Ha transcurrido un año desde la última reunión de la Comisión de Salud de Diputados en la cual se trataron los proyectos de ley sobre un marco legal para la fertilización humana asistida. Luego de haber fracasado el año pasado el año pasado, este martes a las 13.30 vuelve el debate en la Comisión, presidida por el oficialista Antonio Morante.

Un debate estéril. El pedido de organizaciones civiles por una ley de Fertilidad Asistida hace eco en Diputados, pero los altos costos no pueden ser solventados por el sistema de Salud.

A pesar que los avances de la medicina permiten tener una luz de esperanza a las miles de parejas que no pueden concebir un hijo, estas se encuentran con el escollo económico, ya que estos tratamientos son muy costosos.

Por lo tanto, para una gran parte de la sociedad, ser padres se transforma en una lucha constante, desconsolante y hasta agobiante porque se pone en evidencia la falta del amparo del Estado, al no regular una situación que cada vez afecta a más parejas en el país. En realidad, en estos tiempos, las personas han perdido la vergüenza social y buscan ayuda en distintas instituciones que brindan los servicios de fertilización asistida sin regulación alguna. Es decir, que el Estado brilla por su ausencia antes de la propia concepción y deja al libre mercado el nacimiento de sus nuevos ciudadanos.

Ante esta problemática, se produce el principal eje polémico sobre el tema de fertilización ¿El Programa Médico Obligatorio debe incluir el tratamiento de fertilización asistida? Sin dudas, que el propio Estado, las obras sociales y las medicinas prepagas ponen el grito en el cielo cada vez que en el Congreso nacional se comienza a estudiar una ley que prevé la inclusión de la reproducción en el PMO. La razón no es ideológica, como en el caso del aborto sino específicamente monetaria porque, según explican fuentes del Ministerio de Salud, sería “imposible cubrir los gastos que implica cada tratamiento”.

Tras la negativa de todos los sectores que intervienen en la prestación de servicios de la Salud –el Estado nacional, provincial, sindicatos y empresas privadas-, surge, además, la peligrosa idea de que detrás de este urgente pedido por una ley de Fertilización Asistida hay intereses exclusivamente económicos de instituciones que realizan el tratamiento.

En el marco de una a priori negativa voluntad política desde el Gobierno, en la Cámara baja asistieron, el año pasado, la asociación civil “Sumate a dar vida” quien busca reunir trescientas mil firmas para la iniciativa popular que presentaron a los legisladores.

Uno de los proyectos de ley que se analizaran este año no son nuevos y coinciden con otras iniciativas de diputados y senadores que, al igual que la organización, prevén la inclusión del tratamiento de la infertilidad se incluya en el PMO.

En el texto del proyecto de “Sumate a dar vida” lo que primero se establece es que “la infertilidad es una enfermedad”, lo que tiene el consenso de una amplia mayoría de los diputados de la comisión. Pero, la iniciativa apunta principalmente a que las obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán cubrir “los estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad; el tratamiento y otros estudios requeridos; el material descartable; los procedimientos terapéuticos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad; posibles complicaciones; el embarazo, trabajo de parto, parto y post-parto; cuidados neonatales y la medicación correspondiente en todos los casos”.

En la actualidad, hay seis proyectos de ley en la Cámara baja y uno en Senado. Con respecto a las iniciativas de Diputados, sus autores son los legisladores Silvana Giudici (UCR); Ivana Bianchi (Peronismo Federal); Nancy González (FpV); Gerónimo Vargas Aignasse (FpV); Silvia Majdalani (PRO); Daniel Kroneberger (UCR); y la senadora nacional Adriana Bortolozzi (Esperanza Federal).