El artículo 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la Legislatura puede destituir por juicio político al jefe de Gobierno en base a “causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes”. A su vez, en el artículo 93 se […]
El artículo 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la Legislatura puede destituir por juicio político al jefe de Gobierno en base a “causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes”.
A su vez, en el artículo 93 se establece que cada dos años la Legislatura se divida por sorteo en una Sala Acusadora -integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros, 45 diputados- y en una sala de juzgamiento -con el veinticinco restante, 15 integrantes-, respetando la proporcionalidad de los partidos.
Las dos salas están conformadas y el PRO posee 19 de los 45 miembros de la Acusadora, y 7 de los 15 de la de Juzgamiento, números que le permitirán al macrismo desestimar las acusaciones en contra del mandatario porteño en cualquiera de las instancias, ya que para impulsar un juicio político se requieren los dos tercios de los votos en cada una de las salas.
El proceso se iniciará en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, adonde enviarán un proyecto para solicitar que se active el mecanismo de juicio político. Si sale el dictamen, la iniciativa pasa al recinto, adonde para progresar necesitará una mayoría simple.
