“Sigo estando convencido de que la norma en cuestión, al originarse en la violación deliberada del reglamento de la Cámara de Diputados, altera el juego imprescindible de mayorías y minorías en la representación parlamentaria. También mantengo la convicción de que ignorar la trasgresión de los reglamentos, que rigen el funcionamiento parlamentario, produce un daño irreparable para la institución; puesto que se soslaya la única posibilidad que la sociedad tiene de ser —y sentirse— correctamente representada y obstaculiza el normal desarrollo del trabajo del legislador”, dijo el diputado mendocino Enrique Thomas, quien presentó la medida cautelar en la Justicia mendocina.

“Pero a pesar de considerarla incorrecta, la decisión adoptada no me hace dudar de mi absoluto respeto por el dictamen de los tribunales competentes. Los fallos están para acatarse, en el marco del respeto institucional; especialmente, cuando nos resultan adversos. No dudo de la honorabilidad ni de las capacidades de los miembros de la Suprema Corte, aún cuando su decisión se contrapone con mi visión del problema. Si lo hiciera, me estaría equiparando a quienes, en forma sistemática, utilizaron descalificaciones y agravios como forma de discrepar con mis planteos de fondo en este litigio”, agregó el diputado peronista cercano al vicepresidente Julio Cobos.

Asimismo, Thomas señaló que “la celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad es, cuanto menos, llamativa. Pero abrigo la esperanza de que estos plazos sean los nuevos tiempos de ejecución de la justicia; de ser así, redundará en un beneficio sustantivo para aquellos que, ante reclamos de menor impacto comunicacional, tuvieron que aguardar por años sus resoluciones o aún esperan”.

“Obviamente, -continuó Thomas- el fallo de la Corte ha sido dictado en un tiempo inusual para los que normalmente se observan en pronunciamientos similares. De hecho, baste advertir que para pronunciarse sobre la admisión de la demanda de la Provincia de San Luis sobre la misma Ley, en jurisdicción originaria de la Corte, ha demandado al menos seis meses. Y es la primera providencia.”

“Este fallo nos invita a reflexionar una vez más sobre la necesidad de reforzar y revisar la real vigencia del principio constitucional de división de poderes de la República y replantearnos cuestiones trascendentales que pongan a los ciudadanos y a los legisladores a cubierto de leyes formal o sustancialmente inconstitucionales, que no den vía libre a la política de los hechos consumados”, concluyó el diputado mendocino.