Una legisladora del oficialismo y otra de la oposición presentaron iniciativas para combatir este flagelo.
Mientras la oposición suscribía un acuerdo para llevar el tema al recinto y suscribir una nueva ley sobre la trata de personas, dos legisladoras -una oficialista y otra de la oposición- presentaban iniciativas sobre el tema, demostrando la preocupación que el Parlamento tiene sobre esta cuestión.
En el caso de la diputada del PRO Silvia Majdalani, la iniciativa propone aumentar las penas para este delito. En efecto, la legisladora presentó un proyecto de ley destinado a consolidar la protección de las víctimas de la trata de personas y, al mismo tiempo, agravar el esquema de sanciones punitivas contempladas en el Código Penal para aquellas personas o grupos que se dedican a su explotación.
El proyecto de Majdalani pretende aumentar la tutela prevista en la ley 26.364 – que regula la trata de personas- a partir de una serie de modificaciones legales que han emergido entre el contraste de la norma y su aplicación efectiva desde su sanción, en 2008.
En ese sentido, una modificación sustancial que establece el texto legal propuesto es la invalidez jurídica del asentimiento de las víctimas de la trata de personas mayores de 18 años, ya que la naturaleza del delito, que cercena sus condiciones de libertad, impide aceptar que existencia -expresa o tácita- de un acto de consentimiento.
Otra modificación es aquella que agrava la escala punitiva de los delitos previstos en la ley 26.364, de modo tal de excluir la posibilidad de la excarcelación. Según la ley vigente, quien capta, transporta o traslada, dentro del país o desde o hacia el exterior, a personas mayores de 18 años, mediante el engaño o abuso, es pasible de una pena de 3 a 6 años de prisión.
Del mismo modo, el proyecto contempla penas para quien incurra en el mismo delito con personas menores de 18 años de edad, con fines de explotación en cualquiera de sus formas, será reprimido con prisión o reclusión de 6 a 15 años. La pena será de prisión o reclusión de 8 a 20 años cuando la víctima fuere menor de 13 años.
Con el nuevo proyecto, esa escala se eleva de 5 a 10 años y, de ese modo, los autores del delito no podrán apelar al beneficio de la excarcelación. Las penas serán de cumplimiento efectivo.
El proyecto de la diputada Majdalani, además, consolida las obligaciones asumidas por la Argentina en el plano del derecho internacional, ya que el país es uno de los adherentes del Protocolo de Palermo, el instrumento de derecho público internacional por el que se afirmó el compromiso de combatir el tráfico de personas.
Por su lado, la oficialista Dulce Granados quiere crear un Observatorio sobre Trata de Personas, destinado a observar, analizar y seguir la aplicación de la normativa vigente.
“Desde una mirada Federal y convocando a todos los bloques de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se pretende lograr una herramienta legal que nos permita, para adecuar la misma a una legislación que optimice la persecución y castigo de dicho delito”, señala Granados en su proyecto.
“Por ello es que se crea una Comisión en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación denominada Observatorio Parlamentario sobre la Trata de Personas, buscando con esta herramienta la adecuación de la legislación nacional con los Tratados Internacionales y pretendiendo con ello observar y supervisar las políticas gubernamentales en cuanto a dicho delito”, agrega Granados.
Asimismo esta Comisión supervisará, orientara y articulara con los distintos poderes del Estado con el objeto de elaborar informes de situación para lograr un plan de acción concreto sobre el delito de Trata de Personas.
