En la semana previa al inicio del tratamiento en comisión del pedido de juicio político de Mauricio Macri, el oficialismo seguirá las negociaciones para asegurar que la estrategia delimitada se cumpla tal cual lo prevé.
El proceso encaminado a la apertura o no del juicio político contra Mauricio Macri entra esta semana en un impasse, que no implica en absoluto que vayan a interrumpirse las conversaciones y negociaciones entre las partes. Por el contrario, seguirán manteniendo un ritmo febril, pese al receso invernal.
Es que tal cual se acordó en la Legislatura porteña durante la que probablemente haya sido la semana más ardua de ese cuerpo en lo que va del año, el trámite formal del proceso se reiniciará recién la próxima semana.
En efecto, en Labor Parlamentaria se acordó el último jueves que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña analice en la primera semana de agosto el autopedido de juicio político al jefe de Gobierno, y es allí de donde deberá salir el dictamen que la semana siguiente sea analizado en el recinto. Allí, el 12 de agosto, se definirá si se da curso o no al pedido de juicio político.
En el ámbito de Asuntos Constitucionales es donde el macrismo deberá librar su primer pulseada, ya que si bien preside ese cuerpo a través del diputado Martín Ocampo, la oposición es mayoría: ocho contra siete. De ahí que sea clave trazar acuerdos con esos diputados de la oposición para acordar que el dictamen de mayoría salga como el oficialismo porteño necesita.
La composición de esa comisión es la siguiente: dos diputados de la Coalición Cívica; uno de Proyecto Sur; un peronista ya no tan kirchnerista (Diego Kravetz); una kirchnerista; un diputado de Igualdad Social y enemigos acérrimos de Macri como Gabriela Cerruti y Aníbal Ibarra.
Sorteada esa instancia, llegará el momento del debate en el recinto, para resolver recién si se da curso al pedido del macrismo, que de todos modos cuenta con número suficiente para concretar la habilitación del proceso de enjuiciamiento.
Igual, la pulseada se dará en torno a quienes quieren darle el gusto al jefe de Gobierno de pasar por esa instancia, y los que ven más conveniente la creación de una comisión investigadora -la opción que se manejó en un principio-, la cual es resistida desde el PRO.
Sorteados esos escollos, el oficialismo porteño deberá poner todos sus esfuerzos en lograr que los números que hoy le favorecen para evitar un traspié legislativo cambien en los próximos 90 días, lapso calculado para el desarrollo del proceso de enjuiciamiento.
Un autoenjuiciamiento que partió desde el propio jefe de Gobierno en una medida que apuntó en principio hacia su propia tropa, donde reinaba cierto desconcierto por los últimos acontecimientos. Igual, por más prisa que trate el oficialismo de implementarle a lo que vaya a suceder en la Legislatura, la Justicia seguirá avanzando con una parsimonia que no se compadece con las necesidades del macrismo.
El oficialismo porteño desea que todo concluya en los próximos tres meses, cuestión de que a fin de año su líder pueda resolver si será candidato en 2011. Pero está dicho que lo que vaya a resolverse en el ámbito político no necesariamente tendrá repercusión en el jurídico. Igual, algo es algo.
Está claro también que Macri nunca hubiera llamado a su juicio político si hubiera imaginado la posibilidad de estar jugándose el cargo. ¡Qué tanto riesgo tiene? Hay que tener en cuenta que la Sala Acusadora estará compuesta por 45 miembros, 19 de ellos del PRO. Hacen falta 30 votos para hacer que el tema pase a la Sala Juzgadora (quince miembros), esto es, que se inicie el juicio político.
