesto, porque se cayó definitivamente. Ahí tenemos a los empresarios adjudicatarios pretendiendo pedir aumento de peaje para poder empezar mínimamente a hacer alguna de las obras tan postergadas.
Las rutas de la muerte están en Córdoba. Lo mismo pasa con la ruta 35, no hay absolutamente nada porque se ha caído del presupuesto. Cada vez que anuncian un plan de 400 ó 500 viviendas hacen una fiesta. En este país hay un déficit habitacional de 3 millones de viviendas.
¿De qué presupuesto generoso están hablando? Por dignidad esta diputada no puede votar este presupuesto e invito a los diputados de Córdoba a votar en forma negativa porque va también en contra de los derechos de mi provincia y de los derechos que la Constitución asigna para las provincias.
Entonces, de ninguna manera podría estar avalando un discurso mentiroso e incluso hasta perverso, cuando sabemos cómo se arrodillan o cómo se someten aquellos gobernadores o intendentes porque saben que si no lo hacen no les llega ni un solo centavo o peso para realizar las obras que necesitan.
De manera tal que insertando los elementos técnicos, dejo muy fijada mi posición con este voto negativo. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

sra. BENAS, VERONICA CLAUDIA.- Señor presidente: quiero aportar a la exposición que ya hicieron los diputados de mi bloque y el diputado Claudio Lozano respecto del presupuesto, la preocupación que tenemos desde nuestra bancada en cuanto a la falta de crecimiento y de inversión en el tema viviendas.
Particularmente, en la provincia de Santa Fe: me voy a referir a los datos con que cuento, porque en esta Cámara hubo desde distintos bloques reiterados pedidos de informes que no fueron contestados sobre la evolución de los Planes Federales de Vivienda I y II. Lamentablemente, no hemos podido contar con la información del Ministerio de Planificación Federal en este sentido.
La señora diputada del bloque Socialista, Laura Sesma, inició estos pedidos de informes en octubre del año pasado. Lo mismo hice yo en el mes de noviembre preguntando por la evolución de este compromiso en Santa Fe. La diputada Mónica Fein, por Santa Fe, presentó un pedido similar en marzo de este año y el diputado Fabián Peralta hizo lo propio poco tiempo después. Ninguno de estos pedidos fue contestado.
Particularmente, creo que el funcionamiento de esta Cámara en la Comisión de Vivienda es sumamente irregular. No se aprueban los pedidos de informes y parece que el oficialismo se muestra totalmente reticente a brindar información a los diputados que la solicitamos. No es un tema menor porque en la agenda que sostenemos nosotros, aunque supuestamente el gobierno nacional dice incluir como cuestión prioritaria el tema vivienda, esta falta de ejecución de planes significa profundizar los niveles de pobreza y de exclusión en que se encuentra una enorme cantidad de familias en nuestro país.
Santa Fe todavía está reclamando a la Nación los importes que tuvo que poner para completar el compromiso asumido por la Nación para concretar el Plan Federal I. No hemos recibido un solo peso del Plan Federal II, con el agravante de que será reemplazado por otro plan, que si no me equivoco se llama Techo Digno.
Es decir que el gobierno nacional va sustituyendo un plan por otro y no cumple ninguno. Surgen nuevos planes con nuevos nombres, se hacen avisos rimbombantes sobre obras que después no se ejecutan y no se cumple con los compromisos, pese a que todo eso genera expectativas a muchísimas familias. Sólo en Santa Fe hay 120 mil familias esperando la construcción de la vivienda propia.
Si sumamos el compromiso asumido por la Nación respecto de Santa Fe en el marco de los planes federales para la construcción de viviendas I y II, llegamos a la conclusión de que de 25 mil viviendas no se ejecutaron 23 mil; sólo se construyeron aproximadamente 3 mil viviendas a partir del Plan Federal I.
A todo esto debemos agregar que el rediseño de estos planes por parte de la Nación es, cuanto menos, confuso. Según los datos que pude conseguir de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de mi provincia, los compromisos asumidos por la Nación generan en la actualidad dos tipos de fondos para la construcción de viviendas. Uno de ellos, que es el que no se cumplió hasta el momento, tiene la característica de subsidio y se traduciría en la construcción de 9 mil viviendas sociales. A estas debemos agregar otras 10.500 viviendas, cuando ni siquiera se ha cumplido con el compromiso de 20 mil viviendas para Santa Fe. Sólo se podría conseguir financiamiento a través de un fideicomiso entre la provincia de Santa Fe y la ANSES a una tasa del 13,5 por ciento con créditos a 15 años y cuotas de aproximadamente mil pesos mensuales.
Resulta claro que sólo una parte de la población de clase media o de clase media alta podría acceder a estos créditos, con una situación de recupero para la provincia al menos complicada. Es sabido que resulta difícil el recupero de la inversión en vivienda porque la tasa de morosidad es muy alta.
Uno de los aspectos más graves de todo esto son los compromisos incumplidos ante la necesidad imperiosa de 120 mil familias de mi provincia que sufren un déficit habitacional gravísimo, a lo que se suman las conocidas tragedias que debieron vivir como consecuencia de las inundaciones. Tampoco debemos olvidar los problemas derivados de los asentamientos irregulares permanentes en la ciudad de Rosario, donde en promedio se radican unas seis familias por día, a las que no podemos dar respuesta con los recursos provinciales.
Ciudadanos de muchas provincias vienen a instalarse a nuestra ciudad. Sin embargo, Santa Fe ha sido discriminada en cuanto a la asignación de créditos para la vivienda y la construcción de viviendas sociales.
A todo esto quiero agregar que llama particularmente la atención que a Santa Fe no se le hayan asignado los fondos que en presupuestos anteriores se le habían adjudicado y que nunca llegaron.
La nueva reprogramación efectuada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación en esta área es un mecanismo casi extorsivo, porque para que los santafesinos accedamos a la construcción de las 9 mil viviendas sociales que en principio compromete la Nación, aparentemente deberíamos tomar créditos por 880 millones de pesos con el mecanismo del fideicomiso de ANSES.

sr. presidente fellner.- Su tiempo ha concluido, señora diputada.

sra. BENAS, VERONICA CLAUDIA.- Esto habla a las claras de los criterios arbitrarios con los cuales se asignan las viviendas. Debemos entender que en estos mecanismos de asignación existe una clara preferencia por aquellos gobiernos provinciales con afinidad con el gobierno nacional, y un castigo para aquellos que no se corresponden con el partido político que actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
Todo esto es sumamente grave. Por eso, nosotros hicimos hincapié en esta propuesta de presupuesto que contempla una inversión del Estado en materia de políticas sociales vinculadas con la asignación universal por hijo, un replanteo de la inversión en educación, una inversión real en salud y el hecho de garantizar a los argentinos la posibilidad de una vivienda digna.
Evidentemente, esto no le tocó a Santa Fe; lamentablemente, tampoco queda en claro en este presupuesto qué va a llegar a nuestra provincia. La negativa de brindar información me parece reprochable por parte de Nación.

sr. presidente fellner.- Recuerdo a la señora diputada que su tiempo ha terminado.

sra. BENAS, VERONICA CLAUDIA.- En Santa Fe también hemos sido castigados con el plan 700 escuelas, que ahora son 1.000. Otra señora diputada manifestó que solamente se construyeron trece con una asignación casi discutible, porque ni siquiera se respetó el 9,2 por ciento de coparticipación que le significaría a Santa Fe al menos setenta edificios escolares.
En viviendas no se respetó ningún criterio vinculado con el aporte que hace la provincia de Santa Fe a través de sus impuestos a los recursos nacionales. Entonces, más allá de todas estas cuestiones que planteamos como prioritarias en una agenda donde el Estado cumpla un rol activo…

sr. presidente fellner.- Si no respeta el tiempo deberé cortarle el micrófono, señora diputada.

sra. BENAS, VERONICA CLAUDIA.- De acuerdo, señor presidente.
Sólo quiero agregar que nuestro rechazo a este proyecto de ley de presupuesto se relaciona con la ausencia del Estado nacional para resolver los problemas más urgentes de los argentinos, entre ellos el de la vivienda, que es fundamental.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. PIUMATO, JULIO JUAN.- Señor presidente: quiero anticipar mi voto afirmativo a los proyectos de ley que se van a aprobar en el día de la fecha en materia impositiva, como así también al proyecto de ley de presupuesto nacional para el ejercicio fiscal del año 2010.
Considero que estas iniciativas constituyen una herramienta fundamental para el manejo del Estado dentro de una coyuntura especial generada por la grave crisis internacional, en la cual la Argentina no resultó arrasada gracias a las políticas implementadas desde 2003, como podría haberlo sido cuando imperaban las políticas neoliberales que dejaron a nuestra Nación al borde de la desolación nacional, allá a fines de 2001, cuando hasta se hablaba de designar un gerente de los organismos internacionales para manejar la economía del país.
Sin perjuicio de ello, como trabajadores tenemos la voluntad y esperamos que el Poder Ejecutivo como autoridad en materia del impuesto al cheque repare una situación de injusticia que se viene dando desde 2001.
En 2001, la ley del impuesto al cheque fue aprobada exceptuando en su artículo 2º a las organizaciones sin fines de lucro. Posteriormente, el mismo año y a iniciativa del mismo gobierno esta excepción fue modificada otorgando facultades al Poder Ejecutivo para definir quiénes iban a ser los exceptuados.
Por decreto reglamentario hoy sigue vigente fueron entonces exceptuados sectores financieros, las AFJP y las empresas de medicina prepaga, generando un salud de la Argentina ellas hoy prestan servicios –junto con las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones de los trabajadores al 45 por ciento de la población. Si sumamos el 45 por ciento de la población que se asiste en los hospitales y el 10 por ciento cubierto por las empresas de medicina prepaga, tenemos la cobertura del sistema de salud de la Argentina.
Como trabajadores insistimos en que tanto las obras sociales como las asociaciones sindicales deben quedar exceptuadas de ese gravamen tal como sucedía por aplicación de la ley de asociaciones sindicales. Lo mismo sucede con las asociaciones mutuales que hasta la modificación de la ley y el dictado del mencionado decreto en 2001 estaban exceptuadas por la ley de asociaciones mutuales.
También dejamos sentado un constante reclamo de los trabajadores respecto de la necesidad de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias –algo que no se ha hecho en este año- que grava los salarios de los trabajadores, que no son una ganancia sino una prestación alimentaria.
Dejamos abiertas estas dos cuestiones que han sido y son reclamo permanente de la Confederación General del Trabajo. Más allá de nuestro apoyo al proyecto de ley esperamos que el gobierno nacional defina cuanto antes una posición a este respecto.
En lo referido al proyecto de ley de presupuesto, puntualmente voy a manifestar mi satisfacción en virtud de que la partida destinada al Poder Judicial ha tenido un aumento considerable, si bien no está a la altura de sus requerimientos, dado que la Justicia viene de décadas de abandono y descapitalización cuando era considerada un gasto y no un servicio para la población.
Sin perjuicio de ello, destacamos que se han previsto las partidas para los 750 cargos para acelerar las causas vinculadas con la violación de los derechos humanos, y hacer frente a las necesidades de los tribunales que están absolutamente colapsados por el aumento de la litigiosidad laboral, producto también de la mayor actividad económica que se ha producido en el país en los últimos seis años.
Valoramos positivamente el otorgamiento de partidas para cerrar un ciclo que recrudeció en las últimas décadas en la Justicia: el trabajo esclavo, el de los antiñoquis, el de los meritorios, que habían tenido un principio de solución en 2007. Afortunadamente, se han previsto las partidas para que esas 150 personas que aún no tienen un cargo efectivo puedan solucionar su situación y formar parte de la planta estable del Poder Judicial.
También se previeron partidas –de acuerdo al compromiso asumido por los funcionarios que nos han visitado- para hacer frente a situaciones aberrantes, producto de las políticas que imperaron en la Argentina, que llevaron al desguace virtual del fuero del trabajo, ya que de los noventa juzgados creados por ley desde hace quince años, sólo doce vienen funcionando con la mitad de su planta.
Esta situación no sólo agravia a los trabajadores judiciales, sino al conjunto de los trabajadores argentinos –por lo menos a los que litigan en la Ciudad de Buenos Aires-, que ven menguadas sus posibilidades de una rápida solución de sus conflictos.
Con los cargos previstos se van a completar las plantas de personal y se habrá hecho justicia con el fuero del trabajo y con todos los trabajadores argentinos.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. PERALTA, FABIAN FRANCISCO.- Señor presidente: como han expresado otros integrantes de mi bloque, nos vamos a oponer al proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional por razones de fondo, ya que a nuestro entender se produce un avasallamiento del federalismo.
Como bien ha dicho un señor diputado preopinante, nuestra Nación se constituye con las provincias, que son preexistentes a ésta. Entre todos decidimos hacer del federalismo nuestra forma de gobierno. A nuestro entender, el presupuesto no respeta esa esencia que es vital para el desarrollo de la patria.
También tenemos diferencias en lo que tiene que ver con la forma de obtener recursos del Estado nacional.
Como ha dicho una diputada nacional, es necesario abordar el tema vinculado con el combate de la pobreza. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con una reforma fiscal. Para combatir la pobreza, necesariamente también hay que combatir la riqueza concentrada. Es la única forma de poder dar a quien no tiene.
Además de esas consideraciones que son de fondo, me quiero referir a un punto que tiene que ver con el presupuesto otorgado a la Sedronar. Lo dije el año pasado y lo repito ahora.
Previamente, me remonto a una interesante visión que efectuara el presidente de la bancada oficialista, diputado Agustín Rossi. Con él tengo obvias diferencias, pero un serio respeto militante. Nos planteó que desde su punto de vista el eje no debería ser oficialismo-oposición, sino política-corporaciones.
Me parece interesante profundizar el análisis en esa línea. Cuando la política decide enfrentar a las corporaciones, nos encontramos ante lo que se conoce como políticas de Estado, más aún si dichas corporaciones son ilegales.
El presupuesto que estamos tratando para la Sedronar este año es de 48.500.000 pesos. Casi la mitad de ese presupuesto se va en sueldos y en gastos de funcionamiento de la propia Secretaría, y con el resto se supone que tenemos que prevenir adicciones ya sean de sustancias ilegales o legales o, por ejemplo, adicciones al juego. Es decir, con ese resto tenemos que asistir a los adictos y además tenemos que luchar contra el narcotráfico.
El año pasado el propio secretario de Estado nos informaba que con este presupuesto el Estado garantiza ochocientas becas de rehabilitación para los adictos sin planes de reinserción social en todo el país. Estas cifras son absolutamente insignificantes.
Nosotros estamos realizando una encuesta en la provincia de Santa Fe y, hasta ahora, de las aproximadamente cuarenta comunas e intendencias que tenemos relevadas ninguna ha recibido información, elementos de difusión o becas de la Sedronar. Todas afirman que las adicciones tanto de drogas legales como ilegales principalmente las legales, como el alcohol constituyen una problemática que crece en cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe.
Quiero dar algunos datos que posiblemente nos ayudarán a comprender en toda su magnitud el tema que estamos considerando. En el año 2000 las fuerzas de seguridad desbarataron cinco laboratorios de elaboración de drogas ilegales en todo el país, lo que comúnmente se denominan “cocinas” mientras que en este último año solamente en el departamento Rosario llevamos nueve procedimientos. Esto habla del crecimiento a pasos agigantados de este negocio y de lo absolutamente insuficiente que resultan estos dos millones de pesos mensuales que prevé este proyecto de presupuesto.
En la provincia de Santa Fe hay una jueza federal que puntualmente habla de “lluvia de marihuana”. Tenemos la nota que oportunamente mandara la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
A nosotros nos parece que es imprescindible establecer políticas de Estado en relación con este tema y asignarles un presupuesto acorde al fabuloso e inescrupuloso negocio que decimos enfrentar.
Esta política de Estado tiene que partir de la necesaria unificación del propio gobierno en cuanto a qué hacer con este tema. Solamente voy a comentar un detalle en este sentido: ustedes saben que el actual ministro coordinador designó un comité científico asesor cuando él actuaba como ministro de Justicia. Dicho comité nos ha hecho llegar a todos los señores diputados –por lo menos a los que integramos la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico distintos materiales.
En uno de esos materiales nos sugiere la posibilidad de actualizar la lista de precursores químicos, pero el secretario de Estado del área nos dice que no hace falta actualizar esa lista.

— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

sr. PERALTA, FABIAN FRANCISCO.- Por si hiciera falta, para pasar en limpio lo que estoy mencionando, quiero señalar que existe un sector del gobierno que dice que hay sustancias que hay que controlar y otro que dice que no hace falta controlarlas. Esto es necesario unificarlo. Primero, el gobierno. Después, la oposición hará sus aportes. Luego, hay que constituir una política de Estado y asignarle el presupuesto adecuado. De lo contrario, lo único que vamos a estar haciendo son anuncios y nos vamos a alarmar por los números, que van a seguir creciendo sin mellar en nada este inescrupuloso negocio.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. CORTINA, ROY.- El bloque del PS ya ha expresado a través de otros compañeros y compañeras su voto negativo a esta prórroga de impuestos y al proyecto de ley de presupuesto 2010.
Muchos señores diputados de distintos bloques, e incluso compañeros del mío propio, han abordado este tema desde un ángulo técnico, incluso analizando partida por partida y concentrándose en temas específicos.
Quiero reforzar una caracterización que han hecho algunos diputados y diputadas, con un enfoque un poco más integral, que para nosotros hace que un presupuesto de estas características esté en las antípodas de la posición política de lo que el Partido Socialista entiende debería ser un presupuesto para la Argentina del año 2010.
No hay que llamarse a engaño. Este presupuesto es un capítulo más, cada vez menos disimulado, de la tan vapuleada retóricamente teoría del derrame. Su estrategia central se basa en subestimar gastos y sobrestimar recursos para mostrar un superávit financiero que no es tal y que apunta e enviar señales a los organismos internacionales de crédito.
Por ejemplo, en materia impositiva, todas las prórrogas de un conjunto de impuestos directos como ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta, impuesto al cheque -que por otra parte han sido mayores que las aprobadas en otros presupuestos-, tienen como único objetivo demorar la discusión de la estructura tributaria del país, caracterizada por su regresividad.
La ortodoxia y la regresividad en materia impositiva hablan por sí solas. Durante 2010 el IVA sigue siendo el impuesto de mayor incidencia sobre el conjunto de la recaudación: casi el 30 por ciento.
Se siguen manteniendo en ganancias exenciones injustas, como las que hoy benefician a la renta financiera y a los magistrados judiciales.
Por otra parte, después de la batahola y de la confrontación política que crispó al país a raíz de la discusión de la resolución 125, no se propone repensar algunos regímenes particulares, como el de la actividad minera, que estuvo presente en la campaña electoral e incluye beneficios en el impuesto a las ganancias y exenciones a los derechos de importación y exportación.
Un capítulo aparte –y del que ya se ha hablado tanto es el impuesto al cheque, acerca del cual dijimos hasta el cansancio que es regresivo, distorsiona los precios de la economía y alienta la economía informal. Según los cálculos del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, para el año próximo este impuesto tendrá una gravitación del 12 por ciento. Ya es una burla decir que es un impuesto de emergencia; ni qué hablar si tenemos en cuenta que se coparticipa solamente el 30 por ciento.
También ha sido realmente un papelón cómo ha tenido que incorporar a último momento el bloque del Frente para la Victoria la prórroga por tres años del actual régimen de monotributo, cuando ya está en marcha y calculado en los recursos del presupuesto la reformulación que tiene planeada el Poder Ejecutivo y que va a impactar negativamente en los sectores de menores recursos.
En síntesis, el esquema tributario plantea que el gobierno tiene que dar cuenta de una necesidad muy coyuntural: pasar sin sobresaltos el año 2010 y seguir cooptando recursos a través de impuestos de recaudación sencilla.
Asimismo, para mantener el superávit fiscal, a todo esto se suma el uso de los fondos de la ANSES, con jubilaciones pauperizadas y la falta de resolución del problema de la pobreza en la Argentina a través de programas de carácter universal, haciéndose además buena letra con los organismos de crédito internacional.
Todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de la teoría del derrame. Transcurrida casi una década resulta curioso que el actual gobierno nacional, que hace gala de su objetivo de redistribuir la riqueza y se presenta a sí mismo como uno de los principales detractores de aquel modelo, insista en seguir atando el desarrollo social al crecimiento económico. No lo digo yo; es muy sencillo. Está en el mensaje que envía la propia presidenta de la Nación. Dice: “Durante el período 2003-2008, la Argentina consolidó un período de crecimiento sin precedentes, expandiéndose a una tasa anual promedio del 8,5 por ciento. El crecimiento económico experimentado permitió alcanzar una marcada disminución del desempleo, la pobreza y la indigencia.”
Esta es la teoría del derrame. Me decía un asesor que ayer Cavallo, en un programa de televisión, se vio en figurillas para no defender la caracterización del presupuesto presentado por el actual gobierno nacional.
Continúa el propio mensaje del Poder Ejecutivo: “La expansión de la actividad económica estuvo basada en el sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo, asociado a una estrategia de acumulación de reservas internacionales. Esta política permitió al país mantener sistemáticamente superávits en los frentes externo y fiscal.” Lo hizo con escuelas que se caen y con jubilaciones de 700 pesos.
Fiel a la teoría del derrame, durante esta etapa de recuperación de la economía, sostenida principalmente en factores exógenos, la consolidación del sector productivo nacional fue dejada en manos del mercado, sin que se impulsaran políticas públicas de desarrollo económico, promoción del empleo y lucha contra la pobreza.
En vez de introducir reformas estructurales que socavaran la base de la sociedad desigual que se cimentó durante la última dictadura militar, heredada de la década anterior, se dio continuidad a programas sociales focalizados, en lugar de avanzar en la universalización de los mismos. En definitiva, es una especie de regreso aciago a la década del 90 y a la teoría del derrame, al que hacía referencia al comienzo.
Por eso, este presupuesto del gobierno no significa otra cosa que dar cuerpo a una consigna que me llamó poderosamente la atención en la campaña del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Luego los afiches fueron corregidos, pero decían: “Seguir creciendo para distribuir mejor”. ¡Cuánta coherencia en esa promesa de campaña y en este presupuesto!
Para los socialistas, las preguntas siguen siendo cómo hacemos para desarrollarnos como nación y país federal, y qué hacemos para terminar con la gran inmoralidad de que en nuestro país existan catorce o quince millones de pobres.
Por eso, el Partido Socialista no acompañará el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

sra. DIEZ, MARIA INES.- Señora presidenta: hay mucho para decir de los tres proyectos en consideración, pero yo he elegido el tema de cómo repercuten en las economías provinciales y, específicamente, en la de mi provincia.
Primero, quiero manifestar que en 2008 acompañé la prórroga de estas leyes impositivas. Lo hice porque hubo un compromiso del bloque oficialista de que en el transcurso del presente año se iba a trabajar sobre la distribución entre las provincias de la recaudación de estos impuestos.
Transcurrió un año y estamos exactamente igual. Esto me habilita a no seguir depositando la confianza en algo que no ocurrió. Ahora, tampoco hay ninguna modificación en el reparto hacia las provincias, que sí aportan activamente para la recaudación. Sin embargo, al momento de repartir, se continúa concentrando recursos en la Nación, cuando el desfinanciamiento de los estados provinciales es cada vez mayor.
Por ello, propondré modificaciones al texto del proyecto de ley de prórroga de impuestos. Si no se aceptan, no tengo ninguna posibilidad de acompañar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
Seguimos con un reparto de 70 por ciento para la Nación y 30 para las provincias. Ese 30 por ciento en realidad no es tal, porque de lo que les toca a las provincias por coparticipación, aportan 12 mil millones de pesos a la ANSES, cuando este organismo –esto lo dice el mismo Ejecutivo es absolutamente superavitario. Estas provincias que tienen una economía deficitaria aportan, reitero, estos 12 mil millones de pesos.
Entiendo que es indispensable que se realicen algunas modificaciones. Una de las que propongo está vinculada con el precio final de venta de los cigarrillos con lo cual mi provincia tiene mucha relación, tema sobre el que ya se han manifestado otros señores diputados.
Concretamente, el diputado López Arias planteó la necesidad de que se fije expresamente que la alícuota será en este caso de un 7 por ciento. ¿Por qué se pide esto? Porque si bien hay un decreto del Poder Ejecutivo, que es el 2.355/08, que establece que la alícuota es del 7 por ciento, lo cierto es que el artículo 1° de la ley 24.625 da la posibilidad de que esta alícuota llegue hasta el 21 por ciento.
El mensaje de este proyecto como justificativo para que se prorroguen en el tiempo estos gravámenes mucho más de lo que se han venido prorrogando hasta acá dice que una de las virtudes del sistema tributario debe ser la estabilidad, en razón de que ésta se traduce en una señal para los administrados y les permite desenvolverse con certeza y precisión.
En aras de esta estabilidad yo pido que se modifique respecto del precio final de venta de los cigarrillos la alícuota y que sea del 7 por ciento. ¿Por qué digo que esto tiene mucha incidencia en mi provincia? Justamente porque este tema está muy vinculado a la economía regional, no solamente en mi provincia sino en varias.
Respecto del resto de estos impuestos que estamos prorrogando, el año pasado planteé, justamente en el momento de acompañar el expediente 6565-d-2008, un fondo de inclusión a las provincias.
Hoy, nuevamente se habla desde mi provincia de la necesidad de este fondo, y que lo llamemos de inclusión o de convergencia es lo mismo. ¿Qué es lo que se plantea? Hay doce provincias de la República Argentina que justamente tienen necesidades básicas insatisfechas superiores a la media nacional.
Esto es tristísimo decirlo pero significa, con otras palabras, que tenemos una pobreza mayor a la media nacional. Justamente perseguimos que de los fondos que concentra la Nación, que son el 70 por ciento, se genere uno que permita que estas doce provincias puedan equipararse. Esto no significa, de ningún modo, ir en contra del resto de las provincias.
Contrariamente, habrá que exigir que la coparticipación se cumpla para todas, que se cumpla para todas la entrega del 34 por ciento. Luego, que tengamos mayor porcentaje de distribución, pero que junto con esto pensemos en este fondo de convergencia, porque en estas provincias –que desgraciadamente tienen un nivel de pobreza mayor, sobre todo las del NOA y del NEA es absolutamente esencial que se tenga la posibilidad de que las potencialidades se hagan realidad por medio de un crecimiento igualitario.
Esto no significa un desfinanciamiento para la Nación. Contrariamente, lo único que pedimos es que las provincias en este sistema federal no tengan que rogar que se les entregue lo que efectivamente les corresponde.
Es más lo que tengo que manifestar, pero como el tiempo se está acabando, solamente voy a decir que si no acompañan estas modificaciones no tendré posibilidad alguna de votar esta prórroga.
Tengo varias cosas que decir respecto del proyecto de presupuesto, pero fundamentalmente quiero pedir que se me aclare algo. Hace poco votamos la ley 26.509, que es el sistema nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios, y a través suyo, señora presidenta, comunico al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que no veo en este presupuesto lo que decía el artículo 17 de esa iniciativa, que establece que en este presupuesto se deben asignar 500 millones para la mitigación de las emergencias; que me lo aclare. Quizás sea un error mío no haberlo encontrado en el proyecto.
Por último, señora presidenta, solicito autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO.- Señora presidenta: yo no soy un experto en análisis presupuestario, pero algo entiendo de economía. Me gustaría focalizar el análisis en los principios de gobierno y en los principios en que se basa este presupuesto.
Este iba a ser el gobierno de la calidad institucional, pero este es el presupuesto de la violación de todos y cada uno de los reglamentos que rigen la vida institucional. Otra vez se utiliza una sesión especial para violar el reglamento de la Cámara, que prevé siete días de plazo.
También podemos mencionar la violación de la ley de administración financiera, como muy bien ha señalado la señora diputada Reyes de nuestro bloque, y la reiterada violación de la Constitución Nacional, especialmente en lo que se refiere a la división de poderes y a la delegación de facultades. Otra vez estamos ante facultades extraordinarias, superpoderes y avasallamiento de lo que son no solamente los derechos sino los deberes de este Parlamento.
Este gobierno iba a ser el gobierno del keynesianismo económico, que –si yo no entendí mal a Keynes consiste en aplicar recetas expansivas en los momentos de recesión y responsabilidad en los momentos de crecimiento. Por el contrario, este presupuesto está basado en la continuidad de políticas procíclicas, que ayer eran subsidios en plena fase expansiva me refiero en particular al sector energético y hoy es el presupuesto de los tarifazos desmedidos y confiscatorios en plena fase recesiva. O sea que de keynesianismo no tiene absolutamente nada.
Por otra parte, este gobierno habla de federalismo fiscal, y este presupuesto es otro presupuesto concentrador de recursos en el poder de la gran caja unitaria para facilitar el chantaje a las provincias y a las Cámaras del Congreso, como lo acabamos de presenciar claramente en el Senado en la sesión donde se trató la ley de medios audiovisuales.
Este gobierno ni siquiera cumple con la ley establecida, que habla de un piso del 34 por ciento de recursos coparticipables. Se trata de un gobierno que no sólo no es federal sino que ni siquiera es unitario. Es peor que unitario, porque en un gobierno unitario el gobierno central se hace cargo si las provincias estallan. En cambio, lo que tenemos acá es un gobierno unitario para apropiarse de los recursos y de responsabilidad federal para que los gobernadores de las provincias se hagan cargo de los estallidos.
Este gobierno iba a ser el gobierno del país en serio, y tenemos un presupuesto basado en números que provienen del INDEC, que si fueran parte de una corporación económica estaríamos ya hablando de la contabilidad creativa.
Este gobierno iba a ser el gobierno del modelo productivo, pero este es el presupuesto de los impuestos distorsivos, que afectan marcadamente a los sectores productivos. Es el presupuesto de las retenciones y del agro paralizado. Es el presupuesto del impuesto al cheque, que afecta fundamentalmente a las pymes.
Es el presupuesto de las exenciones a las ganancias, a las finanzas, al juego y a las industrias extractivas. ¿Dónde está el modelo productivo en este presupuesto, señora presidenta?
Este gobierno iba a ser el gobierno del desacople y del vivir con lo nuestro, y se ha transformado en el gobierno de las justificaciones del ajuste en nombre de los factores externos.
Este gobierno había prometido la reforma fiscal. Sin embargo, después de seis años seguimos teniendo un IVA del 21 por ciento sobre los alimentos que compran los jubilados, los desocupados, los trabajadores en negro, y seguimos teniendo exenciones y la falta de un impuesto a las finanzas, al juego y a la minería, razonable y coparticipable.
Este iba a ser el gobierno de la reconstrucción del Estado y se ha transformado en el gobierno de la ANSES utilizada como agencia de financiamiento. Este gobierno ha transformado la jubilación en un impuesto.
Es el gobierno del INDEC utilizado como agencia de publicidad de lo que el gobierno de los Kirchner quiere hacer creer que son los números del Estado.
También es el gobierno de la AFIP, utilizada como una agencia de venganzas fiscales contra los antiguos socios. Este era el gobierno que acabaría con el derrame, y es cierto que acabó con el derrame porque pasamos del derrame a la sequía.
La Argentina tiene el triste récord de haber sido el único país del mundo que durante dos años creció por encima del 8 por ciento mientras en su interior, gracias a la inflación, seguían creciendo la pobreza y la indigencia.
Como dijo bien el diputado Cortina, se vuelve a la teoría del derrame porque era el gobierno basado en la mejora de la situación interna, basado en el derrame interno de factores externos, de la abundancia externa.
Resulta que la única salida prevista de la crisis, en medio de una situación extremadamente grave en lo económico y social, es la recuperación otra vez por el derrame de la abundancia externa de la economía mundial.
Este gobierno, por lo tanto, es el gobierno de la mentira y por eso este es el presupuesto de la mentira, como lo fue el del año pasado, que no respetó ninguno de sus parámetros fundamentales, como sucedió también con todos los anteriores.
Quiero terminar el discurso preguntando cuáles son las prioridades de gasto del presupuesto. Nos dicen que no hay dinero para el ingreso ciudadano a la niñez, pero sí lo hay para Aerolíneas, en la que viaja el 5 por ciento más rico de la población argentina, gastando 6 millones de pesos por día con los cuales se podría cubrir el 75 por ciento de las necesidades del ingreso ciudadano a la niñez.
También hay dinero, 648 millones de pesos, para el fútbol gratis, que primero iba a ser gratis, después iba a ser un gran negocio y que ahora pagamos todos los argentinos para que se nos insulte desde la publicidad del gobierno en relación con los medios audiovisuales.
También hay mucho dinero –y voy a presentar un pedido de informes para el sistema de medios públicos. Se pagan sueldos que son el doble de los que se pagan en el mercado. Si bien me parece muy bien que los trabajadores de Canal 7 ganen buenos sueldos, no me parece bien que se tercericen las funciones para que después la plata circule por otro lado.
Entonces, me pregunto qué pensaríamos de un padre de familia que tiene dinero para viajar en avión, también para ver el fútbol y para ver televisión, pero no lo tiene para el INCINI y para que los chicos coman.
Por lo señalado, rechazamos este presupuesto y pedimos que se trate la agenda parlamentaria que se discutió con el bloque oficialista, en particular la agenda social y el ingreso ciudadano a la niñez.
Es una oportunidad única porque por primera vez en esta Cámara existe consenso de casi todas las bancadas en cuanto a la necesidad de establecer un ingreso ciudadano a la niñez, que no está en este presupuesto y aspiro a que el bloque oficialista se haga cargo de la responsabilidad que tomó cuando se discutió la agenda parlamentaria.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

sr. ZAVALLO, GUSTAVO MARCELO.- Señora presidenta: provengo de una provincia como Entre Ríos que en los inicios de la patria luchó por la institucionalización del país, donde nuestros caudillos pelearon por un país federal contra el puerto de Buenos Aires y el centralismo porteño, que manejaba la aduana y que tomaba decisiones políticas que seguramente afectaban a todo el territorio nacional.
Quiero analizar el proyecto de ley de presupuesto 2010 en lo que hace específicamente a la relación Naciónprovincias, para demostrar que la lucha de aquellos caudillos federales hoy tiene más vigencia que nunca. Hoy, para las provincias se hace dificultoso, teniendo en cuenta los problemas que las afectan, hacer frente al pago de sueldos y aguinaldos, debiéndose remarcar que en el presente año muchos empleados públicos, muchos docentes, muchos policías, muchos trabajadores de la salud, muchos jubilados provinciales, no tuvieron y quizás no puedan tener, aumento de sueldo, potenciando la conflictividad gremial y social.
A eso hay que sumar el proceso inflacionario, que como mínimo es el doble de lo que registra el INDEC, llevando a que muchos de estos asalariados pasen a integrar la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Es inadmisible que en este presupuesto que estamos tratando la proyección de las trasferencias a las provincias no permita una recomposición salarial durante el año 2010.
Además, la fuerte presión fiscal que existe a nivel nacional sobre distintos sectores productivos y sociales imposibilita que las provincias aumenten sus propios recursos tributarios, lo que trae aparejada una mayor dependencia política y económica del gobierno nacional.
En 2008, la provincia de Entre Ríos ha tenido un déficit fiscal del orden de los 300 millones de pesos; para este año dicho déficit asciende aproximadamente a los 500 millones de pesos. Esto demuestra indudablemente la inviabilidad del sistema de distribución de recursos entre Nación y provincias.
Hace instantes hablaba de los sueldos de los empleados públicos, pero la administración pública es mucho más que eso. Es atención de la salud y calidad en la educación, en la seguridad, en la Justicia e infraestructura. Si se me permite, citaré un ejemplo. En Entre Ríos, la mortalidad infantil disminuyó sustancialmente entre los años 2003 y 2007; pero lamentablemente ha vuelto a aumentar en 2008 y es seguro que cuando se mida el presente año nos encontremos con índices similares. Del 16,2 por mil registrado en 2003 se cayó al 11 por mil en 2007; lamentablemente, el índice de niños que mueren subió en 2008 al 12,6 por mil.
Asimismo, tal como se observa con la mortalidad infantil, también se percibe la imposibilidad del Estado provincial de brindar contención social acorde ante el aumento de la pobreza y el desempleo. Si observamos la distribución de los impuestos en los distintos niveles de gobierno, advertiremos que las provincias son claramente las perdedoras en el actual esquema de asignación de recursos coparticipables, ya que reciben apenas el 23,7 por ciento de la recaudación total del sector público nacional.
El proyecto de ley de presupuesto en consideración no cumple con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 23.548, que garantiza un piso del 34 por ciento de los recursos tributarios totales, sean o no coparticipables.
En virtud de las sucesivas reformas introducidas al régimen de coparticipación federal y a los pactos fiscales, de acuerdo con la iniciativa en tratamiento las provincias estarían resignando recursos por 46 mil millones de pesos. Es el precio que deben pagar las provincias por las deficiencias estructurales del federalismo fiscal argentino: ANSES, 28.300 millones; impuesto al cheque, 8.200 millones; desactualizaciones de sumas fijas, 5.300 millones; AFIP, 2.500 millones; incumplimiento de la garantía del 34 por ciento, 1.700 millones de pesos.
Consecuentemente, se torna imperiosa la necesidad de instaurar un esquema de distribución de fondos que sea realmente federal y que modifique el elevado nivel de discrecionalidad con que el gobierno nacional ejecuta las partidas presupuestarias.
Este proyecto, sumado al de prórroga de impuestos, no hace más que convalidar la situación actual con el consiguiente impacto que generará en las finanzas provinciales durante los próximos ejercicios.
De no modificarse este actual esquema de distribución, quince provincias pueden cerrar sus ejercicios con déficit fiscal. En algunos distritos ya se registran atrasos en los pagos de sueldos y aguinaldos, como asimismo demoras en la cancelación de deudas con los proveedores.
Las necesidades de asistencia financiera de las jurisdicciones provinciales se explican, en buena medida, en el desigual reparto de fondos entre Nación y provincias. Por lo tanto, debería ser función del gobierno nacional independientemente de su disponibilidad financiera asistir a las provincias que presentan desequilibrios fiscales.
Tampoco convalidamos el incremento del 29,4 por ciento previsto para las obligaciones a cargo del Tesoro, ya que se trata de fondos administrados por la Jefatura de Gabinete de Ministros en forma discrecional. Es la jurisdicción que más aumenta su partida presupuestaria, que en el ejercicio para el año 2010 asciende a 19 mil millones de pesos.
Asimismo, para el año próximo se proyectan ingresos por retenciones o derechos de exportación del orden de los 43 mil millones de pesos. Como es sabido, se trata de recursos aduaneros que gravan a las exportaciones de toda la producción nacional.
En este sentido, hemos presentado un proyecto para que el Fondo Federal Solidario esté constituido por el 30 por ciento del total de lo recaudado en concepto de derechos de exportación. De esta manera se generaría un fondo de 13 mil millones de pesos adicionales para las provincias. Por lo expuesto, creemos necesario volver a levantar las banderas federales de nuestros caudillos. Queremos que la Nación consolide su situación económico financiera. Estamos dispuestos a debatir la forma de lograrlo, pero no podemos avalar que las provincias sigan resignando recursos. Este es el mandato que nos dieron nuestros comprovincianos.
Este esquema de distribución generará más pobreza en nuestras provincias y en el interior, provocando nuevamente el éxodo de población hacia los grandes centros urbanos, agudizando los problemas sociales existentes.
Estamos acá para defender los recursos de las provincias tal como lo hicieron hace más de ciento cincuenta años nuestros caudillos federales. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- Señora presidenta: una vez más nos enfrentamos a un proyecto de ley de presupuesto que viola lo dispuesto por la Constitución Nacional; viola los principios republicanos más básicos de un sistema respetuoso de un Estado de derecho, de la división de poderes y de los derechos individuales.
Una vez más esta violación no es involuntaria; es parte de un plan destinado a ampliar progresivamente las ya de por sí acentuadas funciones del Poder Ejecutivo en desmedro del Congreso de la Nación.
El modo arbitrario de la toma de decisiones de la doctora Fernández de Kirchner y de su antecesor, tanto en el dictado de decretos de necesidad y urgencia –quizás el caso más grave es el 1.472/2008, que si ustedes recuerdan implicó una ampliación presupuestaria de 37 mil millones de pesos que ni siquiera fue objeto de debate en este recinto como en el presente proyecto de ley de presupuesto, son muestras claras de estas violaciones constitucionales en desmedro del órgano pluralista y deliberativo por excelencia que es este Congreso.
Para hacer una enumeración -pido perdón a los señores taquígrafos pero yo no hice este presupuesto-, los artículos 99, 76 y 29 de la Constitución Nacional son muy claros respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo se arrogue atribuciones propias del Poder Legislativo. Sin embargo, el proyecto tiene estas delegaciones inconstitucionales en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 30, 36, 38, 42, 43, 44, 51, 52, 56, 72, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91.
Esta lista me parece que es más que evidente.
Pese a lo anunciado por la presidenta y a la aprobación por parte del Senado de la llamada disminución de los superpoderes del jefe de Gabinete, a través de la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera, lo cierto es que este proyecto nunca fue tratado en esta Cámara, no parece haber ninguna expectativa de que vayan a hacerlo –de hecho estamos tratando en primer término el presupuesto, y por lo tanto en materia de superpoderes nada ha cambiado en relación con presupuestos anteriores.
Las delegaciones prohibidas son una muestra clara de lo que aquí ya se ha dicho: es una farsa. Por un lado, estamos sosteniendo que el Congreso tiene voluntad de realizar determinada asignación de recursos, y por otro, afirmando esquizofrénicamente otra cosa salvo que el jefe de Gabinete o un funcionario de tercera línea disponga lo contrario.
Además, los artículos 43, 44, 51, 52, 56, 57, 61, 68, 77 y 81 delegan al Poder Ejecutivo las facultades de tomar, otorgar y cancelar créditos, y dar avales y garantías. Esta reiterada moda de otorgar avales y garantías a proyectos cuasifantasmagóricos –no es la primera vez, porque nunca vemos las verdaderas obras es una muestra acabada de cómo se ha destruido la verdadera función del presupuesto. Es más, ya ni los contratistas lo creen, y esto también es el reflejo de cómo los fondos fiduciarios dejaron de ser hace tiempo instrumentos de promoción de inversión en infraestructura social y económica.
Un ejemplo muy claro se plasma en el artículo 17 de este proyecto, a través del Programa de Inversiones Prioritarias –ya se ha hablado del informe que la propia ASAP ha brindado, en el sentido de que se trata de un artículo que contradice el régimen vigente de administración financiera pública, que establece que los gastos de inversión son considerados gastos públicos. Una consecuencia de este procedimiento es que los gastos que se realicen en virtud del mismo no son computados como gasto público sino como inversión y, por lo tanto, su subestimación distorsiona el Resultado Financiero del Ejercicio que presenta el proyecto de ley previsto para el año 2010.
En realidad es como hacernos creer que si yo destino plata de mis ahorros para refaccionar mi casa estoy teniendo algo así como un plazo fijo. Es absolutamente absurdo.
No es necesario ir muy lejos para encontrar un ejemplo serio para seguir, un buen programa de promoción de infraestructura económica y social. Simplemente, hubieran seguido el Programa de Aceleración del Crecimiento de Brasil, que puso en marcha Lula en 2007.
Otra cuestión central es la violación de los principios constitucionales plasmados en el artículo 20 de la ley 24.156. La ley de presupuesto no puede modificar ni derogar leyes vigentes; tampoco crear o modificar impuestos u otros ingresos.
Pese a ello los artículos 27, 29, 41, 42, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76,77,78,79, 80, 81, 93 y sus planillas anexas transgreden esta prohibición.
Hay un eje que vincula este conjunto de proyectos que estamos tratando conjuntamente. Por un lado, la reforma de la ley de responsabilidad fiscal permite un mayor endeudamiento de las provincias. Pero en realidad, tal como lo señaló el señor diputado Bonasso, estas provincias están en esta situación porque se les ha sacado lo que les corresponde.
Las necesidades financieras de las provincias se deberían satisfacer con lo que deberíamos tratar en el segundo conjunto de leyes tributarias a través de una genuina distribución primaria de los recursos coparticipables.
En el proyecto de ley de presupuesto se pretende una asistencia a los Estados provinciales, básicamente a través de los artículos 73 y 74, pero guardándose para sí la total arbitrariedad sobre cómo será perfeccionada la asistencia, en qué condiciones, en qué límites, etcétera.
Se elige profundizar esta variante perversa al proponer asistencia a las provincias sólo si se las puede someter políticamente, cuando en realidad lo que las provincias necesitan es recuperar la masa de coparticipación que se les ha ido quitando.
En este sentido, un ejemplo claro es la masa coparticipable que es desviada para sostener financieramente a la ANSES. No conforme con esto, pretenden hacer un contrabando normativo del artículo 14 al convalidar las cuentas de inversión de los ahorros previsionales. Todo este festival que han hecho con los fondos de la ANSES lo convalidan encubiertamente vía artículo 14 mientras miles de jubilados siguen viendo afectados sus derechos.
Se olvida que en realidad el correlato del presupuesto son los derechos fundamentales de la gente. Por eso, señora presidenta, permítame dedicar la última parte de mi exposición a analizar los verdaderos números del presupuesto.
Según el INDEC, en 2006 había 12 millones de pobres y 4 millones de indigentes. En 2008, el 37 por ciento de los hogares no podía afrontar sus gastos mensuales y en 2009 aumentó a un 44 por ciento. En 2008, el 58 por ciento de los hogares de más bajos recursos indicaba que el dinero ganado mensualmente no les alcanzaba. En 2009, ese porcentaje asciende al 74 por ciento. El 40 por ciento de los chicos vive bajo la línea de pobreza y el 14 por ciento bajo la línea de indigencia. Casi 7 millones de chicos ya en 2008 tenían sus necesidades básicas insatisfechas salud, alimentación, vestimenta, vivienda y servicios residenciales- y 2,5 millones de chicos tenían dificultades para comer.
UNICEF señaló que en la Argentina nacen 1.920 niños por día, el 31,6 por ciento de ellos nacen en hogares pobres. El promedio de es de 606 bebés pobres diarios.
Según algunas proyecciones, 28 chicos por día morirían por causas de pobreza y 8 de ellos de hambre. Hoy, la tasa de mortalidad materna es de 4 cada 10 mil.

sra. presidenta vaca narvaja.- La Presidencia solicita a la señora diputada que redondee su exposición pues ha vencido su término.

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- En la Argentina hay 720 mil chicos que no van a la escuela y 730 mil que no saben leer ni escribir. Por lo tanto, si las cuentas del presupuesto realmente se destinaran a satisfacer estos derechos vulnerados y respetar los principios de justicia social que históricamente defendió el peronismo, realmente no sería necesario recurrir a ningún artilugio contable y el gobierno podría mostrar con orgullo las cuentas del presupuesto. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señor diputada por La Pampa.

sra. GARCIA, IRMA ADRIANA.- Señora presidenta: el señor diputado Sarghini ya ha expresado la postura del bloque Unión Peronista sobre los proyectos que tenemos en tratamiento.
Sin embargo, voy a efectuar algunas observaciones en relación con la actual situación política y fiscal que pretende implementar el Poder Ejecutivo con estas medidas, que creo que deberían preocuparnos a todos los actores de la política.
El desfinanciamiento de las provincias genera una creciente preocupación, porque la experiencia nos demostró hacia dónde nos conduce un gobierno cuando faltan recursos para atender la salud, la educación y las cuestiones sociales: vivienda, alimentación, empleo, infraestructura social básica, etcétera.
Con los números de este presupuesto y la distribución de los recursos fiscales, el panorama a futuro es poco alentador para todos los estados provinciales.
La concentración de los recursos fiscales en el poder central, seguramente se debe en gran parte a errores económicos cometidos en momentos de gran bonanza, donde no se previeron mecanismos para paliar períodos de contracción económica, como por ejemplo, crear un fondo anticíclico y fortalecer los mecanismos para acceder a los mercados voluntarios de crédito en condiciones favorables, con tasas de interés convenientes.
Entiendo que sería ingenuo creer que ese es el único motivo, ya que como han expresado otros diputados antes que yo, existen algunos mecanismos fiscales para financiar a las provincias, lo que les posibilitaría un desahogo económico y una mayor autonomía en sus decisiones. Por ejemplo, coparticipar los fondos de los ATN, o eliminar el 15 por ciento de la precoparticipación que se otorga a la ANSES, que hoy no tiene sentido porque es superavitaria. También se puede coparticipar el impuesto a los débitos y créditos bancarios, con la actual ley de coparticipación.
Es indudable que está implícita en este presupuesto la voluntad del poder central de someter a las provincias y a sus dirigentes, principalmente a los gobernadores. Se los somete a una peregrinación constante a la Casa Rosada, para recibir la limosna del mes que les permita llegar al siguiente, no sin rendir cuentas y un examen de fidelidad al poder político central.
Con esta realidad, ¿qué puede proyectarse como destino para nuestro país? Es claro que muy poco. Un gobierno sin rumbo y sin fines preestablecidos, difícilmente conduzca a sus ciudadanos a lograr la realización plena de sus derechos, como lo garantiza la Constitución Nacional. Es la misma Constitución que adoptó para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Se trata de tres principios que realmente hoy están en duda. En realidad, ni siquiera tienen aplicación en los hechos, porque los representantes del pueblo, nosotros -como también los gobernadores-, somos rehenes de esta situación de ahogo económico que impide determinar políticas propias de Estado.
También hace que se diluya la división de poderes, degradando el rol del Congreso, a lo que debe sumarse la constante delegación de facultades que se efectúa con cada ley que se sanciona.
La peor parte de esta historia por supuesto que se la lleva el federalismo, las provincias. Éstas ni siquiera son el patio trasero de la Nación.
Es necesario que este Congreso recupere las facultades que le son propias, que no pueden continuar en cabeza del jefe de Gabinete. De lo contrario, este presupuesto del que hoy hablamos será una ficción, ya que el Poder Ejecutivo puede cambiar a su antojo todas las partidas, premiando o castigando las fidelidades de cada uno.
En cuanto a la prórroga de impuestos, he presentado un dictamen de minoría, en el que se establecen plazos de prórroga menores a los propuestos. En el capítulo referido al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, propongo una distribución conforme a la actual ley de coparticipación. Lo hago con la idea de subsanar de alguna forma la inequidad existente entre la Nación y las provincias, ya que la primera se queda con más del 75 por ciento de los recursos, coparticipando solamente el resto. Creo que debemos reflexionar y dar a este Congreso el poder político que le compete por derecho devolviéndonos a nosotros mismos la representación del pueblo y constituyéndonos en actores centrales de discusión y decisión para resolver los problemas centrales del país que es, sin ninguna duda, para lo que nos eligió la gente.
Señores diputados: creo que trabajar para el bien común tiene que dejar de ser un anhelo de una clase política sin esperanza para que comience a convertirse en una realidad. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

sr. MOREJON, MANUEL AMOR.- Señora presidenta: voy a ser bastante conciso teniendo en cuenta que voy a solicitar la inserción de parte de mi discurso.
Quiero dar un pantallazo general de la postura que tenemos algunos diputados de la provincia del Chubut.
Adelanto que vamos a aprobar en general el proyecto de presupuesto del año 2010 porque continúa con las políticas que se han venido implementando desde 2003 a la fecha. De esta manera, en términos económicos, durante este período se continuarán aplicando los tres factores fundamentales. Me refiero al superávit fiscal primario –de relación entre recursos y gastos, al superávit comercial –referido fundamentalmente a la importación y exportación, donde evidentemente se prevé la posibilidad de mejoramiento de las commodities en este presupuesto y al superávit financiero.
También, por supuesto, el presupuesto estima una disminución del gasto. En particular dicho gasto ya no va a ser cubierto por el Tesoro nacional sino que se irá consiguiendo financiación externa. O sea que desde ese punto de vista vamos a coincidir con lo que está planteado en el dictamen de mayoría.
Evidentemente, tenemos diferencias con respecto a uno de los tributos que plantea el dictamen de mayoría. Me refiero al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios: en este caso no vamos a acompañar dicho dictamen.
Asimismo, voy a hacer una observación y propuesta en relación con la Ley 25.917, de Responsabilidad fiscal, cuyo dictamen también tiene tratamiento en día de la fecha en este recinto.
Entendemos que el origen de esta iniciativa es la ley 25.413. Si bien esto ya se ha planteado muchas veces, ella fue sustancialmente sancionada para hacer frente a una situación económica particular en el año 2001. Así, después se fue prorrogando a través de otras leyes fundamentalmente en el año 2002, a pesar de que las provincias, frente a una situación muy crítica para la Nación, decidieron delegar parte de esos recursos en la Nación, tal como sucedió en 2001, y a pesar de que el artículo 2º de la ley 23.548 establece expresamente que los impuestos nacionales existentes o a crearse deben ser coparticipables, estableciendo la propia ley cuáles son los impuestos que no lo son.
En el año 2002, luego de la gran crisis económica y social que atravesó el país, se introdujo una modificación a través de la ley 25.570 en la cual se establece un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias, en el sentido de que el 30 por ciento va a ser coparticipable dentro de lo que es la ley 23.548, es decir, que la ley 25.413 se coparticipa en el 30 por ciento quedando por supuesto el 70 por ciento restante para el Estado nacional con destino a la atención de los gastos ocasionados por la emergencia establecida en la ley 25.612.
Las sucesivas prórrogas desde 2003 a 2008 fueron produciendo distorsiones en las transferencias a las provincias, si se observa que la recaudación acumulada del impuesto en cuestión en el período 2001 a 2008 a precios constantes ha sido de 77.054 millones de pesos, de los cuales las provincias sólo han percibido 10.573 millones, es decir, sólo un exiguo 14 por ciento.
En el año 2009, la proyección indica que los recursos no transferidos a las provincias por la coparticipación parcial del impuesto al cheque se estimarían en unos 7.500 millones de pesos. Esta diferencia entre lo percibido y lo que deberían haber recibido las provincias en el caso de la coparticipación total del tributo, alcanzaría la suma de 33.000 millones de pesos. En nuestra provincia, la diferencia sería en este caso de 123 millones de pesos para el año 2009.
Por su parte, el artículo 7° de la ley 23.548 determina que el monto a distribuir a las provincias no será inferior al 34 por ciento, cosa que en realidad no ocurre.
Creo que la desaceleración económica a partir de 2008, como consecuencia de la crisis internacional, ha evidenciado los desequilibrios financieros provinciales, que en época de bonanza económica, producto de las buenas políticas implementadas por este gobierno y de un contexto internacional favorable, con un crecimiento superior al 7 por ciento, no han resultado visibles y hoy se encuentran en serias dificultades. De este modo se han acentuado las desigualdades sociales, situación que no se puede soslayar en las provincias.
En este nuevo contexto se impone la necesidad de considerar nuevas formas de distribución del producido del impuesto, más equitativas y acordes con la normativa vigente: la ley de coparticipación.
Por estas razones no acompañamos el título del dictamen de mayoría referido al impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, y solicitamos la modificación del artículo 3° de la ley 25.423, que deberá decir: “El total del producido de este impuesto se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la ley 23.548, de coparticipación.”
“En relación a la ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal, quisiera proponer una modificación al artículo 25 de la misma. Este artículo en su primer párrafo establece que: “Los gobiernos provinciales, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que efectuará un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley”.
Las provincias deberán obtener la anuencia del Gobierno Nacional para endeudarse, luego de remitir sus antecedentes al Ministerio de Economía para que éste realice un informe técnico de evaluación sobre la contratación del préstamo.
A partir del dictamen que modifica la ley de Responsabilidad Fiscal en tratamiento en el día de la fecha, las provincias tendrán por dos años menos requisitos para solicitar endeudamientos. Pero la realidad muestra que las autorizaciones de endeudamiento se realizan en plazos cada vez más discrecionales, sin importar demasiado el grado de cumplimiento de las jurisdicciones con los parámetros fijados en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El trámite, debería ser no más que eso, un trámite. El Ministerio de Economía, debería, una vez analizada la información recibida y cotejado el cumplimiento por parte del peticionante de los preceptos de la mencionada Ley, emitir su autorización para la realización de operaciones de crédito público sin más demora.
Es por esto, que propongo establecer un plazo de sesenta días desde la elevación de los antecedentes y la documentación requerida, para que el Ministerio de Economía se expida conforme lo establece la Ley.
Considero que, en oportunidad de analizar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que reforma la mencionada Ley de Responsabilidad Fiscal y permite a las provincias aumentar gastos o endeudarse sin tantas restricciones, no puede obviarse este importante punto. Muchas gracias.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

sra. SESMA, LAURA JUDITH.- Señor presidenta: cuando ingresé a esta Cámara en diciembre de 2005 -también lo hacía usted en representación de nuestra provincia de Córdoba-, una de las primeras discusiones que tuvimos en nuestro bloque se refirió a la posición que debíamos adoptar en oportunidad del tratamiento del proyecto de presupuesto.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

sra. SESMA, LAURA JUDITH.- Y recuerdo que, al menos para mí, fue una experiencia positiva desde el punto de vista del aprendizaje, en el sentido de analizar eso que uno siempre había dicho que debía ser un programa de gobierno.
Sin embargo, se convirtió en algo negativo al ver que, si bien en teoría uno piensa que el presupuesto debe ser la herramienta fundamental de un programa de gobierno en el que debe haber consenso, más allá de las diferencias, para acompañar a un gobierno, nos encontramos con escollos imposibles de salvar al momento de acompañar con nuestro voto.
Me refiero a los superpoderes, a la prórroga de la emergencia económica en el medio de un país que crecía y de un presupuesto que en ese momento –a diferencia del actual subcalculaba los ingresos para después manejar en forma discrecional muchísimo dinero cuyo destino no se decidía en el Congreso. Siempre hemos dicho que eso era incluso más grave que los superpoderes. Hablo de los excedentes en la recaudación que finalmente eran asignados a los gastos que decidía el Poder Ejecutivo a través de los DNU.
También criticamos en ese momento, a pesar de que el gobierno llevaba dos años de gestión, una política tributaria regresiva donde fundamentalmente el IVA era el sostén de los ingresos del Estado, y todos sabemos que ese gravamen castiga a los que menos tienen.
Esta es la última vez que voy a discutir un proyecto de ley de presupuesto, porque mi mandato termina el 10 de diciembre. Vuelvo a lamentar el contenido de este presupuesto y el no poder acompañarlo, a pesar de las coincidencias en algunos aspectos.
Lamentamos que el presupuesto siga teniendo cuestiones fundamentales que determinan una regresividad no sólo en los ingresos, sino también en los gastos. Hay un supuesto profundamente regresivo en los impuestos, que da por tierra con la característica que algunos, ingenuamente,
–otros no tanto- atribuyen a este gobierno, cuando dicen que es progresista.
Este gobierno no es progresista, sino neoliberal en su concepción, porque concentra la riqueza y los recursos, distribuyendo más al que más tiene. El presupuesto es profundamente regresivo porque después de casi seis años del mismo gobierno y de las mismas personas no se ha avanzado en una reforma tributaria. Además, como se dijo aquí, existe el impuesto a las ganancias, pero no se afecta a la renta financiera.
También es regresivo en los gastos, porque a pesar del crecimiento del país seguimos sin sancionar una ley que garantice un ingreso universal. A pesar de que se apropiaron de la plata de las AFJP, la mayoría de los jubilados de este país están por debajo de la línea de pobreza.
Me queda poco tiempo y, por ser quizás mi último discurso, trataré de respetarlo. Otro aspecto es la metodología de confrontación permanente y el no escuchar. Ha habido un reclamo generalizado de las provincias; por ejemplo, los senadores reclamaron a Aníbal Fernández una mayor participación de las provincias en los recursos.
A los gobernadores no les queda otra alternativa que pedir que se reforme la ley de responsabilidad fiscal, pero esto es como meter la tierra debajo de la alfombra. No tienen otra alternativa, pero la Nación, en realidad, se apropia de los recursos de las provincias. No se coparticipa el impuesto al cheque; no se cumple con la ley de coparticipación federal, sino que se concentra y se concentra.
La metodología de la confrontación y del amigo-enemigo la encontramos cuando se discutió el contenido de la ley de medios, que pasó a ser secundario. ¿Acaso esta metodología le sirve a la presidenta? No, porque cada vez tiene una imagen más negativa, a diferencia de otros mandatarios de América Latina.
¿Le sirve a la gente? No, porque vivimos en una sociedad cada vez más crispada, con problemas esenciales no resueltos. ¿Le sirve a la oposición? No, porque me gustaría volver a mi provincia y plantear que hemos discutido y acordado cosas que benefician a la provincia de Córdoba. Sin embargo, debo regresar a mi provincia y decir que no nos escucharon en nada.
Tengo la esperanza de que la próxima composición del Parlamento modifique en parte esta realidad, porque creo que hay realmente en los hombres y mujeres que conforman el arco opositor vocación por construir, consensuar y acordar para discutir y resolver los graves problemas que tiene nuestro país, como por ejemplo el de la pobreza, como bien se dijo acá.
Creo que hay buena voluntad y buena fe en muchos diputadas y diputados del oficialismo. Cuando se produzca el recambio parlamentario van a tener la posibilidad de consensuar, porque desde el Ejecutivo no van a poder obligarlos a confrontar, como los han obligado durante estos cuatro años. Yo lo he visto y he sido testigo. Van a tener que decir al Ejecutivo “estamos obligados a consensuar porque no nos alcanzan los números”, y esto va a ser muy bueno para la oposición, para el oficialismo y, en definitiva, muy bueno para el país.
Pido autorización para insertar el resto del discurso, que hace referencia a un análisis técnico del presupuesto, que vamos a votar negativamente como ya adelantaron mis compañeros de bancada.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. GRIBAUDO, CHRISTIAN ALEJANDRO.- Señor presidente: como lo adelantaron los señores diputados Bullrich y Galvalisi, de nuestro bloque, nuestro voto va a ser negativo. Ya a esta altura del año es mi segunda oportunidad de poder discutir sobre esta herramienta de gestión tan importante que es el presupuesto, y volver a tener que fijar una posición negativa no me resulta cómodo.
Eso no se debe a que nuestra posición no derive de nuestra convicción sino porque uno aspira a que alguna vez este Congreso empiece a cambiar, y esto no es una cuestión de formas ni de números. El cambio del Congreso tiene que ver con la nueva composición de la Cámara, con cuántos diputados contarán el oficialismo y la oposición y, básicamente, con respetar la Constitución Nacional.
Hay un tema crucial que tiene que ver con el espíritu y la letra de la Constitución. Este Congreso tiene que estar a la altura de la Constitución Nacional, y para esto básicamente hay que respetar los artículos que la conforman.
Cuando se llega a esta instancia de trabajar sobre una herramienta tan importante como es el presupuesto nacional, el objetivo de cualquier bloque de la Cámara no debe ser tan solo aprobarlo. Porque como dice la Constitución, el Parlamento debe, además de aprobarlo, velar por su correcta y transparente ejecución. También tiene que ser parte de los procesos modificatorios y de las cláusulas presupuestarias. Este tema es constitucional, se sigue violando, el Poder Ejecutivo sigue interfiriendo en el Parlamento y los diputados siguen más preocupados en hacer los deberes para el Ejecutivo que para el Congreso.
Se sigue debilitando la democracia en la Argentina, y con todo esto se quiere encarar una reforma política. Me parece que primero tenemos que hacer funcionar los poderes del Estado para pensar después que podemos estar a la altura de una discusión tan profunda como es una reforma política. Después están los temas más puntuales de por qué estamos en contra de este presupuesto.
Básicamente –esto lo va a decir después nuestro presidente de bloque, el diputado Pinedo, nosotros no podemos estar de acuerdo con un presupuesto que dé al jefe de Gabinete la posibilidad de reestructurar partidas y desvirtuar prácticamente la ley que va a ser sancionada, porque nosotros vamos a trabajar para aprobar esta norma, acordando ciertos números y después el jefe de Gabinete va a hacer lo que se le antoje con las partidas.
Hay algunos puntos que voy a tratar de considerar en poco tiempo, que fueron básicamente sorprendentes a la hora de estudiar el presupuesto. Por ejemplo, se habla de la creación de un programa de inversiones públicas dentro de la órbita del Ministerio de Planificación Federal. Lo sorprendente no es el programa sino cómo se va a gastar, y básicamente se habla de adelantos a proveedores y contratistas. Me parece que eso es algo que además de sorprendernos debe ser modificado. La ley de administración financiera establece que las inversiones deben ser consideradas como erogaciones y no como aplicaciones financieras.
Básicamente, otro de los puntos tiene que ver con el control que va a tener quien gestione este presupuesto. Básicamente vemos cómo las pautas de control, los seguimientos, las auditorías y todo lo que tiene que ver con la transparencia queda siempre en un rol secundario y casi siempre fuera de contexto y de posibilidad. Esto quiere decir que los recursos del Estado siempre se manejan en forma discrecional y poco transparente.
¿Qué generan la discrecionalidad en el manejo de los fondos y la poca transparencia? Generan corrupción. En la Argentina estamos viendo cómo poco a poco empiezan a salir a la luz cada vez más hechos de corrupción en organismos del Estado, como por ejemplo la ONCCA. Aclaro que esta última también tiene un número más que importante en este presupuesto: casi 2.700 millones de pesos, que serán manejados de la misma forma, es decir con poca transparencia y en forma discrecional, en manos de una persona que puede hacer cambios pero no tiene ningún tipo de auditoría.
Otro de los puntos que por lo menos a mí me sorprende es el de las estimaciones macroeconómicas. El presupuesto prevé algunas cosas. En buena hora escuchamos al oficialismo defender un presupuesto con estimaciones macroeconómicas, porque la verdad es que en la Argentina las que no funcionan son las estimaciones macroeconómicas; seguimos con un INDEC intervenido y seguimos casi sin poder medir la temperatura del día en la Argentina porque ahora, con la nueva ley de medios, cuando aparezca en los televisores la temperatura del día, seguramente la va a digitar alguna persona del gobierno.
Otro de los puntos que se ha mencionado y que me parece importante reforzar tiene que ver con algo muy importante para la Argentina, como es el federalismo. Este gobierno habla de las provincias, o habla con gobernadores, pero parece que con estos últimos sólo conversa de elecciones y nunca habla de lo que realmente le corresponde a cada una de las provincias.
La verdad es que este programa de asistencia a las provincias que propone este presupuesto, a través de un fondo fiduciario, va a seguir haciendo arrodillarse a las provincias para que tengan que venir a pedir alguna migaja a la Nación. Esto es más centralismo, más unitarismo, menos federalismo y menos posibilidad de que ellas tengan lo que les corresponde.
Por otra parte, con este presupuesto y estos programas de asistencia que parecen los planes Trabajar para las provincias, las políticas de extorsión son meramente políticas de extorsión financiera.
Por otra parte, hay recursos que van a estar originados por la publicidad a partir del contrato entre la AFA y el gobierno. Esos recursos son de afectación específica, pero no queda claro cómo van a ser controlados o auditados.
También hay un incremento del 27 por ciento en las partidas destinadas a desarrollo social. Me parece que seguir promoviendo los planes sociales en la Argentina en forma discrecional no habla de una generación genuina de empleo y de una reinserción de los que menos tienen en el mundo laboral; por lo menos no se explica en este proyecto de presupuesto que se pretende aprobar.
Otro de los problemas que vemos tiene que ver con una disminución presupuestaria en el ámbito de la salud. La Argentina está atravesando una de las peores crisis en materia de salud, debido a las tantas enfermedades y epidemias que nos han afectado, y sin embargo hay una disminución de partidas en dicho ámbito.
Por otro lado, siguen los subsidios; en este caso los subsidios a las obras sociales. Estos subsidios no están ni bien ni mal; lo que está mal es que no tengan ningún tipo de control, fundamentalmente frente a los últimos hechos de corrupción que se han registrado en materia de obras sociales.
presidente: como la diputada Sesma que termina su mandato en diciembre, pero yo sigo en esta Cámara yo aspiro a que el próximo período legislativo sea encarado de otra manera por el oficialismo y la oposición.
hay un punto en común que podemos tener, que es defender este Congreso y sobre todo defender la división de poderes y lo que corresponde al Congreso como Parlamento, de tal manera que no sea únicamente llegar a la ley de presupuesto sino que eso se dé en cada uno de los proyectos que tengamos que discutir buscando las mayorías y los números.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. GIL LOZANO, CLAUDIA FERNANDA.- Señor presidente: dudé hoy si iba a pedir la palabra o no, porque el tema era el presupuesto y a mí siempre me gustó hablar de mujeres. Pero cuando vi que este presupuesto se manejaba con las cifras del INDEC, dije que entre hablar del realismo mágico, del cual estuvimos discutiendo toda la tarde, o de ciencia ficción, y hablar de mujeres de verdad, me quedo con esto último.
Ustedes saben que se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres, el número XXIV que se efectuó en el país. Como mujer y como feminista quiero agradecer profundamente a la provincia de Tucumán que nos alojó, que organizó absolutamente todo muy bien, con mucho cariño, con mucha calidez. También agradezco a las organizaciones tucumanas que estuvieron en la administración de tantos lugares. En Tucumán estuvimos quince mil mujeres de todo el país.
Es de lamentar la presencia de algunos grupos ultramontanos dentro de las iglesias, que seguramente entorpecieron muchísimo el desarrollo de las jornadas. Asimismo, otros sectores de una izquierda bastante desubicada, que no ayudaron en absoluto al desarrollo de los talleres. Me parece que vale la pena destacar la presencia de 15.000 mujeres de todo el país.
Resulta importante trasmitir algunas demandas muy reiteradas de las mujeres en algunos temas que ya son reiterativos. Por ejemplo, ¿qué estamos esperando para discutir sobre el aborto legal y gratuito? Nadie quiere hablar del aborto, pero en la Argentina mueren 400 mujeres por año. Nadie quiere hablar de aborto, pero muchos de los que aquí están sentados posiblemente habrán pagado algún aborto, porque tienen plata. Muchas de las mujeres que están aquí posiblemente se han hecho abortos porque tienen plata.
Cuando algunas veces me dicen que soy una asesina, yo les digo “no”, que los asesinos somos nosotros, son los legisladores y legisladoras que permiten que sigan muriendo 400 mujeres por año por no animarse a que el tema baje al recinto. Estamos matando a mujeres pobres.
Lo que piden las mujeres es que esto se debata a través de sus representantes. No puede ser que el aborto, del que se pide que sea legal y gratuito, lo sigan discutiendo los representantes de las diferentes iglesias argentinas, que en su mayoría muchas veces han demostrado ser abusadores de menores y no estar a la altura de las circunstancias de su investidura.
Es realmente lamentable que uno se deje presionar en este recinto por esa gente. Lo que están pidiendo las mujeres es que el tema baje al recinto y nos bancamos la votación que sea, pero el tema debe ser discutido en el recinto. Son los representantes del pueblo de la Nación los que deben dar ese debate. Hasta ahora eso no ha podido suceder en la República Argentina, pero tengo esperanzas de que realmente se pueda debatir en este recinto.
Hay otro tema que tiene dictamen de comisión, la figura del infanticidio, que fue sacada y que trajo graves consecuencias en la experiencia de las mujeres.

sra. HOTTON, CYNTHIA LILIANA.- ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con permiso de la Presidencia?

sra. GIL LOZANO, CLAUDIA FERNANDA.- No voy a conceder interrupciones.
Lamentablemente, tenemos más de una Romina Tejerina. Tenemos muchas mujeres en nuestras cárceles y quiero recordar que nuestras cárceles están absolutamente llenas de mujeres pobres. No hay mujeres de sectores medios ni mujeres ricas, sino gente pobre. Esto también nos lleva a algún tipo de reflexión.
Fueron muchos los temas por los que distintas mujeres me preguntaron. Por supuesto, estuve en talleres relacionados con la trata de personas e incluso hablé con la señora Susana Trimarco. La propia doctora Giberti reconoció que fue un error haber establecido una diferencia entre las víctimas a la hora de aprobar aquella ley.
Esta norma perjudica muchísimo a las mujeres en la Argentina. Recordemos que hay seiscientas desaparecidas en los prostíbulos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego.
Son muchos los temas que quiero plantear, pero estoy tratando de hacer una selección para que mis compañeros puedan sensibilizarse.
Deseo recordar, por ejemplo, que hay juicios penales federales durmiendo el sueño de los justos. Uno de ellos se vincula con la situación de los chicos desaparecidos de Añatuya, en Santiago del Estero. Según las ONG, son 30.000 los niños que desaparecieron. Exactamente hay dos juicios; sin embargo, todavía no se han podido desarrollar para encontrar a los culpables.
Ya que a todos les gusta la ciencia ficción, quiero expresar mi pésame por las enfermeras que murieron en Tucumán porque no se tomaron a tiempo las medidas higiénicas necesarias. Quiero solidarizarme con la lucha de las enfermeras y del personal de salud de Tucumán y, por supuesto, acompañar a las obreras de la ex Terrabusi que tan valientemente están afrontando el conflicto. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

sr. URLICH, CARLOS.- Señor presidente: en primer término, quiero manifestar mi sorpresa ante las expresiones vertidas por una diputada preopinante, hace algunos minutos, en este recinto, que ofenden fundamentalmente a los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical. En verdad es una sorpresa, porque nos caracterizamos no por ofender sino por hacer nuestros planteos políticos, que pueden ser buenos o malos. Podemos estar o no de acuerdo, pero la verdad es que esas expresiones, que tomo como si fueran expresiones de una “maestra ciruela” de la política, personalmente me han caído mal.
Quiero decir a esa diputada que nos viene a dar cátedra, que se quede tranquila porque en el bloque de la Unión Cívica Radical sabemos bien lo que hacemos. Probablemente no le guste nuestra posición o nuestra actitud, o quizás quiera congraciarse con alguien. Le pido que se quede tranquila porque en el bloque de la Unión Cívica Radical no hay lugar para traidores y conversos.
Por otra parte, deseo manifestar que estoy absolutamente de acuerdo con las expresiones del miembro informante de nuestro bloque y con lo que han dicho todos sus miembros respecto de los tres proyectos de ley que estamos tratando. Fundamentalmente, estamos de acuerdo con la posición planteada por el señor diputado Giubergia.
El proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo fortalece el esquema de concentración de recursos en manos de la Nación. Una vez más la propuesta kirchnerista nos invita a arrodillarnos ante la Casa Rosada si queremos sacar adelante a las provincias.
Son muchos los temas que queremos tratar. Por ejemplo, es necesario discutir el impuesto al cheque. He escuchado a muchos legisladores del oficialismo y también a funcionarios decir que había que modificar dicho gravamen y coparticiparlo en su totalidad. Sin embargo, parece que nadie se anima a hacerlo porque no se ha tocado una coma de la ley del impuesto al cheque.
Si se me permite, me gustaría dar lectura de un artículo publicado en el diario Norte, del Chaco, el 24 de agosto de 2009, respecto de una reunión de la Comisión Federal de Impuestos. Allí se manifiesta que en el marco de la reunión en la que participaron los ministros de Economía y secretarios de Hacienda de todas las provincias se evaluaron una serie de medidas nacionales para aliviar la asfixia fiscal de todas las jurisdicciones, la reprogramación de los vencimientos de la deuda garantizada hasta fin de año, incluyendo los servicios de intereses, y la coparticipación total del impuesto al cheque. Hasta la modificación de la ley de responsabilidad fiscal está dentro de las medidas que los ministros elevarán a los gobernadores para que estos las planteen al gobierno nacional.
Se habló de diferentes temas como ser ley de responsabilidad fiscal, fondo sojero, impuesto al cheque, fondos afectados a las ex AFJP y al funcionamiento de la AFIP. Parece que todo esto que fue conversado por los ministros y secretarios de Hacienda no pudo llevarse a cabo ni tuvo eco en el Poder Ejecutivo nacional.
Nos preocupa que de los 23 mil millones proyectados para recaudar solamente se van a coparticipar 8 mil. Asimismo nos preocupa que no se respete el piso que estipulan las Constitución y las leyes para la coparticipación federal, y que hoy las provincias estén recibiendo entre un 24 y un 26 por ciento. Creo que debemos cambiar todos estos aspectos.
También nos preocupa el reparto discrecional de los ATN. Hay que reconocer que el gobierno nacional transfiere fondos adicionales a las provincias para educación, vivienda, obras públicas, pero el problema es que son girados en forma discrecional. Esto no le hace bien a la salud de la República.
Recordemos el discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner cuando asumió la Presidencia de la Nación en diciembre de 2007. En esa oportunidad habló de calidad institucional, consenso y diálogo. ¡Qué lejos estamos de esas expresiones de deseos de la señora presidenta! Parece que eso no existe; parece que aquí funciona el “toma y daca”, como ha ocurrido hace algunos días en el Senado.
Reitero: esto no le hace bien a la democracia, al republicanismo, y por eso debemos cambiarlo.
Muchos diputados hablaron de sus provincias. Yo quiero hablar de la mía que es una provincia pobre, del NEA, que está gobernada por el contador Capitanich. En el ránking de subordinación y obsecuencia Capitanich está en el puesto número 1. Me pregunto, ¿a cambio de qué? Nos han “borrado” el acueducto. El presupuesto que era de 25 millones 500 mil pesos disminuyó a 50 mil, cuando en el año 2004 el ex presidente Kirchner se comprometió a ponerlo en marcha. Hoy no tenemos ni siquiera un tubo; al contrario, en lugar de ese acueducto que tenía que llegar al 70 por ciento de los chaqueños tenemos el dengue, y tampoco nos han dado los recursos.
Quiero citar otro ejemplo. Teníamos destinados para el puente General Belgrano que une Chaco y Corrientes 15 millones de pesos que han disminuido a 290 mil. Entonces, ¿de qué atención me hablan? Hay que ver si cumplen, porque lo que estaba pactado para el año 2009 no apareció; esto es para 2010; veremos si cumplen.
Los chaqueños obtuvimos el compromiso de una reparación histórica en el sentido de que nos iban a devolver 2.500 millones de pesos, pero saben una cosa, a nosotros nos sacan 900 millones de pesos por año en concepto de retenciones; es demasiado injusto.
Creo que estamos viviendo en un país unitario y próximos al Bicentenario parece que la historia vuelve a repetirse. Seguimos soñando con emanciparnos y todavía no podemos hacerlo.
Es hora de defender el federalismo anteponiendo los intereses de las provincias y el pueblo por sobre los de los partidos o sectores. No debemos permitir que nos sigan sacando los recursos. De esto somos responsables los diputados, gobernadores y senadores.
Porque quiero estar tranquilo con mi conciencia no voy a acompañar el proyecto de ley del oficialismo. Quiero una Argentina para todos, equilibrada, donde tengamos cabida todos. Me cuesta entender incluso a quienes no defienden el federalismo y son obsecuentes permanentes del poder central.
La señora diputada por Formosa manifestó que quienes votamos en contra del presupuesto votamos en contra de la provincia. Yo les quiero decir que por el contrario quienes votamos en contra del presupuesto votamos a favor del federalismo y del país. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. DE MARCHI, OMAR BRUNO.- Señor presidente: sinceramente, resulta muy difícil acompañar estos tres grandes instrumentos que estamos analizando: presupuesto, impuestos y responsabilidad fiscal.
El proyecto de ley de presupuesto no se puede acompañar porque en términos generales responde a la matriz kirchnerista, encubre trampas e indudablemente tiene un doble discurso. La redacción misma de los artículos es amañada, está plagada de artilugios que esconden el verdadero significado de lo que el gobierno pretende con cada norma. Se puede mencionar una enorme cantidad de ejemplos, como el artículo 79 –reiteradamente mencionado-, que autoriza a abonar gastos del próximo ejercicio con recursos que se percibirán en ejercicios posteriores.
A los efectos de dar algún tipo de explicación simpática algunos amigos del oficialismo han definido esto como “contabilidad creativa”. Miren, concretamente eso es trampa. No hay demasiadas palabras para identificar esta contabilidad creativa.
También hay trampa en el artículo 33. Al respecto, quiero hacer un especial llamado de atención a los señores diputados por Mendoza. Con su permiso, señor presidente, leeré el artículo 33 en forma textual para que no pase inadvertido: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para modificar los anexos I y II del decreto 135 de fecha 7 de febrero de 2006, sustituidos por el artículo 1º del decreto 1.798 de fecha 3 de diciembre de 2007, a efectos de enmendar errores materiales…” –fíjense la redacción del artículo- ”…e incluir proyectos no industriales que fueron objeto de reasignaciones de costos fiscales o de reformulaciones, según corresponda, efectuadas por la autoridad de aplicación de la ley 22.021 y sus modificatorias 22.702 y 22.973, con fecha anterior al 7 de febrero de 2006.” Cuando uno termina de leer esto no ha leído nada; a esto me refiero con las trampas y las redacciones amañadas.
Este artículo convalida todas las reasignaciones de cupos fiscales para las promociones industriales de las provincias vecinas a Mendoza. Sin embargo, el discurso que se sostiene es que la promoción industrial se ha terminado, que los cupos asignados hace muchos años van cayendo y no se rehabilitan.
Esto confirma que Mendoza sigue sometida a un régimen de gran injusticia frente a nuestros vecinos. Podemos discutir si esto está bien o mal, pero no mintamos. Si en las provincias vecinas a Mendoza hay promoción industrial, digámoslo, y en todo caso después discutamos si corresponde o no o si es bueno o malo, pero no neguemos de manera encubierta y mañosa, citando números y fechas solamente, lo que se establece en el artículo 33.
También hay trampa con la coparticipación de impuestos a las provincias. Se ha dicho, y lo repito, que el conjunto de las provincias recibirá el 23 por ciento, violando impunemente el 34 por ciento establecido por las normas accesorias o reglamentarias de la Constitución. Sin embargo, nadie dice nada. Tenemos a los gobernadores arrodillados semana tras semana, viendo con qué limosna el gobierno nacional los puede ayudar. Pero es indudable que la consigna en este caso es: “Te arrodillás o no te doy un peso”. Este es el esquema.
Lo más grave es que no se oyen las voces de los gobernadores, salvo las excepciones -por supuesto- de mandatarios valientes que se animan a levantar su voz. Sin embargo, la inmensa mayoría no lo hace, y eso es grave. Los han transformado en punteros políticos calificados para juntar los votos de diputados y senadores con el fin de aprobar leyes claves. En eso han transformado a los gobernadores en los últimos tiempos, con las honrosas excepciones que todos conocemos.
Se siguen prorrogando impuestos distorsivos. Ni siquiera se intenta disminuirlos en forma gradual, porque todos saben que son regresivos y atentan contra la inversión y, en consecuencia, contra el desarrollo. Un ejemplo es el famoso impuesto al cheque.
En un proyecto que presentamos el año pasado proponíamos la reducción del 30 por ciento de ese impuesto en el primer año. O sea que estábamos hablando de 2009, el año que está por terminar. Por supuesto que no se nos escuchó. ¿Saben cuánto significa el 30 por ciento de los 17.500 millones de pesos que más o menos se recauda por el impuesto al cheque? Alrededor de 5.000 millones de pesos.
¿Saben cuánto se ha gastado en Aerolíneas Argentinas entre pasivos y gastos operativos? Más o menos 5.000 millones de pesos.
¿Se podría haber reducido o no el impuesto al cheque a favor de la inversión y el desarrollo? Sí, se podría haberlo hecho. Este gobierno no lo ha querido hacer. Es más, ha transferido más plata a Aerolíneas de los recursos derivados del impuesto al cheque que a todas las provincias en su conjunto.
No podemos acompañar este desorden. Es imposible hacerlo aunque quisiéramos.
El presupuesto debería ser la herramienta con la cual el gobierno plasmara su visión, sus objetivos, donde nos dijera cuál es el rumbo de su gestión y, en definitiva, hacia dónde pretende conducir al país. Debería ser la matriz donde uno pudiera evaluar las prioridades de los gastos y de las inversiones. Nada de esto ocurre en la Argentina de Kirchner.
Finalmente, advierto que hay trampas que se utilizan para falsear el presupuesto, como es el caso de los “superpoderes” y los decretos de necesidad y urgencia.
En estas condiciones, con “superpoderes”, con decretos de necesidad y urgencia, con mañas y con encubrimientos, no podemos acompañar el proyecto de presupuesto para el año 2010, porque indudablemente lo han transformado en una fantasía, en una herramienta menos creíble que la palabra de la senadora Sánchez.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

sra. DAMILANO GRIVARELLO, VIVIANA MONICA.- Señor presidente: nos encontramos con una responsabilidad muy grande, como lo es la de debatir y sancionar la ley de leyes.
Este proyecto de ley de presupuesto encaja lógicamente con la política que se está llevando adelante desde el Poder Ejecutivo nacional en lo que tiene que ver con lo político y lo social. No es nada más ni nada menos que la explicitación de esas políticas a las que hice mención, que se están llevando adelante desde 2003 y que han posibilitado –aunque muchos no lo reconozcan- un crecimiento generalizado y la inclusión de muchos argentinos, aunque todavía falte mucho en ese aspecto.
Recuerdo que el año pasado, cuando se trató en esta misma Cámara el presupuesto 2009, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Marconato, habló acerca de las cualidades y características desde lo económico en relación con el presupuesto vigente: responsabilidad, prudencia y firmeza. Fueron las tres cualidades que él mencionó. Hoy, ya prácticamente transcurrido el año 2009, podemos hacer un análisis y ver que si no hubiera habido responsabilidad en este presupuesto en el manejo de las cuentas fiscales no hubiera existido un superávit ni acumulación de reservas, y hubiéramos sido vulnerables a esta crisis internacional que ha devastado a tantos países.
Es aquí donde hoy muchos analizan a cuánto asciende el superávit, si aumenta o disminuye. Pero lo que no dicen es que tenemos un superávit que es constante, que hace ocho años que existe en la Argentina y que es histórico.
También hablamos de que si este presupuesto no hubiese sido prudente la señora presidenta de la Nación no hubiera podido tener un instrumento serio para poner en práctica el programa de transformación de gobierno que se está llevando adelante. Si no hubiera tenido firmeza no hubiera podido sostener este modelo de crecimiento en el que todos los argentinos estamos poniendo nuestro esfuerzo.
A estos tres elementos yo les agregaría un cuarto, el equilibrio. Es aquí donde no coincido con los legisladores preopinantes de mi provincia porque particularmente como diputada por el Chaco tengo la gran satisfacción de manifestar a mis pares que, gracias a ese equilibrio, cada vez se achican más las asimetrías que tenemos como provincia del Norte, y que marcan una historia en nuestra región.
Hoy, con orgullo puedo decir que la provincia del Chaco tiene cifras récord en obras públicas. En general, podemos hablar de viviendas, de pavimento y del acueducto tan cuestionado esta noche, tema al que me referiré más adelante.
Creo que este proyecto viene a reparar a mi provincia, tal como lo hizo el del año pasado, ya que permite continuar en general las grandes obras que cambiarán estructuralmente la vida de todos los chaqueños. Esto lo digo teniendo la certeza de que podemos exhibir lo que ya se está realizando en mi tierra desde hace casi dos años.
Como representante de la provincia del Chaco, cómo no voy a apoyar un proyecto como este. De aprobarse, en el mes de diciembre se solucionará uno de los problemas más graves que caracteriza a nuestra provincia: me refiero a la falta de agua potable. La oposición, siendo gobernante durante más de dieciséis años, no lo ha podido resolver.
De aprobarse este proyecto, en el mes de diciembre se licitará la firma del segundo acueducto del interior, obra que va a solucionar el problema estructural de agua potable que padece la región sudoeste de la provincia del Chaco, incluida allí la localidad a la que pertenezco, Las Breñas, como así también las vecinas de Charata, Corzuela, General Pinedo y otras.
Quiero decir que en este acueducto, el segundo del Norte, están incluidas veintiséis localidades del centro y del sudoeste del Chaco, y solucionará un problema histórico de 380 mil comprovincianos.
El acueducto del interior, que tomará agua del río Paraná en un lugar cercano al puente General Belgrano, tendrá una traza de 512 kilómetros troncal entre Barranqueras y Sáenz Peña, con un diámetro de 1.100 milímetros y con varias derivaciones a esas veintiséis localidades.
¿Cómo no voy a apoyar un proyecto que prevé la construcción de un gasoducto en nuestra región? Este instrumento económico contempla extender a través de nuestras redes la provisión a las provincias que actualmente no cuentan con gas natural.
El informe del proyecto en su parte relativa a energía indica que reforzará el financiamiento para la construcción de gasoductos destinados al suministro de gas natural a usuarios que actualmente están abastecidos con gas en garrafas.
Se establecen fondos para el proyecto del gasoducto del NEA, así como se prevén fondos para la construcción de otros gasoductos y otras redes.
Por si esto fuera poco, hasta tanto se concreten las obras, se mantendrá el presupuesto para los subsidios que garanticen el precio diferenciado para todos los habitantes de mi provincia, juntamente con las de Corrientes, Formosa, parte de Santa Fe y Misiones, que son aquellas que no cuentan con gas natural.
¡Cómo no vamos a apoyar este proyecto que asegura además la concreción de obras trascendentes como es el electroducto NEA-NOA! ¡Cómo no apoyar este proyecto que, gracias a los distintos programas vigentes, junto con la operatoria de la ANSES que garantiza 5 mil viviendas más para mi provincia, permitirá construir 10 mil viviendas en sólo dos años de gestión del gobernador Capitanich, incluidas 2 mil para los aborígenes de la zona de El Impenetrable!
Con estos planes en ejecución en la provincia del Chaco vamos a tener el máximo registro histórico en materia de obreros para la construcción. Por lo tanto, estamos contribuyendo a incrementar el trabajo formal, el empleo privado, achicando por supuesto la tasa de desempleo.
Señor presidente: solicito autorización para insertar el resto de mi discurso, no sin antes decir que la provincia del Chaco está teniendo su tan ansiada reparación histórica, que se están construyendo autovías que hasta hace tres años eran impensadas y que se está llevando a cabo el pavimento urbano que hace años no se hacía.
Entonces, creo que este presupuesto, al igual que el del año pasado, nos dignifica como provincia y por eso lo apoyamos con total convicción. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA.- Señor presidente: después del partido de la selección, que por suerte nos permitió clasificar para el mundial, quisiera utilizar estos minutos de los que dispongo para reflexionar acerca de algo que se ha manifestado en muchos de los discursos, que es la pobreza en nuestro país.
Casi todos se refirieron a cómo ha aumentado o disminuido la pobreza o los pobres. Pero resulta que hablamos de pobreza en un país rico. Esto lo ha reconocido nuestra presidenta en varios de sus discursos. La Argentina es un país muy rico, y sin embargo profundamente desigual.
Por ello, creí oportuno –si podemos ponernos de acuerdo en las causas de esa desigualdad. Voy a comenzar reflexionando acerca de algunos estudios sociales y económicos que demostraron que a pesar de los cinco años sostenidos de crecimiento en nuestra economía, que nadie bienintencionado puede desconocer, todavía existen en nuestro país cuatro millones y medio de niños menores de 15 años en situación de pobreza y cerca de un millón 800 mil en estado de indigencia, es decir, en condiciones de inseguridad alimentaria.
Si bien estos números dan muestra de una mejoría respecto de lo que ocurría cinco años atrás, lo cierto es que sigue siendo tremenda la secuela que ha dejado un Estado ausente, un Estado que abandonó su rol social y que aún no ha recuperado el necesario impulso para paliar este flagelo que sufre gran parte de nuestra población.
Entendemos que es necesario, en esta oportunidad en que estamos analizando el proyecto de presupuesto nacional, discutir cómo ampliamos el margen de contención de políticas de seguridad social y cómo asignamos equitativamente esas partidas presupuestarias.
Entendemos que es posible reasignar las partidas presupuestarias y redistribuir equitativamente la riqueza si nos damos un debate sincero.
Hoy, como varios años atrás, nuestro país tiene una particularidad, que es contar con un sistema tributario regresivo, que no se ha modificado. Este sistema tributario asienta la principal carga en los sectores sociales de menores recursos y privilegia a aquella franja de la población de mayores recursos. Este sistema tributario, que creció al amparo de políticas neoliberales, generó un escenario de profunda desigualdad, que nos dio como resultado pobres, que tienen cara, nombre y son nuestros compañeros en los barrios de nuestro país.
Por eso, nos enojamos tanto cuando estos pobres son negados desde algunos índices oficiales. Por ello, pedimos que el INDEC recupere su credibilidad. Cada vez que pensamos en el sistema tributario argentino nos viene una palabra a la cabeza: perversidad. Inmediatamente pensamos en esa palabra cuando describimos cómo se recaudan los fondos en nuestro país.
Todas y cada una de las reformas propuestas a lo largo de nuestra historia han tenido como denominador común gravar a los sectores de menores recursos con impuestos al consumo, proponiendo supuestas medidas de competitividad que en el práctica no hicieron otra cosa que desfinanciar los organismos de seguridad social.
Creemos que hay que construir espacios políticos alternativos, porque aprendimos de la historia y vimos cómo los partidos políticos tradicionales, sea que estén del lado del gobierno o de la oposición, han variado sus discursos de acuerdo con su situación.
De todos modos, se han mantenido coherentes en que siempre privilegian lo que llaman medidas tendientes a garantizar la gobernabilidad, que para nosotros no es otra cosa que sostener: necesitamos la plata ahora, los pobres pueden esperar; o no podemos entrar en conflicto con los poderosos.
Recordemos qué fuerte fue la resistencia a la generalización del IVA a la publicidad, la TV por cable y la medicina privada; sobre todo, la resistencia a la necesidad de gravar la renta agraria, pero nadie titubeó ante la aplicación de la alícuota del 21 por ciento a los alimentos. No hubo nada, más allá de lo discursivo, sobre todo por parte de quienes circunstancialmente son gobierno, para impulsar una modificación tributaria que redujera esa alícuota grosera e incomprensible.
Nosotros hemos denunciado que la exención del impuesto a la ganancia de la renta financiera es un despropósito y algo absolutamente ilógico en nuestro país. La renta financiera, obtenida merced a operaciones puramente especulativas dentro del mercado de capitales, está totalmente exenta del pago del impuesto a las ganancias.
El argumento de aquellos que propiciaron estas medidas de exención, responsables de buena parte de la crisis en la que estuvimos sumidos, fue que gravar estas operaciones conspiraba con la necesidad de promover flujos de capitales e inversiones en nuestro país.
Sin embargo, la fuga de capitales que se produjo a fines de los años 90 y durante la crisis de principios de siglo dio por tierra con las razones que esgrimían quienes vaticinaban esto. Hoy, la Argentina es uno de los pocos países del planeta que exime de ganancias a la renta financiera.
Los detractores de la eliminación de cualquier tipo de exención a este sector por el falaz argumento de la posible desinversión y la huida de capitales son los mismos que hoy se erigen como verdaderos responsables de la mayor bancarrota del sistema financiero de los últimos ochenta años.
Contrariamente a ello, sostenemos que es justamente sobre este sector de la economía, en el que algunos obtienen grandes ganancias sin desarrollar ninguna actividad productiva y generar empleo, donde nuestro sistema tributario debe tomar el ejemplo de países vecinos, como Brasil o Chile. Estas naciones consideran que la renta de capital obtenida en este tipo de operaciones debe tributar, y nosotros creemos lo mismo.
Es por ello que el Estado debe asumir la responsabilidad de comenzar a dotar de equidad a las cargas tributarias para lograr de esta forma que quienes más ganancias obtengan sean quienes más aporten.
Desde el Movimiento Libres del Sur en el bloque Encuentro Popular y Social vamos a votar en contra de la prórroga que se propone de los impuestos, porque se nos ha negado la posibilidad de discutir seriamente qué sector es al que más se le pide que aporte en este país.
Proponemos bajar el IVA un dígito, y queremos eliminar la exención a la renta financiera, derogar los regímenes promocionales para los sectores económicos, denunciar los tratados bilaterales de reciprocidad en materia económica, que funden a las economías menos desarrolladas como la nuestra y concentrar esfuerzos, recursos materiales y humanos en la lucha contra la evasión tributaria, sobre todo del impuesto a las ganancias, cuya recaudación es paupérrima y denota la complicidad de los estamentos oficiales con las grandes corporaciones económicas.
Creemos que hay que incentivar a los sectores productivos y consideramos que debemos darnos un espacio para discutir la asignación familiar por hijo. Por esto, rechazamos la propuesta del presupuesto nacional, porque no contempla a los hombres y mujeres pobres de nuestro país, que son nuestros compañeros. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.

sra. BEVERAGGI, MARGARITA BEATRIZ.- Señor presidente: voy a compartir mi tiempo con mi compañero de bancada, el diputado Martínez Oddone. Solicito autorización para insertar el discurso técnico.
Como chaqueña debo plantear que parece ser que no todos mis comprovincianos volvemos a la misma provincia, porque por lo que he escuchado parece que algunos viven en Suiza.
Nosotros no podemos, por más consenso que queramos buscar, aceptar que se va a ejecutar en el mes de diciembre la obra del acueducto del Norte para llevar agua a 380 mil chaqueños. Esto es de cumplimiento imposible.
En la planilla de presupuesto se asigna a esa obra, para el año 2010, solamente 50 mil pesos. ¿Saben por qué tengo este estímulo? Yo he estado en la reunión en la que el gobernador de mi provincia, en abril de 2008, habló de las virtudes técnicas del presupuesto ampliado, de planificar y estimar gastos para cuatro años.
Habló para esos cuatro años de diez mil viviendas a ejecutarse a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a razón de 2.500 por año. No están ejecutadas ni cien.
En relación con los otros programas, por ejemplo al que se ejecuta con el convenio ANSES, fondo fiduciario, sistema fuera de la ejecución del gasto, con controles disminuidos, como todos sabemos, se redujo el prototipo de esas viviendas a una de 10 metros cuadrados, por ejemplo.
Nosotros queremos hablar de pobreza y de resolver sus problemas en serio. No queremos mentiras y varios chaqueños que están presentes pueden testimoniar que esta diputada ha estado en el diálogo político a que convocó el gobernador, porque yo creo en el diálogo, pero quiero que se lleve a la práctica.
Hemos pedido la obra del saneamiento de las lagunas de oxidación de Resistencia, donde viven más de 800 familias. Hay un pedido formal al gobernador, con mi firma y la de otra diputada provincial, que ya tiene más de 30 días hábiles sin ningún tipo de contestación.
Entonces, no estoy hablando de querer ver realizadas cuestiones de tipo partidario. Simplemente, son temas de la realidad. Creo que hasta los medios pueden tener una idea de las situaciones críticas que vivimos como provincia pobre.
También se dijo otra cosa que no puedo aceptar. Nadie se convierte en Suiza en dos años ni se vuelve pobre en dieciséis. Nosotros hemos tenido cuarenta años de gobiernos peronistas, un proceso militar, dos gobiernos peronistas y después un gobierno de dos períodos de un partido que nació del gobierno militar, cuyo gobernador del proceso fue intendente de nuestra ciudad. Entonces, no me parece que sea respetuoso hacia la ciudadanía, hacia el pueblo de la Nación, querer facturarnos omisiones o el tiempo que estuvimos en el gobierno.
No podemos creer en mentiras. Como se ha dicho acá, el presupuesto tiene que ser un plan de gobierno. Pero cuando uno estima gastos, después hay que comprobarlos en la ejecución del presupuesto.
Por otra parte, lo que han dicho diputadas de otras provincias sobre el tema de las viviendas es real. Venimos cambiando los nombres pero el problema no se resuelve. Fíjense que los programas que andan mejor son los que tienen financiamiento de origen internacional, salvando la discrecionalidad en la distribución de las obras, como bien se refirieron a las setecientas o mil escuelas o al programa de las universidades.
Cuando se depende de la transferencia de fondos de la Nación a las provincias, ni siquiera en la nuestra donde se hizo una descripción totalmente disociada de la que estoy haciendo los programas se han podido mantener con regularidad, porque hay irregularidad en la transferencia de fondos. Entonces, a veces las buenas intenciones no son suficientes. Lo que se pretende gastar, se debe cumplir.
En una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se lo he planteado al secretario López, y también hemos planteado cuestiones de fondo –que las sostenemos respecto del criterio con el que se encara la política habitacional. “Autoconstrucción”, en Chaco, no está funcionando; “Crédito Individual” está absolutamente reducido; “Vivienda Dispersa” también está reducido. Seguimos construyendo en terrenos que las empresas compran baratos, distanciados. Eso alude a un cambio de fondo a largo plazo para poder ser equitativos, equilibrados y justos. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. MARTINEZ ODDONE, HERIBERTO AGUSTIN.- Señor presidente: quiero llevar cierta tranquilidad a la señora diputada Beveraggi porque el acueducto del Chaco figura en un par de planillas adicionales del presupuesto. Se trata de las planillas adicionales a los artículos 44 y 56. Allí se otorgan facultades al Poder Ejecutivo para obtener créditos en virtud del artículo 17.
De modo que va a depender de que el ministro De Vido priorice la ejecución de la obra y de que se obtengan créditos adicionales para que se pueda llevar adelante el acueducto que figura en la planilla adicional del artículo 44. Se trata de los acueductos regionales de Santa Rosa, Chaco, provincia de Santa Fe, Bahía Blanca, Puelén y Chacharramendi.
Por lo tanto, en una de esas se termina haciendo el acueducto si el ministro De Vido prioriza la ejecución de la obra, los organismos internacionales le dan el crédito a Boudou y la presidenta lo inaugura.
una de cal y una de arena. Quiero aclarar que este lunes vine a Buenos Aires en auto desde Villa Allende, provincia de Córdoba, y como cordobés realmente sentí una gran satisfacción al venir por esa autopista, a la que solamente le faltan setenta kilómetros para su terminación. Justamente comentábamos con el señor diputado Giubergia, cuando veníamos, que paradójicamente después de cincuenta años de proyecto de autopista la señora presidenta Fernández de Kirchner y el ex presidente Kirchner terminan concretando una obra que los cordobeses anhelábamos y que tantas vidas les cortó a muchos comprovincianos.
no alcanzaba el análisis para comprender cómo puede ser que haciendo las obras tan importantes que van a dejar, hayan sido tan castigados en las elecciones en la provincia de Córdoba. Evidentemente, algo se está haciendo mal.
con el análisis y decíamos que indudablemente están perdiendo la gran oportunidad. Si uno recorre la provincia de Santiago del Estero, advierte cómo la han dado vuelta con obras, pero si se recorren otras provincias por ahí las asimetrías no son las mismas. Indudablemente, lo que están haciendo mal es perder la gran oportunidad de sentar las bases de desarrollo y de consolidar el desarrollo de un país que está necesitando fijar reglas de juego claras, con seguridad jurídica, normas de planificación y fundamentalmente, el respeto de la Constitución.

— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

sr. MARTINEZ ODDONE, HERIBERTO AGUSTIN.- Yo sé que todos archiconocen la Constitución, pero me voy a permitir leer un párrafo para que quede registrado en la versión taquigráfica que hemos hecho alusión directa a lo que dice nuestra Constitución y que sistemáticamente venimos ignorando. Este gobierno en los últimos seis años la ha ignorado, perdiendo la gran oportunidad de establecer para el futuro la base de consolidación de desarrollo homogéneo del país.
En el artículo 75, punto 2, entre otras cosas dice la Constitución: “La distribución…” –está hablando de los recursos de la Nación “…entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”
Lejos de esto estamos, lejos de esto han estado las intenciones de este gobierno que lleva, entre la señora presidenta y el ex presidente, seis años de gestión ininterrumpida. Lejos está del ejemplo que nos dio Brasil con una continuidad de gestión y de respeto por la institucionalidad y las bases de desarrollo fijadas por Fernando Cardoso y que Lula, viniendo de otro sector, de otro ámbito que no es el empresarial, ha respetado para el desarrollo de la que hoy es una potencia, lo que deberíamos seguir como ejemplo.
Eso no se ha respetado, de tal manera que asistimos al hecho de que el gobernador de mi provincia ande mendigando la posibilidad de que le financien un déficit de la caja de jubilaciones, y al otro día de haber sido despachado por el ministro de Economía, quien le dijo que si no le alcanzaba fuera a buscar crédito, aparece en un titular de los diarios y también en la página web del Ministerio de Planificación del gobierno nacional, el anuncio de que le dan 42 millones de pesos a una ciudad como la de Villa María para techar un anfiteatro. Y reitero que al gobernador le están negando 60 millones de pesos para cubrir un déficit mensual que tiene con la caja de jubilaciones.
Esta actitud de asignación de recursos en forma indiscriminada y hasta casi irrespetuosa es lo que no podemos seguir permitiendo. Es lo que habla a las claras de que hay una ignorada actitud hacia la Constitución de la provincia. Basta analizar los números de los últimos años. Es decir, los años 2008 y 2009.

sra. presidenta vaca narvaja.- La Presidencia solicita al señor diputado que vaya redondeando su exposición.

sr. MARTINEZ ODDONE, HERIBERTO AGUSTIN.- Sí, señora presidenta.
Si comparamos el producto bruto per cápita de la provincia de Santa Cruz con el de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y el Chaco, advertiremos que Santa Cruz tiene un producto bruto per cápita de 30.496 pesos, mientras que el de Buenos Aires asciende a 731 pesos, el de Córdoba a 6.000, el de Santa Fe a 8.000 y el de San Luis a 5.000. Indudablemente, esto es producto de las regalías. Córdoba, por su parte, también tiene su producción; me refiero a la soja, que ha sido anexada a las acreencias de su producción natural, que es la agropecuaria.
Traigo estos datos a colación como consecuencia de la ley de responsabilidad fiscal que se quiere modificar. Con un parche están tratando de cubrir lo que no fueron capaces de hacer en estos seis años de gobierno: establecer una base de reparto de los recursos de la Nación objetiva y homogénea. El no haberlo hecho obligó a las provincias a endeudarse. Ahora, con esta reforma a la ley de responsabilidad fiscal se les permite un endeudamiento mayor que se encuentra por encima de los lineamientos y las bases comprometidos en los pactos fiscales para ordenar las cuentas fiscales de las provincias y de la Nación.
Tanto se desconoce la objetividad y la equidad que el artículo 74 del proyecto de ley de presupuesto contenido en el dictamen de mayoría permite asumir un programa discrecional de asistencia a las provincias para cubrir sus déficits. El mencionado artículo establece que se podrá acordar quita; es decir que hay provincias a las que se les va a perdonar la deuda. Dice textualmente: “Se podrá acordar quita, espera, remisión y novación de deudas, tanto de capital como de intereses, así como atender a su vencimiento las obligaciones que en cada caso se determinen cuando hubieran sido contraídas originalmente con garantía del Estado nacional.”
Este programa de asistencia será asumido a través de un fondo fiduciario al que, de acuerdo con otro artículo, se le da la facultad de generar bonos de deuda con el aval del Estado nacional. Así lo afirmó el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía; tienen orden de ir a buscar fondos a los mercados internacionales y locales.
Es sabido que la banca privada local cuenta con recursos, aunque nadie le pide dinero por el nivel de las tasas. Entonces, qué mejor que prestarle a los Estados provincial y nacional con garantía de coparticipación federal.

sra. presidenta vaca narvaja.- La Presidencia solicita nuevamente al señor diputado que redondee su exposición. Ya se ha excedido en tres minutos. Además le recuerda que estaba primero en la lista de un grupo de diputados que disponían de siete minutos para hacer uso de la palabra, y que cuando la Presidencia lo convocó para decir su discurso, no estaba en el recinto.

sr. MARTINEZ ODDONE, HERIBERTO AGUSTIN.- Le ruego que me disculpe, señora presidenta. Sólo me resta agregar que la ley de responsabilidad fiscal se terminará convirtiendo en la ley de irresponsabilidad fiscal, ya que en los próximos dos años pondrá en riesgo a todas las administraciones provinciales comprometidas con la banca privada.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

sra. GARCIA, SUSANA ROSA.- Señora presidenta: como miembro de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, no puedo dejar de mencionar el artículo 23 del proyecto de ley de presupuesto contenido en el dictamen de mayoría que dispone como asignación para la constitución inicial del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, prevista en el artículo 31 de la ley 26.331, un monto máximo de 300 millones de pesos.
El artículo 31 de la ley 26.331 es muy claro cuando se refiere a la forma como se constituirá ese fondo. Dos puntos eran totalmente previsibles. Dejemos de lado lo que no se puede prever, es decir, las donaciones, los legados, los subsidios y los préstamos.
El primero hablaba del 0,3 por ciento del monto total del presupuesto que significaría, según este presupuesto, 821.252.672 pesos. Sumémosle a eso el segundo punto que era el 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal; estaríamos hablando prácticamente de 600 millones, es decir, un monto superior a los 1.400 millones. Nada tiene que ver esto con lo establecido en el artículo 23 que se refiere a un monto máximo de 300 millones, porque como bien dijo el señor diputado Bonasso presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, podrían ser diez mil pesos.
También nos preocupa que el artículo 31 de la ley 26.331 no fuera reglamentado en el decreto 91 del año 2009. Esta reglamentación surge, lamentablemente, después de la tragedia de Tartagal. En este sentido, consideramos que lo que el proyecto oficial propone está lejos de articular una política de Estado tendiente a frenar el corrimiento de la frontera agrícola. El gobierno critica el “yuyo”, que es la soja; sin embargo, permanentemente está incentivando este yuyo, protegiendo los bosques nativos e impidiendo la sustitución de estos por aquélla. Consideramos que debe incluirse en el presupuesto nacional el monto estipulado según los artículos previsibles.
La señora diputada Reyes habló sobre el sistema tributario regresivo tanto en los beneficios incluidos en las normas de impuestos como así también en los regímenes de promoción de determinadas actividades. Acá tenemos que hablar sobre la minería. La minería es una actividad que tiene beneficios que superan el 178 por ciento de lo que estamos señalando respecto del tema de la protección de los bosques nativos.
Por eso, quería hacer mención a este artículo, porque esta ley se discutió mucho. Se había logrado un consenso y había sido aprobada en ambas Cámara allá por noviembre de 2007 demoró más de un año en ser reglamentada, y hoy en el presupuesto 2010 nos encontramos con un monto que no podrá cubrir las necesidades de las provincias para sostener una política de protección de los bosques nativos. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. KATZ, DANIEL.- Señora presidenta: en la búsqueda de calidad institucional y más república sería deseable que todos votáramos en general un presupuesto y nos diferenciáramos en el tratamiento en particular. Sin embargo, eso no se puede hacer porque lo que se está planteando aquí, detrás de este paquete que contiene estas tres normativas, es en definitiva un modelo político de gestión.
Creo que la señora presidenta debe haber jugado a la sopa de letras, como hacíamos algunos cuando éramos chicos, y confundido la palabra “concertación” que declamaba en la campaña con “concentración” que ejerce todos los días desde que asumió en la República Argentina.
Este paquete de medidas intenta consolidar un modelo de conducción, que una vez más veo con un profundo estilo castrense. Se quiere tener el poder y el control en la Argentina sobre todo; se quiere mantener el poder sobre las instituciones de la República; se quiere controlar la información en la República Argentina; se quiere tener bajo control –valga la redundancia- a los organismos de control en la República Argentina; se quiere ejercer el poder y controlar las estadísticas oficiales en la Argentina, y ahora se intenta controlar y ejercer el poder sobre la caja en la República Argentina.
Lo único que garantiza un modelo que se basa en el crecimiento sin solución de continuidad de la concentración es la profundización de las asimetrías. Seguramente de esta manera no vamos a saldar ninguna de las deudas que tiene la República Argentina, ni la deuda externa ni fundamentalmente la lastimosa, lamentable y dolorosa deuda interna, tal vez la más ausente en búsqueda de soluciones en estos proyectos que estamos considerando.
Se ha hablado reiteradamente de un sistema tributario regresivo, que resulta inexorable revisar en el futuro y que es insostenible desde todo punto de vista. Sin embargo se propone prorrogarlo por diez años, consolidar asimetrías y privilegios por diez años, y dejar de revisar la inequidad imperante en términos tributarios durante diez años. Claro está, excepción hecha de la ley del cheque, que se intenta prorrogar solamente por dos años. Se pretende poner a resguardo esta ley hasta la finalización del mandato de la presidenta e inhibir a un Congreso, que está a punto de cambiar su integración, de poder analizar y discutir nuevamente este impuesto. Insisto, me parece que se trata solamente de un intento; seguramente igual será revisado.
Lo atinente a la modificación de la ley de responsabilidad fiscal ya ha sido muy bien desarrollado en esta sesión, y queda claro que lo único que intenta el poder central es que las provincias puedan gestionar sus crisis en búsqueda de un endeudamiento mucho más caro y además absolutamente injusto.
La verdad es que existen crisis en las provincias y son terribles, pero también es cierto que no es necesario que tengan que endeudarse cuando ya están bastante asfixiadas.
Es muy distinto pensar que se descomprime porque se las autoriza a endeudarse en lugar de poner en funcionamiento la ley federal de coparticipación o haber aceptado discutir proyectos que hay en esta Cámara: la devolución de un punto por año de aquel 15 por ciento que se cedió oportunamente a la ANSES por parte de las provincias; hacer coparticipable el impuesto al cheque y analizar y distribuir los ATN –proyecto del diputado Sarghini-. Es una bolsa que está dando vueltas que, como tantas cosas plasmadas en los papeles son figurativas, porque la plata en realidad no está. Al menos sería saludable que se intentara compensar deudas con las provincias a cambio de ese asiento contable.
Por otra parte, estos proyectos van en contra de cuestiones que absolutamente todos venimos declamando que en algún momento deben finalizar. Pues bien, sobre los superpoderes en el Senado hay un proyecto que parece que lo está trayendo el general Alais, aquel recordado general de las intentonas contra el ex presidente Alfonsín, porque está tardando una eternidad en pasar de una Cámara a la otra, donde aparentemente había una sana intención de comenzar a limitar los superpoderes.
En cambio de limitarlos los vemos ampliados, no solamente porque el Poder Ejecutivo nacional ahora también va a intervenir en la renegociación de deudas de las provincias sino fundamentalmente porque no sólo tiene poderes extraordinarios el jefe de Gabinete sino también, como ya se dijo, el ministro De Vido. Esto no solamente trae el inconveniente de obras que se canjean –el año pasado eran estratégicas y fundamentales para la República Argentina, pero en este presupuesto desaparecieron sin que se hayan construido-, sino también la arbitrariedad para la distribución, cuestión de la que ya se ha hablado, pero permítanme que la reitere.
Las transferencias que hizo ese ministerio, por habitante durante 2008, a Santa Cruz fueron de 1.570 pesos, y para San Luis, de 45 pesos. O sea que se dieron 35 veces más a Santa Cruz que a San Luis. Diecisiete veces más que a Mendoza, que recibió 94 pesos por habitante. Alguien me podrá decir: “1.570 para Santa Cruz, 1.513 para el conurbano, 900 para mi provincia –la de Buenos Aires-, y casi 700 para San Juan; 45 para San Luis, 46 para Córdoba, 80 para Santa Fe y 89 para Catamarca”. Puede ser que sea casualidad, pero deberíamos sacar la casualidad del debate de un presupuesto.
Nos parece absolutamente riesgoso que se vote un presupuesto en el cual los gastos están planteados en términos de sostener el mismo modelo, pero con menos recursos. El hecho de hacerle creer a alguien que del 30 al 35 por ciento que fue en realidad el crecimiento del gasto este año –ahora están intentando atenuarlo para llegar al 25-, ahora drásticamente va a bajar al 12 implica asumir conflictos laborales para el año que viene, porque no hay incrementos previstos para ese tema.
Existe una reducción muy fuerte en transferencias corrientes. Esto es la Nación desentendiéndose de la coparticipación y del giro de fondos a las provincias. Tal vez por eso, y justamente por eso, se les permita endeudarse y que vean ellas mismas cómo hacen.
En definitiva, en lugar de fortalecer el federalismo tan declamado y tan poco ejercido, se apuesta a que las provincias resuelvan el problema por su cuenta.
La verdad que algunos se enojan cuando algún gobernador amaga con las cuasimonedas, pero este presupuesto casi los obliga a explorar seriamente esa posibilidad dentro de muy poco.
No observamos las prioridades de la gente en las prioridades del presupuesto. Uno abre el ítem de Salud, luego de un año muy castigado sanitariamente, como también en términos económicos y productivos –primero por el dengue y luego por la gripe A-, y cuando busca las partidas específicas para el control de epidemias, pareciera que son demasiado optimistas.
Cuando se abre el ítem de Vivienda, daría la impresión de que se ha hecho prácticamente todo, porque la merma es sensible. Pero crecen otras partidas claramente. Por ejemplo, la publicidad oficial. Hay muchas cosas por sostener, que se han votado en los últimos días. Están los 1.500 millones en cooperativas de trabajo. Seguramente todo sistema y modelo de gestión castrense necesita tener alguna brigada de infantería dispuesta a defenderlo.
Se prorrogan asimetrías y se garantizan distorsiones no deseadas para la Argentina. El 31 por ciento de la deuda sigue anclada al CER, y todos los que estamos dentro de este Congreso sabemos que esa va a ser la excusa y la argumentación para continuar sosteniendo el INDEC modelo Moreno, porque si no, favorecemos a los deudores externos.
La verdad que todo eso es falso, y a pesar de ser falso, se sigue reiterando año tras año.
Ratifico el voto negativo de nuestra parte a los tres proyectos, porque los consideramos ausentes en el tratamiento, en la búsqueda de soluciones de la pobreza y el hambre, así como de la inclusión plena y permanente de nuestra población. No existe la planificación estratégica que nuestro país tanto está necesitando ni el federalismo ni la República. Nos encontramos en un contexto político que realmente nos recuerda al Éxodo Jujeño: a lo que no se pueden llevar, le están prendiendo fuego.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

sra. AUGSBURGER, SILVIA.- Señora presidenta: tal como lo expresaron los señores diputados y señoras diputadas que me precedieron en el uso de la palabra, nuestro bloque va a votar negativamente el proyecto de presupuesto del año 2010 y las prórrogas impositivas.
Estamos convencidos de que es necesario cambiar el patrón distributivo de una sociedad en la cual por lo menos uno de cada cuatro argentinos es pobre y uno de cada diez es indigente. Por lo tanto, ellos sufren todas las privaciones para el ejercicio pleno de sus derechos.
Con estas dos iniciativas –el proyecto de presupuesto 2010 y la prórroga impositiva una vez más el gobierno nacional y el oficialismo parlamentario a pesar de las expresiones de buena voluntad de la señora diputada Bernazza nos ratifican su no voluntad de enfrentar esta doble problemática que significa la pobreza extrema convertida en un fenómeno de características estructurales y que se hace cada día más profunda.
Este modelo económico y social no logra revertir la herencia de creciente desigualdad sino que, por el contrario, tiende a profundizarla.
Sostenemos que la principal meta de un sistema tributario es contribuir al logro de una distribución de ingreso más equitativa, es decir que esa desigualdad existente antes del pago del impuesto se disminuya con la contribución o con el pago de esa obligación tributaria.
Aquí se ha tomado la decisión de prorrogar por diez años un régimen tributario que concentra aún más el ingreso en muy pocas manos, y se sostiene una estructura en donde el 66 por ciento de los recursos tributarios y el 14 por ciento del PBI descansan básicamente en el IVA, en el impuesto a los débitos y créditos bancarios y en los derechos y aranceles de exportación.
Se sostiene una estructura tributaria donde se reduce a un segundo plano a los impuestos directos y progresivos, como el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales.
Sólo el 24 por ciento de la recaudación tributaria y el 5 por ciento del PBI son aportes de estos impuestos. Si basta un solo ejemplo para determinar el carácter claramente regresivo de nuestro sistema tributario sólo hay que ver el aporte de bienes personales, que es de solamente 4.220 millones, es decir, el 0,34 por ciento del PBI previsto en este presupuesto.
Además, en esta prórroga se sostiene ese legado de la concepción neoliberal de la economía, como es la exención a la renta financiera dentro del impuesto a las ganancias promoviendo así las actividades financieras por sobre las actividades productivas.
En síntesis: con estas prórrogas el gobierno nacional sigue negando la discusión sobre un sistema tributario que permite una mayor, mejor y más equitativa recaudación impositiva, convirtiendo la política tributaria en un real instrumento progresivo a través de la tributación directa.
El gobierno nacional insiste en la concentración de los recursos a nivel nacional de este presupuesto. Es verdad que innova al reconocer el ahogo de todas nuestras provincias a través de la suspensión de algunos artículos del régimen de responsabilidad fiscal, ley que fue aprobada por este Parlamento en el año 2004 por impulso del Fondo Monetario Internacional. Evidentemente, al oficialismo todavía le dura el viento de cola desde aquella votación “Patria sí, colonia no”, donde le pagamos al Fondo toda la deuda. Quizá tengamos que aprovechar rápidamente esta suspensión hasta que venga el ministro de Economía, Boudou, con una nueva negociación y una nueva auditoría imponiéndonos nuevamente esos artículos que hoy estamos suspendiendo.
También innova reconociendo el ahogo que le provoca a las provincias con los artículos 73 y 74, guardándose esa discrecionalidad que tanto le gusta para decir a qué provincias –si se portan bien va a asistir con un programa de asistencia financiera y le va a quitar parte de la deuda que tienen con la Nación.
Asimismo, se mantienen los superpoderes para el jefe de Gabinete. El artículo 9° sostiene la facultad del jefe de Gabinete de disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios. En este aspecto se produce una innovación mediante una herramienta que ya se mencionó aquí y que figura en los artículos 17 y 44, que consiste en la instrumentación de un programa de inversiones prioritarias que este Congreso vota pero desconoce absolutamente de qué se trata.
Para poder dimensionar esta autorización que otorgamos y esta nueva discrecionalidad del poder central, solamente basta con leer el artículo 44, donde se autorizan operaciones de crédito público por 4.500 millones de pesos y 1.200 millones de dólares, es decir, más de 9.100 millones. Sin embargo, este mismo proyecto tiene presupuestada para el Ministerio de Planificación la suma de 8.382,7 millones a fin de realizar inversiones reales directas. Debe tenerse en cuenta que más del 85 por ciento de los proyectos de inversión programados para el año 2010 corresponde al Ministerio de Planificación Federal. Solamente para el área de vivienda y urbanismo se van a destinar 5.165 millones.
Por otra parte, este proyecto no presenta ningún tipo de innovación en relación con las políticas sociales, ya que se mantienen las mismas llevadas adelante desde el año 2003. Queda demasiado lejano el compromiso asumido por el oficialismo parlamentario apenas pasado el 28 de junio, cuando en aquella reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se comprometieron a iniciar en este Congreso el debate sobre el ingreso universal a la niñez y una tarifa social solidaria en materia de servicios públicos.
Es verdad que para el año 2010 el proyecto de presupuesto prevé un gasto de 165 mil millones en servicios sociales, que representa un 60 por ciento del gasto total. De ese total previsto para servicios sociales, el 66 por ciento se va a destinar a seguridad social, es decir, a beneficios para las personas que se encuentran trabajando en blanco o que lo hicieron en el pasado, pero no incluye a aquéllas a las que el empleo productivo deja afuera de los beneficios del empleo registrado. Es decir que no está contemplado en este proyecto el núcleo duro de la pobreza y de la indigencia.
En ese mismo sentido se continúa con una política de subsidios a los servicios públicos, en la que no se discute a quién se subsidia sino cómo. Si bien se ha planteado una reducción de los subsidios, en realidad el gasto que antes se hacía desde el Estado hacia las empresas ahora se traslada a la gente por medio de los tarifazos, pero no se establece a quién se subsidia por medio de una tarifa social solidaria, que es lo que se viene diciendo a los usuarios con menor poder adquisitivo.
En relación con las políticas sociales se continúa con la propuesta de sostener prácticas clientelares que pretenden conservar ese cambio de ayuda social por adhesiones políticas partidarias. Mientras en los servicios públicos continúa la tarifa social, miles de argentinos y argentinas carecen de servicios básicos indispensables para tener una mínima calidad de vida.
Por todo lo expuesto, vamos a votar por la negativa la prórroga impositiva. Sostenemos que la prórroga de los impuestos nos obliga a que las mejoras en la equidad distributiva provengan exclusivamente del gasto público, que primero debe esforzarse en corregir la concentración del ingreso que produce ese propio régimen tributario.
Es absolutamente diferente financiar políticas sociales para enfrentar la pobreza con recursos de aquellos que más ganan a que sea, como en este régimen tributario, a partir del IVA de los sectores populares.
Votamos por la negativa porque no se cumple la promesa de empezar a discutir un ingreso universal que aborde la pobreza y la indigencia que crecen en nuestro país.
Votamos en contra por la discrecionalidad y la concentración de recursos en el poder central que establece este presupuesto, las que son profundamente rechazadas por nuestro bloque y se contraponen al modelo de sociedad democrática, justa, igualitaria y solidaria que desde el socialismo queremos construir. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. PINEDO, FEDERICO.- Señora presidenta: como diría Adrián Pérez, tengo una noticia mala y otra buena, aunque no estoy seguro de que la mala lo sea.
La mala sería que leyendo este presupuesto, se abren dos caminos. El primero indica que el modelo productivo kirchnerista se acabó. La segunda hipótesis es que el modelo kirchnerista fracasó.
¿Por qué digo esto? El modelo kirchnerista tenía como fundamento el tipo de cambio competitivo. En el presupuesto el gobierno nos dice que a fin del año que viene el tipo de cambio estará en 3,95 pesos; o sea, estará igual que ahora.
También nos dice que la inflación será del 6 por ciento, con lo que seremos en términos reales un 6 por ciento menos competitivos el año próximo. Incluso, casi todos los cálculos económicos razonables indican que la inflación rondará probablemente el 15 por ciento el año que viene, con lo que la pérdida de competitividad será sustantiva.
Así se acaba esta cuestión del modelo industrialista para generar exportaciones con empleo y un círculo virtuoso en la economía.
El segundo aspecto del modelo kirchnerista era el superávit fiscal. Sin embargo, el presupuesto indica que el año que viene habrá que pagar 130 mil millones de pesos de deuda, que representan algo más de 30 mil millones de dólares.
También figura un número rarísimo, consistente en que el resultado primario del presupuesto será el año próximo el doble que el actual. ¿Cómo se va a mejorar el resultado primario dos veces con un aumento de los ingresos del 17 por ciento? Es un misterio absoluto. Evidentemente, lo que ocurrirá será que no habrá ese resultado primario y, por lo tanto, tampoco existirá superávit.
Alguna gente puede decir que esta es una suposición arbitraria. Sin embargo, hay algunos artículos del presupuesto que indican que el propio gobierno nos está diciendo que en verdad no habrá superávit. Por ejemplo, han puesto una cláusula maravillosa que dice que el ministro De Vido puede gastar cerca de 10 mil millones de pesos y esto no se tiene que llamar gasto en este presupuesto. Entonces, a lo que es gasto lo llamamos “adelanto a proveedores”, no es más gasto y por ende seguimos teniendo superávit. Esto indica que de ahí hay un déficit de 10 mil millones de pesos o un no superávit.
Por ahí esto del fin del modelo kirchnerista es peor para el gobierno porque están incorporando una norma permanente que dice que en un año el gobierno puede gastar plata –no se dice cuánto, puede ser cualquier cantidad, e imputarla a los gastos del año siguiente.
Pareciera ser que con esto no solamente van a dibujar el superávit sino que están previendo gastar mucha plata, probablemente en el 2011, e imputarlo al gobierno que viene, que supondrán que no va a ser de ellos porque pienso que no se querrán hacer semejante maldad a sí mismos.
La otra parte del modelo kirchnerista, que parece que no anda demasiado bien, es el tema de cómo generar divisas, producción económica y recursos fiscales en la Argentina. Digo esto porque el presupuesto muestra de dónde va a salir esa disponibilidad de dinero: del sector maldito; del campo.
Dado que se ha perseguido a los productores de maíz, a los productores de trigo, a los productores de carne y a los productores de leche, ¿qué es lo que va a producir el campo? El campo va a producir soja. Todo el kirchnerismo está arrodillado para que se cumplan sus previsiones de una enorme cosecha de soja que lo salve el año que viene.
En este sentido, las previsiones del kirchnerismo son entre un 20 y un 30 por ciento más altas que las, por ejemplo, de los organismos de evaluación de cosechas mundiales, con los análisis satelitales que hacen.
Otra cuestión del modelo kirchnerista era la disminución de la pobreza, pero el presupuesto prevé un aumento del gasto del 13 por ciento para el año que viene. El 13 por ciento de aumento del gasto indica recesión en la Argentina. Recesión indica menos puestos de trabajo y más pobreza. Si a esto le agregamos tipo de cambio fijo hasta fin del año que viene, estaremos indicando más recesión y más pobreza. Si encima a esto le agregamos un 15 por ciento de inflación anual, tendremos todavía mucha más pobreza.
Vemos que se hace hincapié en la curva que tuvimos entre 2003 y 2006, que mostró una disminución de la pobreza del 50 al 27 por ciento, pero desde 2006 hasta ahora la curva muestra que hubo un aumento del 27 al 35 por ciento de la población bajo el nivel de pobreza. La verdad es que esto es bastante dramático y no es para hacer ninguna chanza.
El otro punto del modelo kirchnerista era el rechazo absoluto a tener cualquier relación con el demonio, esto es el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora nos dirigimos apresuradamente con el ministro Boudou a abrazarnos con los brazos abiertos con Strauss Kahn, que ahora se ha convertido en un abanderado de los ángeles.
Otro tema que nos toca analizar es el de la ley de irresponsabilidad fiscal, que se sugiere que votemos. Cualquier economista serio o estadista serio sabe que las medidas de previsión, de cuidado y de seriedad en la administración se tienen que tomar en los momentos de auge, porque en los momentos de caída, la gente dispara. Sin embargo, en los momentos de auge de la Argentina, que tal vez ha tenido el mejor ciclo económico exterior en cien años, fueron nada. Y ahora, en los momentos de caída, la propuesta que hacen algunos gobernadores y diputados es que se permita a las provincias endeudarse más allá de sus posibilidades, o sea, que se hundan más.
¿A qué tasa se van a endeudar? La tasa de riesgo de la Argentina es del 15 por ciento. Mientras Brasil se endeuda a una tasa de poco más del 5 por ciento y Colombia lo hace a una tasa de menos del 6 por ciento, la Argentina kirchnerista se endeuda a una tasa del 15 por ciento.
¿Cuánto le cuesta a la Argentina este diferencial de tasa de diez puntos? Probablemente mil millones de dólares por año. ¿Y a qué se debe que en una situación económica similar tengamos un diferencial de tasa semejante? ¿Por qué tenemos que perder mil millones de dólares respecto de los colombianos? Simplemente, por irresponsabilidad política, por inseguridad jurídica, por generación innecesaria de enfrentamientos y por todo lo que ya conocemos, que provocó que la gente votara en contra el 28 de junio.
Otro tema que tenemos que tratar es el de los impuestos. Acá se propone modificar impuestos que afectan recursos destinados a fines específicos, para lo cual se requiere una mayoría calificada según el artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional. Supongo que va a haber una mayoría calificada para estas prórrogas o cambios de impuestos, especialmente del impuesto a las ganancias.
En esta materia, nosotros hemos propuesto en nuestro dictamen que un impuesto tan malo y regresivo como es el impuesto al cheque se compute a cuenta del impuesto a las ganancias y del IVA, con lo cual se coparticiparía en un ciento por ciento.
Por otra parte, queremos llamar la atención sobre el castigo incalificable que desde el punto de vista impositivo está sufriendo la provincia de Buenos Aires. Esta última tenía un derecho que era el Fondo del Conurbano Bonaerense. Eran 65 millones de dólares. Un buen día se hizo un cambio en ese fondo y se dejó a la provincia congelada en 65 millones de pesos.
A pesar de la inflación, esa cantidad de pesos no se modifica. En cambio, la diferencia entre esos 65 millones de pesos y el 10 por ciento de recaudación del impuesto a las ganancias se distribuye entre otras provincias. El resultado es que ahora, con el silencio increíble de los diputados de la provincia de Buenos Aires, esta última recibe menos fondos del conurbano bonaerense que la provincia de Santa Fe, por ejemplo.
Es increíble que no nos aboquemos por lo menos a igualar a la provincia de Buenos Aires, para que reciba una parte del diez por ciento y no se quede congelada en pesos en medio de un proceso inflacionario. Pero nada de eso se toca. Parece que el compañero Scioli tiene que seguir viniendo a la Capital Federal a pedir recursos.
¿Cómo hace la Nación para que las provincias no se quejen ante un impuesto al cheque que no se coparticipa o ante estos ataques a la provincia de Buenos Aires? Sencillamente lo va a hacer con un financiamiento a las provincias de la deuda que ellas tienen con la Nación.
Como nosotros creemos que en realidad la Nación tiene deudas con las provincias y no al revés, sería mucho más razonable que se cancelen estas deudas con recursos de coparticipación o que esos impuestos aumenten la coparticipación provincial, sin necesidad de endeudarse ruinosamente como propone el proyecto de irresponsabilidad fiscal.
Por otra parte, quiero decir que nosotros también impulsamos el aumento de los mínimos no imponibles tanto para el impuesto a las ganancias como para el impuesto a los bienes personales, tema al cual se ha referido el señor diputado Galvalisi.
Finalmente, quiero decir que el presupuesto es el plan del gobierno. El pueblo ha votado a este gobierno para que gobierne y este gobierno tiene que hacer su plan de gobierno, y esto es lo que tiene que presentar aquí como presupuesto. A su vez, cada ministro tiene que venir a explicar al Congreso qué es lo que quiere hacer con la plata y el Congreso tiene que evaluar qué es lo que dice el ministro, y a su vez poner un tope a los gastos del ministro para cada finalidad.
Esto es un presupuesto. ¿Cuántos ministros vinieron a explicar el plan de gobierno a este Congreso en el debate del presupuesto? Ninguno. El ministro Boudou vino a hablar de generalidades y dijo que la Argentina es más o menos como Suiza. Todos estos números que hemos visto, que eran al revés de lo que decía, en realidad son un simulacro y son un simulacro porque sigue siendo un presupuesto con superpoderes. O sea que lo que digamos en realidad no importa nada.
Quiere decir que nos hemos perdido unas diez horas de debate inútilmente. Podríamos haber traído al recinto al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para que nos diga cómo va a cambiar las partidas a su antojo el año que viene. Por eso, nunca votamos a favor de un presupuesto desde que hay superpoderes.
Una última pregunta que quiero hacer al presidente de la Comisión de Presupuesto: me gustaría verificar si, efectivamente, se ha quitado del presupuesto una partida de 12 millones de pesos para arreglar los caminos de la quinta de Olivos.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. PEREZ, ADRIAN.- Señora presidenta: voy a suscribir totalmente la exposición que ha hecho desde nuestro bloque la diputada Fernanda Reyes, quien realizó un análisis muy pormenorizado sobre el presupuesto y cuál es la visión que tiene la Coalición Cívica del presupuesto para el próximo año.
Diría yo que el presupuesto repite más o menos una lógica que ha reiterado el gobierno desde el año 2003 a la fecha, aunque en realidad éste que tenemos en consideración presenta una variante que, en definitiva, tal vez empeore la lógica diseñada por el gobierno, lógica que hoy fue presentada correctamente por el señor diputado Roy Cortina: el crecimiento y el desarrollo económico de un país provienen por añadidura del sostenimiento de algunas variables macroeconómicas.
El gobierno nos ha dicho con mucha fuerza desde el año 2003 que había que generar algún contexto de estabilidad, garantizando superávit fiscal, primer pilar; superávit en la balanza comercial, segundo pilar; desendeudamiento público, tercer pilar y un tipo de cambio que el gobierno llama tipo de cambio competitivo, es decir, un tipo de cambio razonable para los sectores productivos y que no genere un deterioro para el sector asalariado.
El gobierno ha argumentado con mucha fortaleza que si nosotros sostenemos estas variables, lo que habrá ineludiblemente como consecuencia es crecimiento económico.
Por lo tanto, si hay crecimiento económico el segundo paso ineludible también es la mejora de los indicadores sociales. Yo diría que dicha lógica empeora en este presupuesto, porque viene a decirnos que como ya no van a garantizar el superávit fiscal, lo que hacen es diseñar una reforma a la ley de administración financiera que les permita, en todo caso, dibujar el superávit fiscal.
Por eso, se esconde la deuda flotante y el gasto de las obras plurianuales. Lo que dicen es que el gasto efectuado en las obras que duren varios años no lo vamos a imputar al próximo año, sino a la finalización de la obra. Esto les garantiza que, aun no teniendo superávit, van a poder dibujar un superávit.
Lo cierto es que no solamente esta teoría del derrame es equivocada, contrastable con lo que ha pasado en muchas experiencias del mundo, sino que es contrastable con la situación empírica ocurrida en la Argentina en los últimos tiempos.
Esto quiere decir que de las dos condiciones que el gobierno decía que se iban a generar a partir del sostenimiento de las variables, esto es, crecimiento económico y mejora social, hace tiempo que ninguna de las dos se viene generando.
Está claro que a partir de 2008 comenzaron a aparecer con mucha evidencia los primeros síntomas de agotamiento claro del modelo; esto es, niveles importantes de inflación, deterioro del salario real, caída fuerte de las inversiones, fuga de capitales y, por lo tanto y consecuentemente, un importante deterioro social que ha llevado a que la Argentina tenga hoy un 35 por ciento de pobres y un proceso de desigualdad social creciente.
De modo tal que no es cierto que el sostenimiento de las variables garantice el crecimiento, y mucho menos cierto es que garantice un proceso de mayor equidad social.
Además creemos que es conceptualmente equivocado proponer esta lógica para la elaboración de un presupuesto. Creemos en un presupuesto diseñado a partir del reconocimiento de las principales necesidades que tiene la sociedad, de identificar esas prioridades y posteriormente diseñar las políticas públicas tendientes a abordarlas. Finalmente, se debe establecer un esquema tributario que tienda a lograr una matriz de ingresos para el Estado que garantice la persistencia y sostenimiento de esas políticas de Estado.
Tal vez el principal problema que tenga la Argentina es que en los últimos tiempos no han existido políticas de Estado que permitan revertir una matriz tributaria absolutamente regresiva que heredó este gobierno, revertir una matriz de inequidad social profunda que tiene el país desde hace muchos años y garantizar desde el Estado un piso de ciudadanía para todos, dando importancia a la educación, la salud pública y la seguridad alimentaria.
También se debe sostener una política energética como motor del desarrollo de los sectores productivos, generar condiciones de previsibilidad que incentiven la inversión privada y, finalmente, dar desde el Estado un fuerte estímulo e incentivo a los sectores productivos; me refiero al sector industrial y también al agropecuario.
Sobre nada de esto hemos discutido en todos estos años; políticas para esto no ha habido en la Argentina en todos estos años.
Desde luego, como dije en alguna oportunidad, el agravante es que no debemos mirar muy lejos para ver cómo otros países, sosteniendo algunas políticas de Estado durante algún tiempo, han logrado construir un proceso de desarrollo económico y social que, de países emergentes, los ha convertido en potencias mundiales.
Concretamente, el caso más palpable es Brasil, un país que ha diseñado una política de distribución del ingreso con programas como “Hambre Cero” y “Bolsa de Familia” y una política de inclusión para el sector más vulnerable, la niñez, con la condición de que se otorgan beneficios en función de que el beneficiario concurra al sistema educativo y cumpla con los controles sanitarios. Por cierto, no llegó a establecer una política universal, pero desde una política focalizada ha establecido un programa de distribución del ingreso que permitió mejoras sustantivas en los principales problemas que tiene nuestro país hermano, como es la desigualdad social y la pobreza.
Cuando abordamos otras áreas, como la de política energética, vemos cómo ese país, sosteniendo una política de Estado que incentiva la inversión privada pero al mismo tiempo haciéndose cargo también de la inversión pública en exploración y explotación, se convirtió en una potencia con una enorme capacidad en materia de producción. Lo que hoy se discute en Brasil no es cómo explora, produce y se asocia el capital público con el privado, sino cómo se garantiza una renta razonable al sector privado y además que la renta principal quede en las arcas públicas. Lo que hoy están discutiendo es, concretamente, el destino de la renta petrolera. Brasil es un país que en poco tiempo ha logrado, a partir de los últimos meses con el descubrimiento de trece nuevas áreas, triplicar las reservas petroleras para el futuro.
Esto no surgió de un día para el otro; fue consecuencia de una política de Estado que tuvo como precondición el debate en esa sociedad y, también como condición ineludible, un consenso importante entre las fuerzas políticas para sostener dicha política en el tiempo.
Lo mismo puedo decir de la política de desarrollo en el sector industrial con el BANDES, y de la política de desarrollo del sector agropecuario. Esto me permite señalar que el principal problema que tiene la Argentina es la ausencia absoluta de una discusión respecto del necesario diseño que debió haber tenido nuestro país en materia de políticas de Estado tendientes a revertir un proceso de deterioro económico y social heredado desde hace muchos años.
Hace algún tiempo leí un artículo del politólogo Peter Evans que describía la existencia de dos categorías muy claras cuando hablaba de Estado. Una es la del Estado abocado al desarrollo económico y social de un país, con una mirada puesta en el beneficio colectivo. Si uno mira un modelo de Estado de desarrollo claramente puede observar lo que están haciendo Brasil, Uruguay y Chile.
La otra categoría –que nos toca a nosotros es la del Estado predatorio; es decir, el Estado tomado por un grupo gubernamental no en pos de la satisfacción de un interés colectivo sino del interés del gobierno, que no es necesariamente económico. En algunos casos lo es, cuando se trata del enriquecimiento del sector de gobierno; en otros, se trata de la construcción de una nueva burguesía económica aliada al gobierno, y en otros de la construcción y consolidación de un poder político concentrado a partir del diseño de algunas políticas de gobierno.
La Argentina hace tiempo que entró en este Estado. Hace tiempo que la Argentina no discute en el marco de un Estado de desarrollo y está inmersa en un Estado predatorio que tiene como finalidad casi exclusiva la consolidación de un interés particular del gobierno y de un poder económico paralelo desde el Estado.
Hay casos muy burdos de algunas políticas que formaron parte de este Estado predatorio. Las políticas del despilfarro de los subsidios, del blanqueo de capitales, leyes que trató este Parlamento y que claramente podemos señalar no como políticas de Estado sino al servicio de la construcción de un poder determinado.
Hay casos mucho menos burdos y más confusos que originaron un enorme debate y discusión en este Congreso. Quiero referirme a este aspecto, porque se relaciona con la lógica de construcción que tiene este gobierno y que, desde mi punto de vista, ha sido acompañada con cierta ingenuidad por algunos sectores que no son del gobierno, desde algún lugar de convicción que les permitió optar entre lo muy malo existente y lo también malo propuesto por el gobierno nacional.
Si uno tiene que evaluar cuáles han sido las grandes discusiones en materia de políticas de Estado, un gran debate que tuvo este Parlamento fue el de la reforma previsional. A muy pocos les puede caber la duda de que la Argentina requería urgentemente una reforma previsional, que tenía que salirse de un sistema de capitalización que generaba enorme rentabilidad para un sector privado, las AFJP, a costa de no garantizar en ningún caso una jubilación digna para los futuros jubilados.
A nadie le podía caber duda de que el sistema previsional argentino estaba dejando afuera a la mitad de la población económicamente activa. Un sector de esa población económicamente activa aportaba al sistema privado, otro al sistema público y el resto no aportaba a ninguno y el Estado lo dejaba librado al azar.
La Argentina merece tener una discusión seria acerca de cómo formular una política de Estado hacia un nuevo esquema previsional que se adecue al actual sistema del mercado laboral. Desde mi punto de vista, había que salir hacia un modelo en donde el garante de la seguridad social fuera el Estado y en donde éste garantizara una jubilación para todos, hubieran trabajado, no hubieran trabajado, o hubieran trabajado en forma no registrada; con un segundo pilar basado, en todo caso, en su capacidad de aporte durante su vida activa.
Este era un debate que había que dar. Lo que no podía ocurrir es lo que sucedió, someternos a una falaz discusión en pos de un interés distinto, el del Estado predatorio.
A nadie le importó lo que va a pasar con los futuros jubilados, porque si nos hubiera importado verdaderamente y el objetivo del gobierno no hubiese sido quedarse con la caja de 100.000 millones y el flujo de los 15.000, hubiésemos discutido en serio una reforma previsional en función del mercado laboral de hoy y de mañana. Porque, vaya paradoja, con la reforma previsional aprobada hace muy poco, no estamos resolviendo la situación de los miles de activos que están fuera del mercado laboral, que diría son el 40 por ciento.
Tampoco estamos resolviendo en función de la situación real del mercado laboral. El sistema de reparto se diseñó teniendo en cuenta que la gente entraba a trabajar a una empresa a los veinte años y se jubilaba a los sesenta y cinco en la misma empresa. Debido a ello el período entre los cincuenta y cinco y los sesenta y cinco años era el mejor de su vida remunerativa. Por eso, era exacto lo que establecía el sistema de reparto en el sentido de que una persona se jubilaba con el promedio de los últimos diez años, porque en ese período se registraba la mejor remuneración de su vida activa.
En la actualidad lo más probable es que quien entra a trabajar en una empresa dure cuatro años, luego trabaje en otra, después salte a la desocupación, más tarde trabaje en forma no registrada y, por último, como autónomo. En ese caso es seguro que entre los cincuenta y cinco y los sesenta y cinco años es el peor momento en términos de la remuneración de su vida activa, y nosotros adoptamos un sistema que establece que se va a jubilar por los últimos diez años. Nadie duda de que en la actual situación del mercado el período entre los cincuenta y cinco y los sesenta y cinco años es el peor momento de la vida remunerativa.
¿Por qué no dimos esta discusión? Porque no importaba diseñar en la Argentina una política de Estado en materia previsional sino satisfacer un interés distinto, oculto -aunque ya cada vez menos- en pos de un debate tramposo al que nos sometió el gobierno para diseñar una política con el objeto de sostener el Estado predatorio de consolidación de poder.
El ejemplo más claro y burdo ha sido la última discusión parlamentaria, la de la ley de medios audiovisuales. A muy pocos les puede caber dudas de que había que establecer una nueva ley de medios en la Argentina, y a muy pocos les puede caber dudas de que una nueva ley de ese tipo necesariamente requería garantizar la pluralidad de medios. Y la pluralidad de medios se garantiza desde el Estado. Por cierto, hoy en materia de comunicación se produce una situación de concentración, y esa situación debía ser discutida.
Ahora bien, ¿por qué no pudimos discutir una ley de medios? ¿Por qué no pudimos diseñar una política de Estado en la Argentina que implicara una ley de medios sostenida en el tiempo? Porque al gobierno le importaba un bledo la ley de medios. Existía otro objetivo del Estado predatorio, porque en primer lugar una ley de medios debe garantizar la pluralidad, y en segundo término, garantizar la independencia de los medios de comunicación y del periodismo. Existe una lógica que no puede romperse: los medios y el periodismo son aquí y en cualquier lugar del mundo un factor contrapoder. Es un factor que tiene la obligación de controlar al poder y al gobierno, quienquiera esté en el gobierno o en el poder.
¿Cuál fue el problema? Que la ley rompió la lógica, diseñando todo un instrumento donde en lugar de habilitar el control desde los medios de la prensa independiente al poder, se diseñó un esquema en el cual desde el poder y desde el gobierno se pretendió llevar adelante el control de los medios.
Lo mismo podríamos decir en relación con Aerolíneas. A nadie le cabía ninguna duda de que la lógica después de haber roto la posibilidad de tener un transporte aéreo comercial privado indicaba que era desde el Estado que se debía resolver la situación. Obviamente que no podía resolverse como se resolvió, ya que hoy estamos pagando las consecuencias y ello se evidencia en este presupuesto.
En definitiva, lo que quiero decir es que hace mucho tiempo que no existe una política de Estado. La política de Estado requiere de una precondición ineludible: un debate público, transparente, franco y sincero, que no se produjo en la Argentina en ninguno de los temas centrales.
También requiere de otra precondición: una búsqueda mínima de consenso entre los actores políticos.
Por cierto existe un desafío. Creo y espero que a partir de 2011 habrá un nuevo modelo de país, convalidado desde la legitimidad pública, luego de una elección en donde la gente elegirá. Pero también es cierto que habrá un período entre 2009 y 2011 donde tendremos un desafío nosotros, los parlamentarios, tanto los de este Parlamento como los del que vendrá.
Seguramente no se va a producir desde aquí la construcción de una nueva visión de país. Tal vez sea más complejo, pero quizás debamos ponernos algún objetivo menos ambicioso pero más cumplible: el de poder construir algunas garantías de un Estado de desarrollo. La precondición para ese Estado de desarrollo consiste en que desde aquí podamos construir algunas políticas de Estado. Les digo desde dónde debemos empezar. La prioridad del próximo Parlamento tiene que ver con la que hoy tiene el país: combatir la pobreza. Muchos bloques están insistiendo con el tratamiento de un proyecto vinculado con el ingreso universal a la niñez, para por lo menos afrontar seriamente el principal problema, que tiene que ver con la pobreza.
Debiera ser una política de Estado que como precondición requiere de un debate serio, y como condición del consenso que debiera afrontar el próximo Parlamento.
Deberíamos entender que muy difícilmente haya desarrollo económico y social sin un mínimo de integridad institucional que nos garantice que el proceso de deterioro institucional puede revertirse, y ello debe hacerse desde este Parlamento.
El gran desafío que tenemos consiste en salir de lo que yo creo es la categoría actual, que es la categoría del Estado predatorio, para empezar a construir la categoría del deber ser, que es la categoría del Estado de desarrollo hacia una sociedad justa, equitativa y con integridad social. (Aplausos.)

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señora presidenta: esta noche, en esta larguísima sesión hemos escuchado toda clase de discursos. Yo diría que ha sido una tediosa y anodina jornada, corolario de una cuestión novedosa: el presupuesto ya no genera expectativa. Ni siquiera la prensa ha cubierto hoy esta sesión.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señora presidenta: espero que me escuche la bancada oficialista, que tan risueñamente ha recorrido estos cuatro años de experiencia.
Lo que ha pasado en la Argentina en los últimos cuatro años es una fenomenal experiencia que no podemos desaprovechar. Este fracaso no se puede reiterar, tal como no se puede reiterar el fracaso neoliberal de los 90 que nos arrojó al industricidio, nos dejó sin empleo y en la pobreza.
Hace cuatro años, desde esta misma banca, cuando los recursos sobraban por todos lados y las provincias no se quejaban, dijimos que este modelo, sin inversiones y sin energía, se iba a agotar. Vayan y lean los discursos. Escuchen: sin inversiones y sin energía este modelo se agota, porque nadie puede subsidiar artificialmente el consumo de por vida.
El consumo y el mercado interno tienen valor cuando son fruto de la productividad del país, del salario y del empleo. Pero cuando el consumo y el mercado interno son producto del subsidio proveniente del endeudamiento externo –Menem o de la coyuntura internacional de los precios de las commodities –Kirchner, terminado el endeudamiento por falta de crédito o por la baja de los precios internacionales, se agota el consumo artificial.
Cuando el consumo que desalentó inversiones y deterioró los precios relativos se acaba, el modelo se agota. Esta es la experiencia formidable que la Argentina no debe volver a repetir.
Es cierto que el modelo neoliberal es mucho más perverso que lo que hemos vivido en esta etapa. Es indudable: nos endeudó hasta la coronilla y además comprometió a las futuras generaciones de argentinos.
La impugnación de este modelo tiene que ver con desaprovechar el tiempo que tuvo el país. No lo hicieron así nuestros vecinos, y cabalgan a larga distancia de la Argentina.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué la Argentina no logró consolidar un sistema que atrajera inversiones de riesgo para el aparato productivo? ¿Cuál es la razón por la que la Argentina no puede superar su matriz de subdesarrollo, que es la producción primaria?
Las razones son variadas; hay muchas. Simplemente me voy a referir a las más significativas. Para que haya inversiones debe haber certidumbre. El que invierte quiere saber hacia dónde va.
En los últimos cuatro años la Argentina nunca tuvo un presupuesto veraz. Siempre se falseó la realidad del presupuesto por dos vías distintas. Se subestimaba el ingreso con la picardía de aprovechar los recursos vía DNU para gastarlos discrecionalmente, pero la discrecionalidad es un antígeno contra las inversiones.
La discrecionalidad sólo sirve para los amigos y para los que invierten a corto plazo, porque el instrumento que da garantías y certezas es la ley.
Cuando no hay ley y el funcionario, con picardía, se apodera de las decisiones, la incertidumbre es la matriz con que se maneja el país. Las consecuencias son, en primer lugar, la falta de inversión y, segundo, la inseguridad jurídica. Si se rompen los contratos, no se respeta la ley y se atropellan las instituciones, no hay seguridad jurídica. Eso también atenta contra las inversiones.
Quizás convendría sacar una primera conclusión: en economía todo es posible salvo una cosa: evitar las consecuencias. Es fantástico disponer discrecionalmente de 30 mil millones de dólares, como lo permitió el presupuesto del año pasado aprobado por un DNU. Vean los resultados: no hay inversiones en la Argentina. Consiguientemente, cae el empleo, aumenta la pobreza, no hay mercado interno ni reinversiones de la renta.
No podemos desaprovechar esta experiencia. Es una experiencia rica porque ha sido un fracaso estrepitoso. Se trata del tiempo externo más importante de la historia del país. Nunca la Argentina tuvo este tiempo.
¿Este presupuesto también subestima los ingresos? En realidad, no. Analicemos el presupuesto para el año 2009. Se calcularon exportaciones por un valor menor en 8 mil millones de dólares a lo que realmente se va a exportar y se previeron importaciones por un monto de 23 mil millones de dólares menos de las que realmente se iban a consignar. Es decir que quienes elaboraron este proyecto no calcularon los dos aspectos que son pilares de un presupuesto: la previsión –es decir, hacia dónde vamos y el establecimiento de prioridades.
Si un ministro dice que vamos a exportar por diez y se exporta por cinco, falló en la previsión; si dice que va a importar por un valor de cien y lo hace por ciento cincuenta, volvió a fallar la previsión. Esto es lo que ha ocurrido con este presupuesto: previó un superávit financiero de 11 mil millones de pesos y va a terminar con un déficit de 10 mil millones de pesos.
En los primeros siete meses del año 2008 el superávit era de 16.600 millones. En igual período de 2009, el déficit fue de 2.300 millones. Esto es apuntalar un fracaso y volver a cometer el mismo error.
El actual proyecto de presupuesto tampoco se corresponde con el nivel de ingresos y con los gastos porque oculta un déficit para el año que viene de aproximadamente 15 mil millones de pesos.
Esta norma que seguramente se va a aprobar hoy plantea disminuir el gasto a la mitad, lo que en este marco social y de pérdida de empleo significará el congelamiento de haberes de los agentes públicos y de los jubilados.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

sr. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señor presidente: no hay financiamiento, a menos que haya endeudamiento.
Yo dije que esta era una sesión anodina, pero también tiene otra característica. No vi al oficialismo defender con enjundia el proyecto de presupuesto, como sí lo observé en otras ocasiones. Sólo rescato para criticar una mención del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Aquí voy a señalar una contradicción. Aclaro que no es una chicana sino una contradicción. Dijo que la caída de las inversiones, la disminución del empleo y el aumento de la pobreza son producto de un accidente. Eso dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El accidente es externo: la crisis. ¿Pero cómo? ¿Acaso en febrero la presidenta no había dicho que estábamos desacoplados de la crisis? No es una chicana. ¿Aquella presidenta no fue capaz de prever lo que se venía, o lo que vino fue más consecuencia del defecto interno que de la crisis externa?
No me animo a dar un diagnóstico, porque no soy economista, pero indudablemente hay una mezcla de las dos cosas. Hace dos años que el empleo no crece en la Argentina. Hoy estamos ante una virtual caída del empleo y del poder adquisitivo del salario; también en una caída del mercado interno y del consumo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda adjudica todos los males a la crisis externa. Le pregunto por qué Brasil habrá recibido 40 mil millones de dólares de inversiones externas en el transcurso de este año. ¿Cuál habrá sido la razón por la que Chile recibió una cantidad menor -porque es un país más chico- de 22 mil millones de dólares de inversión, mientras que la Argentina sólo recibió 7 mil millones?
¿Cuál será la razón por la que en un año y medio se fugaron 40 mil millones de dólares de la Argentina? ¿Será la crisis externa? ¿Saben la cantidad de empleo que representan 40 mil millones de dólares? Son 400 mil puestos de trabajo.
Esa inversión en el aparato productivo significa empleo, salario, mercado interno, consumo e inversión de la renta en el circuito lógico de la economía. Ese es el mejor plan social del mundo. ¿Para qué inventar planes sociales si hay pleno empleo? Esa debería ser la estrategia.
Cuando hablo de desarrollo no me refiero a una ideología sino a una estrategia nacional. Además, para que haya una estrategia nacional, debe haber consenso. No la hay cuando alguien impone las cosas al otro. Tiene que haber decisión de la sociedad de desarrollarse, y este es el tiempo que perdió Kirchner.
No quiero ni averiguar cuál es la razón. ¿Habrá sido falta de capacidad para administrar el viento a favor o un problema ideológico? Yo impugno este tiempo por haberse perdido y pido que no desaprovechemos la experiencia. Ni el radicalismo ni el peronismo ni la Coalición Cívica ni el socialismo ni el PRO ni nadie deberían desperdiciar esta extraordinaria experiencia, que ha sido un fracaso. Si no la aprovechamos, volveremos a cometer el mismo error.
No me voy a extender. Simplemente, estamos en el final de un ciclo, que presenta unos datos increíbles. Hemos llevado a treinta y cinco veces la diferencia entre el salario del que menos cobra con respecto al que más percibe. Este es un exceso para un país como la Argentina.
Cuando algunos dicen que la pobreza en la Argentina es un escándalo, ello es así porque la Argentina tiene recursos naturales y humanos suficientes como para que no haya pobreza. La clase dirigente debe hacerse cargo de esta responsabilidad, que no es sólo de este gobierno, ya que el fracaso lleva muchos años, pero esta es la verdad.
En 1970, había un 0,5 por ciento de pobres en el país. Cuarenta años después estamos en un 30 por ciento de pobreza. ¡Qué manera de retroceder de la Argentina! Todos debemos hacernos cargo, pero para ello debemos aprovechar esta lección.
Daré un último dato para que tengan en cuenta lo que significa la matriz primaria de producción: por cada punto del producto bruto interno que aumenta en la Argentina esta es una información de FIEL, que es una institución neoliberal- solo aumenta en el país el 0,25 del empleo. ¿Saben por qué? Porque el aumento del PBI en la Argentina no tiene que ver con la productividad de su aparato económico y productivo, tiene que ver con los ingresos de los precios internacionales, que no generan empleo.
A la Argentina le cuesta muchísimo generar empleo porque su estructura primaria no genera puestos de trabajo. Hace falta un aumento de 4 puntos del PBI para que aumente un punto el empleo en la Argentina.
Esa sola es una razón para decir “argentinos, cambiemos la matriz productiva, hay que cambiar de modelo”. Este modelo primario está agotado. La Argentina no produce lo que consume. ¿Y qué consumimos? Trabajo. El capital de las naciones es el trabajo. No producimos lo que consumimos.
Por último, me voy a referir a otra cosa que es terrible, a las provincias. ¿Se acuerdan lo que discutíamos hace cuatro años de las provincias? Nada. Las provincias marchaban solas, con excedentes fiscales, había una ley de financiamiento acordado. La mayoría de los discursos de esta noche han estado referidos al drama de las provincias.
Escuché al ex gobernador Obeid y el excelente discurso de Jorge Sarghini, que dieron un detalle político y técnico del problema de las provincias. La pregunta que yo me hago es por qué los gobernadores permiten este saqueo de sus fondos. Y cuando hablo de los gobernadores hablo de ustedes, que son sus representantes.
No entiendo por qué los gobiernos locales no se le paran al presidente y le dicen: “señor, ¿por qué me quiere hacer endeudar si usted tiene mis recursos? El impuesto al cheque es mío.”
El 50 por ciento del impuesto al cheque debe ser coparticipable. ¿Por qué se lleva el gobierno para los fondos de la ANSES el 15 por ciento del impuesto a las ganancias? Sí eso era para financiar a la ANSES cuando las AFJP se habían llevado los fondos jubilatorios y las provincias se comprometieron a financiar el sistema de reparto con el 15 por ciento de adelanto del impuesto a las ganancias. Pero ya no hay más sistema privado.
¿Por qué sigue el gobierno llevándose ese 15 por ciento con la complicidad de los gobernadores, que ahora aceptan hipotecar el futuro de sus pueblos y traspasar a las generaciones venideras el déficit que les genera la Nación? ¿Cuál es la razón por la que los gobernadores no tienen el coraje de decir al presidente o a la presidenta “basta, dennos los recursos que nos corresponden”? ¿Y cómo tienen que hacerlo? Con los legisladores.
Mis queridos amigos: si acá se paran cuatro gobernadores se terminó la discrecionalidad. Si el gobernador de Córdoba y tres gobernadores más tienen el coraje de pararse, acá no hay más saqueo. En 48 horas sancionamos una nueva ley de coparticipación con la unanimidad del arco opositor.
Es increíble lo que está pasando con las provincias, pero lo increíble no es que la Nación se lleve la plata, lo increíble es la pasividad de las provincias. Nunca en la historia argentina sucedió esto.
Voy a dejar dos preguntas a mi querido colega el presidente del bloque oficialista para que si tiene tiempo las conteste en el discurso de cierre. ¿Sirve este presupuesto para descongelar la estructura primaria de producción en la Argentina?
¿Sirve este presupuesto para atraer inversiones de riesgo destinadas a generar riqueza, trabajo, salarios e incremento del volumen del mercado interno, o es este un presupuesto de supervivencia destinado a congelar la tristeza de la realidad y la claudicación del subdesarrollo en un país de frontera?
Y esto no lo digo por casualidad. Ya no somos más un país emergente. La Argentina en el mundo es hoy considerada un país de frontera. Y un país de frontera es un país de altísimo riesgo para generar inversiones.
La otra pregunta que le hago al presidente del bloque oficialista es la siguiente: ¿la modificación de la ley de responsabilidad fiscal es una manera de refinanciar provincias endeudadas, agobiadas, estancadas y en tiempo de supervivencia, o simplemente es una treta para hipotecar el futuro de los que vienen detrás de nosotros, que tendrán que pagar este déficit al que las condena la no coparticipación de los impuestos que se quieren prorrogar? (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. ROSSI, AGUSTIN OSCAR.- Señor presidente: la verdad es que lo más interesante de este presupuesto para que su debate no fuera tan anodino y aburrido hubiese sido, por ejemplo, tener una mirada de cuál ha sido la performance de la economía Argentina durante la crisis. ¿Qué es lo sustancialmente novedoso de lo que le ha pasado a la economía argentina y a la economía mundial este año y que me parece que nos puede dar una mirada sustancialmente distinta?
Me resulta sorprendente que casi no se haya hecho mención a la crisis económica y financiera internacional, como si la Argentina viviese en una burbuja, aislada de lo que ha pasado en el mundo. Nosotros decimos con humildad, pero con mucho orgullo, que estamos más que conformes con la performance de la Argentina en la crisis.
También lo decimos porque la performance, más que aceptable, superior a la media del resto de los países, no ha sido producto de la casualidad. En la crisis económica y financiera internacional más importante, la economía Argentina se ha encontrado con variables positivas que le han permitido desempeñarse como lo hizo.
Pero eso no fue casualidad, no fue “viento de cola”, no fue porque las cosas se acomodaron como se acomodan los melones en el carro. Ello ocurrió porque hubo decisiones políticas y económicas que se fueron llevando a cabo desde el primer momento de la gestión de Néstor Kirchner y siguió llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Si en el año 2003 la Argentina decidía tomar el perfil de una economía basada exclusivamente en el sector exportador, que potenciase exclusivamente sus ventajas como productora de productos primarios –esto que tan bien describía el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, o si la Argentina hubiese mirado exclusivamente al mundo y no hacia su interior ni fortalecido su mercado interno, seguramente la performance de la economía argentina en la crisis hubiese sido absolutamente distinta. Pero, por suerte, no fue así.
Cuando uno explica los porcentajes de crecimiento económico de la Argentina a tasas chinas, estamos diciendo que crecimos a tasas chinas pero no que crecimos como China. No somos un país de salarios bajos, de mano de obra barata; no somos un país que combina tipo de cambio competitivo con bajos costos salariales de tal manera de hacer más competitivo aún el rol del sector exportador.
La verdad es que desde el inicio de nuestra gestión como gobierno el país ha fortalecido el mercado interno. Y fortalecer el mercado interno es fortalecer el consumo. Y para que haya consumo, tiene que haber trabajo. Y para que haya trabajo, tiene que haber trabajadores bien remunerados, con buenos salarios, y eso se consigue con paritarias.
Esto fue lo que nosotros hicimos durante todo este tiempo. Más de los dos tercios del crecimiento económico de la Argentina desde 2003 hasta 2008 se debieron al crecimiento del mercado interno. Esto lo podemos ver en algunos datos. Escuchaba hablar de la matriz económica concentrada de nuestro país y creo que en verdad algunas cosas hemos hecho para tratar de empezar a desandar dicha matriz. Entre 2002 y 2008 se crearon 145 mil nuevas empresas en la Argentina. Entre 1998 y 2002 se perdieron 50 mil empresas en la Argentina.
De esas 145 mil empresas, que son las que generaron los 4 millones de puestos de trabajo, 45 mil son comercios mayoristas y minoristas; 16 mil, empresas de servicio inmobiliario; 13 mil, empresas de trasporte; 11 mil, empresas constructoras; 11 mil, industrias manufactureras; 11 mil, empresas agrícolas y 9 mil, hoteles y restaurantes.
Si se quiere, las empresas de servicios, las transportistas, las constructoras, los hoteles y los restaurantes tienen que ver con el mercado interno de la Argentina, con el crecimiento del mercado interno y con el consumo.
Los compañeros que son dirigentes del movimiento obrero lo saben bien: con el crecimiento del mercado interno de la Argentina llega un momento en que se produce un punto de tensión porque nuestro sector empresarial no siempre acepta que dar aumento de salarios es beneficioso para el conjunto de la economía.
Cuando se crece es más fácil dar aumentos de salarios, pero llega ese momento de tensión, y en realidad el aumento de salarios, como señalaba el señor presidente del bloque radical, es lo que genera trabajo porque trabajadores con salarios dignos generan consumo, el consumo genera producción y la producción, trabajo.
Esa cuestión a veces se expresa como tensión inflacionaria. Esto nosotros lo tuvimos en claro desde un principio.
Ahora, todos dan vuelta pero nosotros empezamos, transitando las elecciones de 2007 y el inicio de 2008 con toda una fuerte prédica de que había que enfriar la economía, de que no había que seguir recalentándola porque recalentada generaba tensión inflacionaria. Nunca nos sometimos a eso y siempre pensamos que era más fácil convivir con esa tensión inflacionaria, pero no generar situaciones artificiales que disminuyeran el ritmo de crecimiento económico en nuestro país y que, al mismo tiempo, esa disminución del ritmo de crecimiento económico significara disminución de la generación de empleo.
Gran parte de la excelente performance de nuestro país se debe a este proceso. Por eso, cuando empezó la crisis, lo he dicho muchas veces, la presidenta habló del efecto jazz y si bien fue criticada por ello, la verdad es que lo dijo bien porque caracterizó el lugar donde se inició la crisis.
Nosotros sabíamos que esa crisis financiera, que después se trasformó en económica, iba a afectar fundamentalmente a nuestro sector exportador, porque si había recesión en el mundo, si había retracción económica en los principales países industrializados, que son los que nos compran nuestros principales productos manufacturados me refiero a Brasil, Estados Unidos y los países de Europa seguramente eso iba a afectar a nuestro sector exportador.
Entonces tomamos la decisión de tratar de fortalecer el mercado interno y para ello defendimos el trabajo. Por eso, la Argentina es el único país de la región que tiene un programa como el de reconversión productiva, que es un programa donde revertimos esto. Alguien señaló con acierto que hay que dejar de subsidiar el desempleo y subsidiar el empleo. El Estado nacional se hace cargo de una parte del salario de una cantidad de empresas que están en crisis o que han presentado estado de crisis durante todo este tiempo.
Son muchas esas empresas. Son más de 120 mil trabajadores los que están en ese escenario. Por eso, la Argentina no ha tenido despidos masivos. No es que no reconozcamos que haya habido despidos por goteo, pero en la Argentina no hubo despidos masivos.
Esa decisión de tener un sistema de esas características la pudimos concretar porque, además, fuimos cuidadosos en el mantenimiento de las cuentas públicas. Durante todos estos años hemos sostenido que el superávit fiscal era un valor virtuoso que necesitaba tener una economía como la nuestra. La Argentina tiene muy mala memoria histórica de lo que son las épocas de déficit fiscal que nos llevaron a la hiperinflación en los 80 y al hiperendeudamiento y recesión en los 90.
Nosotros enfrentamos esta crisis con superávit fiscal, y por eso pudimos dar la respuesta que dimos. Pero también tuvimos otro acierto: fue absolutamente acertada la decisión de estatizar el sistema de AFJP antes de que la crisis hubiese estallado, porque si no, no habríamos sabido a dónde hubiera ido esa plata manejada por los privados.
Un diputado preopinante hablaba sobre la necesidad de madurez en los debates. Es cierto que se necesita madurez. En todo ese debate sobre las AFJP anduvimos orillando por los costados, teniendo que explicar que no nos queríamos robar la plata de los jubilados, en lugar de discutir la cuestión de fondo que era quién manejaba el ahorro previsional de los trabajadores argentinos, si seis empresas privadas que creaban un mercado de capitales para diez empresas o el Estado nacional en tanto representante de los intereses del pueblo argentino.
Estatizamos las AFJP; hay una comisión bicameral de seguimiento; los funcionarios vienen y rinden cuentas sobre dónde se invierte; se empezó a invertir como queríamos, es decir, aumentando la posición de inversión productiva en nuestro país. Y una de las inversiones más importantes tampoco sé por qué no se dicen estas cosas- fue en Rosario, donde hace menos de tres semanas la General Motors acaba de tomar más de 500 empleados en su planta de Alvear. Esto lo hizo porque la ANSES, a través del Fondo Solidario, generó un préstamo a cuatro años con las garantías correspondientes, para que esa empresa terminara de llevar adelante un nuevo modelo de automóvil que saldrá a la venta. Esto fue lo que hicimos, entre otras cosas, con el Fondo Solidario.
Esta performance nos permitió un posicionamiento y una idea de lo que es la Argentina como sociedad y país y lo que tiene que ser, y nos permitió mejorar en los aspectos que siempre hemos dicho que era necesario apuntar en la Argentina, es decir, tener un entramado social que permitiera avanzar en una sociedad más justa, más igualitaria y con mejor distribución del ingreso.
No compartimos lo que se expresa cuando se habla ligeramente del aumento de la pobreza. Asumimos el gobierno con un país con 60 por ciento de pobres, y creamos 4 millones de empleos y 145 mil empresas. Claro que hace falta más, pero estamos convencidos de que el rumbo es éste. No nos van a llevar hacia otro rumbo, al menos mientras podamos. No nos van a hacer cambiar el norte con el que administramos el país. Durante treinta años lo administraron en un determinado sentido. ¡No pasamos de 0,5 por ciento de pobres en 1970 a los que teníamos en 2002 porque las cosas sucedieron aleatoriamente! Hubo una matriz económica, un modelo que se aplicó, y ese modelo hay que desarmarlo.
Hace seis años estamos tratando de gobernar con un modelo distinto y una mirada diferente. Claro que esto tiene sus costos. Gobernar en el mismo sentido del pensamiento que tiene la burguesía en la Argentina es más fácil. Es más fácil gobernar con el pensamiento uniforme de la burguesía en la Argentina; uno tiene menos críticas, las cosas parecen racionales y normales. Es más difícil andar por los caminos heterodoxos; es tratar de auscultar los caminos para ir desarmando cada una de estas circunstancias y valores.
Como decía anteriormente ninguna cosa es casual. Tampoco fue casual que no hace mucho tiempo en la ciudad de Mar del Plata el ex presidente Kirchner junto con los presidentes de América Latina dijeran “no” al ALCA. Una decisión de muchísimo coraje e independencia política y económica que permitió que la crisis generada en el centro del poder mundial no se propagara por toda América Latina. Esto no fue el “viento de cola” sino una decisión económica autónoma que tomó nuestro gobierno.
Rescato muchas cosas, y así como me hicieron algunas preguntas me permito plantear otras no para que me las contesten sino simplemente para que las piensen. Me resulta gratificante que se reconozca a Lula, porque va a terminar su mandato casi como un símbolo; situación que hemos reconocido no sólo desde ahora sino desde el primer día de su gobierno.
Sé que ese reconocimiento lo hacen para subestimarnos y decir “ustedes no son Lula”. Entonces, ¿dónde tienen escondido al Fernando Henrique Cardoso de ustedes? (Aplausos.) Esto también se vincula con la calidad institucional y cada una de las circunstancias que se ven en el país.
Quiero reivindicar algunos aspectos que no se dijeron. A principios del año 2010 estaremos cumpliendo con el ciento por ciento de las metas de la ley de financiamiento educativo. Revertimos la situación heredada en los años noventa cuando el Estado nacional se ausentó absolutamente y se desentendió de la educación de nuestro país. Fue una ley aprobada por este Parlamento que permitió una participación creciente del Estado nacional en el financiamiento de la educación en cada una de las provincias argentinas.
También deseo reivindicar otra ley que se aprobó en este Parlamento. Recuerdo que en esa oportunidad nos decían que no alcanzaría el 4 por ciento; sin embargo, se aplicó y estamos terminando el primer año de la movilidad jubilatoria con un 11,69 por ciento en marzo y un 7,34 por ciento en octubre. Esto implica prácticamente un 18 por ciento de aumento a los jubilados y pensionados de nuestro país. Estos dos hechos marcan también cómo nos paramos ante la crisis: no congelamos paritarias; no bajamos los sueldos a los empleados públicos ni a los profesores universitarios; no disminuimos las partidas universitarias; seguimos haciendo obras públicas; no congelamos la movilidad jubilatoria, todo eso en el medio de la crisis económica financiera internacional más importante del país y del mundo. Esto también tiene valor, y mucho.
Tampoco nos desentendimos de las provincias. Cuando nadie lo pedía, cuando no había ninguna ley que nos obligara, cuando muchos gobernadores miraban para el costado y decían “no nos la den a nosotros sino a los productores”, la presidenta dijo que se iba a coparticipar el 30 por ciento de las retenciones de la soja. Los gobernadores miraban para otro lado diciendo “no nos la den a nosotros porque generará problemas con la mesa de enlace en cada uno de los lugares”.
Si suman la coparticipación de las retenciones que para el año próximo implican 6.500 millones de pesos y el 30 por ciento de lo que es coparticipable por el impuesto al cheque, llegamos casi a un 80 por ciento en términos reales. Entonces, no es que desatendemos a las provincias.
Esa es una de las decisiones que a mi criterio terminan siendo estratégicas en la vida de un país, porque no se vuelve atrás.
Es muy difícil tomar la decisión de coparticipar un porcentaje alto de los derechos de exportación, cuando en ningún lado decía que había que coparticiparlos. Siempre se está más cerca de seguir yendo en ese sentido y no de volver para atrás. Entonces tampoco desatendimos a las provincias argentinas.
Repito y reflexiono lo mismo que dije el año pasado cuando debatimos aquí la prórroga del impuesto al cheque. El Estado nacional debe tener una prioridad básica. Así como las provincias mantienen los servicios básicos de salud, seguridad y educación y los municipios están a cargo del mantenimiento de las calles, la pavimentación, el barrido y el alumbrado, una de las funciones básicas del Estado nacional es mantener una economía macroeconómicamente sustentable.
Nosotros no concebimos una economía macroeconómicamente sustentable sin superávit fiscal, y en medio de una retracción económica, de una crisis económica, nos parece una clara irresponsabilidad quitar al Estado nacional ingresos que le permitan seguir manteniendo variables virtuosas que se trasladan al conjunto de la economía argentina.
Tal como ya lo expresé en otra ocasión, cuando hay déficit fiscal lo que genera el Estado se traslada a las provincias. La inflación, la hiperinflación y la deuda se trasladan a las provincias. Ahora los gobernadores no andan mendigando; mendigaban cuando los traían a firmar pactos fiscales que sabían que a los tres meses no se podían cumplir. Se mendiga cuando se está inmerso en una economía que no crece y lleva a la pobreza y al conflicto social. Esto no pasó en estos seis años en la Argentina.
Nosotros siempre construimos una economía de crecimiento. Año tras año aumentamos en valores absolutos los niveles de transferencia a cada una de las provincias argentinas. Siempre cumplimos con la ley que nos obliga a coparticipar más del 34 por ciento de los impuestos.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. ROSSI, AGUSTIN OSCAR.- Siempre; hagan bien la cuenta, en ningún momento dejamos de hacerlo. Ninguna provincia argentina se puede sentir desatendida. Hemos trabajado en conjunto con cada una de ellas en infraestructura y en obras públicas. Los niveles de inversión en obras públicas han sido enormes en cada una de las provincias.
Aquellas provincias más discriminadas por su situación natural y con mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas han registrado niveles de inversión pública como nunca han tenido.
También quiero destacar que no corresponde a este cuerpo ser Cámara de inicio de una nueva ley de coparticipación sino en todo caso al Senado de la Nación.
Asimismo, en la modificación del coeficiente de distribución del impuesto al cheque también corresponde que el Senado sea la Cámara iniciadora. Así se procedió cuando se modificó el impuesto al cheque, pues aquí tratamos la vigencia o no de ese tributo, como la vigencia o no de cada uno de los impuestos.
Nosotros tenemos mucha convicción, certeza y confianza en el rumbo económico de nuestro país, en lo que hemos hecho, en cómo nos hemos parado frente a la crisis y en cómo creemos que la economía seguirá en los años siguientes. Sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero tenemos la certeza de que el norte que nuestro gobierno ha seguido durante estos años es el correcto, y mientras tengamos la voluntad y la fuerza políticas para mantener ese norte allí estarán puestos nuestros esfuerzos. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Habiéndose agotado el debate, la Presidencia solicita a los señores diputados que se vayan identificando para proceder a votar.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: teniendo en cuenta que usted va a someter a votación el proyecto de ley sobre prórroga de impuestos, quiero solicitar que se tengan en cuenta las mayorías especiales requeridas por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.

sr. presidente fellner.- La Presidencia informa que el tema ha sido debatido permanentemente en este recinto. En la última discusión de la prórroga de impuestos ocurrió lo mismo.
La Presidencia interpreta efectivamente que por el contenido del proyecto de ley se requieren mayorías especiales en cuanto a la modificación de asignaciones específicas de recursos coparticipables. En este caso se dejará constancia -sin perjuicio del debate aún pendiente de resolver por esta Cámara- de que corresponde la mayoría absoluta, de acuerdo con la interpretación de esta Presidencia, en los artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 8° y 9°.
Siendo así, esta Presidencia va a hacer uso de la facultad reglamentaria que le corresponde, consignando el número de votos cada vez que se pongan en votación los artículos mencionados.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- También debe incluirse el artículo 2°, por cuanto se deroga el inciso l) del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias.

sr. presidente fellner.- La Presidencia entiende que no es así. Se trata de la derogación de un impuesto. No existe modificación de recursos coparticipables ni modificación de asignaciones específicas.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. ALBRISI, CESAR ALFREDO.- Señor presidente: en relación con el impuesto a las ganancias, el dictamen contiene dos artículos. El último tiene que ver con la prórroga del gravamen, y el primero se vincula con la derogación de una exención del pago de dicho impuesto respecto de los reintegros a las exportaciones. En tal sentido, derogar una exención es precisamente crear un impuesto. Está claro que es necesaria una mayoría agravada.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- Sin perjuicio de lo que opinen otros señores diputados, la Presidencia va a insistir en que la derogación no significa modificar asignaciones específicas de impuestos coparticipables.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: no coincido con el planteo formulado por el señor diputado preopinante. Se trata del impuesto a las ganancias. Estamos derogando una exención que va a generar un ingreso en el mismo impuesto que tiene definida la coparticipación. No creamos un impuesto. Reitero que es una exención que va a generar un mayor ingreso dentro del propio impuesto a las ganancias. No corresponde una mayoría agravada para aprobar el artículo 2°.

sr. presidente fellner.- De todas maneras, se va a consignar el resultado de la votación.
Se va a votar en general, en forma nominal, el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga la vigencia de la ley 23.966, la vigencia de la ley 24.625 y sus modificatorias, la vigencia de la ley 25.413 y sus modificatorias, la vigencia de la ley 25.063 y sus modificatorias, la vigencia de la ley 24.977 y sus modificatorias y se sustituye el artículo 6º de la ley 23.427 y sus modificatorias.

— Se practica la votación nominal.
VER LISTADO DE LA VOTACION

— Conforme al tablero electrónico, sobre 236 señores diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 97 por la negativa, registrándose además una abstención.

sr. secretario (hidalgo).- Votaron 137 señores diputados por la afirmativa y 97 por la negativa. (Aplausos)

AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

sr. presidente fellner.- La votación ha resultado afirmativa.

sra. QUIROZ, ELSA SIRIA.- Señor presidente: solicito que se consigne mi voto por la negativa.

sr. presidente fellner.- Así se hará, señora diputada.
En consideración en particular el título I, que comprende el artículo 1º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señor presidente: en este artículo proponemos una modificación, que figura en nuestro dictamen, porque creemos en la equidad tributaria y en la igualdad del sacrificio como principios tributarios. No consideramos que una persona que tenga un patrimonio superior a los 305 mil pesos deba pagar por el total.
Por lo tanto, solicitamos volver al mínimo no alcanzado, que era el espíritu de la vieja norma que impulsaron los legisladores, donde aquel trabajador al que hacía alusión el señor diputado Agustín Rossi no tendría que tributar el impuesto sobre los bienes personales hasta los 305 mil pesos. Entonces, pasará a tributar a partir o sobre el excedente de los 305 mil pesos, tal como estaba establecido anteriormente.
Esto figura en nuestro proyecto. Creemos que se trata de una justa distribución del ingreso para aquellos que puedan tener una casa y un auto que hoy están valuados por la AFIP a mayor valor.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: con respecto al tema, si me permite…

sr. presidente fellner.- El señor diputado Adrián Pérez le solicita una interrupción, ¿se la concede?

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Sí, señor presidente.

sr. presidente fellner.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. PEREZ, ADRIAN.- Señor presidente: cuando el tope era de 102 mil pesos, efectivamente el criterio era el que acaba de señalar el señor diputado Galvalisi. De modo tal que, cuando se elevó a 305 mil pesos, no resulta razonable que se haya roto esa lógica y que para quien pase esos 305 mil se produzca este salto que se está generando hoy y que distorsiona la lógica del impuesto.
Por lo tanto, coincido con lo que acaba de señalar el señor diputado preopinante.

sr. presidente fellner.- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Con respecto a lo planteado por el señor diputado Galvalisi, y me voy a adelantar al título II porque van a surgir algunos planteos que ya se han realizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nosotros decimos claramente que estamos dispuestos a debatir lo que tiene que ver con la administración tributaria, que es justamente lo que están planteando los señores diputados.
En el caso específico de este proyecto de ley únicamente estamos hablando de prórrogas. Por eso, no vamos a aceptar ninguna modificación al respecto.

sr. presidente fellner.- Se va a votar nominalmente el título I, que comprende el artículo 1º, en los términos del dictamen de mayoría.

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 235 señores diputados presentes, 136 han votado por la afirmativa y 95 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

sr. secretario (hidalgo).- Han votado 136 señores diputados por la afirmativa y 95 por la negativa.

sr. presidente fellner.- Queda consignado el voto afirmativo de las señoras diputadas Fadel y Damilano Grivarello.
La votación ha resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Fellner).- En consideración el título II, que comprende los artículos 2º y 3º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señor presidente: voy a referirme a lo manifestado por el señor diputado Rossi porque me siento compenetrado, consustanciado y comparto todo lo que ha dicho en su discurso.
Comparto la filosofía de que cuando un gobierno mira para adentro, tiene en cuenta a sus asalariados y busca que la mano de obra no sea barata sino que esté realmente bien remunerada, porque así se genera mayor consumo y eso se debe a los mejores salarios.
Teniendo en cuenta que vamos a implementar una modificación en el impuesto a las ganancias, propongo que se haga lo mismo en el artículo 23 en lo que respecta a los trabajadores.
Me gustaría que la cuarta categoría desapareciera, porque el trabajo y las jubilaciones son un derecho alimentario, y nadie puede pagar impuesto a las ganancias por tal derecho. Pero como no lo voy a conseguir, solicito una adecuación y espero que el presidente de la bancada oficialista me acompañe, porque cada tanto tenemos que debatir esto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En este sentido, propongo que en la última parte del artículo 23, referida a las deducciones y mínimo no imponible, se agregue que los montos citados en los incisos a), b) y c), que son salarios, jubilaciones y demás ingresos del trabajo personal, serán ajustados trimestralmente conforme la evolución del salario del trabajador activo que más se ajuste a la realidad económica y financiera, todo de conformidad con el Ministerio de Trabajo, la CGT y las organizaciones gremiales reconocidas.
De esta manera, el mínimo no imponible y las deducciones se mantendrán acordes a los aumentos salariales y el trabajador no terminará pagando impuestos por los aumentos merecidos, lo cual va en contra de lo recién manifestado por el presidente de la bancada oficialista, que espero me acompañe en esta postura.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: el diputado Galvalisi sabe la idea que tengo con respecto a este tema. También es cierto que hay muchos sectores que acompañan a este gobierno que quieren poner en discusión justamente la cuestión específica a la que se refiere el señor diputado, pero la respuesta es la que di anteriormente.
Todos estos aspectos de administración tributaria debemos evaluarlos en forma integral. Estamos dispuestos a hacerlo, pero en este momento estamos apoyando concretamente el tema de la prórroga. Por lo tanto, no aceptamos la sugerencia del señor diputado.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ.- Señor presidente: como lo expresamos durante la consideración en general y de acuerdo con una postura que asumimos como bloque en la presentación del proyecto de ley para derogar otro inciso del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias, específicamente el referido a la renta financiera, si no se amplía esta derogación y se incluye esta posibilidad, vamos a votar en contra el artículo 2°.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: en primer lugar, no aceptamos la modificación. Asimismo, más allá de lo que la Presidencia dispuso en un principio, solicito que el artículo 2° se vote también en forma nominal.

Sr. Presidente (Fellner).- Así se procederá, señor diputado.
Se va a votar nominalmente el artículo 2° en los términos del dictamen de mayoría.

— Se practica la votación nominal.
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 234 señores diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 92 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 137 votos por la afirmativa, 92 por la negativa.

sr. presidente fellner.- Se va a votar en forma nominal el artículo 3°.

— Se practica la votación nominal.
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 234 señores diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 97 por la negativa.

sr. secretario (hidalgo).- Han votado 137 señores diputados por la afirmativa y 97 por la negativa.

sr. presidente fellner.- En consideración el título III, que comprende el artículo 4º.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: con respecto al artículo 4º, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar la prórroga, ya que se vincula con el Fondo de Asistencia Social.
En cuanto al artículo 5º, quiero adelantar que vamos a proponer una modificación a los fines de que el Poder Ejecutivo no pueda incrementar el impuesto hasta el 21 por ciento, sino que lo mantenga únicamente en el 7 por ciento.

sr. presidente fellner.- Se va a votar en forma nominal el artículo 4°.

— Se practica la votación nominal.
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 234 señores diputados presentes, 166 han votado por la afirmativa y 59 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Han votado 166 señores diputados por la afirmativa y 59 por la negativa.

sr. presidente fellner.- En consideración el título IV, que comprende el artículo 5º.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. ALBRISI, CESAR ALFREDO.- Señor presidente: en cuanto al tema del impuesto al cheque y sus sucesivas modificaciones, hay que recordar que fue sancionado por la ley de competitividad, 24.413. El Poder Ejecutivo estaba facultado para disponer sobre los pagos a cuenta del impuesto al valor agregado o a las ganancias.
En nuestro dictamen de minoría proponemos que la totalidad de este impuesto que paguen los contribuyentes sea deducido del IVA o del impuesto a las ganancias.
Además, proponemos que la totalidad del remanente sea distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación federal. Esto lo hacemos porque el impuesto es regresivo, se recauda cada vez menos, está en contra de la bancarización e incentiva la informalidad.
En síntesis, también estamos pensando en los contribuyentes y en su coparticipación en la masa coparticipable. En consecuencia, la propuesta que hacemos es que los contribuyentes tengan la facultad de deducirlos de sus ganancias y de su IVA, y que el resto o el remanente sea coparticipado en su totalidad.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: ¿está en tratamiento el artículo 5°?

sr. presidente fellner.- Sí, señor diputado.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: respecto del artículo 5° vamos a proponer una modificación. Los diputados que venimos de provincias tabacaleras sabemos que si este impuesto se incrementa, el contrabando se incrementará y consecuentemente el Fondo Especial del Tabaco…

sr. presidente fellner.- Discúlpeme, señor diputado…

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Por eso, es que vamos a solicitar esta modificación en el artículo 5°: “Sustituyese el artículo 1° de la ley 24.625 y sus modificatorias por el siguiente. ‘Artículo 1°: Créase un impuesto adicional de emergencia del 7 por ciento sobre el precio final…

sr. presidente fellner.- Diputado Giubergia: discúlpeme, el artículo 5°, de acuerdo con el dictamen de la mayoría, en el Orden del Día Nº 2.039, se refiere al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. HEREDIA, ARTURO MIGUEL.- Señor presidente: conjuntamente con la diputada Adriana García, los integrantes del bloque Peronismo Federal solicitamos una modificación con el espíritu de que la distribución del denominado impuesto al cheque, o sobre los débitos y créditos bancarios, sea hecha de una forma mejor para las provincias.
Solicitamos que se suprima el artículo 5° y que en su lugar se incorporen dos artículos. El primero dice: “Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2010, inclusive, la vigencia de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones”.
El otro artículo dice así: “Sustitúyese en el marco de lo normado por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, el artículo 3° de la ley 25.413 y sus modificatorias por el siguiente: ‘Artículo 3°: el monto total recaudado por este impuesto será distribuido conforme a las disposiciones de la ley 23.548, sus complementarias y modificaciones”. Aclaro que nos referimos a la actual ley de coparticipación.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

sr. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO.- Señor presidente: quiero ratificar la propuesta efectuada en mi dictamen de minoría.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. PEREZ, ADRIAN.- Señor presidente: quiero ratificar la propuesta de nuestro dictamen, que incluye la coparticipación total del impuesto, la exención del impuesto para las pequeñas y medianas empresas y un esquema de reducción gradual en el tiempo, teniendo en cuenta que todos sabemos que se trata de un impuesto distorsivo y que tenemos que tender a su eliminación.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: no vamos a aceptar las propuestas.

sr. presidente fellner.- Se va a votar el artículo 5° en los términos del dictamen de mayoría.

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 233 señores diputados presentes, 133 han votado por la afirmativa y 93 por la negativa, registrándose además 7 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 133 votos afirmativos y 93 negativos.

-aquí votacion nominal

sr. presidente fellner.- En consideración el título V, que comprende el artículo 6º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señor presidente: estamos fomentando a las cooperativas. La sanción de esta ley y de este fondo es el inicio para generarlas. El problema es que ahora le aumentamos este fondo a las cooperativas, es decir, volvemos a gravarlas y pasamos de 24 ejercicios fiscales, que están terminando, a 28. Creo que realmente en este aspecto es un efecto fiscalista.
Pienso que hay que hacerlo al revés, es decir, hay que dejar que las cooperativas por sí mismas puedan capacitarse, educarse y fomentarse, y no que este fondo vaya al Estado.
Por eso, nosotros seguimos prefiriendo que terminen los 24 períodos fiscales y no seguir aumentando la presión tributaria.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- No aceptamos la modificación, señor presidente.

sr. presidente fellner.- Se va a votar nominalmente el título V, que comprende el artículo 6º, en los términos del dictamen de mayoría.

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 150 han votado por la afirmativa y 79 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 150 votos afirmativos y 79 negativos.

-aquí votacion nominal

sr. presidente fellner.- En consideración el título VI, que comprende el artículo 7º, referido al impuesto a la ganancia mínima presunta.
Se va a votar nominalmente.

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 230 señores diputados presentes, 135 han votado por la afirmativa y 89 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 135 votos afirmativos y 89 negativos.

-aquí votacion nominal

sr. presidente fellner.- Se deja constancia del voto negativo del señor diputado Iglesias.
En consideración el título VII, que comprende el artículo 8º, sobre régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señor presidente: es lógico prorrogar el impuesto, pero también es lógico modificar la tabla y los valores que en ella figuran, porque hoy un monotributista está evadiendo el impuesto –lo estamos obligando por ley porque los importes son insignificantes comparados con la realidad económica que está viviendo el país.
Entonces, me gustaría saber si el respectivo proyecto va a ingresar a este Congreso antes de fin de año, como dijo el administrador de Ingresos Públicos, porque en tal caso una prórroga sería completamente absurda.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: quiero reiterar la información que ya hemos transmitido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Para que se quede tranquilo el señor diputado, le informo que el titular de la AFIP ya ha explicado que el proyecto va a entrar en muy pocos días.

sr. presidente fellner.- Se va a votar nominalmente el título VII, que comprende el artículo 8º, en los términos del dictamen de mayoría.

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 142 han votado por la afirmativa y 82 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.

sr. secretario (hidalgo).- Se han registrado 142 votos afirmativos y 82 negativos.

-aquí votacion nominal

sr. presidente fellner.- Queda constancia del voto negativo del señor diputado Giubergia y del voto positivo de los señores diputados Cantero Gutiérrez, Canela y Piumato.
En consideración el título VIII, que comprende el artículo 9º.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: se propone agregar al final del artículo el siguiente texto: “Créase un impuesto adicional de emergencia del siete por ciento (7%) sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos vendido en el territorio nacional.
“El monto del impuesto establecido en el presente artículo no forma parte de la base de cálculo de los impuestos establecidos en el capítulo II del título I de la Ley de Impuestos Internos (t.o. 1979 y sus modificaciones) ni a los fines del impuesto al valor agregado, ni de los importes previstos en los artículos 23, 24 y 25 de la ley 19.800.
“En todo lo no previsto en los párrafos anteriores serán de aplicación las normas legales que rigen para el impuesto interno a los cigarrillos y a la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones), y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Dirección General Impositiva, quien queda facultada para dictar las normas complementarias que considere necesarias y en especial sobre requisitos, formas, plazos, regímenes especiales de percepción y retención, anticipos y demás condiciones que deberán ser observadas a los efectos de su determinación.”

sr. presidente fellner.- ¿Qué dice la comisión?

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: no se va a aceptar la modificación, aclarando que a partir del decreto 90/2008 se aplicó una reducción del Ejecutivo directamente y la alícuota está fijada en el 7 por ciento.

sr. presidente fellner.- Se va a votar nominalmente el título VIII, que comprende el artículo 9º en los términos del dictamen de mayoría.

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 92 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Han votado 137 señores diputados por la afirmativa y 92 por la negativa.

-AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

sr. presidente fellner.- En consideración el título IX, que comprende el artículo 10.
Se va a votar nominalmente.

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 135 han votado por la afirmativa y 89 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Han votado 135 señores diputados por la afirmativa y 89 por la negativa.

-AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

sr. presidente fellner.- El artículo 11 es de forma.
Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal, ley 25.152, adecuación de las cuentas fiscales (Orden del Día Nº 2.040).

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 232 señores diputados presentes, 150 han votado por la afirmativa y 80 por la negativa, registrándose además una abstención.

sr. secretario (hidalgo).- Han votado 150 señores diputados por la afirmativa y 80 por la negativa.

-AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

sr. presidente fellner.- Si hay asentimiento de la Cámara se procederá a votar los artículos a mano alzada.

— Asentimiento.

sr. presidente fellner.- En consideración en particular el artículo 1º.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 2º.

sr. presidente fellner.- En consideración el artículo 3º.
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

sra. FADEL, PATRICIA SUSANA.- Señor presidente: pido disculpas pero como se votó rápidamente el artículo 2° no pude dar a conocer un agregado que quisiéramos hacer en el último párrafo, que fue circulado por mail a todos los firmantes y acordado con los asesores. Se trata de incorporar la mención del artículo 24 de la ley 25.917, respecto del endeudamiento de todas las jurisdicciones participantes del régimen de responsabilidad fiscal.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. MORAN, JUAN CARLOS.- Señor presidente: dado que se trata de una propuesta de agregado quisiéramos pedir al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda o a algún otro diputado que explique cuál es el sentido de esa propuesta.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

sra. FADEL, PATRICIA SUSANA.- Señor presidente: esta incorporación, en realidad, fue solicitada por los ministros de Economía de todas las provincias que adhieren al proyecto y por el ministro de Economía de la Nación.
El artículo 24 de la ley 25.917 establece que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán incluir en sus respectivos presupuestos como aplicación financiera que es amortización de deuda los gastos corrientes de capital que no se hayan devengado presupuestariamente en ejercicios anteriores, exceptuándose el pago de la deuda no financiera que se haya efectuado al presente y que haya sido dispuesto por la ley.
Esto dice el artículo 24. Con esta modificación no será considerada esa previsión por los ejercicios 2009 y 2010, por lo que se permite incorporar a los presupuestos provinciales de esos ejercicios los gastos ocasionados por la crisis internacional, comprometidos y no devengados al cierre de cada ejercicio, mediante la registración de las llamadas obligaciones financieras, de modo de posibilitarles su pago.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. HEREDIA, ARTURO MIGUEL.- Señor presidente: cuando usted considere oportuno solicito la palabra para proponer un agregado al proyecto.

sr. presidente fellner.- En consideración la moción de reconsideración del artículo 2° solicitada por la señora diputada por Mendoza.
Se va a votar en forma nominal, se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

— Se practica la votación nominal
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— Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 150 han votado por la afirmativa y 71 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Han votado 150 señores diputados por la afirmativa y 71 por la negativa.

-AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

sr. presidente fellner.- En consideración nuevamente el artículo 2º.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: vamos a aceptar la modificación propuesta, y para que quede bien clara, se trata de agregar después de “artículo 15”, la expresión “y en el artículo 24 de la ley 25.917”.

sr. presidente fellner.- Por secretaría se dará lectura del texto del artículo 2° con la modificación propuesta.

sr. secretario (hidalgo).- El último párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: “Asimismo durante los ejercicios referidos no serán consideradas las previsiones contenidas en el último párrafo del artículo 15 y el artículo 24 de la ley 25.917…

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: para que no queden dudas, la modificación propuesta dice así: “Asimismo, durante los ejercicios referidos no serán consideradas las previsiones contenidas en el último párrafo del artículo 15 y en el artículo 24 de la ley 25.917, ni los artículos 2° y 3° de la ley 25.152.”

sr. presidente fellner.- Con la modificación propuesta, se va a votar el artículo 2°.

— Resulta afirmativa.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. HEREDIA, ARTURO MIGUEL.- Señor presidente: solicito el agregado de un nuevo artículo que diga: “Autorízase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitar y/o contraer endeudamiento previa comunicación al Ministerio de Economía. Elimínase durante los años 2010 y 2011 la necesidad de autorización del Poder Ejecutivo para solicitar u obtener dicho endeudamiento.”

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: si había 231 señores diputados, los dos tercios de 231 son 154, y hubo 150 votos.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- Dos tercios de 231 son 154, ¿o va a considerar las abstenciones?

sr. presidente fellner.- Voy a pedir información a la Dirección de Sistemas.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- Es una cuestión matemática…

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

sr. GALANTINI, EDUARDO LEONEL.- Señor presidente: quiero aclarar a la señora diputada que se trata del doble de los diputados que votan una moción u otra; 150 a 70, o sea, dos tercios. Está muy claro. Así se cuentan los dos tercios en cualquier Cámara.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- De acuerdo con el informe brindado por el servicio informático sobre 231 señores diputados presentes, se registraron 150 votos afirmativos, 71 negativos y 9 abstenciones. La base es 221…

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. SANCHEZ, FERNANDO.- Señor presidente: que yo sepa, para que las abstenciones cuenten como votos tienen que ser autorizadas por la Cámara…

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- En la votación han sido aceptadas las abstenciones, menos el presidente que tampoco vota, los dos tercios sobre los presentes…

sr. SANCHEZ, FERNANDO.- Si quieren cumplimos con el reglamento todos los días…

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: no vamos a aceptar la modificación propuesta por el señor diputado Heredia.

sr. presidente fellner.- Se va a votar el artículo 3° en los términos del dictamen de mayoría.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 4° es de forma.

sr. presidente fellner.- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)
Seguidamente se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2010 (Orden del Día Nº 2.041).

— Se practica la votación nominal
VER LISTADO DE LA VOTACION

-Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 138 han votado por la afirmativa y 89 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.

sr. secretario (hidalgo).- Han votado 138 señores diputados por la afirmativa y 89 por la negativa.

-AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

sr. presidente fellner.- La votación ha resultado afirmativa.
Ha solicitado que conste su voto afirmativo el señor diputado Irrazábal y el señor diputado Ferro su voto negativo.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: propongo que la votación se realice por capítulos.

sr. presidente fellner.- Si hay asentimiento, se procederá en la forma indicada por el señor diputado por Santa Fe.

— Asentimiento.

sr. presidente fellner.- Se procederá en la forma indicada.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Señor presidente: solicito que conste que en la votación anterior he votado por la afirmativa.

sr. presidente fellner.- Así se consignará, señor diputado.
En consideración en particular el título I, capítulo I, que comprende los artículos 1º a 7º.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

sr. presidente fellner.- En consideración el capítulo II, que comprende los artículos 8º a 10.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- ¡Pido la palabra!

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: el artículo 8º hay que votarlo nominalmente porque implica una delegación de facultades.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- Ya se votó y se anunció el resultado.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- Solicito la reconsideración del capítulo II, señor presidente.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- En consideración la moción de reconsideración formulada por la señora diputada por la Capital.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta negativa.

sr. presidente fellner.- Queda rechazada la moción.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- En consideración el capítulo III, que comprende los artículos 11 a 23.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: quiero hacer referencia a los artículos 11, 12 y 22.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. BULLRICH, ESTEBAN JOSE.- Señor presidente: solicité hacer uso de la palabra porque en el artículo 22 quiero que se introduzca algún límite al gasto.
Tal como lo expresó el señor diputado Agustín Rossi oportunamente, cuando se votó el proyecto de ley sobre expropiación de Aerolíneas Argentinas, que todavía no ha sido expropiada, le pedimos un numerito.
El numerito que sugerimos fue el que en su momento dio el secretario Jaime -antes de irse- como un tope a ese gasto que hoy no lo tiene es el de 100 millones de pesos por mes, o sea, un gasto total para esa autorización de 1.200 millones de pesos, que nos parecen más que suficientes. Queremos incluir esa cláusula dentro del artículo 22 para que no sea un artículo del presupuesto que no fije ningún límite al gasto.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: tal como hemos venido sosteniendo, vamos a solicitar la eliminación del artículo 17. También vamos a pedir que se eliminen los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 del dictamen de mayoría. Por ese motivo, solicitamos la votación nominal de todos los artículos mencionados.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: propongo agregar al artículo 22 un último párrafo que diga: “sin que pueda ser modificado dicho tope por lo normado en los artículos 5°, 8°, 9° y 44. La aplicación del artículo 37 de la ley 24.156 no será de aplicación para modificar dicho tope.” Es decir, agregar al tope este último párrafo que leí.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.

sra. CHIQUICHANO, ROSA LAUDELINA.- Señor presidente: en la planilla anexa al artículo 11 del capítulo III, se ha deslizado un error al consignarse como “Ruta Nacional 3” la que va de Trevelin al límite con Chile, cuando en realidad se trata de la “Ruta Nacional 259”.

sr. presidente fellner.- A efectos de ordenar el debate, por Secretaría se dará lectura de las modificaciones propuestas a los artículos 11 y 12, y posteriormente el señor diputado Marconato contestará los pedidos formulados por los señores diputados Esteban Bullrich, Giubergia y Patricia Bullrich.

sr. secretario (hidalgo).- En el artículo 11, se agrega al final del primer párrafo, luego de “planilla anexa” el número “I”, para identificarla. O sea que el primer párrafo de este artículo 11 quedaría así: “Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2010 de acuerdo con el detalle obrante en la Planilla Anexa 1 al presente artículo.”
A su vez, en la planilla anexa número 1 del artículo 11 se ha corregido la descripción de los proyectos 34 y 35, correspondientes a la Jurisdicción 56, Servicio 604, Programa 16, Subprograma 8.
Por su parte, en la planilla anexa número 2 del mismo artículo, se elimina la línea de la Jurisdicción 56: “Puesta en valor Parque FFCC Gral. M. Belgrano – La Rioja”, y se agrega la línea de la Jurisdicción 56 (“Proyecto Polideportivo ex represa Alm. Brown”) – La Rioja.
De la misma Jurisdicción 56, la línea “Inmuebles Museo Archivo de la Memoria – Ciudad de los Derechos y Dignidad” se agrega: La Rioja.
Se elimina la duplicación en la jurisdicción 56, de la línea “Centro Cultural y Comercial Chilecito”, quedando solo la línea: Jurisdicción 56, Servicio 354, Programa 25 “Centro Cultural y Comercial Chilecito”.
De la misma Jurisdicción 56, Servicio 604, en la línea: “Repavimentación y ordenamiento vial Avenida 1 de mayo (Parque Lineal Ferrocarril Gral. Belgrano)” se agrega: La Rioja.
De la misma Jurisdicción 56, Servicio 604, Programa 22, donde dice “RN 3” debe decir: “Ruta Nacional 259”.
A su vez, se agrega lo siguiente: dos líneas, Jurisdicción 56, Servicio 354, Programa 91, Subprograma 0, Proyecto 39, UG 30, Terminación Muelle Puerto Ibicuy, Entre Ríos, con un importe a devengar en pesos para el año 2010 de 20 millones sobre un total de 20 millones. Quiere decir que en 2010 hay un avance físico del 100 por ciento del porcentaje.
Luego, en Jurisdicción 56, Servicio 354, Programa 62, Subprograma 0, UG 6, Proyecto de obra “Recuperación Ferrocarril General Urquiza”, con un importe a devengar en pesos de 10 millones en 2010 y de 10 millones en 2011, lo que da un total de 20 millones. Es decir, que es un 50 por ciento en 2010 y un 50 por ciento en 2011. El total de esta planilla que se agrega es de 30 millones en 2010 y de 10 millones en 2011, por un total de 40 millones de pesos.
Se agrega también lo siguiente: “Jurisdicción 56, Servicio 613, UG 66, Red de Cloacas para Zona Urbana, El Carril, Salta, con un importe a devengar en pesos de 1 millón de pesos en 2010 y de 2 millones de pesos en 2011, con un total de 3 millones de pesos”. Es decir, 33 por ciento en 2010 y 66 por ciento en 2011, con un total al 100 por ciento.
“Jurisdicción 56, Servicio 604, UG 66, Puente sobre el río Juramento, departamento Metán, Joaquín V. González, Talamayo, con un importe a devengar en pesos de 1 millón en 2010 y de 2 millones en 2011, por un total de 3 millones”. Es decir, 33 por ciento en 2010 y 66 por ciento en 2011.
“Jurisdicción 56, Servicio 354, UG 66, Construcción Nuevo Hospital Zona Sur, Etapa I, Salta Capital, con un importe a devengar en pesos de 10 millones en 2010, de 20 millones en 2011 y de 20 millones en 2012, dando un total de 50 millones de pesos”. Es decir que hay un avance físico en porcentajes del 20 por ciento en 2010, del 40 por ciento en 2011 y del 40 por ciento en 2012.

sr. presidente fellner.- Señor diputado Marconato: ¿está de acuerdo con la lectura?

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Sí, señor presidente.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: propuse la eliminación de los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del dictamen de mayoría. Quisiera saber si la comisión acepta o no esa modificación.

sr. secretario (hidalgo).- En el mismo título también hay una modificación al artículo 12. Al final del primer párrafo, luego de “planilla anexa”, se agrega la letra “A” para identificarlo. Es decir que el artículo 12 quedaría redactado de la siguiente manera: “Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las Universidades Nacionales la suma de pesos diez mil doscientos noventa y ocho millones novecientos treinta y ocho mil noventa ($ 10.298.938.090), de acuerdo con el detalle de la Planilla “A” Anexa 1 del presente artículo”.
Luego en el artículo 22, cuando se hace referencia a lo siguiente: “…hasta que se complete el rescate establecido por el artículo 1º de la ley 26.412”, debe leerse “…hasta que se complete la expropiación establecida por el artículo 1º de la ley 26.466 o hasta el 31 de diciembre de 2010…”.
Al final del mismo párrafo, donde se hace alusión al referido rescate, debe leerse “…una vez finalizada la referida expropiación…”.

sr. presidente fellner.- Señor diputado Marconato: ¿es correcta la lectura?

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: sí, es correcta la lectura de los artículos 11, 12 y 22.
La comisión no va a aceptar los topes de montos propuestos por el señor diputado Bullrich, y tampoco va a tener en consideración lo solicitado por el señor diputado Giubergia.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: yo había hecho una moción para que se vote en forma nominal, pero la retiro. (Aplausos.)

sr. presidente fellner.- Por lo tanto, con las modificaciones propuestas por la comisión a los artículos 11, 12 y 22, pongo a consideración de la Cámara el capítulo III, que contiene los artículos 11 a 23.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa

sr. presidente fellner.- En consideración el capítulo IV, que comprende los artículos 24 a 30.
Tiene la palabra la señora diputada por Capital.

sra. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: solicito la eliminación del artículo 30, referido al contrato de la Asociación de la Jefatura de Gabinete de Ministros con la Asociación del Fútbol Argentino. (Risas.)

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

sr. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO.- Señor presidente: mi intervención será muy breve. El artículo 26 se refiere a la contribución que las provincias hacen a la masa coparticipable de la AFIP, la cual en su momento era absolutamente necesaria porque no existían los recursos para asegurar las recaudaciones de dicho organismo.
Dado que en este momento la AFIP tiene un excedente de recursos, lo cual hace que sea prestamista del Estado nacional o de inversores en títulos y bonos, entiendo que esta contribución debería derogarse. En consecuencia, voy a votar en forma negativa el artículo 26.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. ALBRISI, CESAR ALFREDO.- Señor presidente: el artículo 26 autoriza a la AFIP a aplicar una alícuota del 1,9 por ciento como contribución de las provincias a la recaudación. Pero en el presupuesto de la AFIP también aparece una transferencia del Tesoro nacional por mil millones de pesos y otras transferencias no especificadas por 493 millones. En definitiva, la AFIP termina redondeando un presupuesto para erogaciones de 7.400 millones de pesos, con un déficit de 350 millones.
Sinceramente, no entiendo por qué tras la aplicación de la alícuota del 1,9 por ciento concurre luego el Tesoro nacional con un aporte de mil millones para el presupuesto de la AFIP. Tampoco entiendo por qué hay otras transferencias por 493 millones de pesos. Realmente, no acierto a explicarme esta cuestión, porque el presupuesto de la AFIP no se forma con transferencias del Tesoro sino, como dice el decreto 1.399/01, con las alícuotas que fije el presupuesto de la Nación o el Poder Ejecutivo.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señor presidente: quiero referirme al artículo 27, por el que una vez más, como desde hace más de cinco o seis años se vuelve a suspender el Fondo Anticíclico Fiscal creado por la ley 25.152. Si desde su creación, o sea desde el año 2000 hasta ahora, hubiéramos cumplido con esa ley, seguramente hoy tendríamos más de 20.000 millones de dólares en ese Fondo, lo que nos permitiría atender varios de los problemas de nuestro país.
Entonces, o derogamos la ley del Fondo Anticíclico Fiscal o realmente la cumplimos, pero no podemos vivir suspendiendo esta condición cuando ello conviene, ya que hace a la solvencia fiscal de nuestro país.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe para contestar observaciones de los señores diputados Albrisi, por el artículo 26; Galvalisi, por el 27; Patricia Bullrich, por el 30; y López Arias, por el 26.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: no se van a aceptar modificaciones.
Simplemente señalo que el diputado Albrisi ha hecho un comentario sobre otro fondo.

sr. presidente fellner.- Se va a votar el capítulo IV, que comprende los artículos 24 a 30.

— Resulta afirmativa.

sr. presidente fellner.- En consideración el capítulo V, que comprende los artículos 31 a 33.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. DE MARCHI, OMAR BRUNO.- Señor presidente: sugiero la eliminación del artículo 33.

sr. presidente fellner.- Ese artículo ya se ha votado, señor diputado.
En consideración el capítulo VI, que comprende los artículos 34 a 40.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. GONZALEZ, MARIA AMERICA.- Señor presidente: siendo que este es el último presupuesto en el que intervengo por un tiempo, a nivel nacional, me referiré brevemente a la cancelación de deudas.
Como sé que no se van a aceptar modificaciones, quiero que se inserten mis propuestas y dejar asentada mi voluntad de que se sigan aceptando las que he tenido la suerte de votar en este recinto con respecto al sistema jubilatorio.
Cuando me tocó ser oficialista, tuve el honor de retirarme ante decisiones repugnantes de funcionarios con poder de decisión en la Alianza, quienes hoy ocupan una banca en el recinto.
Frente a esa situación que tuve que vivir, hoy formo parte de la oposición. Después de catorce años de lucha, pude votar la eliminación de las AFJP y una ley de opción.
Hoy, quería introducir una modificación para que con el dinero de la ANSES, luego de la eliminación de las AFJP, nuestros jubilados fuesen los primeros en cobrar sus beneficios, sin perjuicio de las inversiones que todo fondo debe realizar.
En atención a la brevedad y a lo cansados que estamos todos, solicito autorización para insertar mi propuesta.

sr. presidente fellner.- Así se procederá, señora diputada.
Se va a votar el capítulo VI, que comprende los artículos 34 a 40.

— Resulta afirmativa.

sr. presidente fellner.- En consideración el capítulo VII, que comprende los artículos 41 y 42.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

sr. presidente fellner.- En consideración el capítulo VIII, que comprende los artículos 43 a 61.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. BULLRICH, ESTEBAN JOSE.- Señor presidente: en el artículo 44 figura una asignación de 1.200 millones de dólares, de los cuales el 90 por ciento serán destinados a comprar aviones para Aerolíneas Argentinas, empresa que nos iba a costar cero pesos.
Queremos proponer que esos casi 1.100 millones de dólares se utilicen en la construcción de viviendas, dado que el año pasado hubo partidas para viviendas que fueron a parar a Aerolíneas Argentinas, que nos iba a costar cero pesos. Esta es la modificación que solicitamos.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. MORAN, JUAN CARLOS.- Señor presidente: respecto del capítulo V, quiero plantear la reconsideración del artículo 33, y voy a explicar por qué. Se trata de una desgravación impositiva que beneficia particularmente a algunas empresas. Por eso, me gustaría que cada diputado votara nominalmente, teniendo en cuenta que hay varias causas judiciales involucradas.
Se trata de desgravaciones impositivas que tienen como beneficiarios a empresas como las siguientes: Olivares del Sol S.A., de Cristóbal López; Solares del Tala S.A., de Juan Carlos Relats, el mismo que paga un alquiler de 10 millones 300.000 pesos por el Hotel Los Sauces al matrimonio Kirchner; Agronor S.A., también del grupo JCR; Pamelty S.A., Cedro S.A. y Talcon S.A., también de Juan Carlos Relats.
Había levantado la mano pero usted, señor presidente, iba demasiado rápido con los capítulos. También figura una empresa de Gerardo Ferreyra, Agropecuaria Los Molinos. Tengo una lista bastante importante de todas las desgravaciones impositivas que se han hecho en este tiempo.
Como hay una causa judicial me gustaría que cada diputado votara nominalmente a favor o en contra de que esas desgravaciones impositivas continúen o no.

sr. presidente fellner.- En consideración la moción de reconsideración planteada por el señor diputado por Buenos Aires.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- Se solicitó que la votación se haga en forma nominal.

— Resulta negativa.

sr. presidente fellner.- Queda rechazada la moción de reconsideración planteada.

sr. MORAN, JUAN CARLOS.- Yo solicité que la votación se efectuara en forma nominal.

sr. presidente fellner.- Ya se votó, señor diputado.
Está pendiente la propuesta del señor diputado Bullrich.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: no vamos a aceptar la modificación propuesta por el señor diputado Bullrich.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL.- Señor presidente: solicito la eliminación del artículo 58, por el que se autoriza la compra de combustibles y la adquisición de aeronaves y componentes de obras públicas nacionales hasta 5.000 millones de pesos.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: no vamos a aceptar la modificación.

sr. presidente fellner.- Se va a votar el capítulo VIII, que comprende los artículos 43 a 61.

— Resulta afirmativa.

sr. presidente fellner.- En consideración el capítulo IX, que comprende los artículos 62 a 92.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señor presidente: solicito una modificación en el artículo 83. Este artículo establece para el Programa 17 de la Jurisdicción 01 una suma de 7 millones de pesos que se distribuyen como préstamos no reintegrables.
Sería conveniente aumentar esta partida a 9 millones de pesos e incluir en la lista donde está el Instituto Juan Domingo Perón al Instituto Yrigoyeniano. Ofrecemos reciprocidad a partir de 2011. (Risas.)

sr. presidente fellner.- Antes de que se le conteste a esa profunda manifestación de fe, voy a dar la palabra a los diputados que están anotados.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. HEREDIA, ARTURO MIGUEL.- Señor presidente: mi propuesta para este capítulo consiste en agregar cuatro artículos referidos a las cajas provinciales.
El primero de ellos dice así: “Fíjese como crédito para financiar las transferencias para atender déficits de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas la suma de $ 1.900.583”.
El segundo artículo que proponemos incorporar dice así: “Establézcase a partir del 1º de enero de 2010 la obligación de remitir en forma automática, mensual y consecutiva los importes en concepto de pago de las obligaciones emergentes de los acuerdos particulares sobre el financiamiento del déficit de los sistemas previsionales provinciales no transferidos a la órbita nacional, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 25.235, la cláusula 12 del Compromiso Federal firmado el 6 de diciembre de 1999, y el artículo 2º de la segunda adenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal del 13 de noviembre de 2001, que el Tesoro nacional debe transferir a las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones para la atención del financiamiento de los sistemas previsionales provinciales que no han sido transferidos al Estado nacional”.
El tercer artículo que proponemos agregar dice así: “A tal efecto, aféctese del Tesoro nacional la suma mensual resultante de cubrir la doceava parte de la suma anual a transferir a las provincias por dichos convenios.
“La distribución de esos fondos se efectuará a través del Banco de la Nación Argentina, quien no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente artículo”.
Y el cuarto artículo propuesto dice así: “Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar todos los actos necesarios a fin de instrumentar lo establecido en el presente artículo”.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. GALVALISI, LUIS ALBERTO.- Señor presidente: rápidamente voy a referirme a tres artículos.
Por el artículo 69 se prorroga por nueve años el plazo dispuesto en el artículo 75 de la ley 25.565, que es la ley de presupuesto para el ejercicio 2002. No podemos prorrogar un artículo de un presupuesto que ya terminó.
Mediante el artículo 70 se prorroga por 9 años el plazo dispuesto por la ley 26.019, que es tributaria.
Y mediante el artículo 71 se sustituye el primer párrafo del artículo 1º de la ley 26.181 por otro. Y acá hay dos diferencias. La ley 24.156 no autoriza a crear en el artículo 20 ningún tipo de tributo ni modificarlo. Y aquí estamos creando un tributo con afectación específica, porque el texto del párrafo que se propone en el artículo 71 habla de “…un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de nafta sin plomo…”.
Entonces, acá se tiene que hacer una votación con mayoría especial, o teóricamente, si cumplimos con la ley 24.156, no debería tratarse este artículo.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. PEREZ, ADRIAN.- Señor presidente: respecto del artículo 69 tengo una opinión distinta de la que acaba de expresar el señor diputado Galvalisi. En realidad, el fondo no venció en 2002 sino que vence en 2012, lo cual también es grave porque para qué vamos a prorrogar por 9 años un fondo que todavía no se encuentra vencido. Por supuesto que nosotros nos oponemos a este artículo.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

sr. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO.- Señor presidente: oportunamente dejé en Secretaría mi propuesta de modificación para los artículos 73 y 74. La modificación del artículo 73 es para autorizar a las provincias a financiarse, en iguales condiciones que la Nación los fondos de la ANSES. Y la modificación del artículo 74 es para compensar los ATN no distribuidos por la Nación y disminuir las deudas de las provincias.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- Señor presidente: no hice ninguna observación antes. Simplemente, me parece que ésta es una situación que vulnera la independencia del Poder Judicial. En los artículos 84 y 85 hay una facultad dada al jefe de Gabinete, que en realidad es innecesaria, porque la mayoría ha tomado la decisión de que es necesario incorporar 335 cargos a la planta permanente de la Corte y 34 a la Cámara Nacional Electoral, según el artículo 84, y en el artículo 85 hay cuestiones relativas al plan de informatización y construcción de edificios como los destinados a la Morgue Judicial, al archivo general y a las salas de audiencias.
Evidentemente, es razonable la cuestión de la Morgue y todo lo demás, pero lo que no es razonable es que esto vaya a ser pagado con los recursos propios de la jurisdicción, es decir del propio Poder Judicial.
Entonces, si esto es así, ¿cómo es que estamos facultando al jefe de Gabinete con los recursos asignados a la jurisdicción de la Justicia?. Es como si yo le dijera al alguien: hacé una fiesta en tu casa, la pagás vos, pero yo te voy a decir a quién, cuándo y en qué condiciones vas a invitar.
Pero esto no lo hacemos nosotros, Congreso de la Nación, que podríamos hacerlo legítimamente, sino que lo estamos facultando al Poder Ejecutivo. Eso es lo que no corresponde. Si lo pagara el Poder Ejecutivo, vaya y pase, pero lo paga el Poder Judicial.
Si creen que hay necesidad de crear cargos, directamente los creamos, los paga la Corte y listo. De lo contrario, lo que estamos haciendo es vulnerar la independencia del Poder Judicial sometiéndolo a una negociación permanente con el jefe de Gabinete para ver cuándo le da o no los cargos.

— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- Dicho en forma burda esto es lo que se pretende. Por eso, lo que propongo es que donde dice “Facúltase al jefe de Gabinete” que diga “Incorpórase”.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. BULLRICH, ESTEBAN JOSE.- Señora presidenta: deseo pedir la eliminación del artículo 79, porque si se mantiene, básicamente este régimen deja de ser el presupuesto 2010 para ser el presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
El artículo 79 quiere sustituir el artículo 42 de la ley 24.156 de administración financiera y básicamente dejar que los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año puedan ser cancelados durante el año siguiente con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.
Los gastos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser cancelados por carácter y fuente de financiamiento con cargo a recursos que se perciban en el ejercicio siguiente. Esto significa no poner límite al presupuesto del año que viene y al gasto.
Por eso, se pide la eliminación de este artículo. Además, por ser una ley temporal el presupuesto no puede modificar leyes permanentes.

sra. presidenta vaca narvaja.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. HEREDIA, ARTURO MIGUEL.- En el artículo 74 quiero agregar un párrafo que diga: “Suspéndase durante el ejercicio 2010 o hasta la definitiva reestructuración de las deudas provinciales, lo que sea posterior, las retenciones y/o afectaciones sobre recursos coparticipables destinadas al pago de capitales e intereses de las deudas que las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen con el Estado nacional y el fondo fiduciario para el desarrollo”.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. ALBRISI, CESAR ALFREDO.- Señor presidente: quiero hacer referencia al artículo 68, que asigna 1.264 millones de dólares, correspondientes a la consolidación del refinanciamiento de la provisión de combustibles líquidos, en el marco del convenio entre nuestro país y la República Bolivariana de Venezuela.
En el marco de las reuniones de comisión, esta cuestión mereció un esfuerzo por parte del secretario de Energía, quien se comprometió a explicarlo mejor por escrito. Por eso, recuerdo al presidente de la comisión que estamos a la espera del detalle completo de la deuda.
Como se explicó, no sólo son combustibles líquidos sino otros términos del intercambio. Tiene multas, fletes e, inclusive, tiene envíos recíprocos de otros bienes transables, como alimentos, leche, vacas, etcétera.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

sr. SNOPEK, CARLOS DANIEL.- Señor presidente: propongo que en el artículo 82 donde dice “…ayuda a estudiantes de nivel medio primario, secundario…”, se elimine la palabra medio.

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.

sra. HERRERA, GRISELDA NOEMI.- Señor presidente: propongo que en el artículo 89, donde dice “Comité Olivícola Internacional”, sea reemplazado por Consejo Olivícola Internacional (COI).

sr. presidente fellner.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: vamos a aceptar las modificaciones propuestas por el señor diputado Snopek, en el sentido de eliminar la palabra “medio” en el artículo 82, y por la señora diputada Herrera, en cuanto a consignar correctamente el nombre de la entidad en el artículo 89.
Con respecto al planteo de la señora diputada Rodríguez, el artículo en realidad dice que se autoriza al jefe de Gabinete para que efectúe la reestructuración presupuestaria a efectos de asignar…

sra. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA.- Me referí al artículo 84.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Yo estoy explicando el artículo 85. La propuesta respecto del artículo 84 no es aceptada, como ninguna de las demás.
Quiero hacer una acotación al señor diputado Aguad, quien cometió un error en la lectura del artículo 83, ya que en realidad allí están los subsidios de la Cámara de Diputados y no hace referencia a institutos ni ningún ente en particular.

sr. AGUAD, OSCAR RAUL.- Entonces, donde se hace referencia al Instituto Perón, queremos agregar el instituto de Alem y el Yrigoyeniano.

–Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente fellner.- Se va a votar el capítulo IX, que comprende los artículos 62 a 92, con las modificaciones aceptadas por la comisión a los artículos 82 y 89.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban el capítulo X, que comprende el artículo 93 y el título II, que comprende el artículo 94.

sr. presidente fellner.- En consideración el título III, que comprende los artículos 95 y 96.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: solicito que por Secretaría se dé lectura del artículo 95, al que se le introduce una modificación de forma.

sr. presidente fellner.- Por Secretaría se dará lectura del artículo 95 con la modificación propuesta.

sr. secretario (hidalgo).- En el artículo 95, donde se expresa: “Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9”, debe consignarse luego de cada número una letra A mayúscula, de modo que queda 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A.

sr. presidente fellner.- Con la modificación propuesta por la comisión se va a votar el título III, que comprende los artículos 95 y 96.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 97 es de forma.

sr. presidente fellner.- Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.)
Se comunicará al Honorable Senado.
No habiendo más asuntos que tratar queda levantada la sesión.

–Es la hora 3 y 10 del día 15.