Por iniciativa del diputado nacional de la UCR Miguel Angel Giubergia, se presentó un proyecto de ley para la creación del Centro Residual de Afiliados del ex-Hospital Francés, integrados por todos aquellos asociados que tuvieron cobertura en el nosocomio a través del Cefran perteneciente a la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, o al sistema denominado Provincia Salud.

El objetivo de esta propuesta es el de tratar de mitigar las dañosas consecuencias que padecen los afiliados al Ex Hospital Francés, luego que un mes después de solicitado su propio concurso por parte de la entidad de salud, el Estado Nacional dispuso su intervención, causando un incremento exorbitante de la deuda y posteriormente la Expropiación por parte del Estado Nacional, que culminó con la posterior quiebra de la Asociación Francesa, Filantrópica y de Beneficencia.

“Cuando se expropia por parte del Estado Nacional, la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, no se contemplaba en el texto de la ley las situaciones que correspondían a los trabajadores de la institución, ni la de los afiliados a la misma”, explicó Giubergia.

“¿Por qué se debía dar solución a los trabajadores y a los afiliados al ex Hospital Francés?, puede preguntarse la gente. La respuesta es simple, la Asociación Francesa, Filantrópica y de Beneficencia, era una institución que brindaba un servicio de medicina prepaga, que en el mes de Marzo de 2006, solicita la apertura de su propio concurso preventivo”, explica el legislador jujeño y acota que “en abril de ese mismo año, un mes después, el Poder Ejecutivo Nacional con la autorización de la Inspección General de Justicia y a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y del Ministerio de Salud de la Nación, ordena la intervención del ex Hospital Francés, designando como interventor de la misma en primer término al doctor José Luis Salvatierra el cual en sólo seis meses que duró su función generó una deuda millonaria, provocó acciones de violencia a través de los vulgarmente llamados “batatas”, lograron infundir el miedo a trabajadores y afiliados. Además de llevar a cabo tercerizaciones, despidos injustificados, contratando a proveedores de dudoso origen”.

“Tras el escándalo y corrupción es designado Carlos Camilo Castrillón, que propicio la expropiación y la posesión anticipada de los inmuebles de la institución a favor de PAMI”, continuó el radical.

“En el 2007, el Poder Ejecutivo Nacional dispone que la Asociación Francesa, Filantrópica y de Beneficencia, sea expropiada, cuando se sanciona la Ley Nº 26.272 que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y los bienes muebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en ese entonces a cargo de la licenciada Graciela Ocaña”, se explica en la fundamentación del proyecto del radicalismo.

“Si bien la ley nada decía de los afiliados, durante su tratamiento en el Honorable Senado de la Nación, la Senadora Cristina Fernández de Kirchner defendió la iniciativa, argumentando, entre otras cosas, que “constituye el punto final a una serie de hechos que tomaron estado público respecto de la situación en materia concursal y de quiebra, aunque también – y esto me corresponde decirlo a mí y no al Poder Ejecutivo – de vaciamiento que sufrió el Hospital Francés. Este proyecto de ley, cuyo objeto es declarar de utilidad pública y expropiar todos los inmuebles que conforman el patrimonio del Hospital Francés – para decirlo con mayor precisión de la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia -, a fin de que pasen a prestar servicios en la órbita del PAMI…”.

“Todos sabemos que el PAMI se va a hacer cargo de estos bienes y que seguramente va a desarrollar un plan integral, de modo tal de poder dar cobertura a todos sus afiliados”, transcribe la fundamentación de la iniciativa de Giubergia.

“Lamentablemente, tras la intervención estatal, los afiliados continuaron en el olvido y con un destino que sería decidido por un Juez Comercial a cargo del Concurso preventivo primero y de la quiebra que se declaró con posterioridad a la expropiación. Siguen sin solucionar su situación, todo lo contrario, y siendo que fue un miembro de éste Parlamento, una Senadora de la Nación que actualmente tiene a su cargo la Presidencia de la Nación, que además fue quien nos comprometió a todos los legisladores a brindar una solución a los afiliados, que hasta hoy no se concretó, constituye lo que hoy es nuestra obligación, la de cumplir con aquella promesa y con la palabra empeñada”, explicó el diputado jujeño.

“Esto está permitido por la legislación vigente, Ley 19032, dado que no significa que el Estado deba hacerse cargo de los costos, ya que los afiliados seguirán pagando su cuota mensual”, concluyó Giubergia.