La senadora oficialista Blanca Osuna se mostró a favor del proyecto de ley presentado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para crear un nuevo estatuto del peón rural, ya que consideró que la iniciativa es “una reivindicación de los derechos de los trabajadores rurales” y “relevante para lograr su mayor protección en materia de seguridad social y en sus condiciones de trabajo”.

Osuna, quien viene trabajando en este tema desde hace varios años, manifestó que “se reflejará una mejora de la situación de las mujeres y hombres que trabajan en el campo, que según actuales indicadores sociales, desarrollan tareas en exceso de una jornada normal de trabajo, muchas veces con formas precarizadas de empleo”.

Por otro lado, la legisladora entrerriana destacó que la iniciativa “va en la búsqueda de recuperar el espíritu de defensa y protección de los trabajadores rurales que tenía el estatuto del peón de campo sancionado en 1944, cuando Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo y Previsión Social de la Nación”. Y agregó: “Como complemento de ese decreto-ley, en setiembre de 1947, y siendo ya Perón presidente, se sanciona la ley 13.020 que reglamenta la protección del trabajador de cosecha y obrero de temporada. Ambas medidas fueron derogadas a través de la ley de facto 22.248 de 1980, en plena dictadura militar, que es la que actualmente está vigente, y que tiene como particularidad un gran nivel de precariedad y desprotección de los trabajadores”.

Vale destacar que en la Cámara alta estaba en estudio un proyecto de ley presentado por Osuna que proponía la modificación del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, que data de la última dictadura militar, con el objetivo de equiparar a nivel nacional la duración de la jornada laboral para los trabajadores agrarios y establecer límites razonables a la utilización mensual y anual de horas extraordinarias.

Por último, la senadora oficialista señaló que la nueva legislación “facilitará la registración y estimulará el blanqueo de los trabajadores con la reducción de cargas sociales, establecerá normas para su calificación, fijando las categorías de permanentes, intermitentes y temporarios, así como también la eliminación de limitaciones al derecho de huelga”.