El atajo legislativo con el que confiaba contar el oficialismo porteño era la división que se observó en el arco opositor, que había firmado dos dictámenes para archivar los expedientes que proponían la comparecencia del jefe de Gobierno ante la Legislatura en un proceso de juicio político. Ello fue frustrado, ya que una de las fuerzas que había impulsado uno de los mismos, la Coalición Cívica, lo retiró. En consecuencia, sólo quedó por la oposición un dictamen de mayoría que pretende el archivo de los proyectos propicien la iniciación de aquel proceso.

El PRO, en tanto, mantiene el suyo, pero con pocas chances de tener éxito.

Entonces el oficialismo orientó su mira a subir de cuatro a siete los integrantes del espacio dentro de la comisión, y remarcar su reclamo por el respeto de la proporcionalidad y representatividad en la misma que, según lo estipulado en los dictámenes acordados, contará con 17 diputados en representación de todas las bancadas que conforman la Legislatura. Incluidos los cuatro monobloques de Encuentro Progresista, Igualdad Social, Nueva Izquierda y el socialismo.

En principio, la oposición se muestra dispuestaa a ceder sólo cuatro lugares en la comisión que investigará el rol de Macri en la causa de las escuchas telefónicas por la cual está procesado por el delito de asociación ilícita.

Sin embargo, de no prosperar su solicitud de mayor espacio, se especula con que el PRO intentará -como un último recurso- concretar la apertura del juicio con un giro del expediente para que éste vaya directamente a la Sala Acusadora, instancia contemplada en el artículo 92 de la Constitución, evitando la votación en el recinto donde no lo acompañarían las voluntades necesarias para ello.

Según se establece en el despacho emitido que propicia la creación de la comisión investigadora, la misma tendrá como función averiguar “la responsabilidad que les pueda caber al jefe de Gobierno, ministros y demás funcionarios del Gobierno de la Ciudad sobre los hechos de espionaje ilegal ocurridos”.

Se determina asimismo que contará con un plazo de 90 días hábiles parlamentarios, en los que podrá citar testigos, estudiar el expediente de la causa judicial que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide y hasta terminar con la recomendación para que se ponga en marcha el proceso de Juicio Político, algo que, con los tiempos estimados, ocurriría recién el año próximo.

El temario que se aguarda sea debatido por el Cuerpo en la sesión ordinaria del próximo jueves 12 de agosto incluye una citación para que Macri se presente “en forma espontanea” ante los diputados el próximo 24 de agosto por el caso del espionaje, y también una iniciativa exhortando al jefe comunal se tome una licencia en su cargo del Ejecutivo mientras transcurra la causa judicial.

Mientras que sólo un proyecto llegará al recinto con un acuerdo entre el oficialismo y la oposición y está vinculado al pedido a la Justicia de la remisión del expediente judicial a la Legislatura, para que sirva de consulta a los diputados que integren la comisión investigadora, una vez concretada su creación y su puesta en funcionamiento.