Le cuesta mucho a la oposición imponer las reformas al Consejo de la Magistratura que desea implementar. Prueba de ello volvió a darse en la reunión de las comisiones de Justicia, de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que certificaron una vez más que el Grupo A está dividido entre el interbloque de centroizquierda junto al GEN y el socialismo y el resto -UCR, PRO, Peronismo Federal- que apoya el dictamen que impulsa el presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.

A pesar de las diferencias entre los bloques anti K, la reunión convocada para este martes no se suspendió, pero duró apenas quince minutos, al subsistir las diferencias y no llegarse a emitir un dictamen.

Tras levantarse el plenario, la oposición siguió reunida a puertas cerradas para consensuar un dictamen que tratarían de emitir el jueves próximo.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Ricardo Gil Lavedra, tenía listo hace una mes y medio el dictamen de la oposición que impulsaba la reforma al Consejo de la Magistratura. Pero la centroizquierda dijo no.

Todo indicaba que el futuro del proyecto de ley era próspero porque contaba con el respaldo de todo el arco opositor. Pero luego de la reunión que realizaron representantes de todos los sectores políticos contrarios al Gobierno, la centroizquierda objetó varios artículos y tomó una posición dura.

Por lo tanto, la férrea oposición del interbloque liderado por el diputado Fernando “Pino” Solanas provocó que el proyecto que impulsan con fuerza desde la UCR y la Coalición Cívica no avance porque no cuenta con la cantidad de firmas necesarias.

Días pasados, en conferencia de prensa, Pino Solanas sentenció: “Nosotros no saboteamos nada”. Asimismo, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda sostuvo que “no nos dejaremos correr por el Grupo A ni por el oficialismo”. En una acusación aún más dura, Eduardo Macaluse disparó: “Queremos debatir en reuniones de comisión y no firmar todo en una reunión en una oficina”.