El análisis exhaustivo del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ratificó el procesamiento del jefe de Gobierno deja bastante tela para cortar. Aquí ofrecemos una disección de lo actuado por los jueces, que dieron pie a un terremoto político en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Resulta paradójico que el fallo emitido por la Sala I de la Cámara Federal sostenga que el procesamiento del jefe de Gobierno porteño y la supuesta asociación ilícita que integraba actuaran vulnerando la Ley de Seguridad Pública de la ciudad, en su artículo 29, y en consecuencia la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, en su artículo cuarto. Ciro James se dedicaba a la actividad de espionaje desde 1994, en conexión con otros organismos nacionales y provinciales.
Es que en el fallo emitido por la Cámara Federal a través de la Sala I conformada por los jueces Jorge Ballesteros, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, se ignora que Ciro James en su currículum menciona que desempeñó tareas de inteligencia dentro de los organismos del Estado desde 1998 y hasta 2009, estando esta función prohibida según la Ley 25.520.
Aun más, indica que entre 1994 y 1997 se “identifica un curso de auxiliar 7º de inteligencia de la Escuela Federal de Inteligencia, uno de corresponsal de guerra, otro de buzo táctico y se detallan actividades relacionadas con inteligencia en el Ejército”, todas ellas vedadas para desarrollar dentro de nuestras fronteras.
Según lo descripto, en los antecedentes laborales remitidos por James, se desempeñó entre 1998 y 2009 en las siguientes tareas:
1).- Reunión de información ordenadase causas judiciales.
2).- Identificación y toma de vistas fotográficas de causantes ordenadas en causas judiciales.
3).- Escuchas y transcripción de material auditivo obtenido en la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE (escuchas ordenadas en investigaciones de causas judiciales).
4).- Enlace con la Policía de la Provincia de Buenos Aires
5).- Enlace con la Policía de la provincia de Misiones
6).- Enlace con la Policía de la provincia de Corrientes
7).- Enlace con la República de Paraguay
8).- Enlace con la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaherense y Federal
9).- Enlace con la Dirección de Inteligencia Naval
10).- Enlace con la Dirección de Inteligencia Militar
De lo que se desprende del expediente que contiene el fallo, esto no fue investigado, aunque sugiere que algunos datos incorporados no fueron objeto de la pesquisa pertinente y con la profundidad que corresponde.
En párrafos subsiguientes se refiere que Ciro James “no sólo trabajaba en colaboración interfuerzas -para hacer lo que la normativa vigente prohíbe- con la Policía de la provincia de Misiones sino que le daba clases de inteligencia a ese personal -fs 8862/8911-”.
“Aquí se suscita el primer problema: la Policía Metropolitana tenía prohibido por ley producir el tipo de inteligencia que ha salido a la luz a partir de la presente investigación”, dicen los magistrados en su dictamen.
A partir de allí sustentan sus argumentos en lo que determina el artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública porteña lo cual los guía a preguntarse: ¿Qué haría un experto en aquél tipo de inteligencia en una institución que tenía prohibido hacerla? “…presumiblemente haría esa inteligencia de manera clandestina”, se responden, lacónicamente los integrantes de la Sala I.
Manifiestan los jueces asimismo que “la respuesta acerca de lo que haría James en la Policía Metropolitana se construye a partir de lo que no hacía en el Ministerio de Educación porteño” ya que según surgen de los testimonios recogidos por el juez Oyarbide “coinciden en que el trabajo de James era una incógnita”. ¿Se habrá investigado con las profundidad que el caso reclama? Una incógnita, como la planteada por la misma Cámara.
Asimismo se afirma que sí se ha demostrado que James era una pieza clave en las escuchas que se ordenaba desde Posadas y que también seguía siendo personal del PFA. Ello llevaría a corroborar, según lo jueces, la tesis de que el nombrado no “cumplía en los hechos ninguna función en el Ministerio de Educación, y que, mientras percibía de ese organismo un importante sueldo, se concentraba en la actividad de inteligencia”.
Los magistrados indican que “cuanto señala la querella en el sentido de que James trabajaba para la Policía Metropolitana -aun cuando ésta era todavía un proyecto- mientras formalmente estaba nombrado en el Ministerio de Educación es una lectura que guarda coherencia con la sucesión de hechos”, que en la causa de describen los mismos jueces como “sugestivos”.
“En definitiva, todo hace pensar que designado en la Policía Metropolitana, James continuaría con la actividad en la cual se ocupaba y en la que era experto. Si, como provisoriamente se ha demostrado, James y Palacios integraban una misma asociación delictiva, en la que el aporte de James era infiltrarse como espía -por ejemplo a través de las pinchaduras telefónicas-, es dable suponer que Palacios lo llevaría a la Metropolitana con ese mismo propósito”, dice el dictamen que emitió la Cámara Federal
“A todo esto se suma que la firma de seguridad atribuida a Jorge A. Palacios y Osvaldo Chamorro, Consultora Estrategica Security SRL, practicaba averiguaciones a través del sistema NOSIS respecto de varios opositores al proyecto encabezado por Mauricio Macri (v. fs. 1106/1238, 3058, 3059, 3076/3086, 3154). Y que hay una importante coincidencia entre la fecha del primer pedido de intervención telefónica descubierto- Federico C. Infante (septiembre de 2007)- y la fecha en la que empezaron las consultas al sistema NOSIS -el servicio se habilitó en diciembre de 2007-”. Todo indica que mientras se hace mención al montaje de un aparato de espionaje, el mismo consistía en la solicitud de informes comerciales y personales a la empresa NOSIS.
Más adelante se recurre a declaraciones testimoniales de los adversarios políticos de Mauricio Macri para respaldar las sospechas sobre su participación en las escuchas ilegales a través de una asociación ilícita y describe que “recientes declaraciones testimoniales a quienes fueron víctimas de esa intromisión hablan de: tareas de inteligencia por razones políticas (Silvia P. La Ruffa -fs. 10.842-), hackeo de mails y espías (Diana H. Maffia -fs. 10.846-) y “persecución” (Patricio Datarmini -fs. 10.869-). Ellas son de similar tenor a los dichos de giramentados de Gonzalo R. Ruanova, que atribuye a intrusión en sus datos personales al carácter público de su oposición a la designación de Palacios (fs. 10.840), y a los de Pablo S. Litardo, quién incluso se presentó como querellante (fs. 10.653 y 10.657)”.
A renglón seguido se expresa que mediante el uso de los servicios de NOSIS, “…es indicativo de que el recabar información privada a través de una actividad de inteligencia de este tipo era una parte de la empresa integral de diseño y puesta en marcha de una fuerza de seguridad propia. La índole de esas tareas explica que ellas no fuesen manifiestas y que se instrumentasen a través de una empresa de seguridad paralela y los servicios espías”.
Sin embargo lo paradojal se sostiene en cuanto la Cámara asevera que: “El interrogante cuya respuesta define la responsabilidad de Mauricio Macri es si contribuyó al armado de este incipiente aparato de inteligencia que empezaba a montarse a la sombra de la Policía Metropolitana”.
Para elo se aduce que, “Apreciar en forma aislada que el nombramiento de Jame en el Ministerio de Educación se produjo casi en la misma fecha en que se interviniera ilegalmente el teléfono de Leonardo, cuñado de M. Macri, permite a la defensa impugnar su fuerza como elemento de cargo; sin embargo, ello no deja de ser un dato cuanto menos sugestivo”.
Los integrantes de la Cámara también estiman que “respecto de la prueba de escuchas de las antenas de telefonía celular …frente a la ausencia de un patrón que permita arribar a conclusiones dirimentes, no es en soledad que ella debe ser apreciada”. Sólo presunciones y supuestas relaciones.
Pero según relatan los jueces el reproche judicial hacia Macri se sostiene en que el mismo no obstante no existen pruebas contundentes que acrediten su impulso o participación “se perfila a partir de las condiciones en que Ciro James se incorpora al Gobierno de la Ciudad y empieza a ser remunerado”.
La Cámara no sostiene de que haya evidencias claras de que Mauricio Macri hubiese sido el impulsor del nombramiento de Ciro James en el Ministerio de Educación pero señala que la relación de Jorge Palacios con Mauricio Macri, este con Andrés Ibarra -quien era el encargado de la administración de la cartera de Educación- y del espía con el jefe de la Metropolitana induce a concluir de que James formaba parte de la misma por anuencia del jefe de Gobierno.
Para ello se recurre a los dichos de la legisladores opositores, Gabriela Cerruti y Aníbal Ibarra los que serían los factores que “refuerzan la idea de que era sabido …que Ciro James cobraba del Ministerio de Educación porteño pero trabajaba en el proyecto del ex Comisario Jorge Palacios. Mauricio Macri no era ajeno a este proyecto; por el contrario, cumplir el anhelo de que la ciudad tuviese su propia policía había sido una promesa de campaña y sería una de las prioridades de su gobierno”, sostienen de manera casi temeraria los camaristas.
Casi sobre el final del escrito los jueces escriben que “es posible que M. Macri no conociese personalmente a James, sin embargo, es difícil sostener que no estaba al tanto de la tarea que en materia de seguridad le había encomendado a Jorge Palacios”.
“La importancia prioritaria que dentro del proyecto político encabezado por Mauricio Macri ocupaba el problema seguridad conduce a corroborar que el jefe de Gobierno no era ajeno a la apuesta del aparato de inteligencia clandestino aún cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento”. Sin duda una elaboración intelectual digna de un film de intrigas y suspenso.
