La diputada Diana Maffía publicó un informe que pretende demostrar la inviabilidad de los procedimientos de control vial de drogas en muestras de saliva anunciados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Dichos procedimientos han despertado mucha polémica en ámbitos académicos, médicos y políticos. “La prohibición o no de manejar bajo los efectos de un medicamento debe ser una discusión sanitaria y no de seguridad; si un médico indica que su paciente puede manejar, la ley no debería impedírselo. Otra objeción tiene que ver más con la farmacología de las benzodiazepinas, muchas de las cuales se utilizan en el alivio del dolor y la relajación muscular, y no producen deterioro en conducción”.

El estudio afirma que los instrumentos elegidos para las tomas de muestras no tienen valor probatorio en ninguna parte del mundo: ni un pupilómetro ni un reactivo por saliva indican de manera eficaz la presencia o concentración de una sustancia en la sangre.

“El vacío estadístico en la cantidad de accidentes en los que las drogas están implicadas contribuye a este estado de situación. Como los datos son un supuesto, las cifras finales son siempre dudosas e imposibles de evidenciar. No dimensionar correctamente la participación de las drogas en los siniestros pone en duda la necesidad y utilidad de los controles. A esto se debe la falta de consenso científico sobre los niveles de concentración de cada sustancia que son necesarios para causar un deterioro que haga riesgoso el conducir, la no estandarización de las herramientas de medición y la disparidad legal existente entre los distintos valores penalizados por cada país”, concluye el informe.

El documento se basa en una amplia investigación de experiencias existentes en varios países, realizada por la Unidad de Seguimiento en Adicciones, dirigida por la licenciada Patricia Colace.