En el marco de no esperar las definiciones judiciales y políticas, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, planteó el pedido de juicio político a partir de que la aritmética lo favorece. Desde la oposición consideran que es una medida desesperada.
Inusitadamente y sin una salida judicial inmediata, en una inesperada jugada, riesgosa por cierto, el jefe de Gobierno Mauricio Macri instruyó a los diputados de su bloque a iniciar un proceso de juicio político en su contra en la Legislatura a fin de probar su inocencia por el presunto espionaje telefónico. Una medida que ha cambiado el escenario y a convertido al Cuerpo en un hervidero de versiones y de especulaciones sobre el final de esta decisión.
Macri, aspirante a convertirse en candidato presidencial y uno de los principales opositores al Gobierno, fue procesado por integrar supuestamente una asociación dedicada a realizar escuchas ilegales.
“Les he pedido que abran el juicio político por los delitos que se me acusan. Es la mejor manera para que esto se esclarezca”, sostuvo Macri en oportunidad de hacer ese anuncio que conmovió y sorprendió a propios y ajenos.
El titular del Ejecutivo porteño ha proclamado su inocencia en cuanta oportunidad tuvo de mantener contacto con la prensa y denunció que es víctima de una campaña montada por el Gobierno nacional para aparentemente frenar su carrera política, algo que el oficialismo rechaza.
“Estoy muy tranquilo, no tengo nada que ocultar. Está claro que -la acusación- es una operación política de Néstor Kirchner”, afirmó el jefe de Gobierno.
Luego de que el tribunal de segunda instancia confirmara su procesamiento, el jefe de Gobierno pedirá esta semana a la Justicia que eleve a la mayor brevedad la causa a juicio oral para demostrar su inocencia.
Sin embargo, el martes en la sesión especial el bloque macrista rechazó en la Legislatura una movida de la oposición para conformar una comisión investigadora e incluso un pedido de juicio político.
Lo que viene
La destitución de Macri por la vía del juicio político es poco probable, puesto que difícilmente la oposición consiga los 40 votos necesarios sobre un total de 60, además el PRO cuenta con 19 votos en la Sala Acusadora que es el ámbito donde se decide si se eleva a juicio o no al funcionario comprometido.
Por su inmunidad como Jefe de Gobierno puede hacer frente a su procesamiento en libertad. Además, en caso de condena no iría a la cárcel mientras ocupe el cargo.
Para conocer mejor la jugada diseñada por MM, Parlamentario entrevistó al legislador PRO Alvaro González quien durante el juicio político al ex jefe de Gobierno y actual legislador, Aníbal Ibarra, integró la Comisión Investigadora que acopió los elementos que conformaron la prueba por las que terminara siendo destituido.
– ¿Cuál es el objeto de iniciar el juicio político al jefe de Gobierno?
– Hasta ahora había un solo andarivel que era el de la Justicia, con una investigación muy sesgada, y por otro lado a partir de la sesión del martes en donde hubo diferentes propuestas, ninguna coincidentes. Por ello estimamos que lo políticamente correcto es que si hay un mecanismo constitucional que puede analizar cuales son las responsabilidades políticas de un jefe de Gobierno, es el juicio político.
– ¿Qué es lo que disparó esta decisión?
– Establecer una serie de comisiones investigadoras como proponía la oposición para que esas comisiones producto del número con el que cuenta el arco opositor dijeran que era conveniente abrir el juicio político, concluimos que era muy gravoso para nuestra gestión. Por ello estimamos que era mucho más razonable y para que el fondo de la cuestión fuera más entendible para la ciudadanía, optamos por resolver el tema de una vez por todas, porque tenemos el convencimiento de que no hay ninguna acción que ocultarle a los porteños.
– ¿Cómo será el procedimiento?
– Se instrumentará mediante los mecanismos que establece la Constitución de la Ciudad en sus artículos 91 al 94; hay una Sala Acusadora y una Juzgadora. La primera tiene 45 miembros, la segunda 15, todo ello se deberá implementar formalmente para que el juicio político comience a funcionar.
– ¿Qué tiempo puede insumir el juicio?
– Teniendo en cuenta los antecedentes que existe en la Ciudad, son 60 días hábiles, con lo cual el proceso puede insumir 90 días en total.
La letra constitucional
Además de estas definiciones, cabe recordar que el artículo 92 señala que “la Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al gobernador, al vicegobernador o a quienes los reemplacen, mientras que en el siguiente se establece que : “Cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros (45) y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante (15), respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas. Cada sala es presidida por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio político sea contra el gobernador o el vicegobernador, la sala de juzgamiento es presidida por el presidente del Tribunal Superior”.
Mientras que el artículo 94 precisa: “la Sala Acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión para investigar* los hechos en que se funden las acusaciones. Dispone de facultades instructorias y garantiza al imputado el derecho de defensa. Dictamina ante el pleno de la sala, que da curso a la acusación con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. El acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes. Quedan excluidos de esa votación los miembros de la sala de juzgamiento. La sala de juzgamiento debate el caso respetando la contradicción y la defensa. La condena se dicta por mayoría de dos tercios de sus miembros y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años.
Si la sala de juzgamiento no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del funcionario, se lo considera absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos.
La comisión investigadora
La Constitución porteña establece sobre la formación de la Comisión Investigadora en su artículo 83 que la Legislatura puede: 1) Requerir la presencia del gobernador, de los ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, y de cualquier funcionario que pueda ser sometido a juicio político. La convocatoria debe comunicar los puntos a informar o explicar y fijar el plazo para su presencia.
2) La convocatoria al jefe de Gobierno y a los jueces del Tribunal Superior procede con mayoría de dos tercios del total de sus miembros.
3) Crear comisiones investigadoras sobre cualquier cuestión de interés público. Se integra con diputados y respeta la representación de los partidos políticos y alianzas y finalmente solicitar informes al Poder Ejecutivo.
Al margen de lo establecido en la Constitución, sin lugar a dudas que Mauricio Macri juega todo su futuro a cara o ceca.
*En oportunidad del juicio al ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, integraron la comisión investigadora los actuales legisladores Alvaro González, Diego Kravetz y Martín Borrelli. Por lo que se descuenta que también en esta ocasión serán partícipes de la que se cree para analizar la conducta del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
Cabe destacar que en ese período el macrismo contaba con 23 miembros y colocó seis en la Comisión Investigadora.
Aquella comisión tuvo en su inicio 15 miembros, número que luego fue ampliado a 17, y la misma fue creada en los términos del artículo 83, inciso 3º de la Constitución de la Ciudad. Tuvo un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Conformación actual Sala Acusadora y de Juzgamiento
La Sala Acusadora está conformada por los diputados Fernando De Andreis, Jorge Garayalde, Álvaro González, María Herrero, Gerardo Ingaramo, Diana Martínez Barrios, Oscar Moscariello, Martín Ocampo, Enzo Pagani, Carmen Polledo, Cristian Ritondo, María Eugenia Rodríguez Araya, Lidia Saya, Bruno Screnci Silva, María Spalla, Carolina Stanley, Avelino Tamargo, Marta Varela y Oscar Zago (PRO), Daniel Amoroso (Unión Federal), Fabio Basteiro, Delia Bisutti, Adrián Camps, Laura García Tuñón, Rafael Gentili y Julio Raffo (Proyecto Sur), Juan Pablo Arenaza, Diana Maffía, Adriana Montes y Rocío Sánchez Andía (CC), Gabriela Alegre, Juan Cabandié y María José Lubertino Beltrán (Encuentro Popular para la Victoria), Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo y Raúl Puy (Diálogo por la Ciudad), Diego Kravetz, Silvina Pedreira y Mateo Romeo (Peronista), Rubén Campos (UCR), Raúl Fernández (Encuentro Progresista), Martín Hourest (Igualdad Social) y Marcelo Parrilli (Nueva Izquierda). En total son 45 legisladores.
Según el sorteo efectuado a cargo del secretario Parlamentario, integran la Sala de Juzgamiento: Martín Borrelli, Patricio Di Stéfano, Alejandro García, Victoria Morales Gorleri y Helio Rebot (PRO), Mónica Lubertino (Unión Federal) María América González y Jorge Selser (Proyecto Sur), Sergio Abrevaya y Fernando Sánchez (CC), Julián D’Angelo (PS), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Claudio Palmeyro (Peronista) y Claudio Presman (UCR). En total, 15 legisladores.
