La llamada judicialización de la política es consecuencia de la irracionalidad con que actúa el oficialismo en el seno del Congreso. Esto ya viene de hace años, desde el comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, donde se produjo un acentuado relegamiento del Parlamento.

Eso se tradujo en la práctica, la imposibilidad de introducir modificaciones a las iniciativas legislativas del Gobierno, o conceder alguna leve modificación sobre aspectos de escasa relevancia.

Esto que estamos diciendo tuvo una nítida manifestación en la gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia que se dictaron durante la gestión de Néstor Kirchner, que superó inclusive a la de su antecesor Carlos Menem. Y esa superación se acentúa más aún si se tiene en cuenta que Menem gobernó durante diez años y medio y Kirchner lo hizo durante cuatro años y medio. De esa manera se puede medir la magnitud:estamos hablando de más de 500 DNU.

Luego esto se vio claramente en los debates de leyes importantes, como la reforma del Consejo de la Magistratura; la llamada Ley de Superpoderes, por la que se le otorgó al Poder Ejecutivo hasta la facultad de modificar la finalidad de las partidas presupuestarias; y también en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, por mencionar sólo algunas de las normas importantes que son ejemplos emblemáticos de lo que he afirmado.

A eso se le agrega también el debilitamiento de los mecanismos de control como lo que tuvo que soportar la Auditoría General de la Nación, en la figura de su propio presidente, a quien se le intentó reducir atribuciones.

Todo esto genera un panorama de irracionalidad, puesto que el propio ex presidente Kirchner, el año pasado, en un acto público dijo que “dialogar no es conceder”. Es decir: la imposibilidad del diálogo por ejemplo en el tema del campo; la agresión permanente a todos aquellos que no comparten las posturas del Gobierno; la descalificación inclusive desde las primeras figuras del Ejecutivo, incluida la Presidenta, con sus agresiones ya clásicas a la prensa.

Esto es lo que llevó a que frente a esta inclemencia autoritaria la oposición tuviera que recurrir a la Justicia para que ésta pusiera cierto equilibrio, cierta prudencia en las decisiones gubernamentales. Porque la democracia se asienta en el diálogo y en el consenso. Ahora bien: para lograr consenso hay que ceder algo para ganar un poco, de manera tal que nadie se sienta victorioso ni derrotado.

Simplemente se negocia, esa es la esencia de la política democrática.

En un sistema republicano como el adoptado por nuestra Constitución, la ley es la expresión de la voluntad general, de acuerdo con lo que señaló la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, cuando dijo que “la ley es la expresión de la voluntad general”. Y antes, bajo el Absolutismo, “la ley era la expresión de la voluntad del monarca”. Pero eso se pretendió cambiar con los sistemas republicanos democráticos, y nosotros a veces observamos los desvíos autoritarios que pretenden transformar a una República en un apéndice de la voluntad del presidente de turno.

Y esto es profundamente antidemocrático y antirepublicano.

* Loñ es abogado constitucionalista