Desde el 10 de diciembre de 2009, fecha en que se produjo el recambio legislativo, la oposición se convirtió en mayoría en el Congreso y planteó varios temas, entre ellos, la reforma del Consejo de la Magistratura. Paradójicamente, en la madrugada que se recuerda un nuevo aniversario de la muerte del General Juan Domingo Perón, la oposición, encabezada por el radicalismo, obtuvo una contundente victoria en la Cámara de Diputados, esperando darle otra “derrota” al Gobierno con un tema sensible como es el control de la Justicia.

Doble dolor para el peronismo. Pero el panorama político hace tiempo era ampliamente favorable para “provocarle una derrota” a la Casa Rosada. Sin embargo, las negociaciones para acordar un proyecto de ley unificado en la oposición no fueron fáciles y generaron varias reuniones fracasadas. Sin embargo, luego de dos meses de idas y vueltas, la centroizquierda acordó con el resto de la oposición y, superadas las diferencias, el proyecto opositor quedó listo para llegar al recinto y, por ende, ser aprobado.

Aunque se hizo esperar, la fecha tan deseada por los diputados opositores llegó. Desde las 15.30 del miércoles 30, los diputados -oposición y oficialismo- comenzaron a sesionar pensando en un único tema complejo que extenderá la sesión, ya que había varios dictámenes que prevén reformar el Consejo de la Magistratura. Aunque el caso Sadous se intentó incorporar al debate y embarrar la cancha, el debate continuó.

Superadas las polémicas, tras tres horas de duras acusaciones cruzadas, a las 18.30, la Cámara de Diputados comenzó a tratar específicamente la reforma del Consejo de la Magistratura hasta la madrugada del jueves 1 de Julio, a 36 años de la muerte del líder del Justicialismo.

A pesar de que siempre estuvo asegurada la votación, tras siete horas y media de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general por 134 votos a favor y 86 en contra, las reformas al Consejo de la Magistratura que impulsa la oposición. Ahora será el turno del Senado.

Cabe destacar que ampliamente se superó los 129 votos necesarios en esta oportunidad. Votaron afirmativamente el GEN, PS, UCR, PRO, CC, Peronismo Federal y centroizquierda.

Debate en el recinto

Al defender el dictamen de la mayoría, el constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra sostuvo que “el Consejo de la Magistratura que votaron los constituyentes con tanto entusiasmo tiene hasta el presente un balance ciertamente mediocre”.

Luego, Gil Lavedra consideró que “la integración –del Consejo de la Magistratura- asegura un mejor equilibrio de acuerdo a la luz del texto constitucional. Hemos privilegiado la representación profesional por sobre la política. Esto quiere decir que hemos dejado la representación política en un 40 % y en un 60 % a la profesional. Y esta ha sido una opción política”.

Tras las palabras del presidente de la Comisión de Justicia, fue el turno de los diputados que presentaron los cinco dictámenes de minoría. En defensa de su proyecto, el diputado oficialista Alejandro Rossi volvió a criticar a la iniciativa del oficialismo y respaldó el punto más polémico: los exámenes a los jueces cada cuatro años.

“Se trata de uno de los peores retrocesos en contra de la composición que debe tener la Justicia. No agrega nada a lo actual. Lamentablemente, las cosas son como son y el debate se hace para posicionarse de forma tal que los favorezca a los opositores”, protestó el santafesino Rossi.

Al igual que el hermano del jefe del bloque K, Diana Conti y Jorge Yoma, cuestionaron al proyecto del Grupo A (UCR+PRO+Proyecto Sur+CC+PS+GEN+Peronismo Federal). En este sentido, Yoma consideró que “es una grosería institucional incalificable”. Con su habitual sarcasmo, el diputado oficialista cuestionó el consejo consultivo que estableció en su proyecto la oposición, y afirmó: “Van a entrar ambientalistas, hasta centros de jubilados y vecinales”. Y agregó: “Hay errores técnicos y el cupo femenino es una perla maravillosa, es inaplicable”.

Además, se oponen al proyecto que propone la oposición los bloques aliados al oficialismo, Nuevo Encuentro Popular y Solidario y de la Concertación.

Por parte de la Concertación, el neuquino Hugo Prieto afirmó que “el principal objetivo del autodenominado grupo A es hacer perder al Gobierno una votación en el Congreso, y no se dan cuenta que, impulsar esta reforma, genera severas consecuencias institucionales, además de darle el poder a las corporaciones”.

Los cambios que propone la oposición

La norma que se aprobó en la madrugada del jueves propone elevar a 18 el número de miembros del órgano judicial -actualmente tiene 13-, y establecer que su titular sea el presidente de la Corte Suprema, que sólo podrá votar en caso de empate o cuando se necesiten mayorías especiales para tomar alguna decisión.

Entre los integrantes habrá tres jueces, seis legisladores -tres diputados y tres senadores-, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo, tres académicos y un científico.

A la vez, el proyecto establece que “se realizarán auditorías periódicas a los tribunales de Justicia”, y fija “pluralidad de género en cada estamento con más de un representante”.

También se busca acelerar el proceso de selección de magistrados, y se crea un consejo consultivo honorario.

Las duras negociaciones

La diputada de Proyecto Sur Alcira Argumedo comentó que la centroizquierda aceptó negociar cuando el resto del Grupo A (UCR-PRO-CC-Peronismo Federal), ya que “accedieron a reducir las facultades del presidente de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura”.

“Los sectores de la oposición habían presentado un proyecto para el Consejo de la Magistratura. Planteamos una serie de propuestas, como que el presidente de la Corte podría presidir el Consejo pero con limitaciones, con un voto de desempate pero sin manejo de fondos”, explicó Argumedo. A la vez, subrayó que “las decisiones deben quedar en manos del plenario del Consejo, de las decisiones colectivas”.

Además, sostuvo que “el segundo factor de acuerdo fue la necesidad de incorporar sectores que no sean exclusivamente del derecho”, porque -afirmó- “las leyes no caen del cielo, hay factores sociales y culturales”. “También, el control del presupuesto del Poder Judicial tiene que ser colectivo, y la última instancia la tiene el plenario”, resaltó Argumedo, y aseguró que su sector pidió “hacer una evaluación trimestral o cada seis meses por sorteo de los juzgados y las cámaras”.

El oficialismo vencido

En franca minoría, son cinco los dictámenes que han presentado los diputados que responden al Gobierno nacional. Ellos son Jorge Yoma, Diana Conti y Alejandro Rossi quienes cada uno presentaron su propio proyecto de ley. Además, los aliados Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y Hugo Prieto (Concertación).

Debate en el plenario de comisiones

En una reunión simbólica para realizar la firma de los dictámenes hubo un corto debate que no estaba previsto pero para hacer “tiempo” el diputado Adrián Pérez hizo uso de la palabra y habilitó los discursos.

El diputado de la Coalición Cívica sostuvo que el dictamen de la mayoría mantiene “una composición muy equilibrada a la hora de tomar decisiones en el Consejo”.

Sin embargo, el diputado oficialista Alejandro Rossi –autor de proyectos de ley-, manifestó que se perdió una magnífica oportunidad para realizar una profunda revisión crítica al funcionamiento del Poder Judicial”. Y disparó contra el dictamen de la oposición: “El dictamen de la mayoría es un proceso involutivo que no va a cumplir con ninguno de los objetivos que tiene”. “Se pierde la oportunidad de incluir la participación popular” porque se tiene a “favorecer la corporación judicial”.

En este sentido, el diputado kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse explicó que “el 95 por ciento de las votaciones del Consejo estuvieron todas consensuadas, lo que marca que no hubo una dependencia del Poder Judicial con el Gobierno”. “Acá no hay una bajada de línea del Poder Ejecutivo”, aseguró.

En cambio, la diputada Patricia Bullrich (CC) negó las afirmaciones de Vargas Aignasse y afirmó que el proyecto de ley de la oposición se elaboró basados en la “presión que ejerce el Gobierno a la Justicia”. “Los jueces sentían que tenía el aliento del Gobierno en la nuca”, dijo. Y remató: “Queremos la independencia de la Justicia”.

Luego, el diputado aliado al oficialismo Hugo Prieto disparó: “El proyecto de la oposición fue construido por una mirada coyuntural para provocarle una derrota al Gobierno pero no soluciona los problemas de la Justicia que verdaderamente preocupan a la gente”.

Sus duras palabras provocaron la reacción de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño (Peronista), quien le contestó: “No conoce el dictamen y no lo leyó”.

A pesar de este cruce, la reunión fue corta y con un clima distendido ya que las fuertes discusiones fueron a puerta cerradas.

Al final, como cierra simbólico habló la parte que trabó por varias semanas la firma del dictamen. La diputada de Proyecto Sur Alcira Argumedo dijo: “Apoyamos esta propuesta porque consideramos que es un aporte a la democratización de las instituciones”.