La crisis política e institucional en la que se encuentra sumergido el Gobierno porteño era algo inimaginable cuando la causa por las escuchas ilegales salió a la luz. Estamos a las puertas de un nuevo juicio político a la máxima autoridad de la Ciudad, promovido por el propio Jefe de Gobierno, en una maniobra desesperada por recuperar la iniciativa ante los ojos de una sociedad que observa desconcertada.

Macri se enfrenta al escenario más temido y pone en crisis la institucionalidad de Buenos Aires luego de haber recorrido las más variadas posiciones respecto a su situación judicial. Recordemos: desde República Dominicana observaba con indiferencia la noticia de la confirmación de su procesamiento por la Cámara de Segunda Instancia, luego al bajar del avión rechazó con energía cualquier posibilidad de investigación en el seno de la Legislatura Porteña y finalmente con espectacularidad televisiva proclamó su propio juicio político en una decisión sin precedente que vulnera la lógica de esa institución creada por el Articulo 92 de la Constitución de 1996.

Le asignamos a Mauricio Macri toda la responsabilidad política por el devenir del affaire Ciro James. Más allá de las dudas que puedan surgir o de los argumentos que el oficialismo local exhibe para deslindar responsabilidades, está claro que la aparición de un espía contratado en el Ministerio de Educación que tenía relación directa con Palacios y que era un aspirante a integrar la Policía Metropolitana, se da en un contexto altamente favorable generado dentro del Gobierno de la Ciudad.

Ya en marzo del 2009 nos ocupamos en denunciar el perfil que estaba tomando el nuevo cuerpo policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El decreto 210/09, firmado por el Jefe de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del 31 de marzo modificó la Ley de Seguridad Publica de la Ciudad de Buenos Aires para posibilitar la designación de integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad como miembros activos de la Policía Metropolitana.

Planteábamos en un proyecto de resolución 3130/D/2009 que presentamos en el Congreso Nacional el 01 de Julio del año pasado: “Vemos en esa decisión, el tipo de Fuerza de Seguridad que quería implementar Mauricio Macri en la Ciudad. Siempre creímos, desde la derogación del Artículo 7 de la Ley Nº 24.588, conocida como Ley Cafiero, en la Ciudad con una policía local especialmente formada para combatir la criminalidad, con una doctrina acorde con el sistema democrático”.

En el mismo sentido repudiamos la designación de Jorge “Fino” Palacio al frente de la Policía Metropolitana, tal como lo hicieron todas las fuerzas de oposición en la Ciudad. Decíamos en un proyecto presentado en el Congreso el 16 de Julio del 2009 bajo Nº 3385/D/2009: “La nueva fuerza de la ciudad autónoma debía basarse en el espíritu plural, cosmopolita y diverso de nuestra ciudad-estado; debía ser una fuerza civil despojada de militarismo o espíritus autocráticos. Pero Macri quiso crear un FBI porteño, que terminó dotado de los peores elementos de las otras fuerzas de seguridad”

En definitiva, nosotros alertamos desde el Congreso sobre el perfil militarizado y ajeno a la fuerza civil que imaginamos para Buenos Aires. Para quienes impulsamos la modificación del artículo 7 de la ley Cafiero y con todo el esfuerzo logramos la sanción de la ley 26288 el 07 de septiembre del 2007, el rasgo que Macri imprimió a su policía metropolitana no es propio de una fuerza local que debía recrear un ámbito democrático, moderno y de proximidad con los ciudadanos. Macri fue convirtiendo al Gobierno de la Ciudad y a la Policía Metropolitana en un refugio para los elementos más cuestionados de la federal, de las fuerzas armadas (recordemos los militares que ingresaron de la mano de Federico Young, el expulsado secretario de la agencia de control comunal) y espías, algo que nunca debió suceder en un gobierno democrático.

Por todo lo sucedido reclamamos una investigación seria sobre el caso Ciro James, pero también un diagnostico profundo sobre el actual estado de la estructura de la Policía Metropolitana y sus áreas conexas. Es necesario rediseñar la fuerza de seguridad local para que cumpla con los objetivos que le fueron dados en la sanción original de la Ley de Seguridad Pública y en la Constitución de la Ciudad.

Creemos firmemente en la creación de una Comisión Investigadora, que establezca las responsabilidades de Mauricio Macri en la contratación de Ciro James y el eventual montaje de un aparato de inteligencia en la Ciudad de Buenos Aires. El “Auto Juicio Político” no debe constituirse en un proceso que intente bloquear la investigación real ni puede convertirse en una actuación teatral pautada de antemano. La Legislatura tiene autonomía para decidir el camino correcto y los legisladores deben elegir si avanzan en un proceso serio que permita determinar responsabilidades políticas de la actual gestión o si simplemente seguirán un libreto preestablecido por el Jefe de Gobierno.

Es obligación de la Legislatura avanzar también en todo aquello que Oyarbide ignoró por completo: la conexión nacional. Ciro James era un funcionario nacional y sobre ello tendrían mucho que aportar las autoridades de la Federal y del Gobierno Nacional. En la Argentina de la administración Kirchnerista las escuchas a opositores y a periodistas son testimonio corriente, por lo que requeriremos a la comisión investigadora local y también a la Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional que tome las declaraciones que hagan falta para determinar y detener el accionar de los muchos Ciro James encubiertos e impunes que puedan existir en cualquier ámbito estatal.

El Juicio Político que anhela Macri para sí mismo no puede convertirse en una manipulación electoral, no es una gesta la que enfrenta el Jefe de Gobierno. Si su asesor Durán Barba, lo recomendó como un mecanismo de huida hacia adelante se equivoca tanto como cuando aseguró que a los porteños “las escuchas les importan un carajo”. No se debe jugar al límite de las instituciones, si se inicia un juicio político deberá seguirse hasta las últimas consecuencias. ¿Están dispuestos a eso el Jefe de Gobierno y sus legisladores?

Giudici es diputada nacional de la UCR-Ciudad de Buenos Aires