Claramente el artículo 129 de la Constitución nacional establece que la Ciudad de Buenos Aires tiene facultades propias de jurisdicción, que la misma no ha sido una función delegada por la Ciudad al Gobierno Federal y que las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas.

Sin embargo la Ley 24.588 (Ley Cafiero) establece una injerencia inconstitucional del Estado Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al prohibirle organizar su justicia ordinaria.

Sabido es que la resolución de conflictos vía administración de justicia, es un elemento esencial a todo Estado ya que constituye un atributo definitorio del mismo y ello es un componente insoslayable a la hora de reconocer a una entidad determinada como un Estado. La Ciudad tiene Justicia propia sólo en determinados aspectos lo cual permite afirmar que el Estado de la Ciudad se encuentra aún en proceso de formación. Si bien existe un Gobierno propio de los porteños, pero el Estado, con todo lo que ello conlleva, todavía no ha terminado su conformación.

La denominada Ley Cafiero, sólo le otorga ingerencia a la Ciudad en cuestiones de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributarias; es decir no puede contar con su propia Justicia ordinaria a pesar de lo normado por el artículo 129 de la Constitución nacional, el que expresa taxativamente que la Ciudad tendrá “un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”.

A pesar de lo normado por los artículos 129, 121 y 122 de la Constitución nacional, y aún más, el texto de la Ley Cafiero -en el artículo 15- establece la conformación en el ámbito del Congreso nacional de una Comisión Bicameral integrada por seis senadores y seis diputados encargada de supervisar el proceso de coordinación que se lleve adelante entre el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad conforme a las disposiciones establecidas en la Carta Magna, que hacen referencia puntual al tema de la autonomía.

Sin embargo, en el Trámite Parlamentario N° 15 del 16 de marzo de este año, fue publicado el expediente 1036-D-2010 impulsado por los diputados nacionales Carlos Kunkel y Diana Conti, mas una docena de legisladores oficialistas cuyo contenido establece la creación de una Comisión Bicameral Especial para la Transferencia de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.

Según el proyecto, “la comisión tendrá como misión y tarea realizar un dictamen que disponga la transferencia de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra actualmente bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, a la organización judicial de la Ciudad”.

Ello implica el traspaso de un número cercano a los 300 juzgados de los fueros laborales, comerciales, civiles y en algunos casos, penales. La iniciativa puso en alerta a la corporación judicial que se mostró siempre reticente al traspaso y al Gobierno de Mauricio Macri, que debería afrontar una erogación imprevista de alrededor de 950 millones de pesos para solventar los juzgados, las cámaras y tribunales orales.

La propuesta de transferencia K nada refiere respecto a la cuestión presupuestaria; la financiación del traspaso no es abordada en el proyecto.

Transferencia sin recursos

Para conocer la opinión sobre el proyecto de transferencia impulsado por el kirchnerismo Parlamentario entrevistó al presidente de la Comisión de Justicia, el legislador del PRO, Gerardo Ingaramo y a los titulares de la bancada de la Coalición Cívica, Peronista, Proyecto Sur, Fernando Sánchez, Diego Kravetz, Fabio Basteiro y al representante del espacio MST-Nueva Izquierda, Marcelo Parrilli. Todos coincidieron que la transferencia debe realizarse con las partidas presupuestarias correspondientes.

Al respecto, Ingaramo se mostró optimista en cuanto a la propuesta y en ese sentido apoyó el proyecto del kirchnerismo para traspasar la Justicia nacional a la Ciudad, pero reclamó que sea con los recursos. “Nos parece una buena iniciativa que el kirchnerismo se empiece a preocupar por la autonomía de la Ciudad”, dijo el diputado. “La Justicia deberá ser traspasada con los recursos pertinentes, sino estamos sumando otro problema más a la cuestión y, en vez de buscar soluciones, lo único que generamos son mayores contratiempos”, agregó.

Sin embargo quien se expresó sin atajos en cuanto a las potestades de la Ciudad fue el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Fernándo Sánchez. Con respecto a la constitución de una Comisión Bicameral expresó, tajante, que: “Me parece perder tiempo y dar más vueltas en cuanto a lo que estipula la Ley Cafiero: esa ley establece que ambas jurisdicciones deben tender un diálogo para llevar adelante el traspaso de la Justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Lo que debiera realizarse es una nueva ley que estipule la transferencia de la Justicia ordinaria con sus recursos correspondientes”, acotó Sánchez.

En esa línea advirtió. “No hay que amenazar a los jueces nacionales para que fallen más cerca o menos cerca a favor del Gobierno nacional. Los jueces nacionales deben saber que tarde o temprano van a formar parte de la Justicia ordinaria de la Ciudad”.

“Les guste o no les guste” -agregó Sánchez- “porque así lo dispone la Constitución nacional y así lo dispone la Constitución de Buenos Aires; en tal caso hay que hacerlo de la mejor manera, en forma ordenada y por supuesto sin provocar un descalabro administrativo, financiero y presupuestario a la propia Ciudad”.

Por su parte Diego Kravetz sostiene que “es una idea razonable. Hace al avance hacia la autonomía de la Ciudad; no puede hacerse de un día para el otro, debe ser un traspaso paulatino” y agregó que “esto por supuesto requiere de presupuesto y coordinación; también de diálogo del Poder Judicial nacional y local”.

“Creo que es una buena idea sobre la que hay que trabajar, se necesitan plazos razonables para poder hacerla de forma adecuada”, acotó el legislador.

También se refirió a la Ley Cafiero. “Ha limitado ciertamente la posibilidad de que los porteños podamos tener autonomía plena”, afirmó Kravetz y expresó su convencimiento de que la Justicia nacional debería dejar de atender temas que importan exclusivamente a los porteños para pasar “a la jurisdicción local; esto pasa en absolutamente todas las provincias, tienen su propia Justicia en materia civil, comercial, laboral”, acotó.

En referencia a la concreción de la transferencia, el legislador sostuvo que “habría un enorme desequilibrio en las cuentas públicas si hace el traspaso sin los fondos pertinentes”. Finalmente mostró convicción en cuanto a la necesidad de llevar a cabo un diálogo entre ambas jurisdicciones.

En tanto, Fabio Basteiro afirmó que “la Constitución habla claramente que todo traspaso tiene que ser realizado con el financiamiento adecuado; esto remite a la transferencia de las escuelas de la órbita nacional hacia las provincias sin financiamiento y cuyo resultado es la problemática que hoy está enfrentando el sistema educativo; entonces, obviamente, cualquier traspaso de la Justicia se tiene que hacer con el financiamiento de acuerdo con las pautas constitucionales y la adecuación necesaria en el ámbito legislativo de cada una de las jurisdicciones intervinientes”.

Basteiro expresó que las pautas de autonomía en el distrito “tienen que estar sustentados en una lógica de entendimiento y financiamiento de las mecánicas que permitan el cumplimiento de la Constitución con el presupuesto adecuado; porque sino terminan siendo una formulación de carácter mediático y no la ratificación de los criterios de autonomía en el ámbito de la Justicia”.

El titular de la bancada de la fuerza que conduce Fernando “Pino” Solanas, remarcó asimismo que “si no se hace el traslado con la financiación adecuada termina siendo una acción de tirarle la pelota a otro”.

El flamante legislador por la coalición MST-Nueva Izquierda, Marcelo Parrilli, también se mostró de acuerdo con la transferencia de la Justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad, con recursos. Esto dijo: “Es importante que la Ciudad de Buenos Aires tenga un Poder Judicial propio e independiente, porque eso va de la mano de la autonomía de la Ciudad”, expresó.

“Obviamente el traspaso de la Justicia ordinaria requiere del traspaso con los fondos correspondientes. No solamente la transferencia de la infraestructura sino también del presupuesto para solventarla”, agregó Parrilli.

Finalmente sostuvo que “la transferencia es una cuestión fundamental y política en cuanto a la autonomía de la Ciudad; tener Poder Judicial propio hace a la esencia de la autonomía porteña”, afirmó.