Perón decía: “Para que algo no se haga, nada mejor que crear una comisión a tal efecto”. ¿Será ese el destino que le depara a la Comisión Comunal de Control y Seguimiento del Servicio Público de Higiene Urbana?, que es impulsada mediante un proyecto de ley que promueve la participación de los vecinos y organizaciones de la sociedad civil en la discusión, control y seguimiento de los aspectos centrales que hacen al funcionamiento del servicio de higiene urbana, creando en el ámbito de cada una de las Comunas una comisión.

Es difícil de predecir, dado que el contrato del servicio de higiene urbana es el más oneroso que tiene la administración porteña: en 2009 significó una erogación de 1.100 millones de pesos y hubo empresas que registraron ganancias de hasta un 21 por ciento anual.

Mucha tela para cortar

En 2008 se presentó una propuesta denominada Sistema de Auditoria Social y se la definía como una poderosa herramienta para la transformación de la relación entre el Estado y la sociedad en un sentido democrático y participativo, ya que perseguía –se afirmaba entonces- la incorporación de los vecinos en el control de los actos de Gobierno, aportando transparencia y el logro de consensos. En aquel momento esa iniciativa no prosperó.

En esta oportunidad se trata de un proyecto de ley impulsada por los legisladores Raúl Fernández (Encuentro Progresista), Sergio Abrevaya (CC), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), Diego Kravetz (Bloque Peronista) y Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro); según la presentación la comisión tendrá como función esencial: contribuir al mejoramiento de la higiene urbana a través del control y el monitoreo ciudadano de las distintas prestaciones que conforman este servicio público de higiene urbana.

Una iniciativa similar fue presentada en 2008 por Raúl Fernández, Sergio Abrevaya, Eduardo Epszteyn y Fernando Cantero (Autonomía e Igualdad). El expediente aún está en estudio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y propone que la comisión esté integrada por un representante de la Comuna (el presidente o quien éste designe), cuatro representantes de Asociaciones Vecinales relacionadas con la temática, tres representantes de vecinos y un representante del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Según los autores de la iniciativa, la norma también apunta a complementar lo establecido en las leyes Nº 922 que declaró como servicio público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad y la Nº 1.854 que estableció un conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (Basura Cero).

Sin embargo el proyecto que promueve concebir la Comisión Comunal de Control y Seguimiento del Servicio Público de Higiene Urbana, nada dice respecto sobre la retribución que recibirán los integrantes de estos nuevos entes de control o si por el contrario desempeñarán sus funciones en carácter ad honorem.

Es un punto que, sin duda, se deberá tener en cuenta cuando se aborde la propuesta en el Parlamento, pues la basura es el mejor negocio en la Ciudad. Tan es así que una de las cuatro empresas prestadoras del servicio llegó a registrar utilidades de hasta el 21 por ciento en un año, cuando los cálculos originales, al momento de presentar la oferta para la licitación, preveían un ocho por ciento anual. En más de cinco años de servicios, las empresas han sido beneficiadas con ocho redeterminaciones de precios, casi dos por año, por lo que el costo casi se cuadruplicó, de 266 millones presupuestados en 2004 a 1014 millones pagados en 2009.

Los autores de la propuesta sostienen en los fundamentos que resulta oportuno avanzar en la institucionalización de un mecanismo que incorpore la participación vecinal en la gestión de un servicio público y que se fijen “reglas claras para el ejercicio de una competencia concurrente entre el Poder Ejecutivo y las Comunas, tal cual lo establece la Constitución de la Ciudad en su Art. 128º y la Ley 1777 en su Art. 11 inciso a) que establece que las Comunas tienen a su cargo en forma concurrente con el Poder Ejecutivo la participación en la planificación, prestación y control de los servicios”.

Funciones

La presentación realizada por Fernández, Abrevaya, Epszteyn, Kravetz y Ruanova establece que las funciones de cada una de las Comisiones Comunales de Control y Seguimiento del Servicio Público de Higiene Urbana serán las de: recopilar y sistematizar la información brindada por el Poder Ejecutivo y la Comuna relacionada con la normativa específica, marco legal, plan de trabajo que regule la actividad de los prestadores del servicio, los listados de reclamos vecinales recibidos por el Call Center, la Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la página Web y demás instancias del Gobierno de la Ciudad y las Comunas que reciban reclamos y denuncias.

Serán receptoras de la información brindada por el prestador del servicio público relacionada con las solicitudes, reclamos o sugerencias recibidos por el área de atención al vecino, las modificaciones al plan de trabajo y cualquier otra novedad relacionada con la prestación del Servicio. En esa línea esto nuevos entes también deberán observar el cumplimiento de los planes de trabajo acordados con los prestadores del servicio público y comunicar a éstos, al Poder Ejecutivo, a la Comuna y al Ente Regulador de los Servicios Públicos sobre las irregularidades cometidas por cualquiera de los actores involucrados en la regulación de la presente ley.

El proyecto establece la obligación de los prestadores del servicio de brindar toda la información necesaria que sea requerida por la Comisión Comunal para el cumplimiento de sus funciones. En caso de incumplimiento, la Comisión deberá notificarlo al Ejecutivo, el que actuará conforme a las previsiones establecidas en los contratos correspondientes para el caso de los servicios concesionados.

Según determina la propuesta hasta la asunción de las Juntas Comunales, los Centros de Gestión y Participación Comunales (CGPC) cumplirán el rol previsto en la presente ley para las Comunas.

Antecedentes

Entre los fundamentos que esgrime la propuesta en cuestión para adoptar este sistema de control de gestión en el servicio de higiene se cita la incorporación que el Poder Ejecutivo realizó a través del mecanismo de Auditoria Social en los pliegos de bases y condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6 del 2003 para la contratación del Servicio de Higiene Urbana que actualmente rige en la Capital Federal.

Asimismo, los autores del proyecto de ley mencionan que en el 2005, acompañando la puesta en marcha del nuevo servicio de Higiene Urbana, el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 390/GCABA/2005, creó en cada uno de los Centros de Gestión y Participación (CGP) las Comisiones para el Mejoramiento de Higiene Urbana encargadas de llevar adelante las auditorias sociales sobre este Servicio Público.