Cuando poco después de las 4 de la madrugada del jueves 15 se aprobó en el Senado la nueva Ley de Matrimonio Civil, el festejo kirchnerista llegó hasta la China. Y no literalmente, sino que en el Lejano Oriente, donde la comitiva presidencial se aprestaba a emprender el regreso a Buenos Aires, el desarrollo del debate fue seguido en vivo y en directo a través de los celulares. Si bien información de primera mano les aseguraba la aprobación del proyecto tal cual había llegado desde la Cámara baja, la lógica tensión se mantuvo durante el desarrollo de los tramos finales que, por la diferencia horaria, contemplaron durante una prolongada sobremesa.

En el Congreso, los popes legislativos de ambas cámaras del oficialismo celebraron con alivio el resultado que certificaba lo que probablemente haya sido el último gran triunfo que podrán exponer en los próximos meses. Por el contrario, el segundo semestre que se iniciará pasado el receso invernal no se avizora halagüeño para las expectativas oficialistas.
Un año que arrancó signado por la farragosa disputa por los DNU del uso de las reservas, cuyo desenlace quedó en la nada, producto de una judicialización que terminó dejando en abstracto cualquier resolución que ya pudiera adoptar el Congreso, y que recién sobre el inicio del Mundial comenzó a enderezarse en función de las expectativas de la oposición.

En efecto, promediando el primer semestre, la oposición -que presenta una mayoría nada uniforme en Diputados y es un conjunto difuso y fluctuante en el Senado- consiguió finalmente tomarle el pulso a la nueva realidad legislativa y hacerle sentir al kirchnerismo la eficacia de un poder de fuego que hasta entonces había asemejado a balas de salva.

Obtenidos esos primeros resultados, el panorama que se avecina para los próximos meses no es nada alentador para el Poder Ejecutivo, que deberá sin dudas echar mano en última instancia a una herramienta constitucional lícita, pero costosa en términos políticos: el veto.

El 82% móvil

El tema más irritante para el oficialismo es sin dudas el del 82 por ciento móvil, precisamente porque su aprobación se descuenta en ambas cámaras y el consiguiente veto acarrea una cuota de desgaste que un gobierno de las características del actual se ha resistido a pagar en sus siete años de gestión. El proyecto en realidad son dos, y avanza en ambas cámaras como una suerte de tenazas que tiene al oficialismo en el medio.

En el Senado, tras el paso del ministro Amado Boudou y el titular de la ANSeS, Diego Bossio, la oposición consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con lo cual el proyecto del socialista Rubén Giustiniani quedó habilitado para llegar al recinto. Consumado ese formulismo, la iniciativa quedó en posición de ser tratada en los siete días venideros, pero el receso invernal servirá para alargar el suspenso hasta el 4 de agosto, fecha en la que finalmente será abordado en el Senado para su media sanción.

Paralelamente la misma iniciativa será abordada ese mismo día en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. En una u otra cámara, el proyecto sería aprobado antes de llegar la primavera.

Mientras el oficialismo se disponía a celebrar la aprobación del matrimonio gay, en la Cámara baja se le asestaba otra derrota, sólo opacada por la trascendencia mediática del otro tema y porque en plena madrugada el tratamiento en particular debió suspenderse por falta de quórum. Hablamos de la ley de Protección de los Glaciares, que será coronada en la próxima sesión de la Cámara baja para volver al Senado, donde será finalmente convertida en ley. La norma tiene el mismo espíritu de la que fue vetada en su momento por la Presidenta, que en esta oportunidad insistirá con esa herramienta, según aseguró el titular del bloque oficialista de Diputados, Agustín Rossi.

Asimismo el miércoles 14 la Cámara baja le asestó un duro golpe al oficialismo. No tan sonoro, pero sí contundente. Fue al inicio de la sesión, cuando debatió durante dos horas sobre cuestiones reglamentarias por la falta de reuniones en las comisiones claves para aprobar proyectos de ley opositores. Al cabo de la discusión, interpretando el artículo 106 del reglamento interno de la Cámara baja, la oposición le torció el brazo al oficialismo y fijó un calendario para las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Comercio, y Peticiones, Poderes y Reglamentos. Las tres son presididas por el kirchnerismo, que vienen omitiendo convocar a reunirse para demorar la emisión de dictámenes promovidos por la oposición.

Esta medida administrativa tiene por objeto motorizar dictámenes sobre temas como el INDEC y la ONCCA, organismos sobre los cuales la oposición pretende avanzar.

Otra disputa de los próximos meses será seguramente la que se dará en torno al Consejo de la Magistratura, cuya modificación ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora será discutida en el Senado. Para beneplácito K, allí no está dicha la última palabra y bien podría conseguir el oficialismo los votos necesarios para frenar en la Cámara alta.

Otra vez las retenciones

Pero hay otro tema que desvela al oficialismo: las facultades delegadas que vencen el próximo 24 de agosto. Según anticipó la oposición, las mayores posibilidades indican que ninguna sea prorrogada, y entre esas normas está la de fijar retenciones al agro. “Esta facultad no va a ser prorrogada y se va a proponer un nuevo mapa de retenciones en el país y que esperamos concensuar con el Gobierno”, aseguró días pasados el titular del bloque radical de Diputados, anticipando así las intenciones de eliminar el canon para la exportación de maíz, trigo y girasol, y fijar el de la soja.

Aún hay más. Un proyecto firmado por los jefes la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y Gabriela Michetti del PRO, apunta a derogar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que faculta a la Presidenta de la Nación a seguir fijando tarifas, renegociando los contratos de los servicios públicos privatizados, regulando precios de la canasta básica, y reordenando el sistema financiero. La norma rige hasta diciembre de 2011, pero la oposición argumenta que puede ser derogada por resultar contraria al mandato constitucional, en virtud del artículo 76 de la Constitución nacional que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo.

Todas esas batallas están programadas en la agenda que los jefes de la oposición en ambas cámaras han trazado las últimas semanas. A esos pasos habrá que sumar la actuación de la Comisión de Relaciones Exteriores que seguirá indagando en torno a las denuncias del ex embajador Eduardo Sadous, y los cada vez más reiterados pedidos de interpelaciones que buscan llevar a funcionarios del Ejecutivo a los recintos o las comisiones. En las últimas semanas se presentaron iniciativas en ese sentido reclamando las presencias de Aníbal Fernández, Amado Boudou, Julio De Vido, Guillermo Moreno y hasta Julián Domínguez.

Y sobre todo, para el mes de octubre, se espera la discusión del Presupuesto 2011, que promete tener el debate que desde hace años no registra.