Un proyecto original de ley de la oposición fue consensuado con el oficialismo y los aliados por lo que se logró firmar un dictamen único para combatir la corrupción incorporando al Código Penal las figuras jurídicas de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

En la reunión, el diputado oficialista Alejandro Rossi sostuvo que los procedimientos de la actual ley sobre el decomiso “es eficiente por lo que no cambiaria nada”. En esta misma línea, Vilma Ibarra, diputada aliada de Nuevo Encuentro Popular y Social, el decomiso “tendría que ser más restrictivo”.

Pero, en definitiva, todos los sectores políticos apoyaron el proyecto de ley aunque algunos firmaron en disidencia el dictamen que ya está listo para ser tratado en el recinto. Este tema podría incluirse en la sesión prevista para el 23 de junio.

En una síntesis del proyecto anticorrupción, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), detalló que “el Código Penal Argentino no contiene tipos legales precisos que criminalicen los actos de corrupción mientras que Argentina es uno de los países del mundo con más alta percepción de corrupción, según Transparencia Internacional (se ubica en el puesto 105 entre 133 países medidos)”.

En el mismo sentido, el diputado cordobés explicó las consecuencias económicas de la corrupción. “Mas allá de la razón de ética moral y republicana que exige combatir la corrupción, debe saberse que ésta impacta decisivamente en los procesos económicos”, dijo Vega. Y agregó: “En países como Argentina los proyectos de inversión públicos o privados tienen sobre costos calculados en un 20% en el que se contempla pagos a funcionarios públicos y servicios jurídicos y contables de defensa de la corrupción. Ese sobre costo se traduce en sobreprecios, y ello en costo de vida con impacto en tasas de interés y en tasas de Riesgo País”.

También apuntó contra los empresarios, quienes “deben saber que beneficios sustentables se logran sólo con baja corrupción y la sociedad debe saber que la corrupción en la Argentina no es inevitable”. Al respecto, el proyecto opositor propone el decomiso de bienes en el caso de que se compruebe el enriquecimiento ilícito de las empresas privadas que tuvieran relación con funcionarios públicos.

El fundamento social del proyecto, según la oposición, es “una autolimitación del poder”. “La corrupción es un delito del poder que castiga siempre a los sectores más débiles de la Sociedad. El meta mensaje de esta ley es que por primera vez existe en la Argentina una decisión política legislativa de criminalizar penalmente los actos de corrupción”, asevera Vega.

“La sociedad Argentina frente a la corrupción oscila entre la resignación y la indignación”, señalan los legisladores, quienes también destacan que “este proyecto apunta a quebrar el sobreentendido social de resignación. Esta ley debe llegar a toda la sociedad como mensaje de autolimitación del poder”. En tanto, la oposición plantea un blindaje jurídico basado en el fundamento constitucional del proyecto es el 5° párrafo del art. 36 de la CN, que criminaliza la corrupción.

El fundamento penal de la proporcionalidad punitiva surge del art. 226 del CP. Mientras que el fundamento supranacional es el art. 12 de la Convención de Caracas y los arts. 2 y 24 de la Convención Americana sobre DDHH.

Para mayor precisión, el texto de la norma prevé que la redefinición de los términos “función pública” y “funcionario público” es quizás el mayor aporte práctico inmediato que tendrá este proyecto. “Porque la pretensión punitiva del Estado en materia de corrupción abarcará ahora, no sólo a quienes representen su voluntad, sino a quienes estén a su servicio”.

“Aumentan los mínimos y los máximos penales, donde el mínimo no es excarcelable”, expresó el diputado. Y agregó que “se califica el delito de corrupción por la participación judicial en cualquiera de sus eslabones”.