CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) señala que los tres caminos en el entramado de las transferencias entre Nación y provincias: recaudación de impuestos por provincia, sistema de coparticipación y presupuesto nacional, se distribuyen inequitativamente y sin criterios de justicia distributiva. Por eso, propone nuevos criterios para que debatan, analicen e instrumenten el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional.
Las provincias tienen su dotación de recursos, su riqueza económica y cierta habilidad de gestión que determinan su capacidad para recaudar impuestos y otros ingresos. Las provincias recaudaron alrededor de $57.500 millones entre impuestos y regalías en 2008 (el último dato disponible). Pero la suerte entre ellas es muy dispar, ya que el mapa de recaudación per cápita podría pintarse casi como un degradé de norte a sur: las provincias patagónicas son las que batieron los mayores récords mientras que las provincias del norte mostraron la menor capacidad fiscal, con una diferencia de casi 20 veces entre el máximo obtenido por Santa Cruz y el mínimo recaudado en Jujuy.
Pero esa no es, en general, la mayor fuente de ingresos de las provincias. Hay otros dos caminos para el reparto de fondos públicos entre las provincias.
Por un lado está el sistema de coparticipación. Las provincias recibieron a través de este sistema un monto de $75.000 millones en 2009. Sin embargo, nuevamente, la suerte no se disemina de manera uniforme. Estos recursos se distribuyen según coeficientes que quedaron congelados en 1988, construidos a partir del promedio de lo que cada gobierno provincial logró negociar con el gobierno nacional entre 1985 y 1988, años de alta e hiperinflación y fuerte crisis fiscal. Tomando como medida el monto transferido por habitante, las provincias más pobladas son las más relegadas. Pero incluso en provincias con similar grado de pobreza, la injusticia es evidente. Por ejemplo, a Misiones se le transfiere menos que a su cercana Formosa, a pesar de tener el doble de habitantes. Peor aún, en algunos casos los beneficios del sistema de coparticipación, que debería igualar capacidades fiscales, llegan a los Estados provinciales más ricos, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Esta desigual transferencia de recursos no es resultado de un favoritismo del actual gobierno, sino de un rígido sistema de distribución con más de 20 años de existencia.
Por otro lado, hay un camino a través del cual llegan recursos a las arcas provinciales o directamente a sus habitantes: el presupuesto nacional. El caudal aportado por este medio fue de $190.000 millones en 2009 y gran parte de esos recursos se destina a pagar compromisos asumidos (salarios públicos, jubilaciones, entre otros).
“En CIPPEC estimamos que el 23% del presupuesto puede asignarse geográficamente con cierto grado de discrecionalidad, y, lamentablemente, gran parte de esta porción tampoco parece perseguir una distribución equitativa. Si bien el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud aparecen como jurisdicciones muy equitativas, las intervenciones del Ministerio del Interior y el de Planificación así como la Dirección Nacional de Vialidad y las Obligaciones a cargo del Tesoro, han ganado mala fama por su injusta distribución”, señaló Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC. Así se magnifican las desigualdades del sistema de coparticipación, y se vuelve a beneficiar a los Estados provinciales ricos (Santa Cruz y La Rioja, provincia que a pesar de su pobreza administrativa un aparato estatal relativamente rico).
A pesar de estas enormes desigualdades, hay una buena noticia: existe un amplio espacio para mejorar. Deberían comenzar a cuestionarse los criterios de asignación del gasto. En esto, tanto el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) como el Congreso de la Nación tienen un papel a cumplir. El PEN, en la propuesta y ejecución del gasto; y el Congreso, en la aprobación y monitoreo del uso de los fondos públicos.
“Si se propicia el uso de criterios sensatos en la asignación del gasto, se podrá velar eficazmente por una mayor equidad y la ansiada igualdad de oportunidades en el territorio argentino. Para ello, criterios como población, necesidades básicas insatisfechas (NBI), falta de acceso a agua y cloacas, gas y electricidad de red y pavimento, entre otros, debieran comenzar a regir la distribución de los recursos públicos. Incluso, si los recursos se distribuyeran en función de la cantidad de habitantes o de acuerdo con el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) se lograría mejorar mucho la equidad en la distribución”, concluyó Díaz Frers.
