Las comisiones de Legislación Penal y Justicia de la Cámara de Diputados suspendieron las reuniones en la cual se pretendía firmar un dictamen opositor unificado para introducir grandes cambios en los delitos de corrupción de los funcionarios públicos. También se comenzaría a debatir la reforma del Gobierno a la ley Penal Tributaria.
Un proyecto de ley de la oposición consensuado buscaba este martes superar esta situación de virtual de “legalidad de la corrupción” incorporando al Código Penal las “figuras jurídicas” de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Sin embargo, se suspendió la reunión. Según supo averiguar Parlamentario.com, se postergaron para la próxima semana porque se pretende lograr “mayor consenso” con el dictamen del proyecto de ley que prevé combatir la corrupción. Además, el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el régimen Penal Tributario también fue postergado su tratamiento ya que tampoco tenía consenso.
En una síntesis del proyecto anticorrupción, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), detalló que “el Código Penal Argentino no contiene tipos legales precisos que criminalicen los actos de corrupción mientras que Argentina es uno de los países del mundo con más alta percepción de corrupción, según Transparencia Internacional (se ubica en el puesto 105 entre 133 países medidos)”.
En el mismo sentido, el diputado cordobés explicó las consecuencias económicas de la corrupción. “Mas allá de la razón de ética moral y republicana que exige combatir la corrupción, debe saberse que ésta impacta decisivamente en los procesos económicos”, dijo Vega. Y agregó: “En países como Argentina los proyectos de inversión públicos o privados tienen sobre costos calculados en un 20% en el que se contempla pagos a funcionarios públicos y servicios jurídicos y contables de defensa de la corrupción. Ese sobre costo se traduce en sobreprecios, y ello en costo de vida con impacto en tasas de interés y en tasas de Riesgo País”.
También apuntó contra los empresarios, quienes “deben saber que beneficios sustentables se logran sólo con baja corrupción y la sociedad debe saber que la corrupción en la Argentina no es inevitable”. Al respecto, el proyecto opositor propone el decomiso de bienes en el caso de que se compruebe el enriquecimiento ilícito de las empresas privadas que tuvieran relación con funcionarios públicos.
El fundamento social del proyecto, según la oposición, es “una autolimitación del poder”. “La corrupción es un delito del poder que castiga siempre a los sectores más débiles de la Sociedad. El meta mensaje de esta ley es que por primera vez existe en la Argentina una decisión política legislativa de criminalizar penalmente los actos de corrupción”, asevera Vega.
La sociedad Argentina frente a la corrupción oscila entre la resignación y la indignación, señalan los legisladores, quienes también destacan que “este proyecto apunta a quebrar el sobreentendido social de resignación. Esta ley debe llegar a toda la sociedad como mensaje de autolimitación del poder”. En tanto, la oposición plantea un blindaje jurídico basado en el fundamento constitucional del proyecto es el 5° párrafo del art. 36 de la CN, que criminaliza la corrupción.
El fundamento penal de la proporcionalidad punitiva surge del art. 226 del CP. Mientras que el fundamento supranacional es el art. 12 de la Convención de Caracas y los arts. 2 y 24 de la Convención Americana sobre DDHH.
Para mayor precisión, el texto de la norma prevé que la redefinición de los términos “función pública” y “funcionario público” es quizás el mayor aporte práctico inmediato que tendrá este proyecto. “Porque la pretensión punitiva del Estado en materia de corrupción abarcará ahora, no sólo a quienes representen su voluntad, sino a quienes estén a su servicio”.
“Aumentan los mínimos y los máximos penales, donde el mínimo no es excarcelable”, expresó el diputado. Y agregó que “se califica el delito de corrupción por la participación judicial en cualquiera de sus eslabones”.
Cabe destacar que el proyecto fue oportunamente presentado por el diputado Juan Carlos Vega y fue acompañado por diputados de distintos bloques.
Régimen Penal Tributario
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Juan Carlos Vega (CC), postergó una semana el análisis de la iniciativa del Gobierno para reformar la Ley Penal Tributaria, la cual busca “castigar con penas de hasta 6 años de cárcel a aquellos que evadan de manera deliberada el pago impuestos, más allá del monto que sea, en lugar de un afán recaudatorio”, según aseguraba el titular de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray al presentar el proyecto el 18 de marzo.
“El que tiene deudas no va a ir preso. Va a ir aquel que hace una maniobra deliberada tendiente a evadir el pago de impuestos”, dijo el funcionario de estrecha relación con el diputado Néstor Kirchner. “No pensamos en las deudas, pensamos en los comportamientos”, había asegurado Echegaray durante una conferencia de prensa.
Asimismo, el titular de la AFIP destacó que “si el afán de modificar la Ley Penal Tributaria que rige desde 1997 hubiera sido recaudatorio no hubiésemos propuesto eliminar el artículo 16 de la norma que prevé el pago de lo evadido para evitar la cárcel”. Esta reforma “no tiene un fin recaudatorio sino atacar una conducta maliciosa”, explicó.
En aquella oportunidad, Echegaray aseguró que tiene “la idea muy firme de que tanto la evasión y el contrabando son delitos que deben tener su castigo ejemplificador” y afirmó que con la iniciativa “se podrá avanzar sobre los grandes evasores”.
La propuesta anunciada por el Poder Ejecutivo contempla que, si se detecta que hay una maniobra para evadir el pago de impuestos, en el caso de evasión simple la condena va de 2 a 6 años y en el caso de la evasión agravada, las condenas van de 3 años y medio a 9 años de cárcel.
Además, la iniciativa adecua el monto tope para la evasión impositiva simple, al incrementarla de los 100.000 pesos actuales a 1.000.000 de pesos.
A su vez, eleva el total evadido a 1 millón de pesos que se computará, sumando el importe final de los impuestos evadidos por período, sin ninguna diferenciación entre ellos.
El proyecto prevé también la incorporación como figura ilícita penal tributaria a las evasiones concretadas contra el Gobierno porteño y los gobiernos provinciales.
En este último caso, la justicia ordinaria actuará en los casos presentados a nivel provincial, mientras que para la órbita del Gobierno nacional seguirá actuando la justicia federal.
El proyecto eleva de dos a seis años la pena de prisión en el caso de evasión simple; mientras que serán comprendidos bajo la figura de evasión agravada “los que falseen declaraciones o mientan en los montos declarados”.
Además la reforma busca también ampliar la intervención procesal de la AFIP para casos de mayor relevancia, ya que los indicadores de evolución total de las causas demuestran que cuando participa el organismo fiscal -como querellante- se obtiene una exponencial mejora en los índices de condenabilidad.
Otro delito que se incorpora es la adulteración de controladores fiscales y cualquier otro sistema homologado o suministrado por el fisco.
Con relación al aprovechamiento indebido de subsidios, la normativa vigente sanciona a quienes utilicen reintegros, recuperos o devoluciones otorgadas por el Gobierno Nacional.
También se elevaron los montos en la falta de ingreso de las retenciones tributarias y de los aportes previsionales (de 10.000 a 20.000 pesos por mes); y de la evasión previsional simple (de 20.000 a 50.000 pesos), manteniéndose como agravante para esta última sólo la utilización de testaferros.
