Griselda Baldata quiere que una ley prohíba el financiamiento por parte de ese tipo de empresas de altas casas de estudios y pone como ejemplo la resolución adoptada por la Universidad de Río Cuarto.
La diputada Griselda Baldata presentó un proyecto de ley para garantizar la independencia y rigor académico de las universidades nacionales, y a la vez cuidar la salud de los argentinos.
El mismo prohíbe el financiamiento de la educación pública con fondos de origen espurio como es la minería a cielo abierto. El proyecto menciona a la minera “La Alumbrera” y restantes grupos accionarios “Goldcorp Inc.” y “Yamana Gold”.
Siguiendo el ejemplo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que rechazó la suma de $1.237.786,00 provenientes de las utilidades de la explotación de los Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio – UTE Minera La Alumbrera, Baldata presentó un proyecto de ley que en su artículo 1º reza: “Se prohíbe a las universidades nacionales la recepción de fondos, ya sea en forma de subsidios ó de cualquier otro modo, que tengan origen en las etapas de: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales metalíferas, comprendidas en el Código de Minería como de primera categoría”.
El proyecto responde, además, a los reclamos de otras universidades nacionales como la de Tucumán y Córdoba. Al respecto, la Facultad de Psicología de esta última casa de estudio difundió un informe que dice que “estos aportes condicionan la necesaria independencia de las mismas cada vez que investigan y producen dictámenes técnicos (…) la empresa que gerencia la mina, Alumbrera Copper, y las restantes poseedoras del paquete de acciones, Goldcorp Inc. y Yamana Gold, han sido acusadas en distintos países (incluido el nuestro) por incumplir normas vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente y comprometer la existencia y funcionamiento de cuencas hídricas vitales para ambientes semiáridos”.
Baldata concluyó diciendo que “es absolutamente necesario garantizar la independencia de las universidades nacionales a la vez que cuidar la salud de todos los argentinos. Para eso debemos prohibir estos financiamientos que provienen de actividades lesivas para la salud, y derogar cualquier otra ley o normativa que se oponga a esta ley”.
