La construcción del andamiaje jurídico en el Parlamento nacional está cruzada por acusaciones y sospechas de toda índole de senadores y diputados, tanto del conglomerado opositor de derecha a centroizquierda y las bancadas del Frente para la Victoria.

Una puja que no es inocente y mucho menos en nombre del rigor de las leyes. Lo que mueve a todos por igual es la campaña electoral presidencial, que enfrenta a quienes desean seguir siendo inquilinos de Balcarce 50 y la Quinta de Olivos, y los que apuntan a eyectarlos de esos preciados lugares.

La paridad de bancas en el Senado y una más amplia luz de ventaja en la Cámara baja para el arco opositor, han dado lugar en este nuevo período legislativo a otra sinfonía, otro andar. Casi todas las iniciativas son promovidas por la oposición y apuntan al corazón del plan económico del Gobierno, como el rechazo del pago de la deuda externa con reservas del Banco Central a través de un DNU, la modificación del impuesto al Cheque y el Presupuesto 2010. Dos de ellas ya tienen media sanción.

La primera fue rechazada por Diputados y la segunda aprobada por la Cámara alta. Ambas normas no tuvieron el aval del oficialismo, que cuestionó la metodología utilizada; es más, sus principales espadas dijeron a los cuatro vientos que se ha violado el reglamento de ambas cámaras, razón por la cual decidieron acudir a la Justicia para salvaguardar “semejante atropello institucional”, según entienden los máximos referentes legislativos del kirchnerismo.

Claro que la traducción de este enfrentamiento se cristalizó con la denuncia penal a Julio Cobos por avalar la votación por “mayoría simple” de la modificación del Impuesto al Cheque, que obtuvo media sanción en el recinto de la Cámara lata. El texto fue presentado ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas por los abogados Antonio y Darío Liurgo, para quienes Cobos cometió un presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, en sintonía con las declaraciones del ministro Aníbal Fernández de que cualquier ciudadano lo puede cuestionar judicialmente.

Paren la mano

Un cuadro de situación que obliga a los jueces y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a definir situaciones que para ellos nada tienen que ver con la Justicia, sino con la política. De allí que los jueces más locuaces repiten ante cada micrófono que se les cruce que “no se debe judicializar la política” y que cada ámbito debe resolver sus diferencias, fundamentalmente el Poder Legislativo.

En más de una oportunidad, jueces de primera instancia han rechazado las presentaciones con la recomendación de que sí o sí sean los recintos los espacios prioritarios para saldar las diferencias de interpretación de los reglamentos y de las leyes.

Desde el pasado 10 de diciembre senadores y diputados comenzaron a transitar más asiduamente los pasillos de Comodoro Py, en tren de que algún magistrado les de la razón, aunque sea en primera instancia. El famoso DNU para el pago de la deuda externa con fondos del Banco Central levantó la temperatura estival en el Poder Judicial, que en pleno receso veraniego se ubicó en el centro de la escena. La negativa del entonces titular del BCRA, Martín Redrado, a aceptar una decisión gubernamental que a su criterio estaba violentando la Carta Orgánica de la institución, provocó luego de varias idas y vueltas su destitución.

Esta situación fue la que llevó al Gobierno de CFK a su primer gran enfrentamiento con la oposición, donde unos y otros daban sus interpretaciones, valederas o no.

Precisamente esa es la centralidad de una pelea al todo o nada, y con el argumento de que hay dos bibliotecas para interpretar las leyes, se incentivan las presentaciones judiciales.

Sin margen

Un panorama que depara que nadie está decidido a retroceder un tranco de pollo en la puja, como admitieron las fuentes consultadas en la ronda de preguntas de Parlamentario. Quien sincera las posiciones es el jefe del bloque de senadores del oficialismo en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, que afirma ante quien lo quiera escuchar que hay leyes destituyentes impulsadas por la oposición del programa nacional y popular que encarna la pareja presidencial. Para el oficialismo, esas propuestas deben ser licuadas de plano: a través de la votación en los recintos, con la interpretación de los reglamentos con recursos administrativos, o caso contrario acudir a la Justicia.

En caso de no prosperar alguna de esas tres medidas, el Gobierno tiene en sus manos el poder del veto, constitucionalmente válido.

Por el lado de la oposición, conscientes de esa ofensiva parten cada vez con mayor asiduidad de Rivadavia al 2000 a Comodoro Py, previa convocatoria a todos los medios de comunicación.

El verano fue pródigo en presentaciones judiciales, y hasta hubo amenazas de abrir las puertas de los recintos, ante la negativa del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias. Muchas de las presentaciones judiciales se quedaron en amagues, otras sin embargo están recorriendo el andamiaje jurídico.

Los radicales Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra, más Elisa Carrió, Adrián Pérez, Patricia Bullrich, el macrista Federico Pinedo, la centroizquierda con Fernando Solanas, Alcira Argumedo y Victoria Donda, entre otros senadores y diputados opositores dieron rienda suelta a su sed de Justicia, la que en algunos casos deparó sonrisas y en otros, rostros compungidos.

En esa puja judicial, el Gobierno también arremetió contra el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, lo que le permitió al legislador regodearse con la frase “sería un honor estar preso por la defensa de la Constitución”, entre otras de ese estilo, largamente festejadas por los suyos.

Cepo

Una estrategia que en la puja por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual deparó grata sorpresa a los integrantes del bloque del Peronismo Federal que lidera Felipe Solá, ya que dos jueces federales accedieron a la presentación de los recursos de amparos. En Mendoza Enrique Thomas, y en Salta Beatriz Daher cantaron victoria y hasta ahora esa herramienta sancionada por ambas cámaras está en el freezer.

Precisamente esa fue la razón, o una de ellas, para que los adherentes al kirchnerismo concretaran una masiva manifestación frente a la sede de la Corte Suprema Justicia de la Nación, para que la Corte disponga de la última palabra. “Es en defensa de la democracia”, se entusiasmó el diputado nacional Carlos Kunkel, flanqueado por otros legisladores que acudieron a la cita y se pusieron en primera fila.

Sin lugar a dudas, como todos lo reconocen, la vigencia o no de esta ley es una de las grandes batallas entre oficialistas y opositores de cara a las elecciones presidenciales. Es que hoy en día es uno de los espacios decisivos para transmitir las ideas políticas. La llamada “caja boba” reemplazó para siempre a los mítines. Una movida propagandista a la que se debe agregar los afiches a lo largo y ancho del país, con siglas de frentes electorales o fuerzas que se enteran cuando la observan pegadas en las paredes, como es de público conocimiento. Sin olvidarse de las solicitadas, que siempre llevan la leyenda “pagada por sus firmantes”… o las movidas por Internet, que tienen como espejo las acciones llevados adelante por el presidente de Estados Unidos en su carrera a la Casa Blanca.

Sin lugar a dudas la Ley de Medios es el trofeo de caza mayor del oficialismo, por la cual agotarán todas las instancias judiciales para hacer valer lo votado en el Congreso en 2009. ¿Qué resolverá la Justicia?, es un misterio que desvela a todos por igual, dado que su vigencia o no de la Ley de Medios, es estratégica para la campaña electoral.

También los DNU

Claro que no es la única ley que desvela a la oposición. Están en el candelero las idas y vueltas de los Decretos de Necesidad y Urgencia para el uso de los fondos del Banco Central para abonar religiosamente una porción de la deuda externa y la conducta de la presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y del directorio de la institución, cuestionada por las huestes de Elisa Carrió, que en la última semana hicieron una presentación judicial.

La composición de las comisiones en la Cámara alta también se ventila en los Tribunales lo que es una muestra más que didáctica de la puja por el poder y la judicialización de la política. Una vez conformada los integrantes de la Sala 3, la misma debe expedirse sobre la apelación del vicepresidente al fallo que ordenó reintegrar a la senadora oficialista Beatriz Rojkes de Alperovich, que había sido desplazada para que ingrese el cordobés Luis Juez, en la estratégica Comisión Bicameral de Control Legislativo, más conocida como la de control, nada más ni nada menos que de los DNU.

Es que para Pichetto y la pareja presidencial si pierden el control de esta comisión quedan desnudos en manos de la oposición, razón de la presentación de la bancada de senadores del FpV. La movida se demoró porque el apoderado del Senado Juan Carlos Salerni, recusó al juez Sergio Fernández. Otra muestra del enfrentamiento entre oficialistas y opositores, en este caso ya con el vicepresidente de la Nación Julio Cleto Cobos.

Aguas revueltas

Toda ley tiene su texto y su contexto. Esa es una premisa política empleada en más de una oportunidad para marcar los cursos de acción del sustento jurídico. Claro que la misma fue pronunciada en tiempos de serenidad institucional, nada más que ahora el contexto de las leyes sancionadas o en vísperas de ser sancionadas, está en plena ebullición no por capricho de las partes, sino por la sencilla razón de que la campaña electoral presidencial es el marco de todas las movidas. Lo que lleva a preguntar en voz alta: ¿hasta dónde la Justicia va a meter las narices para dirimir las cuestiones no saldadas en los recintos? Una pregunta con final abierto.