Luego de cuatro períodos consecutivos como diputado provincial, en diciembre de 2009 Carlos Bonicatto asumió el cargo de Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Cargo que, si bien fue incorporado a la Constitución provincial en la reforma de 1994, hasta el pasado año no se había reglamentado por ley y por lo tanto nadie resultaba designado como tal.

Aún sin oficina y faltando algunas designaciones de sus colaboradores, a principio de enero juntó a su equipo y se puso a trabajar en este nuevo puesto que “tiene que crear una jurisprudencia, una doctrina o un camino que va a tener seguramente algunos obstáculos”, según detalló el funcionario.

Hoy, seis meses más tarde, ya se puede ver la impronta social que marca la agenda del Defensor. Respetar y valorar el derecho de las personas que es violentado, ya sea por cuestiones sociales, problemas económicos o ambientales, es el hilo conductor que guiará la gestión de Bonicatto por los próximos cinco años.

– ¿Cuáles son las actividades que están llevando a cabo?

– Nosotros estamos trabajando en casi 100 temas. Hemos tenido que presentarnos judicialmente en algún caso, como el de la ruta 31, que ya salió su sentencia, donde nos autorizan a nosotros a hacer un seguimiento de las obras que había pedido un particular y que por eso promovió una acción judicial. Hemos trabajado también en cuestiones relacionadas con las canteras de la ciudad de La Plata, que han promovido los vecinos y dos legisladores de la ciudad. Estamos trabajando también en temas relacionados con un proyecto de una autopista que, según algunos vecinos que han venido denunciando, presuntamente va a afectar al Parque Pereyra Iraola. Es una obra grande, importante, y nosotros no podemos dar una opinión definitiva porque todavía no hemos tenido acceso al proyecto definitivo. Estamos trabajando también en varias cuestiones ambientales, en temas de salud y algunos otros de atención de los hospitales públicos. Tenemos también cuestiones relacionadas con el trasporte, con discapacidad…

– ¿Bajo qué condiciones están trabajando?

– La Legislatura de la provincia de Buenos Aires, mientras nosotros terminamos de armar toda nuestra estructura y tener un lugar propio, nos han permitido trabajar en el primer subsuelo y tenemos un teléfono. Hemos designado algunos colaboradores que todavía no están en funciones reales y concretas porque faltan terminar cuestiones administrativas. Pero igual estamos trabajando, porque desde el momento en que yo me incorporo y tengo la designación, estoy habilitado para trabajar y además tengo la responsabilidad de hacerlo.

– Una vez que esté todo a punto, ¿cree qué aumentarán las denuncias y consultas?

– Nosotros calculamos que cuando estemos con una puesta en el exterior, es decir con una difusión de nuestra tarea, vamos a estar recibiendo denuncias en persona, por mail y por teléfono. Calculamos que no serán inferiores a las 100, 150 por día. La ley nos obliga a indicar a la persona que viene, aún cuando no sea competencia nuestra, dónde tiene que ir. La indicación de dónde tiene que ir y que lo atiendan adecuadamente me parece un dato vertebral de la gestión del Defensor. Lo que sí es cierto también es que la gente tiene que acostumbrarse a venir acá cuando ya ha hecho un requerimiento con la administración pública, y la administración pública no ha dado respuestas.

– ¿Usted tiene la posibilidad de actuar de oficio?

– Sí, tenemos la posibilidad de actuar de oficio. No nos olvidemos que la tarea del Defensor es una tarea que está relacionada con la defensa de los derechos individuales y colectivos de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero frente a las acciones u omisiones de la administración pública, de la fuerza de seguridad, de las empresas del Estado y también con un control de las empresas que prestan los servicios públicos. La tarea del Defensor del Pueblo bonaerense tiene que crear una jurisprudencia o una doctrina o un camino que va a tener seguramente algunos obstáculos. Me parece interesante destacar que nosotros estamos convencidos de que las instituciones de las defensorías tienen que terminar siendo instituciones de garantías. Con lo cual, lo que miramos fundamentalmente es si el derecho de la gente está conculcado o no.