La Cámara baja aprobó en general el proyecto de ley que modifica la ley de reglamentación de DNU. Todos los bloques anti K junto al bloque aliado al oficialismo sumaron 142 votos a favor y 98 en contra. Ahora será el turno del Senado.
Tras casi ocho horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La iniciativa opositora fue aprobada en general por 142 votos a favor y 98 en contra, por lo que superó la mayoría absoluta de los presentes requerida al ser un cambio en una ley devenida de la Constitución Nacional.
Una de las polémicas por lo que el oficialismo consideraba que era una ley inconstitucional era el artículo 20, el cual dice que “esta ley no será veta”. Sin dudas, esto era contraria a la atribución constitucional que posee el Poder Ejecutivo.
Ante esta objeción, la miembro informante de la oposición, la peronista Graciela Camaño se comprometió a eliminar este polémico artículo, lo que se hizo luego en la votación en particular.
Pero en el cierre del debate, el jefe de bloque oficialista, Agustín Rossi, afirmó que la oposición cachetea a la Constitución” y enumeró varios puntos. Entre ellos, la promulgación parcial porque según la iniciativa opositora si a los 60 días el Congreso no se pronunció, la promulgación parcial se cae de forma ficta. También se refirió al envío del DNU por parte de la Jefatura de Gabinete. “Ahora tiene 10 días el jefe de Gabinete para mandar el decreto pero la oposición vuelve a violar la Constitución y establece que la Comisión Bicameral lo puede empezar a tratar cuando se publica en el Boletín Oficial”.
El debate tuvo grandes discusiones sobre el sistema político argentino y la oposición se mostró más afín a un semi parlamentarismo. Entonces, Rossi disparó: “Hoy tienen mayoría porque 16 están sentados del otro lado mientras tendrían que estar sentado acá –en la bancada oficialista. Sin embargo, en un sistema parlamentario, cambiaría el gobierno y ninguno se podría haber ido”.
“Privilegian el apuro con tal de sacar determinadas leyes y se están metiendo en un camino para nada conducente”, consideró un filoso Rossi, quien concluyó: “esta ley viola la Constitución y empeora la que habíamos votados en el 2006”.
Con respecto a los números, fueron ampliamente favorables a la oposición ya que todos los bloques contrarios a la Casa Rosada respaldaron la iniciativa, incluso el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, bancada aliada al Frente para la Victoria.
La norma que se discutió en el recinto establece que los DNU tengan que ser aprobados por las dos Cámaras antes de quedar firmes, ya que actualmente sólo necesitan el aval de un solo cuerpo.
La media sanción (que quedó con 24 artículos) plantea que el caso que alguno de los dos cuerpos no se expida, el DNU quedará automáticamente rechazado.
También modifica la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -que actualmente no está conformada por problemas con la Justicia-, al ampliar sus miembros de 8 a 12 por cada Cámara.
En ese caso, la oposición fijó que la comisión puede sacar dictamen con “la asistencia de al menos la tercera parte de sus miembros”, y ratificaron el plazo de diez días corridos que tiene el cuerpo para expresarse sobre un DNU.
Si ese período venciera, los plenos de los cuerpos podrán tratarlo en el recinto sin necesidad de un dictamen.
El proyecto establece también que el jefe de Gabinete deberá concurrir personalmente al Congreso dentro de los diez días corridos desde la firma del decreto para explicar su contenido, aunque si dentro de ese plazo no se presenta la Bicameral se abocará “de oficio” a su análisis.
En caso de que el Parlamento se encuentre en receso al momento de dictar un DNU, se convocará de forma automática a sesiones extraordinarias.
Esos requisitos surgieron luego de que la presidenta Cristina Kirchner firmara la creación del Fondo del Bicentenario durante el receso del Congreso, desencadenando una fuerte polémica entre oficialismo y oposición.
Debate
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño (Bloque Peronista) abrió el debate al asegurar que “el dictamen que se está tratando plasma un nuevo diseño institucional”.
Por su parte la kirchnerista Diana Conti señaló en el recinto que “toda regulación que se pretenda debe ser conforme a la Constitución Nacional y que “el pretendido dictamen adopta posturas faltas de objetividad y condicionadas por una coyuntura actual que no deberíamos convalidar por su inconveniencia o por su inconstitucionalidad.
Otra voz oficialista para justificar el voto en contra del proyecto fue la del tucumano Gerónimo Vargas Aignasse quien señaló: “no se por qué cambiar esta ley, porque el Congreso ha funcionado de una gran forma en los últimos años, ha estado a la altura de la demanda institucional de este país.
“Hay una cuestión política que es el denominador común de la oposición, desde Pino' (el diputado, de Proyecto Sur, Fernando Solanas) hasta (el diputado del Pro, Federico) Pinedo, que es obstruir al oficialismo, ver como traban todas las iniciativas, como nos impiden pagar deuda con reservas, añadió.
Por el espacio aliado, la diputada Vilma Ibarra aseguró que acompañarían la norma, aunque aclaró que “marcarían algunas disidencias y correcciones” durante la votación en particular.
También, en el recinto, el diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez celebró el tratamiento del proyecto y consideró que “fortalecerá el sistema republicano, para que los argentinos no queden a merced de la decisión de una sola persona”.
Asimismo, la presidenta del bloque del Partido Socialista, Mónica Fein, señaló, al fundamentar el voto positivo de su bancada al proyecto de ley que modifica la normativa que regula los decretos de necesidad y urgencia, que “constituye un avance en materia constitucional, y sirve como control del Poder Ejecutivo, ya que es relevante que el PEN explique a partir de esta modificación las razones de excepcionalidad, necesidad y urgencia que lo llevan a emitir un DNU”.
Fein destacó que “la ley actual nació tarde y mal. Tarde, porqué el mandato de los Constituyentes de 1994 se cumplió recién en 2006, y mal porqué el artículo 24 de esta ley es contrario a la Constitución Nacional, ya que en esta no se admite la sanción ficta”.
Por su parte, el diputado radical Juan Pedro Tunessi argumentó que “este proyecto de ley que tiene propósito contextualizar el tema de los DNU dentro del marco constitucional, en la inteligencia de que la división de poderes constituye una salvaguarda de la libertad y la dignidad de las personas”. “El principio general es que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo”, dijo el diputado y agregó: “Y la excepción, es para cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para sancionar las leyes -siempre y cuando no se trate de normas de carácter penales, tributarias, electorales o de partidos políticos- podrá el Poder Ejecutivo dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.
“No ha sido el espíritu de la reforma constitucional la necesidad de ampliar las facultades del Poder Ejecutivo, sino que estaba en la esencia misma de la reforma constitucional acotar las facultades del Poder Ejecutivo”, manifestó Tunessi.
Continuando con el debate de la reforma a la ley Nº 26.112, que regula la aplicación de los DNU, la diputada del PRO Laura Alonso, autora de uno de los proyectos, expresó: “Esta reforma no es en contra del Gobierno ni de nadie, es a favor de la Democracia, y esto es porque cuando el Congreso participa en el proceso de formación y control de las políticas públicas, lo hace a través de todo el pueblo argentino, las provincias y la Ciudad del Buenos Aires”.
Además, Alonso, explicó que “la Constitución es clara, y que los presidentes no legislan. Los presidentes promulgan las leyes y pueden vetarlas pero jamás legislan, porque para legislar está el Congreso. El artículo 99 inciso tercero establece con claridad la prohibición de legislar al Poder Ejecutivo cuando dice: El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Citó Alonso.
La presidenta del bloque de diputados del Partido GEN, Margarita Stolbizer, sostuvo que “se ha intentado asignarle al debate distintas intencionalidades, pero el verdadero sentido de las reformas que se promueven tiene por objeto reconstituir el Estado democrático de Derecho y operativizar el carácter limitado y excepcional de la atribución presidencial en materia legislativa, explicitando los límites que la Constitución impone al Poder Ejecutivo”.
Stolbizer señaló que con esta reforma “vamos a reacomodar los desajustes de la ley que se dieron en los últimos años y a tratar de volver a un debate más ordenado sobre aquello que la Constitución nos mandó a hacer, y a la luz de la experiencia de este tiempo que nos demuestra lo que no se ha hecho bien”.
En cambio, el presidente del bloque de la Concertación, Hugo Prieto, señaló desde su banca que no está de acuerdo con las modificaciones a la Ley (26.122) que regula los Decreto de Necesidad y Urgencia, porque las considera inconstitucionales.
“La oposición plantea modificaciones que son claramente inconstitucionales, deberían pensar en la democracia, en las reglas de juego para ampliar esta democracia; no en la coyuntura política del momento, porque las reformas que impulsan hoy implican una alteración marcada en la evolución que significó la Ley de Decreto de Necesidad y Urgencia, aprobada en el 2006”, puntualizó Prieto.
Inicio de sesión
Luego de que los bloques contrarios a la Casa Rosada consiguieran sentar en el recinto 131 diputados, el oficialismo ingresó por lo que a la hora de comenzar -11 horas- la reunión, había 161 diputados.
El primer tema que trataron fue un sentido homenaje al diputado cordobés César Albrisi, quien falleció la semana pasada. Sin diferenciación de bloques partidarios, todos despidieron con elocuentes palabras para el legislador peronista.
Tras el homenaje a Albrisi, se suscitó otra vez una discusión reglamentaria sobre si era válido tratar un proyecto de resolución que, según el oficialismo, no cuenta con las firmas necesarias. Por la votación de la mayoría de los Diputados, la Cámara interpretó que se podía debatir la iniciativa de Lozano.
