La diputada nacional Silvia Majdalani (PRO) presentó un proyecto de ley mediante el cual propone modificaciones a la legislación vigente referida al delito de trata de personas, entre las cuales se incluyen el aumento de penas estipuladas.

Al respecto, la diputada sostuvo que “la trata de personas se considera un delito transnacional que actualmente supera el tráfico de armas en el mundo, en cuanto al volumen de dinero que maneja, quedando por debajo del narcotráfico. En función del crecimiento y gravedad de este delito, considero necesario realizar ciertas modificaciones a la ley vigente a fin de profundizar la lucha para terminar con la trata”.

“Las investigaciones sobre trata de personas deben indagar en el proceso previo a que la explotación esté consumada. Hay que investigar los procesos de captación, transporte y recepción. Los delitos de trata forman parte de los denominados delitos de resultado anticipado, lo que implica la posibilidad de adelantarse a que se realice la explotación”, explicó.

Una de las modificaciones centrales propuestas es dejar claramente enunciada la invalidez del asentimiento de las víctimas mayores de 18 años de edad. “Creo que nadie en su sano juicio puede considerar que habrá consentimiento de la víctima en los delitos de esclavitud, trabajo forzado, servidumbre o extracción ilícita de órganos”, enfatizó Majdalani.

Por otra parte, la diputada nacional, miembro de la Comisión de Seguridad Interior, hizo hincapié en las reformas que plantea su proyecto en lo que respecta a las penas. En este sentido, manifestó que “planteamos el aumento de las penas mínimas y máximas del delito de trata de personas mayores y menores de 18 años. Con la elevación de las penas mínimas nos aseguraríamos de que el tratante no obtenga el beneficio de la excarcelación. Para las víctimas menores de 13 años, además de elevar la pena mínima, las penas de prisión o reclusión irían de 10 a 25 años, incorporando la prisión perpetua en el caso de que la trata sea seguida de muerte”

Para finalizar, Majdalani anticipó que a través de otro proyecto de su autoría buscará que “el 2% de los espacios publicitarios del Fútbol para Todos sea destinado a difundir e informar sobre este delito”, a la vez que propone la creación de una línea telefónica gratuita donde se puedan radicar denuncias anónimas.