Acaba de presentarse en el Senado de la Nación un proyecto de ley que, de ser aprobado, impediría que a través de medidas cautelares “ilegítimas” -tal el término que utiliza la senadora autora de la iniciativa- resueltas por algunos jueces, se frustren políticas públicas dispuestas por el Congreso o el Poder Ejecutivo en ejercicio de las competencias asignadas constitucionalmente.

Así lo indica la senadora kirchnerista Nanci Parrilli, quien resalta la condición de “ley Suprema” de la Constitución Nacional, cuya supremacía debe respetarse y hacerse respetar por todos los poderes; ya se trate del Poder legislativo, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. De tal manera, dice la senadora del FpV, la Corte y los tribunales inferiores, para juzgar los casos que se someten a su conocimiento, deben aplicar la ley. “Ante una contradicción entre la ley invocada por una de las partes y una norma constitucional invocada por la otra, el juez debe privilegiar la aplicación de la norma constitucional por sobre la ley ordinaria”, remarca la senadora patagónica.

Parrilli recuerda que en los últimos tiempos se ha verificado lo que cita como “un activismo judicial a través de medidas cautelares que producen efectos -en el corto y mediano plazo- similares a una sentencia definitiva firme. Ya que estas medidas, a pesar de su apelación, se mantienen vigentes”.

Estas medidas cautelares disponen, con alcance general, medidas que provocan inseguridad jurídica a toda la población y a las autoridades de aplicación de las normas afectadas, agrega la senadora, que a modo de ejemplo cita la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a solicitud de dos diputados de la Nación. “Esta decisión ha producido un vacío legal, que ha provocado la necesidad de aplicar normas de la época de la dictadura que el Congreso ya derogó anteriormente”, señala la senadora, que propicia en este proyecto la incorporación del recurso por salto de la instancia y tiene como finalidad, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda entender de modo inmediato en las causas en que exista “gravedad institucional”. Y así disipar -señala- “la inseguridad jurídica que algunos pronunciamientos judiciales producen en la sociedad y en la vida institucional del país”.