Dos personas discapacitadas y en situación de calle denunciaron que un camión perteneciente a la empresa recolectora de residuos Urbasur les habría robado todas sus pertenencias. Ante ello, el diputado socialista Raúl Puy presentó un pedido de informes al Gobierno porteño, en el que exigió “respuestas serias y sinceras sobre tan grave situación”.

La Subsecretaría de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público es quien se encarga de regular la recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente, quien estaba a cargo de dicha área era la Unidad de Control del Espacio Público, que tuvo que ser disuelta debido a las graves denuncias que pesaban sobre ella.

“Una vez más, los ciudadanos que viven en situación de indigencia son víctimas de la política de atropello y despojo que ejerce el Ejecutivo porteño sobre ellos. Es evidente que a Mauricio Macri, estas personas, le generan molestias y la forma más propicia que encuentra para resolver el conflicto es recurriendo a la indiferencia y a la violencia”, opinó Puy.

“El jefe de Gobierno tiene la obligación de ofrecer una solución real y concreta, mediante la implementación de políticas sociales, tendientes a que esta gente pueda satisfacer sus necesidades básicas”, agregó.

“El año pasado, realizamos varios pedidos de informes y denuncias, junto a otros legisladores, solicitando respuestas sobre el proceder de la tristemente recordada UCEP, referidas al excesivo uso de la fuerza con que actuaba esta Unidad en sus procedimientos. Hoy, nos encontramos con que ha cambiado el nombre del organismo y el ministro responsable del área, pero las intenciones y la forma de actuar siguen siendo las mismas”, manifestó el diputado de Diálogo por Buenos Aires.

Al finalizar, Puy planteó que “el accionar violento de este tipo de procedimientos es repudiable desde todo punto de vista. No hay razón alguna que justifique el accionar, mediante el despojo, las amenazas y las agresiones, propio de épocas superadas. La Subsecretaría de Higiene Urbana, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y las empresas prestatarias bajo su jurisdicción deben actuar consecuentemente con estos principios y, si así no lo hicieren, identificar a los responsables y sancionarlos”.