Con fecha de vencimiento en agosto y la presión del sector agropecuario, la Comisión Bicameral Especial de Facultades Delegadas escuchó la opinión de los reconocidos asesores juristas sobre el destino de las atribuciones del Parlamento que están delegadas en el Poder Ejecutivo. Los asesores legales pidieron excluir la discusión política sobre el Código Aduanero.
El grupo de asesores legales de la Comisión Bicameral Especial Ley Nº 26.519 –“Facultades Delegadas”- presentó ante pocos diputados y senadores un informe detallado sobre el avance del trabajo desarrollado en cumplimiento de la ley Nº 26.519, con el objetivo de realizar un “reordenamiento jurídico sobre las leyes delegantes”.
En una reunión amena, los reconocidos juristas Alberto García Lema, Alfonso Santiago, Enrique Paixao y Bernardo Licht brindaron detalles sobre la jurisprudencia de este complejo tema y, además, definieron las estrategias a futuro para cumplir con el informe que tiene que entregar la Comisión a ambas cámaras.
En primer lugar, Santiago detalló como sería el informe, el cual constaría de tres aspectos. El primer punto abarcaría a todas las leyes que tienen la facultad delegante con el objetivo cumplido. En este primer item, se incluiría la derogación de la facultad delegada de más de mil leyes que ya cumplieron su objetivo por la cual fueron delegadas las atribuciones propias del Congreso al Ejecutivo.
Estas leyes fueron clasificadas por Información Parlamentaria y, también, se agregó un informe de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, a cargo de Joaquín Da Rocha, en el cual se detalla cuales son las leyes que son de vital interés para el Gobierno por lo que debería ser prorrogado el plazo de la facultad delegada mientras tanto se discuta cada ley en particular.
En este sentido, el segundo item apunta a las leyes que deberían renovarse por un periodo determinado. En este caso, García Lema propuso que existan distintos plazos para distintas leyes que, sin dudas, “están cargas de un contenido político”.
Al reconocer la influencia del Código Aduanero en este gran reordenamiento legislativo, el mismo asesor Enrique Paixao pidió que se excluya del tratamiento la discusión política provocada por el Código Aduanero. Es decir, excluir el tema retenciones del trabajo técnico.
Esta propuesta fue rechazada por la diputada peronista Graciela Camaño, quien sostuvo que “no nos vamos a poder abstraer de las consideraciones políticas porque lo que estamos discutiendo es justamente el poder. Queremos la división clara de poderes”. Además, Camaño planteó un interrogante que tiñe a todo el trabajo de este reordenamiento legislativo. Qué leyes delegadas estarían encuadradas en el artículo 76 de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta la cláusula 8º prevista en la Reforma del 94.
Este artículo prohíbe “la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Es decir, que el problema de interpretación jurídica en el cual no hay consenso entre los abogados asesores es qué hacer con las leyes sancionadas antes de 1994 que delegan facultades del Parlamento al Ejecutivo.
Al respecto, Licht consideró que si se convalidan todas estas facultades delegadas en los años anteriores a la Reforma Constitucional, se estaría produciendo un riesgoso acto inconstitucional que provocaría una gran inseguridad jurídica.
En cambio, García Lema y Santiago explicaron que aquellas leyes delegantes están “saneadas” porque la Corte Suprema ya ha opinado sobre este tema. “Lo que hay que definir es en que área –Administración o Emergencia Pública- están contenidas”, sostuvieron.
Luego de las diferentes opiniones jurídicas entre Licht y García Lema, la senadora peronista Liliana Negre de Alonso manifestó que esta comisión está haciendo historia” y se refirió al condimento político que abarca a esta tarea. “Lo dejamos para el recinto porque eso lo tiene que definir los bloques partidarios, pero aquí se esta cumpliendo con una deuda histórica en el reordenamiento legislativo”, dijo la senadora puntana.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Alicia Tereda marcó una diferencia con la recopilación por la Secretaría de Información Parlamentaria de la Cámara baja. “Desde la Coalición cívica encontramos algunos decretos y leyes que también tienen facultades delegadas y no fueron incluidos”, afirmó.
Asimismo, se destacó que quizás varios diputados tengan diferencias con las facultades delegadas que serían derogadas. Ante esta inquietud, los asesores respondieron que si el Gobierno no lo considera fundamental a esa ley, es porque no le es necesaria.
Aunque desde la Dirección de Información Parlamentaria se destacó que en la lista de leyes importantes del Poder Ejecutivo se incluyen seis leyes que para la Dirección el objetivo estaría cumplido y podría ser derogada.
Cabe destacar que la opinión de los juristas se basa en la recopilación de todas las leyes en las cuales exista una facultad delegada realizada por Información Parlamentaria, a cargo de Juan Luis Amestoy, quien estuvo presente en la reunión al igual que la diputada del PRO Paula Bertol y los senadores oficialistas Marina Ríofrio y Guillermo Jenefes.
Fechas
El presidente de la Comisión Bicameral es el diputado oficialista Alfredo Dato, quien aseguró que “no vamos a resolver en un par de meses” los grandes problemas del sistema jurídico. Pero resaltó el trabajo que se está haciendo desde la comisión y aseguró que “la cuestión política no trabará el informe y se podrá debatir en el recinto”.
Cabe recordar que la fecha propuesta para emitir un informe por parte de la Comisión es el 30 de junio y el 24 de agosto vence el plazo para que las facultades delegadas se reemplacen por otras normas que establezcan que el Poder Ejecutivo pueda seguir manteniendo sus atribuciones que fueron delegadas o las atribuciones pasen a manos del Parlamento. Secretaria de Información Parlamentaria se comprometió a entregar el informe final a los juristas el 1º de junio.
Sin dudas, la mayor polémica se desata por los derechos de exportación que están dentro de las 1.900 leyes delegadas. Es decir, caducaría el atributo que tiene el Gobierno de fijar la alícuota de retenciones a las exportaciones. Por eso, agrodiputados radicales, Ulises Forte y Ricardo Buryaile, ya presentaron proyectos de ley de retenciones segmentadas para el sector agropecuario.
Según pudo averiguar Parlamentario.com, la oposición estudia la estrategia a implementar para lograr que el Gobierno pierda la potestad de fijar la cuota de retenciones y sea el Congreso quien decida el nivel de retenciones, lo que apunta contra la Caja del kirchnerismo. Mientras tanto, el oficialismo tiene que debatir dentro de su bloque pero la orden desde la Casa Rosada tiene una clara posición de respaldar el Código Aduanero.
