En ambas cámaras parlamentarias avanzan proyectos de ley para reformar la Ley de Movilidad Jubilatoria. La iniciativa de la oposición es aumentar los haberes jubilatorios y cumplir con el 82% móvil del salario de los trabajadores. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer.
Desde el Congreso surgieron dos buenas noticias esperanzadoras para los jubilados y pensionados, ya que tuvieron dictamen favorable los proyectos de ley que apuntan a establecer la movilidad jubilatoria del 82 por ciento móvil respecto al salario de los trabajadores.
A poco menos de un año se sancionarse la ley de Movilidad Jubilatoria, la oposición –con mayoría ahora en ambas cámaras- dio el primer paso para modificar aquella norma que fijó una fórmula para aumentar los haberes a los jubilados y pensionados basándose en un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Aunque la ley no llega a los 82% establecido por el fallo Badaro.
Por eso, la oposición quiere discutir en el recinto reformas a la norma para cumplir con lo dictaminado por la Corte sobre los haberes de los jubilados.
Con este objetivo en el corto plazo, dieron el primer paso los proyectos en ambas cámaras. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer y el oficialismo traba el tema en la Comisión de Presupuesto.
Diputados
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, presidida por el diputado Mauricio Ibarra (Peronismo Federal), emitió dictamen de mayoría a un proyecto opositor unificado que prevé un aumento en las jubilaciones al reajustar los haberes al 82 por ciento móvil del salario de los trabajadores.
La diputada nacional del bloque SI por la Unidad Popular, Graciela Iturraspe, integrante de la Comisión de Previsión, presentó el dictamen que prevé la recomposición de haberes y el posterior aumento del haber mínimo al 82% del salario mínimo vital y móvil, financiado a través de la restitución de las contribuciones patronales a valores históricos, según consta en el artículo 11.
El dictamen está acompañado por la diputada Liliana Parada del bloque Proyecto Sur, y los bloques del Socialismo y el Gen. En la elaboración del mismo participó además la ex diputada nacional y actual legisladora porteña María América González, y el diputado nacional Claudio Lozano, integrante de la Comisión de Presupuesto.
El expediente firmado en Previsión consta de 17 artículos.
* La recomposición de haberes se realiza a través de lo dispuesto por los fallos Sánchez y Badaro, e índices de salarios según la ley que corresponda.
* Reemplaza la fórmula de movilidad por la aplicación del índice de salarios o del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), según el que resulte más conveniente para el beneficiario.
* Propone además que la recomposición y las diferencias de los nuevos haberes previsionales sean abonados dentro de los 120 días corridos de promulgada la ley.
* El pago del haber mínimo garantizado y la recomposición de los haberes será financiado por los recursos totales de la ANSeS, el Fondo de Garantía, y la restitución de las contribuciones patronales.
En el debate en la Comisión, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes aseguró que “no podemos centrar el debate sobre jubilaciones en el financiamiento, como quiere el Gobierno, mientras nuestros jubilados están bajo la línea de pobreza”.
Sobre la explicación de la Casa Rosada respecto de la imposibilidad de alcanzar el 82% móvil, Reyes afirmó que “es mentira que no hay fondos para recomponer las jubilaciones, el problema es que el Gobierno usa los fondos de la ANSeS para hacer negocios corruptos”.
En el mismo sentido, la legisladora radical Silvana Giudici sostuvo que “el dinero del ANSES sí alcanza para dar un aumento a los jubilados como lo manda el fallo de la Corte”.
Por su parte, la diputada socialista Alicia Ciciliani afirmó que “el objetivo es solucionar la situación de emergencia que atraviesa la gran mayoría de los jubilados que cobran la mínima y se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Para ellos queremos llevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, pasar de 895,15 pesos a 1340 pesos”. “Con los recursos que hoy cuenta la Anses se puede dar respuesta a esta dramática situación”, aseguró la legisladora.
El presidente de la Comisión de Previsión, el peronista disidente Marcelo Ibarra, aclaró que “el objetivo es que ningún pasivo cobre menos del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil”, es decir, “atada al salario del trabajador activo”.
“Se busca universalizar el caso Badaro para evitar el caudal de juicios que ese fallo generó”, expresó el legislador sanjuanino, que reconoció que se trata de “un tema difícil y escabroso en la política y el Parlamento. Todavía no se terminaron los acuerdos necesarios”.
Ibarra aclaró que aplicar el 82% móvil “significa dieciséis mil millones de pesos que fácilmente pueden salir de los ahorros del Poder Ejecutivo. No hay que poner mala onda, como hacen el jefe de Gabinete y el ex presidente –Néstor- Kirchner”.
Desde la otra vereda, el diputado kirchnerista formoseño Juan Carlos Díaz Roig cuestionó duramente la aplicación del 82 por ciento móvil para el sector pasivo que impulsa la oposición, asegurando que de la manera como se ha trabajado se está violando la tradición parlamentaria.
Según Díaz Roig –vicepresidente de la Comisión de Previsión-, “la oposición piensa así: pedimos todo, el Frente para la Victoria se opone, los jubilados nos votan a nosotros”. Amén de ese razonamiento, advirtió que “los jubilados saben muy bien cuál es la cuestión”.
Díaz Roig se quejó porque se llega a un plenario de comisiones entre Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda “sin que discutieran los asesores y sin convocar a los técnicos del ANSeS”, con lo cual, dijo se “viola la costumbre parlamentario de un siglo”.
En respuestas a los duros discursos de los opositores, la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, Patricia Fadel, disparó: “No se puede usar la plata para hacer demagogia política y hacer lo que se quiere porque solamente la oposición ahora tiene el número”.
Además de los fuertes cruces, se desató una polémica por el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, presidida por el oficialista Gustavo Marconato. Según la oposición, si en 30 días Presupuesto no trata este tema, el dictamen llegaría igualmente al recinto. Además, adelantaron que en la sesión de este miércoles presentarán una cuestión de privilegio contra Marconato por no convocar a la reunión conjunta con Previsión.
En conclusión, para que la alegría sea totalmente feliz para los jubilados falta la aprobación de la Comisión de Presupuesto.
Senado
Con el apoyo de la oficialista Adriana Bortolozzi, los senadores opositores que forman parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta firmaron este martes un dictamen de mayoría en relación con la iniciativa de ley que fija los haberes provisionales en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Vale destacar que el proyecto, cuyo autor es el senador y presidente del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, seguirá siendo debatido en la comisión que lidera el legislador radical Alfredo Martínez. Por pedido del bloque oficialista, se invitará al ministro de Economía, Amado Boudou, y al titular de ANSeS, Diego Bossio. Los funcionarios deberán presentarse en la próxima reunión de la comisión, que se realizará el martes 13 de julio.
El dictamen de mayoría fue firmado por los radicales Martínez, Gerardo Morales y Eugenio “Nito” Artaza; el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá; María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica; la justicialista Graciela Di Perna; Bortolozzi y Giustiniani.
Los senadores que se opusieron al proyecto fueron los kirchneristas Miguel Ángel Pichetto, Blanca Osuna, Eric Calcagno, Eduardo Torres y Beatriz Rojkes de Alperovich.
Pichetto advirtió que antes de suscribir cualquier dictamen, los legisladores debían escuchar las explicaciones de Boudou y de Bossio respecto de los costos del aumento de las jubilaciones y las consecuencias para la macroeconomía nacional.
