Ex trabajadores de YPF reclaman una deuda histórica. Todos los sectores políticos coinciden en la necesidad de aprobar una ley de resarcimiento económico. Sin embargo, la discusión está trabada en Diputados por la asignación de recursos. ¿Hay fondos?
Por Julio El Alí
Una nueva idea busca cancelar las deudas, reconocidas por fallos judiciales, a los ex trabajadores de empresas estatales que fueron privatizadas en los años del menemismo. A la decena de proyectos de ley que intenta reparar ésta deuda histórica, se suma un nueva iniciativa del radicalismo que pone en jaque al oficialismo, porque ante una negativa del kirchnerismo pondría, inmediatamente, en evidencia la estrecha relación de Gobierno con empresarios del juego.
El nuevo proyecto contempla un pedido recurrente del oficialismo: ¿De dónde surgen los fondos? Con recursos obtenidos, en su mayoría, de la recaudación de juegos de azar, el diputado radical Miguel Ángel Giubergia propone crear un Fondo Nacional de Reparación para cancelar deudas de los ex trabajadores de empresa privatizada (FONAREP). En la fundamentación de su iniciativa, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto explicó que “a pesar de haber pasado más de quince años del fin del proceso de privatizaciones, miles de ex trabajadores de empresas privatizadas aún no han podido percibir suma alguna de dinero”. Por lo tanto, “es una necesidad imperiosa”, calificó el legislador jujeño.
Según el proyecto que impulsa el radicalismo, serán beneficiarios del pago “todos aquellos” ex trabajadores de las empresas públicas privatizadas por aplicación de lo normado en la Ley Nº 23.696 y que no se hubieran adherido al Programa de Propiedad Participada o que, habiéndolo hecho, no han recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones pertinentes o la transferencia haya resultado parcial.
Es aquí donde comienza el primer escollo que encuentra la sanción de una ley de reparación histórica para los trabajadores víctimas de la década del ‘90. ¿Quiénes son los beneficiados? Al no coincidir con el oficialismo en quienes deben percibir dicha suma de dinero, se complica la elaboración de una iniciativa única.
Pero, quizás, esta diferencia no sería insalvable ya que todos los sectores políticos se podrían poner de acuerdo y definir quienes serían los beneficiarios. No es el mismo caso que con los ex combatientes de la gesta de Malvinas, ya que distintos sectores se enfrentan arrogándose ser ellos los “verdaderos” combatientes.
Un fondo de “apuestas”
Al igual que el otorgamiento del 82 por ciento móvil a los jubilados y pensionados, el oficialismo y la oposición coinciden en la importancia de cumplir con esa deuda histórica pero se diferencian por una cuestión de fondos. En la misma línea conflictiva se encuentra el pago en concepto de resarcimiento a los ex trabajadores de empresas privatizadas. Todos coinciden en que se debe aprobar una ley sobre este tema pero, sin embargo, el oficialismo afirma que no hay fondos y la oposición asegura que sí existen los recursos.
En esta oportunidad, una oposición conciente de la posible desfinanciación de las arcas del Estado, en su proyecto de creación del Fondo propone para que “el Tesoro Nacional no asuma más gastos que los presupuestados para el ejercicio en curso”, por lo que el fondo se nutrirá de “un mínimo ingreso de los juegos de azar existentes y de aquellos que se puedan crear a futuro”. Además, la iniciativa radical prevé que “las empresas privatizadas y los bancos actuantes colaboren con un porcentual simbólico en relación a los extraordinarias ganancias que obtienen” y destinar ese mínimo porcentual para la cancelación de éstas deudas.
En cambio, por parte del oficialismo reinan las dudas porque no existe una orden desde Olivos para que se cumpla con el pago. Los diputados fieles a la Casa Rosada se encuentran en una encrucijada, ya que desde la Comisión de Legislación del Trabajo quieren que salga la mejor ley –con un buen pago y a todos los ex trabajadores de empresas privatizadas- pero tienen “temor” que no prospere en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Inmediatamente, surge la pregunta: ¿Hay fondos? ¿Se debe pagar solamente a los ex trabajadores de YPF o a todas las empresas privatizadas?
Las preguntas que azotan las mentes de los kirchneristas se discuten en una subcomisión de la Legislación de Trabajo, presidida por el diputado asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, quien denunciara en las últimas semanas una carta falsa en donde se anunciaba el tratamiento de un proyecto de ley.
A la problemática de los fondos y la falta de voluntad política del Gobierno, los ex trabajadores de YPF, quienes reclaman los martes frente al Congreso, “quieren cobrar 300 mil pesos en efectivo”. Sin embargo, “el Gobierno no está dispuesto a pagar en efectivo sino en bonos”, comentaron fuentes legislativas a Parlamentario.
En definitiva, los ex trabajadores de YPF y de otras empresas privatizadas deberán continuar esperando que se logre destrabar políticamente un conflicto de recursos económicos con la paradoja de que todos los espacios políticos coinciden en que se debe cumplir con una deuda histórica. Por ahora, empetrolados.
