La ley 23.681 estableció un recargo del 6%o sobre el precio de la electricidad, a todos los consumidores finales que va incluido en la facturación de cada período. Ese impuesto afecta a todos los usuarios de todas las empresas de electricidad del país y beneficia de manera directa a la provincia del matrimonio Kirchner. “La misma beneficiada con el reparto discrecional de los recursos públicos”, apunta la diputada del GEN Margarita Stolbizer.

Ese fondo fue destinado para la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, para inversiones y reducir el nivel de tarifas con el objeto de que alcancen el nivel promedio del resto del país y hasta tanto se produjera la interconexión de la provincia al Sistema Argentino de Interconexión.

Los mayores costos para el abastecimiento de energía eléctrica de los habitantes de la provincia de Santa Cruz, al no estar vinculados al Sistema Argentino de Interconexión, fueran afrontados en un marco de solidaridad por todos los consumidores de energía eléctrica del país.

La presidenta del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer, señala que “se desconoce cómo se han manejado esos fondos, cuál ha sido el avance de las obras, licitaciones realizadas, estado de ejecución del presupuesto, etc. Esto es un impuesto encubierto. Los fondos fiduciarios han sido utilizados para distraer recursos públicos sin un marco de regulación ni control presupuestario ni legislativo. No goza de transparencia y establece una grosera inequidad entre los habitantes de las distintas provincias”.

Stolbizer finalizó expresando que “es injusto mantener ese recargo de facturas, cuando la finalidad ha quedado diluído en función de la enorme cantidad de recursos que dispone la provincia de Santa Cruz, y los esfuerzos inequitativos que ello significa para el resto del país, en la persona de los usuarios de electricidad. Especialmente perjudica a muchas familias de ingresos bajos y medios que terminan pagando con su tarifa una asignación de fondos extraordinarios para la provincia que más recibe entre todas las demás. La provincia de Buenos Aires ha recibido en el año 2009, 276 pesos por habitante, mientras que Santa Cruz alcanzó los 4.583 pesos por habitante. Dada la disparidad proporcional entre una y otra, queda más que claro la injusticia de continuar con esta ley”.