La iniciativa del gobierno porteño de aumentar la alícuota de ingresos brutos va en consonancia con la necesidad de atender los gastos corrientes de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires para comenzar a equipararlos con los niveles inflacionarios existentes.

Vale recordar que estos gastos rígidos resultan imposibles de recortar.

Por el contrario, la imperiosa necesidad de actualización nos lleva a aumentar en 0,5% la proporción de ingresos brutos sobre aquellas actividades económicas que se encuentran con un nivel tributario menor al que se paga en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.

No resulta equitativo que nuestra Ciudad, que es la jurisdicción que se financia con la mayor proporción de recursos propios (90%), tenga en su tributo más importante, en promedio, alícuotas más bajas que la Provincia de Buenos Aires que sustenta sus recursos con sólo un 60% de recursos tributarios propios, recibiendo los restantes a través de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Aún con esta modificación, la Ciudad seguirá manteniendo una menor presión tributaria promedio con respecto a jurisdicciones similares, con respecto a lo que produce y aporta a las arcas nacionales con su producto bruto geográfico.

Siendo aún, la jurisdicción menos amparada por los fondos coparticipados federalmente.

De todas maneras, en el primer trimestre de 2010 – que estuvo marcado por las negociaciones paritarias que causó el creciente proceso inflacionario – la Ciudad de Buenos Aires se destacó por mantener los acuerdos salariales consensuados durante 2009 y dejó abierta la discusión con los gremios para el año en curso sin regirse por ningún tipo de piso o cláusula “gatillo” que limite la libre discusión con los representantes sindicales.

Tal es así que el presupuesto 2010 no incluye ningún condicionamiento al respecto.
Según estimaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, los 874 conflictos laborales con paro registrados durante 2009 no ofrecen grandes variaciones con respecto al año anterior (840).

Con relación al año anterior, en 2009 se registraron más conflictos en la administración pública y también se incrementó la cantidad de huelgas en salud, sector que junto con la enseñanza presenta promedios de duración de las medidas de fuerza, mayores que en otras actividades.

Cabe destacar que las demandas salariales en 2009 impulsaron el 70% de los conflictos laborales, perdiéndose 4,7 millones de jornadas individuales de trabajo en el promedio de conflictividad nacional.

Así y todo, es de público conocimiento que las clases comenzaron con total normalidad; que los médicos de los hospitales porteños no registraron jornadas de paros ni huelgas y que los empleados públicos desarrollaron sus actividades laborales sin conflictos en ciernes.

La modificación impositiva elevada a la Legislatura permitirá que la Ciudad cuente con recursos para hacer frente a las demandas salariales sin desatender las restantes erogaciones corrientes que la calidad de vida de los porteños requiere y merece.

González es presidente Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria; y presidente Comisión de Reforma Tributaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires