Un proyecto de ley del diputado Martín Sabbatella prevé un régimen de fideicomiso “ciego” y enajenación de bienes para autoridades públicas. El objeto es “profundizar los mecanismos para prevenir conflictos de intereses entre los patrimonios privados de las autoridades públicas y las actividades que éstos desempeñan en el Estado”.
El bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, liderado por el legislador Martín Sabatella, es aliado al Gobierno pero impulsa un proyecto de ley que apunta contra la corrupción y el aumento patrimonial de personas que ocupen cargos públicos. Este proyecto apunta directamente al patrimonio kirchnerista, de varios funcionarios de gobierno y también de opositores.
En los fundamentos de la iniciativa, según pudo averiguar Parlamentario.com, se especifica que el objetivo es “profundizar los mecanismos para prevenir conflictos de intereses entre los patrimonios privados de las autoridades públicas y las actividades que éstos desempeñan en el Estado”.
Según el proyecto, están obligados a la enajenación y entrega en fideicomiso ciego de sus bienes las personas que resulten electas para los cargos de presidente y vicepresidente, senadores y diputados de la Nación; y aquellas personas que sean designadas para los cargos de jefe de gabinete de ministros, ministros y secretarios de Estado, interventores federales, presidente del Banco Central, directores y presidentes de empresas del Estado o de sociedades comerciales en las cuales el Estado tenga una participación accionaria mayoritaria, o directores de entes autárquicos.
Si el proyecto se convirtiese en ley sería poco feliz para políticos y exitosos empresarios como Néstor Kirchner, Mauricio Macri, Francisco De Narváez, Alfredo Olmedo (sojero), y muchos más, porque deberían entregar en fideicomiso ciego la totalidad de activos y pasivos que conforman su patrimonio y el de sus conyugues, convivientes e hijos a cargo siempre y cuando la suma sea igual o mayor a 10 millones de pesos.
Más preocupante aún resulta la cláusula transitoria que prevé que los funcionarios con un patrimonio mayor a 10 millones de pesos, que se encontraren en funciones a la fecha en que el régimen se ponga en vigencia, deberán cumplir con las disposiciones de la presente dentro de los treinta días siguientes.
Aunque la iniciativa aclara que quedan exceptuados del fideicomiso ciego, aquellos bienes destinados por la autoridad y su familia a residencia o consumo.
Otro punto polémico es el artículo 3, el cual prevé que la autoridad de aplicación indicará a la autoridad pública la enajenación de determinados bienes, negocios o inversiones cuando por su naturaleza impliquen un conflicto de intereses imposible de evitar.
Por ejemplo, en el caso del diputado oficialista Alejandro Rossi, quien se asoció con empresarios del rubro de transporte de Santa Fe que perciben subsidio del Estado, sería un conflicto de intereses. Por eso, el proyecto obliga a que esos bienes sean vendidos en un plazo de 180 días contados desde la notificación efectuada al funcionario por la autoridad competente.
Con respecto a las autoridades electas, deberán constituir el fideicomiso ciego antes de asumir el cargo mientras que los funcionarios lo harán dentro de los sesenta días siguientes a su designación.
Fideicomiso
Para la constitución del fideicomiso, la autoridad pública deberá presentar ante la autoridad de aplicación una declaración jurada de todos sus activos y pasivos en los términos del artículo 6 de la Ley 25.188. Si el funcionario no cumpliere con la obligación de presentar la declaración jurada será intimado en los términos del artículo 8 de la ley 25.188. En un plazo de 20 días desde su presentación, la autoridad de aplicación deberá expedirse en relación a los bienes que deberán enajenarse y/o constituir el fideicomiso ciego.
El fideicomiso ciego se constituirá por escritura pública, en la que el político electo o funcionario podrá manifestar expresamente aquellas actividades, inversiones, emprendimientos u operaciones financieras en los que decida no tener ninguna participación.
En caso que la autoridad de aplicación determine la enajenación de bienes, el resultado económico de esas operaciones deberá ser incluido en el fideicomiso ciego cuando la autoridad pública haya sido previamente obligada a constituir uno. Si la autoridad pública no haya sido obligada a constituir un fideicomiso ciego, el resultado de la venta de los bienes deberá incluirse en la declaración jurada de activos debiendo la autoridad de aplicación, en un plazo de 30 días, reevaluar la necesidad de constituir un fideicomiso ciego.
El proyecto prevé que solo podrán desempeñarse como fiduciarios para los efectos de esta Ley las instituciones financieras sujetas a la supervisión del Banco Central de la República Argentina.
Asimismo, cada autoridad pública deberá obligatoriamente designar un fiduciario, el cual no deberá tener con él ningún vínculo comercial o familiar que afecte o pueda afectar su independencia. Pero el funcionario podrá remplazar al fiduciario, previa autorización de la autoridad competente.
Una mala noticia para los políticos con grandes patrimonios es que, según la iniciativa de Sabbatella, el fiduciario tendrá la facultad de administrar los bienes dados en fideicomiso, sin ninguna injerencia, participación, información o conocimiento del fiduciante, “empleando en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios”.
Obviamente, quedaría prohibido al fiduciario invertir en los bienes, empresas o negocios vinculados con el Estado o con empresas que reciban subsidios estatales.
Con respecto al dinero que produce el fideicomiso, se establece que el fiduciario a través de la intermediación con la autoridad de aplicación y exclusivamente para consumo personal o familiar y sólo cuando la disponibilidad lo haga factible, proveerá al político electo o funcionario dinero con cargo a los bienes dados en fideicomiso ciego.
Entre las obligaciones, se destaca que el fiduciario deberá proporcionar anualmente a la autoridad de aplicación, según formulario determinado por esta, un informe con la enumeración y el valor de mercado de los bienes entregados, así como su evolución durante el año precedente, incluyendo los costos de administración.
Para evitar cualquier decisión arbitraria, el proyecto prevé estrictamente prohibición de que el fiduciario establezca comunicación por si o por medio de otra persona, con el fiduciante para informarle sobre el destino de su patrimonio o para pedir instrucciones sobre cómo administrarlo.
“Toda comunicación entre el fiduciario y fiduciante y personas relacionadas y/o interesadas en el fideicomiso ciego deberá ser por escrito, previa aprobación de la autoridad de aplicación. La comunicación sólo podrá versar sobre resultados globales del fideicomiso ciego, giros a beneficio del fiduciante y pago de impuestos”, aclara la iniciativa.
Al respecto, la violación del secreto que el fiduciario debe guardar respecto de la gestión y administración de los bienes dados en fideicomiso ciego será sancionada con multa y pérdida de la licencia bancaria. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.
El fideicomiso ciego concluirá por la cesación de la función pública del fiduciante. En este caso, podrá mantenerse hasta por un período de seis meses posterior al cese efectivo de la función; por la revocación expresa del fiduciante; por la renuncia del fiduciario; por la muerte del fiduciante o la disolución del fiduciario; por la declaración de concurso o quiebra del fiduciante. “Una vez concluido el fideicomiso ciego el fiduciario deberá presentar un informe detallado sobre la evolución de los activos y pasivos y los movimientos realizados durante su administración”.
En el caso que el fideicomiso ciego expire a causa de la renuncia de la autoridad pública, el fiduciario, previo a la entrega de su informe final, deberá a entregar al fiduciante el patrimonio encomendado en el plazo pactado o, a falta de estipulación, en un plazo no superior a 60 días; sin perjuicio de ejecutar en el tiempo intermedio aquellos actos que de otro modo se retardarían con perjuicio para el fiduciante. Respecto a la quiebra del fiduciante, las obligaciones de este último en relación con el fideicomiso ciego deberán ser asumidas por el síndico de la quiebra.
Por último, el proyecto establece como autoridad de aplicación a la Comisión Nacional de Ética Pública creada por la Ley 25.188.
“Se trata, de proponer una herramienta que junto con la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, resuelva los conflictos de intereses que se puedan plantear en el desempeño de ciertas funciones públicas y que muchas veces afecta nuestro sistema democrático, restándole credibilidad y capacidad para actuar con eficiencia sobre la realidad social. A través de los mecanismos propuestos: enajenación y fideicomiso ciego, se busca mejorar el control sobre el patrimonio de las autoridades públicas y disminuir la influencia de sus intereses privados y de sus familiares directos, en el ejercicio de la función pública”, concluyen los diputados Sabbatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro y Jorge Rivas.
El proyecto de ley
Régimen de Fideicomiso Ciego y Enajenación de Bienes para Autoridades Públicas.
Artículo 1.- Las personas que resulten electas para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación, Senadores y Diputados de la Nación; y aquellas personas que sean designadas para los cargos de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Ministros y Secretarios de Estado, Interventores Federales, Presidente del Banco Central, Directores y Presidentes de Empresas del Estado o de sociedades comerciales en las cuales el Estado tenga una participación accionaria mayoritaria, o Directores de Entes Autárquicos; están obligados a la enajenación y entrega en fideicomiso ciego de sus bienes en los en los casos y forma que establece la presente ley.
Los candidatos a los cargos mencionados podrán someterse voluntariamente a las normas establecidas en la presente ley desde el momento de la oficialización de sus candidaturas en la Justicia Electoral.
Artículo 2.- Las autoridades mencionadas deberán entregar en fideicomiso ciego la totalidad de activos y pasivos que conforman su patrimonio y el de sus conyugues, convivientes e hijos a cargo siempre y cuando la suma sea igual o mayor a 10 millones ($10.000.000) de pesos.
La autoridad de aplicación actualizará semestralmente la suma mencionada en el párrafo anterior.
Quedan exceptuados del fideicomiso ciego, aquellos bienes destinados por la autoridad y su familia a residencia o consumo. La autoridad de aplicación será la encargada de determinar, previa consulta con el sujeto obligado, los bienes que quedarán exceptuados del fideicomiso.
Artículo 3.- La autoridad de aplicación indicará a la autoridad pública la enajenación de determinados bienes, negocios o inversiones cuando por su naturaleza impliquen un conflicto de intereses imposible de evitar.
Se entiende dentro de este tipo de bienes, y al sólo efecto enunciativo, a los detallados a continuación.
a. Empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos.
b. Empresas que prestan servicios regulados por el Estado.
c. Empresas sujetas a autorizaciones, licencias, permisos o concesiones otorgadas por el Estado.
d. Bienes sobre los cuales, por su nivel de concentración o por otras circunstancias, no sea posible asegurar el carácter ciego de su administración.
En estos casos, la venta deberá ser efectuada dentro del plazo de 180 días contados desde la notificación efectuada al funcionario por la autoridad competente.
Artículo 4.- Las autoridades electas deberán constituir el fideicomiso ciego antes de asumir el cargo. Las demás autoridades, dentro de los sesenta días siguientes a su designación.
Para la constitución del fideicomiso, la autoridad pública deberá presentar ante la autoridad de aplicación una declaración jurada de todos sus activos y pasivos en los términos del artículo 6 de la Ley 25.188. Si el funcionario no cumpliere con la obligación de presentar la declaración jurada será intimado en los términos del artículo 8 de la ley 25.188. En un plazo de 20 días desde su presentación, la autoridad de aplicación deberá expedirse en relación a los bienes que deberán enajenarse y/o constituir el fideicomiso ciego.
El fideicomiso ciego se constituirá por escritura pública, en la que el fiduciante podrá manifestar expresamente aquellas actividades, inversiones, emprendimientos u operaciones financieras en los que decida no tener ninguna participación.
En caso la autoridad de aplicación determine la enajenación de bienes, el resultado económico de esas operaciones deberá ser incluido en el fideicomiso ciego cuando la autoridad pública haya sido previamente obligada a constituir uno.
En caso la autoridad pública no haya sido obligada a constituir un fideicomiso ciego, el resultado de la venta de los bienes deberá incluirse en la declaración jurada de activos debiendo la autoridad de aplicación, en un plazo de 30 días, reevaluar la necesidad de constituir un fideicomiso ciego.
Artículo 5.- Solo podrán desempeñarse como fiduciarios para los efectos de esta Ley las instituciones financieras sujetas a la supervisión del Banco Central de la República Argentina.
Artículo 6.- Cada autoridad pública obligada deberá designar un fiduciario, el cual no deberá tener con él ningún vínculo comercial o familiar que afecte o pueda afectar su independencia. El fiduciante podrá remplazar al fiduciario, previa autorización de la autoridad competente.
Artículo 7.- El fiduciario tendrá la facultad de administrar los bienes dados en fideicomiso, sin ninguna injerencia, participación, información o conocimiento del fiduciante, empleando en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios.
Artículo 8.- Queda prohibido al fiduciario invertir en los bienes, empresas o negocios enunciados en el artículo 3º de la presente ley.
Artículo 9.- El fiduciario a través de la intermediación con la autoridad de aplicación y exclusivamente para consumo personal o familiar y sólo cuando la disponibilidad lo haga factible, proveerá al fiduciante dinero con cargo a los bienes dados en fideicomiso ciego.
Artículo 10.- El fiduciario deberá proporcionar anualmente a la autoridad de aplicación, según formulario determinado por esta, un informe con la enumeración y el valor de mercado de los bienes entregados, así como su evolución durante el año precedente, incluyendo los costos de administración.
Artículo 11.- Queda estrictamente prohibido al fiduciario establecer comunicación por si o por interpósita persona, con el fiduciante para informarle sobre el destino de su patrimonio o para pedir instrucciones sobre cómo administrarlo.
Toda comunicación entre el fiduciario y fiduciante y personas relacionadas y/o interesadas en el fideicomiso ciego deberá ser por escrito, previa aprobación de la autoridad de aplicación. La comunicación sólo podrá versar sobre resultados globales del fideicomiso ciego, giros a beneficio del fiduciante y pago de impuestos.
Artículo 12.- La violación del secreto que el fiduciario debe guardar respecto de la gestión y administración de los bienes dados en fideicomiso ciego será sancionada con multa y pérdida de la licencia bancaria.
Artículo 13.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.
Artículo 14.- El fideicomiso ciego concluirá en los siguientes casos:
a) Por la cesación de la función pública del fiduciante. En este caso, podrá mantenerse hasta por un período de seis meses posterior al cese efectivo de la función.;
b) Por la revocación expresa del fiduciante;
c) Por la renuncia del fiduciario;
d) Por la muerte del fiduciante o la disolución del fiduciario;
e) Por la declaración de concurso o quiebra del fiduciante.
Una vez concluido el fideicomiso ciego el fiduciario deberá presentar un informe detallado sobre la evolución de los activos y pasivos y los movimientos realizados durante su administración.
Artículo 15.- En el caso que el fideicomiso ciego expire a causa de la renuncia de la autoridad pública, el fiduciario, previo a la entrega de su informe final, deberá a entregar al fiduciante el patrimonio encomendado en el plazo pactado o, a falta de estipulación, en un plazo no superior a 60 días; sin perjuicio de ejecutar en el tiempo intermedio aquellos actos que de otro modo se retardarían con perjuicio para el fiduciante.
En el caso de disolución del fiduciario, la obligación señalada en el párrafo primero del presente artículo, deberá ser cumplida íntegramente por sus liquidadores.
En los casos de quiebra del fiduciante, las obligaciones de este último en relación con el fideicomiso ciego deberán ser asumidas por el síndico de la quiebra.
Artículo 16.- Se establece como autoridad de aplicación de la presente ley a la Comisión Nacional de Ética Pública creada por la Ley 25.188.
Cláusula Transitoria: Los funcionarios alcanzados por el régimen establecido en la presente ley, que se encontraren en funciones a la fecha en que el régimen se ponga en vigencia, deberán cumplir con las disposiciones de la presente dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.
Articulo 17: De forma.
