Los senadores mendocinos Ernesto Sanz, Laura Montero y Rolando Bermejo realizaron este miércoles una audiencia en el Salón Arturo Illia del Congreso para criticar el decreto 699/10, que prorroga y amplía los alcances de la promoción industrial en San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca.

Vale destacar que la reunión también sirvió para hacer la presentación de una iniciativa de Montero como alternativa al decreto. La legisladora cobista señaló, frente a varios legisladores de su provincia, que “hay que reformular un proyecto que contemple la promoción industrial nacional que tenga como finalidad la de generar un equilibrio industrial, y no que beneficie sólo a algunas provincias”.

El vicegobernador de Mendoza, Cristian Racconto, se mostró optimista en relación con esta problemática y aprovechó para agradecer la presencia en la sala de legisladores de otras provincias, como el senador santacruceño Alfredo Martínez.

Por su parte, Bermejo señaló: “Estamos aquí para defender los intereses de Mendoza, más allá de las diferencias partidarias”, mientras que Sanz declaró que “lo importante es hacer trascender nuestras ideas”.

¿Qué plantea Montero en su proyecto?

El proyecto de Montero pretende crear programas de fomento a la inversión por regiones y provincias desde una visión integral, sin perder de vista el concepto de la equidad. Desde la perspectiva de los criterios de distribución territorial para el otorgamiento de beneficios impositivos, la iniciativa contiene indicadores de distribución basados sobre parámetros objetivos y actualizables, como son la renta, la pobreza, la densidad de la población y el desarrollo industrial.

La distribución se realizaría, en primer lugar, entre las cinco regiones del país: el Noroeste; el Noreste; Cuyo, donde estaría incluida La Rioja; la Pampeana; y la Patagónica. Los distribución de fondos será, dentro de cada región, de un 30 por ciento en forma igualitaria, mientras que el resto se hará según los indicadores previamente fijados.

Una vez determinados los beneficios impositivos que recibirá cada provincia, las actividades elegibles se focalizarán principalmente en proyectos del sector industrial, donde los encadenamientos productivos posean un sesgo exportador y sean intensivos en tecnología. También se busca estimular el desarrollo local, priorizando proyectos de inversión que posean alto impacto en el desarrollo de actividades conexas, y dando oportunidades de integración productiva a las Pymes de la región.

Por otro lado, para el fomento del empleo se asigna un beneficio impositivo mediante el otorgamiento de cupos de crédito fiscal de hasta el 200 por ciento de las contribuciones patronales que tributan los nuevos puestos de trabajo generados por el proyecto de inversión. Este crédito podría ser utilizado para cancelar en forma inmediata otros tributos nacionales.

En cuanto al fomento directo de la inversión, la iniciativa contempla la creación de un bono crédito fiscal, endosable por única vez, por un valor equivalente al 50 por ciento de la inversión realizada, junto con sistemas de amortización acelerada de los bienes de capital e infraestructura generada por el nuevo proyecto. Este sistema intentaría limitar el incentivo a la utilización de capital en desmedro del trabajo como ocurre en determinados regímenes de promoción vigentes. Por otro lado, existe bibliografía que destaca que los incentivos directos basados en exención del IVA ventas y compras de insumos tienden a generar una desarticulación del proceso productivo.

Respecto de la autoridad de aplicación y los procesos de elegibilidad de proyectos de inversión, se contempla una interacción conjunta entre las provincias, que lo harán a través de concursos públicos, priorizando los proyectos que determine fundamentales para el desarrollo provincial, y el ministerio de Economía y Finanzas Públicas, controlando el cumplimiento de las condiciones en los proyectos seleccionados.

Desde la óptica de la transparencia, la iniciativa establece la creación de registros electrónicos de acceso público que permitan conocer el desarrollo y estado de todos los proyectos acogidos y beneficios concedidos, que deberán tener actualizaciones periódicas. También se contempla que la autoridad de control elabore informes anuales conteniendo información descriptiva y análisis del impacto económico de todas las actividades promovidas.

Vale destacar que el costo fiscal lo fijaría anualmente el Congreso en el Presupuesto nacional, no pudiendo superar el dos por ciento de la suma de la recaudación tributaria esperada.