Según señala un informe reciente de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), los diferentes caminos por los cuales las provincias reciben fondos públicos revelan la enorme inequidad que existe entre las diferentes jurisdicciones del país. En este contexto, los recientes debates en el Congreso nacional reflejan una creciente tensión entre la Nación y las provincias por la distribución de fondos. No obstante, queda fuera de la discusión el presupuesto nacional, un camino nada desdeñable que aporta la mayor fuente de recursos a las arcas provinciales o directamente a sus habitantes.

Impuestos y regalías

Uno de los caminos por los cuales las provincias recaudan son los impuestos y las regalías. Las provincias argentinas recaudaron en 2008 (último dato disponible) alrededor de $57.000 millones por este camino. Pero la suerte entre ellas es muy dispar, ya que el mapa de recaudación per cápita revela que las provincias patagónicas son las que batieron los mayores récords, mientras que las provincias del norte mostraron la menor capacidad fiscal, con una diferencia de casi 20 veces entre el máximo obtenido por Santa Cruz y el mínimo recaudado en Jujuy.

La coparticipación federal de impuestos

Por otro lado, las provincias también reciben transferencias de la Nación mediante el sistema de coparticipación. A través de este sistema fluyeron $75.000 millones en 2009 a las provincias. Sin embargo, estos recursos se distribuyen automáticamente según coeficientes establecidos en 1988, negociados en años de alta e hiperinflación y fuerte crisis fiscal. Tomando como medida el monto transferido por habitante, con este sistema las provincias más pobladas son las más relegadas.

Pero incluso en provincias con similar grado de pobreza, la injusticia es evidente. Por ejemplo, a Misiones se le transfiere menos que a su cercana Formosa, a pesar de tener el doble de habitantes. Peor aún, en algunos casos los beneficios del sistema de coparticipación, que debería igualar capacidades fiscales, llegan a los Estados provinciales más ricos, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Esta desigual transferencia de recursos no es resultado de un favoritismo del actual gobierno, sino de un rígido sistema de distribución con más de 20 años de existencia.

El presupuesto nacional

Finalmente, el presupuesto nacional es el tercer camino por el cual las provincias reciben fondos y, por el caudal de recursos que transfiere, es el más importante. Las provincias recibieron, por este canal, $190.000 millones en 2009. Gran parte de esos recursos se destina a pagar compromisos previos (salarios públicos, jubilaciones, entre otros).

“En CIPPEC estimamos que el 23% del presupuesto puede asignarse geográficamente con cierto grado de discrecionalidad, y, lamentablemente, gran parte de esta porción tampoco parece perseguir una distribución equitativa. Si bien el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud aparecen como jurisdicciones muy equitativas, las intervenciones del Ministerio del Interior y el de Planificación así como la Dirección Nacional de Vialidad y las Obligaciones a cargo del Tesoro, han ganado mala fama por su injusta distribución”, señaló Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC. Así, se magnifican las desigualdades del sistema de coparticipación, y se vuelve a beneficiar a los Estados provinciales relativamente más ricos (Santa Cruz y La Rioja, provincia que, a pesar de su pobreza administrativa, tiene un aparato estatal relativamente rico).

Frente a estas enormes desigualdades, la clave para mejorar reside en el Congreso nacional. El órgano legislativo tiene la posibilidad de cuestionar los criterios de asignación del gasto.

“En lugar de monitorear cómo se asigna el presupuesto nacional, que es la mayor fuente de recursos para las provincias, en lugar de construir instituciones de largo plazo, la oposición se enfrasca en una discusión con el único fin de achicarle un poco la caja al gobierno nacional. Cosa que no es preocupante desde un punto de vista estrictamente fiscal, porque lo que importa es el resultado consolidado, sumando los resultados del gobierno nacional y los provinciales y no sólo el nacional. Pero sí es absolutamente regresivo desde el punto de vista de la equidad”, explicó Díaz Frers.

Tanto el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) como el Congreso de la Nación tienen un papel fundamental en la reducción de la inequidad entre las provincias. Por un lado, el PEN es responsable por la propuesta y la ejecución del gasto y, el Congreso, por la aprobación y el monitoreo del uso de los fondos públicos.

“Si se propicia el uso de criterios sensatos en la asignación del gasto, se podrá velar eficazmente por una mayor equidad y la ansiada igualdad de oportunidades en el territorio argentino. Para ello, criterios como población, necesidades básicas insatisfechas (NBI), falta de acceso a agua y cloacas, gas y electricidad de red y pavimento, entre otros, debieran comenzar a regir la distribución de los recursos públicos”, concluyó Díaz Frers.