“Hoy, el consumidor se encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas de un oligopolio que la regulación prevista por la ley 26.020 no ha podido frenar”, expresa el diputado radical Rodolfo Fernández, que presentó un proyecto de ley para que el gas en garrafas sea considerado un “servicio público”.

El legislador correntino señala: “La Ley 26.020, sobre la comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP), fue sancionada en marzo de 2005 y tenía el objetivo de asegurar el suministro a los sectores de escasos recursos y a las zonas que no cuentan con el servicio de gas natural por redes, principalmente las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Actualmente, esta ley no garantiza ni el suministro, ni el precio de este bien tan necesitado para todos los ciudadanos. Es en la universalización de la prestación del servicio donde se garantizaría a todos los ciudadanos que no tienen la suerte de tener gas natural la posibilidad de estar protegidos ante abusos, ya sea por el suministro o por el precio que deben pagar”.

Por otro lado, Fernández sostiene que “la gran mayoría de los habitantes del interior del país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires consumen de gas licuado de petróleo (GLP), producto que gracias a su desregulación sufrió aumentos de más del 300 por ciento desde la salida de la convertibilidad”, mientras que “los sectores medios y altos de la población gozan del gas subsidiado que llega a través de las redes”, por lo que se provoca una situación de “profunda inequidad entre distintos sectores de la población”.

La iniciativa presentada por el diputado radical modifica el artículo 5 de la ley 26.020 (Marco Regulatorio de Gas Licuado de Petróleo), y declara como “servicio público la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo”. Además exige al Ejecutivo fijar una tarifa que garantice la universalidad del servicio para todos aquellos que no tengan acceso al servicio de gas natural por redes.