El juicio político está en riesgo
Más incertidumbre que certezas se ciernen hoy sobre la gestión PRO. Desde que el jefe de Gobierno, instruyó a los legisladores de su partido para que avanzaran con su juicio político, la oposición parece amalgamada en pos de la posibilidad de conformar una comisión investigadora que investigue a Mauricio Macri por la causa de las escuchas ilegales.

Nunca antes como hoy podría aplicarse -tan acertadamente- a la actual situación institucional de la ciudad las palabras con que Sigmund Freud definiera el inconsciente colectivo. El padre del psicoanálisis sostenía que aquél consistía en “un lugar sin reglas, un laberinto de deseos inadmisibles, secretos mezclados, bromas y miedos”. Un concepto que seguramente bien podría hacer suyo el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para definir el particular momento de gravedad institucional que atraviesa su gobierno, el que, desde que él mismo anunciara haber instruido a sus legisladores para iniciar el procedimiento de juicio político, transcurre en el ámbito de la Legislatura por aguas más que torrentosas.
Un vocero autorizado del Poder Legislativo porteño, el presidente del bloque Peronista, Diego Kravetz expresaba sobre el cierre de esta edición que “el proceso que se abre está claro que va a empeorar la gestión; yo creo que la dinámica de juicio político puede llevar a situaciones extremas, donde hay conspiraciones, cambios de bloques y lealtades que son efímeras”.
Una cabal descripción de lo que se avecina según las opiniones vertidas desde la Legislatura por casi todo el arco opositor desde donde se expresa que no se apoyará el inicio del procedimiento de juicio político. Sí en cambio se impulsará la conformación de una comisión investigadora que tendrá bajo la mira al jefe de Gobierno durante todo el tiempo que dure su tarea de pesquisa. Esto es, 60 días hábiles, prorrogables por el mismo tiempo. Luego de ello y cumplida su labor investigativa, ésta puede aconsejar la absolución del investigado o la apertura del juicio político. Cabe acotar en este punto que el proceso que destituyó al actual legislador Aníbal Ibarra, se prolongó por poco más de un año.
Una realidad que se da de bruces con las aspiraciones presidenciales de Mauricio Macri.
Desde el oficialismo macrista todavía confían en poder torcer el rumbo, y si bien en voz baja aceptan que el procedimiento de apertura del juicio político está acotado casi exclusivamente a la voluntad de sus legisladores, se ilusionan con introducir algunas modificaciones y reglas de juego que favorezcan a Macri en el seno de la comisión investigadora que, de manera irreversible, pareciera que verá la luz y que, según se vislumbra, tendrá un final abierto.
Para lograr ese objetivo, el PRO ha comenzado a desarrollar una tarea artesanal con el objeto de labrar un entramado que por lo menos asegure un trato bien diferenciado del ejercido por el juez Norberto Oyarbide hacia el titular del Ejecutivo. Para ello, “como siempre lo hicimos”, afirman: “acudiremos a profundizar las conversaciones en el convencimiento de poder llegar a los consensos más amplios posibles”. Sin embargo y como el diputado Kravetz deja entrever los actuales momentos son en los que suelen aparecer las “miserias humanas más inesperadas”.
De lo que se ha conocido hasta ahora en cuanto a las posturas de los diferentes bloques legislativos, pareciera desprenderse que el macrismo ha comprendido que su maniobra lo ha llevado a transitar por caminos sinuosos y de los que hoy únicamente se sale por arriba.
Está en la habilidad de sus dirigentes elegir la forma de caminar, ya que en la actualidad lo hacen por el borde del abismo.
Más incertidumbres que certidumbres
Ser más flexible para alcanzar grandes consensos es lo que requiere la situación por la que atraviesa el Gobierno, porque de lo contrario, ante las convicciones ajenas no tendrán sentido las palabras; esa es la intención que se expande por el macrismo, según sostuvo ante Parlamentario el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Martín Ocampo, al referirse a la apertura del juicio que promueve el PRO. Y al respecto sostuvo que la “realidad es que no hay ningún camino preestablecido, ni la Constitución ni en el reglamento interno, por lo tanto queda expuesto a la interpretación de cada espacio cual es el mejor instrumento. Nosotros entendemos que el instrumento surgirá de los acuerdos que alcancemos con la oposición para encaminar la situación. No hay camino procesal determinado”.
Pero al mismo tiempo remarcó: “Creemos que el ámbito donde debe discutirse cualquier situación que tenga que ver con la investigación respecto del jefe de Gobierno es en el marco del juicio político. El resto de las cuestiones son inherentes a esa búsqueda de la verdad; es decir, si decidimos que se requiera el expediente a la Justicia, primero necesitamos empezar con el procedimiento del juicio político porque quien tiene que pedir el expediente es la comisión investigadora de la Sala Acusadora; con lo cual se puede apreciar que una cosa va relacionada con la otra. Todos los temas están relacionados; por ello sostengo de que no se puede aprobar un tema separado del otro”.
Para justificar la opción del juicio político, el legislador macrista sostuvo: “El tema central por el cual elegimos el proceso de juicio político es porque las cosas están claras: hay un reglamento interno de la sala acusadora, un reglamento de la comisión investigadora y en ese reglamento ya está indicado cómo será su integración, es decir que no hay lugar a sospechas, el reglamento interno ya tiene normativa y también tiene normativa su constitución; en este trámite las reglas están más claras. En cambio en la comisión que impulsa la oposición, las cosas no están tan claras, porque depende de que lo que las mayorías impongan; no hay reglamento, no se sabe la cantidad de miembros, no se conoce cómo será su integración. La oposición propone que sea uno por bloque, lo que altera la representación del PRO y también la soberanía popular, porque nuestra representación deriva de lo que la gente que votó. Me parece que la Comisión nos trae más incertidumbres que certidumbres; y mucho más riesgos”, manifestó Ocampo.
La ciudad paralizada
Quien fuera hasta hace pocos días atrás uno de los aliados más firmes de la labor parlamentaria del PRO en el Parlamento, el titular del bloque Peronista, Diego Kravetz, se ha convertido en el principal bastonero de la aprobación de la conformación de una comisión investigadora para esclarecer el caso de las escuchas ilegales por las que fuera procesado en primera instancia el jefe de Gobierno y confirmado el mismo por la Sala I de la Cámara Federal. Desde ese lugar, el diputado -antes transversal ahora, justicialista- señaló sobre el juicio político: “Si éste se inicia, la Ciudad deberá gestionarse mediante piloto automático, al igual de lo que ocurrió durante la destitución de Aníbal Ibarra”.
Según Kravetz, en busca de eludir esa posibilidad presentó la propuesta para dar forma a la comisión investigadora en la que estarán representados todos los bloques legislativos, respetando la representatividad. Esto es, todas las corrientes políticas. En ese caso, el oficialista PRO contará con un representante.
“Aunque esa representación puede variar, dependiendo de las negociaciones”, aclaró el legislador del bloque Peronista.
“Ese ámbito es el que deberá expedir un dictamen en el que determine si absuelve o aconseja la apertura del proceso de juicio político al titular del Ejecutivo”, agregó Kravetz.
En esa línea el jefe de la bancada Peronista afirmó estar convencido de que si se abre el juicio político “la ciudad se paralizará un tiempo prolongado, aunque ya la aprobación y la puesta en funcionamiento de la comisión investigadora supone que habrá un entorpecimiento en la gestión de gobierno”.
Sostuvo Kravetz que “nuestra posición fue siempre la misma: empezar con una comisión investigadora, porque la dinámica de un juicio político paraliza la gestión ejecutiva y legislativa”.
Asimismo afirmó el legislador peronista que el jefe de Gobierno -mientras se sustancie la investigación- debería estar pensando cómo se arreglan los baches, cómo se mejora la recolección de residuos, como se administran insumos a los hospitales, cómo se hace para tener gas en las escuelas, y eso no ocurrirá si se abre el proceso de juicio político”.
Con respecto a la aprobación de la comisión investigadora, el diputado piensa que “es claro que entorpecerá la gestión, pero no en la medida del inicio de un juicio político”, e indicó a continuación con respecto a esto último que “tiene una dinámica que puede llevar situaciones extremas, donde hay conspiraciones, cambios de bloques o lealtades que son efímeras”. Cabe acotar en este punto que Kravetz participó activamente en el juicio contra Aníbal Ibarra y seguramente la experiencia adquirida en aquella oportunidad lo indujo a revelar lo vivido en ese momento.
Operador y negociador innato, Kravetz reveló su convencimiento de que “según se prevé, se sancionará el proyecto de conformar una comisión investigadora y se postergará el juicio político; aunque si luego el dictamen que surja de ella -la comisión investigadora- aconseja abrir el juicio político, es un hecho que el proceso derivará en una parálisis de la ciudad, por lo menos durante un año y medio. De eso no tengo la menor duda”, acotó final y lacónicamente.