Por Mariano Casal

La legitimidad o ilegitimidad de la deuda externa es un tema que aparece y desaparece de la agenda política en el Congreso como un fantasma. El senador chubutense Mario Cimadevilla rescató una iniciativa presentada en 2002 que pide “la necesidad de solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legitimidad de la deuda externa a la luz de los principios generales del derecho y de los derechos humanos”.

El legislador radical explica: “En 2002, la entonces senadora por la provincia de Chubut, Marta Raso, presentó un proyecto de ley haciéndose eco que nunca fue tratado. La jerarquía de quienes trabajaron y analizaron esta propuesta, como Miguel Ángel Espeche Gil, Alfredo Calcagno, Aníbal Alterini y Ricardo Lorenzetti, entre otros, sumado a la importancia del tema, amerita que el Congreso de la Nación se avoque definitivamente al abordaje de esta cuestión”.

Cimadevilla expresa que luego de asumir su banca en diciembre de 2009, la novela por el DNU 2010, que permitía el uso de reservas para el pago de deuda, despertó su “curiosidad” sobre la legitimidad de las obligaciones que tiene el Estado frente a los acreedores, y vio que “había más de 230 presentados desde la vuelta de la democracia” y que “ninguno se había sancionado”.

¿Por qué es importante que la Corte Internacional de Justicia pueda expedirse sobre este tema? El senador asegura que “el objetivo es que la Corte manifieste que la deuda externa es una cuestión jurídica regida por el derecho internacional público y declare, por ende, el carácter ilícito de las subas unilaterales e ilimitadas de las tasas de interés, estableciendo los criterios para fijar lo que los deudores ya han saldado realmente del capital y de los intereses, y los montos que eventualmente fueren exigibles en derecho”. Y agrega: “Si el dictamen de la Corte consolidara la pretensión de los acreedores, convalidando el statu quo de la deuda, los países deudores seguirían tan mal como hasta ahora, es decir, no perderían nada más con el proceso consultivo”.
Para Cimadevilla, “una opinión consultiva que contemple el punto de vista de los deudores abriría valiosas posibilidades de defensa procesal en eventuales pleitos de pases deudores en situación de incumplimiento de prestaciones”, ya que “sería válida ante tribunales de países donde rige el sistema de derecho anglosajón, que aplican directamente el derecho internacional público como ley del país”.

En la iniciativa se presentan datos claros que demuestran cómo funciona la lógica del poder económico en el mundo: “Entre 1980 y 2000, los acreedores privados recibieron a modo de reembolsos, por el conjunto de América latina, 192.000 millones de dólares más que las sumas prestadas. Durante los años 1999 y 2000, los países de América latina devolvieron 86.200 millones de dólares más que los que recibieron por nuevos préstamos. Contrariamente a la idea dominante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ayuda a los países endeudados en forma generosa. Entre 1980 y diciembre de 2000 puso 71.300 millones de dólares a disposición de los países latinoamericanos, que reembolsaron 86.700 millones. La diferencia es de 15.400 millones a favor del FMI”.

¿Se podrá instalar el debate en el Congreso? Difícil de lograrlo: el Mundial de Fútbol y el receso invernal acaparan la atención de gran parte de diputados y senadores. Lo que sí continúa interesando es la disputa por el poder político, es decir, instalar cualquier tema en agenda para dañar al Poder Ejecutivo. La discusión de ideas está bien alejada de la mayoría de los bloques opositores, por lo que la iniciativa de Cimadevilla difícilmente sea tenida en cuenta. El oficialismo, por su parte, demostró que no es genuflexo frente a los autoritarismos del FMI. Es momento de dar un paso más hacia adelante.