Los expertos que asistieron a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado desaconsejaron este martes promover una reforma del Código Penal para acelerar las causas de delitos de lesa humanidad por entender que esa opción podría perjudicar los procesos en trámite.

Los integrantes de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Pablo Parenti, que es el coordinador, y Jorge Auat, criticaron el proyecto ya que fundamentaron que las demoras tienen que ver con un problema de “falta de voluntad del Poder Judicial”.

Por otro lado, Parenti expresó que “no hacen falta normas especiales” y que con las herramientas vigentes “es posible hacer los juicios en poco tiempo, es decir en dos o tres años”. El funcionario cree que se trata de un problema de “gestión judicial” que bien podría subsanarse, a su entender, mediante el dictado de acordadas por parte de la Corte Suprema.

El académico Carlos Beraldi, especialista en Derecho Penal y Criminología de la UBA, no descartó la búsqueda de una solución de tipo legal: “Si no utilizamos algún mecanismo legal, vamos a terminar los procesos en 2030, como ya dicen algunos”, y planteó la necesidad de “concentrar la tarea de investigación en manos de los fiscales, generar criterios de acumulación de las causas, y de poner en funcionamiento la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, creada por ley 26.371, para descomprimir los recursos que debe atender en la actualidad la Cámara Federal de Casación Penal”.

Durante el encuentro se trató el alcance de un proyecto del senador Ernesto Sanz, que postula que las reglas del Código Procesal Penal se apliquen a causas por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 10 de diciembre de 1983. En la reunión, los fiscales detallaron que existen alrededor de 600 procesados, de los cuales 400 están detenidos, y un número cercano a las dos mil víctimas de este tipo de delitos en todo el país.