Reconocido especialista en temas previsionales, Juan Carlos Díaz Roig sucedió al hoy disidente Enrique Thomas al frente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, hasta que con el último recambio legislativo debió dejar el cargo a un opositor y él quedó como vicepresidente.

Desde ese cargo, refuta enfáticamente los argumentos con los que la oposición defiende la aplicación del 82% móvil para los jubilados y afirmó ante Semanario Parlamentario que el dinero del que la oposición habla no está en efectivo, sino en acciones e inversiones. Y advierte que si se aplica el 82%, en dos años se desfinanciaría el sistema.

– ¿Qué es lo que le critica a la propuesta de la oposición?

– En primer lugar, el procedimiento. Es la primera vez desde que estoy en la Comisión de Previsión, que se llegó a un dictamen que ya estaba hecho y firmado cuando entramos a la reunión, sin debatir con nadie y sin tratar con asesores. A nosotros no nos llamaron a discutir, para nada. Nos enteramos que había una convocatoria, que era conjunta, sin el aval del presidente de la Comisión de Presupuesto, por lo tanto esa convocatoria era nula. En segundo lugar, macroeconómicamente es una tilingería, absolutamente… El mundo no paga el 82%. Ahí lo aclaró el ministro Boudou: salvo en Luxemburgo, un pequeño país de empleados públicos, no hay ningún país desarrollado del mundo que pueda llegar al 82%. Es un anacronismo producto de aquel tiempo en que se necesitaban cuatro trabajadores activos por uno; hoy se necesitarían siete trabajadores activos por uno para poder pagar el 82%. Si esto es así, no explican de donde van a salir los recursos. Hacen alguna referencia a un fondo de garantía; ese fondo de 150 mil millones se origina con dos partes: 80 mil millones de pesos, que es lo que quedó de las AFJP, que recaudaron 49 mil millones de dólares, pero 12 mil se llevaron de ganancias y quedaron 37 mil. Siete mil dijeron que perdieron por culpa de la Bolsa, no de ellos, y de los 30 mil millones restantes, cuando se evaluó en enero del año pasado, eran sólo 80 mil millones de pesos. Y 20 mil millones de pesos eran un fondo de garantía, de cuando hicimos la Ley de Movilidad Jubilatoria, propuesta del senador Morales. Esos cien mil millones hoy se evalúan en 155 mil millones. Pero no es plata que está en efectivo; son acciones, son bonos, una serie de inversiones…

– O sea que plata no hay para pagar el 82%…

– No, plata no hay para pagar, de ningún modo. Hay que diferenciar el fondo del flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo anual de ingresos y egresos. El mismo alcanzó para incorporar 2.400.000 jubilados; o para pagarles a 3.500.000 de chicos más este fondo de seguridad para la niñez…

– El senador Giustiniani, que es autor de un proyecto en la Cámara alta, dice que el dinero está…

– Ellos dicen que hay 155 mil millones, pero mire, si nosotros realizáramos las acciones… Por ejemplo, tenemos acciones del Grupo Clarín, si hoy las sacáramos a la venta todas las acciones, fundiría el Grupo Clarín, o cualquiera de las empresas de las que tenemos acciones. La economía argentina no soportaría que este fondo se realizara; además el fondo bajaría inmediatamente de valor. Como ocurre con todas las cosas, si hay bonos a diez años y los queremos vender hoy, nos van a pagar el 30, 40%…

– ¿No los tienta sacar a la venta las acciones del Grupo Clarín?

(Risas) – No, pero fíjese justamente el criterio de responsabilidad del Gobierno, porque no es sólo el Grupo Clarín, sino toda la Bolsa argentina. Pero además lo curioso es que esto lo impulsan aquellos que durante los dos gobiernos radicales, con el decreto 648 del 87 de Alfonsín, bajaron del 82 al 29%; y con el decreto que firmó la ministra Patricia Bullrich, que no sólo congeló las jubilaciones, sino que les sacó el 13% de los haberes jubilatorios. Son los que votaron en contra del retorno de las AFJP al patrimonio público; son los que votaron en contra de la Ley de Movilidad hoy vigente, y hoy de pronto son los campeones del 82%. ¿Creen qué los jubilados no saben quiénes los defendimos?

– Hoy la oposición tiene mayoría en la Cámara baja; está más complicado en el Senado, pero vamos a suponer que se apruebe el proyecto y se transforme en ley. ¿Usted cree que la Presidenta lo vetaría?

– Es una decisión política de la Presidenta, si yo estuviese en su lugar, lo vetaría sin ninguna duda… Pregúntele a la Presidenta, yo no soy quien para decirle a la Presidenta lo que tiene que hacer, pero si yo fuera presidente, pero con seguridad que lo vetaría, porque es una tilinguería, porque está mal… No han llamado ni siquiera a los técnicos de Economía, de la ANSeS… Mire, cuando nosotros hicimos la Ley de Movilidad, yo atendí a 300 organizaciones de jubilados, a técnicos, seis meses debatimos… Así se hacen las leyes serias, no imponiendo una mayoría circunstancial sin ningún estudio, diciendo barbaridades que no se compadecen con la realidad, mezclando una ley del 82% móvil, sino una ley para futuros jubilados… Nosotros tenemos dos problemas centrales, entre otros. La mínima, que es la que estamos aumentando consistentemente, ha subido un 600%, de 150 pesos a 900, desde el 2003 a hoy, y después tenemos el achatamiento de la pirámide, que se produjo por el congelamiento de los haberes que hicieron los gobiernos radicales.

– ¿Cómo se sale de ese achatamiento?

– Vamos a ir por los dos temas. La prioridad es la mínima, que tiene un tema de sostenimiento, y yo propuse en la comisión que delegáramos en el Poder Ejecutivo, en la medida que aumente la recaudación, que entre una banda de un 70 y un 82% del salario mínimo vital y móvil, por encima de esto que es obligatorio, tenga la facultad el PEN de ampliarlo año a año si aumenta la recaudación y da superávit el flujo anual. Sin tocar el fondo, hay que seguir acumulando para cuando nuestros parámetros sean negativos.

– ¿Cómo se resuelve el tema del achatamiento de la pirámide?

-Hay que solucionar el tema de los juicios; yo tengo tres o cuatro proyectos de ley, uno de ellos para convertir los juicios en sumarísimos, otro para modificar la Cámara de la Seguridad Social, haciendo tres o cuatro juzgados más; hay que insistir con el ANSeS en aquella ley que nosotros votamos y que obliga al pago en los 120 días de la sentencia, y estábamos discutiendo hasta si autorizábamos al Poder Ejecutivo a que haga una negociación con los jubilados, que haga una moratoria, que les pague con bonos, pero que la actualice a la vez. Porque hay otra confusión: el fallo Badaro, es para ese caso, pero nos ordenó al Congreso que hagamos una ley de movilidad, porque el fallo dijo: mientras no haya ley de movilidad, a un señor como el caso Badaro hay que pagarle el 82% por tantos años, o lo que arroje el índice salarial. Otra mentira: dicen que quieren cambiar la Ley de Movilidad. Y está funcionando en función de los salarios, porque la recaudación aumentó de forma más que proporcional con el aumento de los salarios… No se le puede mentir a la gente, tanto tiempo y a todos. Porque a medida que vamos escarbando, vemos los motivos.

– Se dice también que si la plata se usara para los jubilados y no para otros fines, alcanzaría…

– Le explico, el fondo de contingencias tiene una rendición estricta, que está en la ANSeS. Ustedes la pueden ver, están rendidos hasta los últimos centavos, ahí lo explicaron Diego Bossio y Boudou. Las AFJP tenían un portfolio, nosotros modificamos esa ley, obligando a que no haya inversiones en el exterior y a que las inversiones en la economía real, que es uno de los ítems del portfolio, sea en empresas que den trabajo en blanco, para que además de las garantías generen aportes, contribuciones y nuevos impuestos. En esto la responsabilidad de los administradores de fondos es que cada vez haya más dinero, pero que lo que se invierta en la economía, que es sólo un 8% en estos momentos -nada que ver con las cifras que estamos hablando, de 155 mil millones, serán 10 mil millones, no mucho más-, se inviertan por ejemplo como se hizo en Atucha, en la General Motors… Esto generó 1.500 puestos de trabajo, que generan aportes, contribuciones… Este es el criterio. El fondo está para ser sostenido, este fondo lo tienen Estados Unidos, Brasil, España; pero mire, si realizáramos todo el fondo, fundiríamos la economía argentina, primero; segundo, no nos pagarían más de 50.000, porque los valores de la Bolsa se caen, ¿entonces qué ocurre? Este aumento que piden oscilaría, según los cálculos, entre 28.000 y 40.000 millones de pesos por año. En dos años nos comeríamos el fondo, volveríamos a lo anterior, estaría desfinanciado el sistema, y lógicamente van a decir que no sirve el sistema de reparto y van a volver las AFJP. Esto es lo que hay detrás de esto, ¿sino cómo el PRO va a estar de acuerdo?…

– En definitiva, los 150 mil millones no son tales.

– No es que hay 150 mil millones de pesos ahí en efectivo, al contrario, hay una inversión que está sosteniendo la economía, la Bolsa argentina, está dando rentabilidad y es la garantía para el futuro, para que cuando según nuestros parámetros, el flujo de ingresos afloje por una crisis mundial o lo que sea, si se precisa, ese fondo de garantías va a ser para cumplir las leyes. Una de ellas, la de movilidad. Este es el Gobierno que más ha hecho por los jubilados, junto con el de Juan Domingo Perón; y además, se aclaró en un Congreso Mundial que se realizó en México, donde estuvimos con el presidente y el otro vicepresidente de la Comisión (de Previsión Social) y ellos estuvieron de acuerdo, el sistema previsional argentino de reparto peronista es el mejor sistema jubilatorio de América Latina. El de mayor cobertura y el de mayor tasa de sustitución. Que en el caso de la mínima, ya está en el 60%, y con el ajuste de septiembre va a llegar al 65%; en el mundo no se paga más del 70%.