La diputada Maria Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) reclamará a las autoridades del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNYA) y al jefe de Gabinete H. Rodriguez Larreta los motivos por los cuales se recortó el presupuesto adicional votado en la Legislatura el año pasado para el organismo de protección de la infancia.

A su juicio, esa situación “ha permitido consolidar un proceso de vaciamiento gradual de los servicios y programas”.

La diputada hará esta presentación este miércoles a las 12.30, en el marco de la presencia de presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,. Beatriz Orlowski, en la Legislatura porteña.

Este organismo -incluido en la Constitución de la Ciudad y creado por la Ley 114- es responsable de promover y proteger los derechos los chicos y chicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de articular la política pública en materia de infancia.

La reunión -que es abierta al público y para la cual no se requiere inscripción previa- se realizará en el Salón Jauretche de la Legislatura de la Ciudad, Perú 160, planta baja.

El eje del cuestionamiento de la diputada Naddeo serán los motivos por los cuales el Ministerio de Hacienda de la Ciudad tomó la decisión de restringir –es decir suspender– la utilización de los créditos incorporados y votados por la Legislatura porteña para el presupuesto 2010 y que a continuación se detallan:

Programa 7232, $100.000; programa 7234, $1.000.000; programa 7151, $350.000; programa 7134, $ 250.000; programa 7 35, $ 250.000; programa 7 33, $ 150.000; programa 7 43, $ 100.000.

Estos créditos estaban destinados a incrementar los recursos humanos del sistema de atención en la emergencia, particularmente el incremento salarial y la dotación de abogados y abogadas para el sistema de guardia jurídica de emergencia, así como la incorporación de profesionales y operadores en la red de defensorías zonales.

“Estos profesionales que están en contacto permanente con los Juzgados penales, civiles, federales, y reciben permanentes oficios y requerimientos de la Asesoría general tutelar, perciben honorarios aproximados de $2000 mensuales. Mientras que todos los equipos del Poder Judicial Nacional o local, perciben salarios cuatro o cinco veces superiores”, apuntó la diputada.

Además Naddeo cuestionará la falta de respaldo a las acciones de los equipos, el incumplimiento de la ley 114, en definitiva, la ausencia de recursos para dar respuesta a los chicos y a sus familias.

“A su vez las coordinaciones regionales de defensorías constituyen un obstáculo más para burocratizar la gestión en materia de infancia: meses de espera para adoptar medidas de protección, proyectos enviados a las coordinaciones regionales que no se plasman en disposiciones legales, meses de demora en atender situaciones que ingresan con niveles de urgencia, todo constituye un cuadro desolador”, plantea la diputada.