Como resultado de las elecciones porteñas del año 2007, la llegada de Mauricio Macri al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires marcó un cambio importante en la orientación de las políticas públicas. Lejos de materializar sus promesas de campaña sustentadas básicamente en haber interpretado el “hartazgo de los vecinos sobre lo malo de la política”, la supuesta preparación técnica de sus equipos para “solucionar problemas” y la eficiencia para llevar a cabo su plan de gobierno, desde el comienzo y promediando su mandato, redunda en una gestión soberbia, autoritaria, improvisada e ineficiente, que privilegia y exalta lo privado en detrimento de lo público.

Amparado en el pretexto de la crisis y las trabas que dice que le impone el Gobierno nacional, Macri avanza recurrentemente en la aplicación de ajuste: endeudamiento, reducción del gasto público, baja de salarios, subejecución presupuestaria en áreas claves de gobierno como salud, educación, vivienda, medio ambiente y desarrollo social. Además, destina importantes erogaciones para una policía metropolitana seriamente cuestionada desde sus orígenes y paga contratos cada vez más caros por servicios que terceriza y que se redeterminan permanentemente por mecanismos a favor, obviamente, de los contratistas.

Ante la evidencia de tan magros resultados, el admirador de Osvaldo Cacciatore asume como estrategia la victimización. Así, traslada sus propias responsabilidades al Gobierno nacional, justificando la inacción, la discrecionalidad y la inoperancia de su gestión en la administración de los asuntos públicos.

Aunque la Ciudad de Buenos Aires representa alrededor del 22% del PBI Nacional, con niveles de consumo interno sostenidos, en buena medida, por las políticas aplicadas por el Ejecutivo nacional para enfrentar la crisis, el jefe de Gobierno insiste con que le faltan recursos y, siempre que puede, trata de reducir las inversiones en áreas sociales. Este sesgo gerencialista del PRO afectó profundamente el funcionamiento del sistema educativo de la Ciudad.

Y resulta oportuno recordar que nuestra jurisdicción fue de las pocas que resistió la aplicación de la Ley Federal de Educación en la década del noventa, cuyas consecuencias a esta altura casi no merecen comentarios. Sin soslayar los logros y fortalezas del sistema educativo de la Ciudad, Macri se empeña en avanzar sobre cuestiones que ni el menemismo vulneró.

Desde el inicio de la gestión macrista, el gobierno de la Ciudad aplicó sucesivos recortes en el monto destinado a educación e infraestructura escolar, lo cual derivó en problemas edilicios que tuvieron como contrapartida la interrupción de los días de clase y la lucha de la comunidad educativa por el incumplimiento de las responsabilidades del Estado en no garantizar adecuadas condiciones para enseñar y aprender. También es consecuencia del achicamiento de lo público la demanda insatisfecha de vacantes, especialmente en los barrios de la zona sur de la Ciudad, donde más de 6.500 niños y niñas del nivel inicial continúan sin acceder a la educación. Pese a las denuncias y presentaciones judiciales de diversas organizaciones, el Ejecutivo continúa si presentar un plan de gobierno para dar respuesta a la demanda insatisfecha en esta materia, reforzando así las desigualdades.

Las acciones de gobierno se sustentaron, incluso, en desmantelamiento de programas de inclusión educativa, autoritarismo con los docentes, quita de las jornadas de reflexión, persecución frente a los reclamos de los trabajadores y los estudiantiles, judicialización de la protesta de la comunidad educativa, fallidos nombramientos de ministros en la cartera educativa como consecuencia de los escándalos de las escuchas telefónicas que atraviesa el Gobierno del a Ciudad (e increíblemente al Ministerio de Educación), incremento de los subsidios a la educación privada y, recientemente, la censura sobre la publicación de materiales realizados por un conjunto de trabajadores de la Dirección de Currícula para abordar la temática del Bicentenario.

A 200 años de las luchas emancipatorias, el desafío es poder profundizar los avances de un modelo que privilegia la defensa de la producción y el trabajo, la asignación universal por hijo, las decisiones soberanas y la unidad latinoamericana y la memoria, verdad y justicia sobre los responsables de la dictadura genocida. En el Bicentenario, entonces, la educación debe ser justicia social, pero la condición de posibilidad para que esto suceda es la presencia de un Estado fuerte, responsable y solidario que garantice el ejercicio pleno de este derecho.

Nenna es diputado porteño de Encuentro Popular para la Victoria