Desde el pensamiento democrático igualitario consideramos que esta crisis, que no propiciamos ni provocamos, requiere demostrar la capacidad de gobierno de la oposición. Es un desafío que solo los hechos dirán si fuimos capaces de superar. Nuestras capacidades y limitaciones serán puestas a la luz del día para que cada quien juzgue si dentro de este espacio plural se encuentra la potencia de gobernar con más y mejor democracia.

Planteamos la necesidad de avanzar en una comisión investigadora amplia porque no queremos ceñir nuestro escrutinio solo al denominado “caso de las escuchas ilegales” sino a todo el proceso de formulación de decisiones de la Administración Macri.

1) El “caso de las escuchas ilegales”, gravísimo y aberrante, está siendo tramitado en sede judicial y su resultado, más tarde o más temprano, determinará absoluciones y niveles de culpabilidad. Se iluminarán así conductas, responsabilidades y relaciones de personas con la ley pero no se juzgará ni se esclarecerá una cuestión política.

2) La cuestión del juicio político de naturaleza constitucional lleva, como se sabe, al camino de la absolución o la destitución sin instancias intermedias y donde la carga de los argumentos está determinada por uno u otro objetivo. Si bien es imprescindible analizar procesos para distribuir culpas en torno a causas, las respuestas a ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes callaron? Preguntas a la arrogancia del poder y a la soberbia de la impunidad se van dando luz a medida que se profundizan.

3) La comisión investigadora amplia toma como un dato y elemento relevante “el caso de las escuchas ilegales” para situarlo como parte explicativa, fenómeno demostrativo, situación emblemática de un proceso de formulación de decisiones de naturaleza política que debe ser juzgado por millones de mujeres y hombres en el marco de la política y sus formas.

4) La comisión investigadora amplia no es una parada intermedia al juicio político (ni a la espera del avance judicial en la condena a los delitos hipotéticamente cometidos, ni ante las dificultades de encuadrar la definición de mal desempeño) sino un punto de destino. Abrir a la sociedad la consideración sobre dicho proceso de formulación de decisiones para que nutra su propio juicio político acerca de la integralidad del proceso que incluye “el caso de las escuchas ilegales”.

5) Cuestiones como entrecruzamiento entre lo público y lo privado, obstinación en el silencio, maniobras de ocultamiento, destrucción de evidencia, existencia de circuitos de decisión paralelos al organigrama estatal, ejercicio de violencia moral sobre funcionarios públicos, práctica sistemática de engaño social , insinceridad pública, violación a la ley, relajación de los sistemas de control, falta de responsabilidad permanente de funcionarios políticos sobre sus acciones y las consecuencias emergentes son la materia prima con la que deberá trabajar la comisión investigadora.

6) Una administración que provoca una crisis institucional, que responde con declaraciones mendaces, y pretende instalar a las relaciones públicas, a los solucionadores de problemas y a estrategias mediáticas como herramientas de superación merece como respuesta no el ejercicio cerrado del voto de los legisladores sino el debate y , eventualmente, la repulsa social.

7) La estrategia del juicio político basada en la anormalidad de la “sospecha sobre los acusadores en defensa del acusado” viene a clausurar ese proceso, sesga la investigación, delimitando los campos de escrutinio y buscando la absolución en el caso, clausura el análisis este proceso que persiste, y persistirá, de no mediar una sociedad civil que se inmiscuya, active y opine.

8) Estamos en presencia de varios factores que hacen a la degradación de cuestiones democráticas y republicanas fundamentales: una asociación entre dinero, política y crimen; un ejercicio sistemático de manejabilidad social con golpes de efecto publicitarios y el maltrato a las instituciones subordinándolas a estrategias de preservación personal de líderes.

9) Tanto las estrategias de vaciamiento político que intentan revestir de ternura a los personajes para así juzgar personas en soledad ; como la politización espúrea de convertir el señalamiento de ilícitos en maniobras destituyentes; como la agudización de cierto “medalomismo” cultural que banaliza por su generalización a los hechos aberrantes destruyen el piso común de derechos y garantías que debemos defender incondicionalmente como patrimonio de todos.

10) Necesitamos demostrar que la crisis institucional, por serlo, tiene elementos y garantías de gestión de ella y en ella y así como de su superación. Significa que ni la parálisis, ni la ausencia de control de gestión y proposición de políticas públicas puede ser admitido en el repertorio de nuestras conductas. La credibilidad en la política no es un ejercicio ritual que se afirma por repetición; sino una conquista cotidiana a partir de su relación con la vida cotidiana de millones de mujeres y hombres.

11) El proceso de tratamiento de la crisis, desde la perspectiva democrática igualitaria, debe ser distinto de las experiencias anteriores y ejemplificador en torno a que, puestos a gobernar una situación grave, damos respuestas diferentes. Incrementar nuestra preocupación por el agravamiento de la crisis social, el deterioro de la provisión de bienes públicos de calidad a toda la población y el asalto sobre el territorio y el estado de la ciudad de grupos económicos poderosos.

Martín Hourest es presidente Bloque Igualdad Social