Luego de conocerse los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Americanos (OEA), sobre las condiciones del sistema carcelario bonaerense, la diputada provincial de la Coalición Cívica-ARI, Natalia Gradaschi, manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires, en cuanto al cumplimiento pleno de los derechos humanos, en particular, el de las personas menores de edad privadas de su libertad.

Gradaschi compartió las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas que controla y monitorea la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e instó al gobernador bonaerense Daniel Scioli “a tomar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar los plenos y efectivos derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los niños, niñas y jóvenes que habitan el territorio bonaerense”.

En el marco de la invitación abierta y permanente extendida por el Estado argentino, del 7 al 10 de junio, una delegación de la CIDH recorrió la Unidad N º 1 de Lisandro Olmos, la Unidad N º 2 Sierra Chica, la Comisaría de Ensenada Seccional 1era., la Comisaría Seccional 6ta. De Lomas de Zamora y el Complejo Conurbano Bonaerense Norte. Al cierre de las visitas, el Comité informó que en estos centros se inflingen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, golpizas frecuentes, disparos con balas de goma, aislamiento prolongado en celdas de castigo, hacinamiento y pésimas condiciones de la infraestructura carcelaria, particularmente sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de internamiento. Según la Relatoría de la CIDH “las condiciones de alojamiento son incompatibles con el principio de trato humano que deben recibir todas las personas privadas de libertad”.

Mediante dos proyectos de pedido de informes, la legisladora bonaerense de la Coalición Cívica – ARI requirió información detallada sobre la capacidad y las plazas ocupadas de los centros de detención, sus responsables, tareas que desempeña el personal, evaluaciones de los equipos técnicos, si en estos lugares existen rejas y/o celdas de castigo o restricciones en la comunicación de los jóvenes con el exterior, si cuentan con registros sobre casos de tortura u otros maltratos, y si se han llevado adelante investigaciones administrativas y las denuncias penales correspondientes.

A su vez, Gradaschi exigió la misma información sobre los siete Centros Cerrados que funcionan en la provincia de Buenos Aires y el número específico de jóvenes alojados en los cuatro Centros de Recepción. Además, pidió especificaciones sobre cómo es el sistema de seguridad, de higiene y alimentario, la capacitación del personal a cargo y los mecanismos de selección del mismo, entre otros puntos destacados.

La intención de la diputada, presidente de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, es contar con mayores elementos y herramientas concretas para contrastar los diagnósticos de las organizaciones con el de las carteras de Justicia y Seguridad y Desarrollo Social provincial, para la elaboración de iniciativas que tiendan a recuperar el Sistema Carcelario bonaerense, garantizando las penas y castigos, y la plena vigencia de derechos básicos y elementales, la educación, y la reinserción en la sociedad de las personas privadas de su libertad.