Desde la Comisión de Defensa de la Cámara baja, se interesan por la denuncia que involucra a funcionarios del ministerio que conduce Nilda Garré.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Julio Martínez, pidió al Poder Ejecutivo que informe si el Ministerio de Defensa tuvo algún tipo de relación contractual o de otra índole, con las firmas Ferrostaal y Fassmer (fabricantes de barcos y submarinos), que estarían siendo investigadas por la Justicia Alemana por presuntos pagos de sobornos a funcionarios del Ministerio de Defensa y altos oficiales de la Marina.
“La información oficial es confusa -declaró Martínez-, desde la Jefatura de Gabinete declararon que ni la Prefectura, ni el área de compras de Interior tuvieron relación alguna con las empresas mencionadas; en el mismo sentido se pronunció Defensa, aclarando además que la Armada había firmado el 20 de diciembre de 2007 un contrato con Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile (ASMAR) para comprarle la ingeniería básica de los ‘patrulleros oceánicos multipropósito’ (POM),cuya construcción quedó a cargo finalmente del astillero TANDANOR”.
Sin embargo, reveló el legislador, fuentes del Ministerio de Defensa reconocieron que la Armada pagó a ASMAR: 2.730.000 euros y otros 500.000 a la alemana Fassmer en concepto de licencia de construcción de los 4 POM, que comenzaron a producirse en el 2009.
Martínez continuó diciendo que “la versión coincide con la postura de Ferrostaal Argentina, que afirmó no haber sido parte contratante, ni proveedora, y que su trabajo solo se limitó a ofrecer a las autoridades navales el patrullero oceánico cuyo diseño y licencia pertenece a Fassmer”.
“Lo que no se aclara oficialmente es cuales fueron los trabajos o servicios contratados con dichas empresas y que monto se les abonó y en el caso de haberse pagado la “licencia de construcción” de los 4 POM, ¿que comprende la ingeniería básica acordada con los Astilleros de la Armada de Chile ASMAR?”, se preguntó el diputado riojano.
Más allá de la investigación abierta por la Oficina Anticorrupción y de las actuaciones administrativas internas del Ministerio de Defensa, “entendemos que la Cámara de Diputados, merece ser receptora de toda la información referente al caso”, fundamentó Martínez en su proyecto de resolución.
