“Los más pobres son los que más gastan, en proporción a sus ingresos, en la atención sanitaria”, se dijo durante la audiencia pública celebrada en el Parlamento.
Integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, junto con trabajadores del sector representados por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA), ATE-Salud, CTA y usuarios del sistema público de salud analizaron en audiencia pública en el Congreso de la Nación distintos proyectos que apuntan a garantizar la gratuidad del Sistema de Salud y mejorar su financiamiento.
Con esta actividad concluyó la Jornada Nacional de Salud convocada por la FESPROSA bajo la consigna “Bicentenario con más salud pública y trabajo decente” que incluyó paros, movilizaciones y asambleas en distintos puntos del país. Las Ley Nacional de Gratuidad del Sistema Público de Salud y el proyecto de Ley de Financiamiento Sanitario fueron los ejes del debate.
“Si bien la gratuidad en el sistema público es uno de los elementos esenciales para garantizar el derecho ciudadano a la salud, normas ambiguas, dificultades presupuestarias y políticas públicas retrógradas se combinaron en la última década para hacer de la gratuidad más una excepción que una regla en hospitales y unidades de atención primaria. No existe actualmente una norma que proteja de manera efectiva al ciudadano contra el arancelamiento encubierto del sistema público. De esta manera, por ejemplo, son los más pobres los que hoy gastan mayor cantidad de dinero en proporción a sus ingresos en la compra de medicamentos. Por otra parte, en distintos puntos del país, al estar aranceladas las salas de atención primaria y los hospitales,se ponen trabas a la atención oportuna de los mas necesitados ”, explicó Jorge Yabkowski, titular de la FESPROSA.
El proyecto de ley de Gratuidad del Sistema de Salud Público establece la gratuidad absoluta del acceso al Sistema Público de Salud. Para lograrlo establece la prohibición del cobro de aranceles, bonos y toda contribución dineraria o aporte en materiales de uso médico por parte de los usuarios al sistema, cualquiera sea su condición; la prohibición de la venta de bonos contribución o el requerimiento de cualquier forma de aporte por parte de cooperadoras u otras entidades y la comercialización de medicamentos y de elementos de uso médico en los centros públicos de salud. Por otra parte, establece la habilitación de un 0800 para hacer denuncias sobre supuestas violaciones a esta norma.
En cuanto al proyecto de ley de financiamiento sanitario, se propone la creación de un Programa Nacional de Fortalecimiento Financiero de la Red Pública Estatal de Servicios del Cuidado de Salud a través del cual se propone aumentar la inversión consolidada en el rubro Atención Pública de la Salud en forma constante y proporcional hasta alcanzar como mínimo el 3 % del PBI nacional en el 2012.
“La salud pública requiere un cambio profundo que no se consigue sólo con leyes sino con el compromiso conjunto del Estado y sus representantes para con el pueblo que padece el desguace del hospital público y del sistema de Atención Primaria de la Salud”, concluyó Yabkowski.
