La UCR impulsa un proyecto para darles respuestas a los cientos de reclamos de los empleados de las empresas estatales que fueron privatizadas en los 90. En Diputados, se debate para encontrar una solución consensuada. ¿Hay fondos?
Con recursos obtenidos, en su mayoría, de la recaudación de juegos de azar, el diputado radical Miguel Ángel Giubergia propone crear un Fondo Nacional de Reparación para cancelar deudas de los ex trabajadores de empresa privatizada (FONAREP).
En la fundamentación de su iniciativa, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto explicó que “a pesar de haber pasado más de quince años del fin del proceso de privatizaciones, miles de ex trabajadores de empresas privatizadas aún no han podido percibir suma alguna de dinero”. Por lo tanto, “es una necesidad imperiosa”, calificó el legislador jujeño.
Según el proyecto que impulsa el radicalismo, serán beneficiarios del pago “todos aquellos” ex trabajadores de las empresas públicas privatizadas por aplicación de lo normado en la Ley Nº 23.696 y que no se hubieran adherido al Programa de Propiedad Participada o que, habiéndolo hecho, no han recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes o la transferencia haya resultado parcial.
Es aquí donde comienza el primer escollo que encuentra la sanción de una ley de reparación histórica con los trabajadores víctimas del neoliberalismo. ¿Quiénes son los beneficiados? Al no coincidir con el oficialismo en quiénes deben percibir dicha suma de dinero, se complica la elaboración de una iniciativa única.
Pero, quizás, esta diferencia no sería insalvable ya que todos los sectores políticos se podrían poner de acuerdo y definir quienes serían los beneficiarios. No es el mismo caso que con los ex combatientes de la gesta de Malvinas, ya que distintos bandos se enfrentan arrogándose ser ellos los “verdaderos” combatientes.
Un fondo de “apuestas”
Al igual que el otorgamiento del 82 por ciento móvil a los jubilados y pensionados, el oficialismo y la oposición coinciden en la importancia de cumplir con esa deuda histórica pero se diferencian por una cuestión de fondos.
En la misma línea conflictiva se encuentra el pago en concepto de resarcimiento a los ex trabajadores de empresas privatizadas. Todos coinciden en que se debe aprobar una ley sobre este tema pero, sin embargo, el oficialismo afirma que no hay fondos y la oposición asegura que sí existen los recursos.
