Representantes de fuerzas policiales provinciales que reclaman la agremiación, fueron recibidos por la titular de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja.
Una vieja discusión versa sobre un tema por demás controvertido: ¿Los policías pueden tener un gremio, como cualquier trabajador? Muchos sectores lo reclaman desde hace tiempo, pero en general lo hacen desde el anonimato por el simple y solo hecho de que se trata de una condición prohibida.
Sin embargo representantes de una agrupación que trabaja precisamente en esa agremiación acudieron directamente al Congreso para ver si puede avanzarse en el tema, y fueron recibidos con tal motivo por la titular de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, la cordobesa Griselda Baldata.
La reunión fue calificada por Baldata como “muy buena” y adelantó a Parlamentario.com que en un mes y medio se realizará una reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior y Legislación Laboral, para debatir este tema.
En la reunión, participaron representantes de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios de la República Argentina (FASIPP). Entre ellos, asistieron representantes de la Policía de las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Entre Ríos y Chubut.
Por parte de la provincia patagónica, su representante Carlos Michia, presentó el proyecto de sindicalización presentado en la Legislatura de su provincia el pasado 20 de mayo por el diputado provincial Fernando Urbano Bloque CC-ARI. El proyecto fue enviado para su tratamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de esa Legislatura.
Para muchos, la sindicalización policial es “una deuda de la democracia” con los trabajadores policiales y representa “una desigualdad manifiesta y arbitraria en los derechos constitucionales con el resto de los trabajadores argentinos”.
Quienes reivindican la agremiación policial sostienen que “el trabajador policial debe ser considerado como un integrante más de la clase trabajadora, con los mismos derechos y garantías, otorgándoseles el derecho legítimo y legal de sindicalización para que puedan defender sus intereses profesionales”.
Según Baldata, “nadie puede estar en contra de la sindicalización de los trabajadores, más allá de la tarea que realice, porque la propia Constitución no pone restricciones”.
